Siete años de proceso llegan a un momento decisivo
La Corte Internacional de Justicia dictará su fallo en el caso por genocidio que Gambia presentó contra Myanmar el 19 de noviembre de 2026, a las 10:00, en La Haya. La decisión abordará la responsabilidad por una campaña militar que obligó a más de 700.000 rohinyás a huir a Bangladesh, así como las solicitudes de reparación, que incluyen la restitución de bienes, la reunificación de familias y el retorno seguro de las personas desplazadas.
Contenido
- Siete años de proceso llegan a un momento decisivo
- Qué deben decidir los jueces
- Cómo llegó el caso a la etapa del fallo
- Por qué importan los fallos sobre Bosnia y Croacia
- Testigos, violencia sexual y pruebas de Facebook
- Doce informes y una disputa sobre la protección
- Qué podrían significar las reparaciones para las familias
- Los nuevos gobernantes de Rakáin complican el retorno seguro
- Once países intervinientes y otras vías de rendición de cuentas
- La ASEAN y las implicaciones jurídicas más amplias
- Lo que hay que saber
El registro oficial del caso confirma la fecha, después de que las audiencias públicas sobre el fondo se celebraran del 12 al 29 de enero de 2026. Once países han intervenido sobre la interpretación de la Convención sobre el Genocidio de 1948, lo que amplía el alcance del proceso mucho más allá de Myanmar y del pequeño país de África occidental que presentó la demanda.
Para aproximadamente 1,2 millones de rohinyás que viven como refugiados en los campamentos de Cox's Bazar, en Bangladesh, y en Bhasan Char, el fallo vincula el reconocimiento de la violencia pasada con las demandas de una vida más segura. Myanmar niega que se haya cometido genocidio y afirma que sus fuerzas llevaron a cabo operaciones contra militantes armados.
Los jueces deben decidir si Myanmar incumplió la Convención, incluso al cometer genocidio o al no prevenirlo ni castigarlo. También deben examinar la denuncia de Gambia de que Myanmar violó las medidas vinculantes de protección dictadas en enero de 2020.
Desde que se anunció la fecha del fallo, la atención se ha centrado tanto en las pruebas como en el alcance práctico de cualquier reparación. El norte del estado de Rakáin, donde surgieron las principales acusaciones, está ahora controlado en gran medida por el Ejército de Arakán, y no por las autoridades militares de Myanmar. Este cambio hace especialmente difícil la cuestión de cómo podrían regresar los supervivientes en condiciones de seguridad.
Qué deben decidir los jueces
La Convención sobre el Genocidio protege a los grupos nacionales, étnicos, raciales y religiosos. El genocidio requiere actos específicos, como matar o causar graves daños físicos o mentales, junto con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo protegido. Determinar si existió esa intención es fundamental en este caso.
Gambia sostiene que las operaciones militares de Myanmar de 2016 y 2017 incluyeron asesinatos, graves daños físicos y psicológicos, condiciones de vida destructivas y medidas destinadas a impedir los nacimientos. En las audiencias de enero, su exposición se centró en los ataques contra tres aldeas rohinyás: Min Gyi, Chut Pyin y Maung Nu.
Myanmar afirma que sus fuerzas respondían al Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán, conocido como ARSA. Sostiene que Gambia ha minimizado los ataques del grupo militante y la participación de aldeanos que se unieron a él o lo apoyaron. Myanmar también cuestiona el valor probatorio de los informes elaborados por investigadores de las Naciones Unidas y otras organizaciones.
Gambia responde que la magnitud, la reiteración y la brutalidad de los ataques revelan la intención de destruir al pueblo rohinyá como grupo. Los jueces deben evaluar los actos, el propósito que los motivó y el vínculo jurídico entre la conducta y el Estado.
La CIJ resuelve controversias entre Estados. Su fallo determinará la responsabilidad internacional de Myanmar, mientras que los procesos penales contra determinados comandantes o funcionarios se tramitan ante otros tribunales y mediante otros procedimientos jurídicos.
Cómo llegó el caso a la etapa del fallo
Gambia presentó su demanda el 11 de noviembre de 2019, con el apoyo de la Organización de Cooperación Islámica. Se acogió al artículo IX de la Convención sobre el Genocidio, que permite someter a la CIJ las controversias relativas a la interpretación, aplicación y cumplimiento del tratado.
Myanmar impugnó la jurisdicción de la Corte y el derecho de Gambia a presentar el caso. En julio de 2022, la Corte rechazó esas objeciones preliminares y aceptó que un país parte de la Convención podía presentar esta demanda, aunque no hubiera sido afectado directamente por los presuntos crímenes.
- 11 de noviembre de 2019: Gambia presentó la demanda y solicitó medidas urgentes de protección.
- 23 de enero de 2020: La Corte ordenó por unanimidad medidas provisionales para proteger a los rohinyás y preservar las pruebas.
- 20 de enero de 2021: Myanmar presentó objeciones preliminares.
- Del 21 al 28 de febrero de 2022: La Corte celebró audiencias sobre esas objeciones.
- 22 de julio de 2022: La Corte confirmó su jurisdicción y la admisibilidad del caso.
- 3 de julio de 2024: Se admitió la intervención de siete países sobre la interpretación del tratado.
- Del 12 al 29 de enero de 2026: La Corte escuchó argumentos y examinó pruebas sobre el fondo.
- 19 de noviembre de 2026: El fallo está programado para las 10:00 en La Haya.
Los años transcurridos entre esas fechas incluyeron extensos alegatos escritos. Gambia presentó su escrito principal en octubre de 2020, Myanmar presentó su respuesta en agosto de 2023 y Gambia presentó una réplica en mayo de 2024. La Corte fijó el 16 de diciembre de 2024 como plazo para que Myanmar presentara su última dúplica escrita.
Por qué importan los fallos sobre Bosnia y Croacia
El fallo de 2007 de la Corte en el caso Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro constituye una referencia jurídica fundamental. La Corte determinó que en julio de 1995 se cometió genocidio en Srebrenica, pero no atribuyó a Serbia la comisión de ese genocidio. No obstante, consideró que Serbia era responsable de no haberlo prevenido ni haber castigado a los responsables.
Esas conclusiones diferenciadas muestran por qué el fallo sobre Myanmar podría contener varias respuestas distintas. Las obligaciones de un Estado incluyen prevenir el genocidio y castigar a sus autores, además de no cometerlo. Cada denuncia requiere una evaluación jurídica propia.
El fallo sobre Bosnia también estableció un exigente estándar probatorio. En acusaciones de excepcional gravedad, la Corte exigió pruebas plenamente concluyentes. Cuando se infiere la intención de destruir a un grupo a partir de un patrón de conducta, esa intención debe ser la única inferencia razonable de los actos examinados.
En el caso Croacia contra Serbia, en 2015, la Corte mantuvo ese criterio y rechazó tanto la demanda de Croacia como la reconvención de Serbia, porque no se había probado la intención específica necesaria. Gambia se basa ahora en esa misma jurisprudencia y sostiene que la escala, la naturaleza, la gravedad y la selección de los rohinyás como blanco de la violencia cumplen ese estándar.
Myanmar cuestiona esa conclusión y afirma que las pruebas respaldan su explicación de las operaciones contra ARSA. El fallo de noviembre mostrará cómo aplica la Corte su estándar vigente a este expediente, incluido el modo en que pondera los patrones de violencia frente a las explicaciones presentadas por las autoridades estatales.
Testigos, violencia sexual y pruebas de Facebook
Las pruebas de Gambia se basan en informes de investigación de las Naciones Unidas, análisis del Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar, imágenes satelitales y conclusiones de organizaciones de derechos humanos. Testigos rohinyás, incluidas personas que viajaron desde los campamentos de refugiados de Cox's Bazar, declararon en audiencias a puerta cerrada.
La evaluación de febrero del Centro Global para la Responsabilidad de Proteger describe los interrogatorios a esos testigos y los argumentos presentados durante las audiencias. En ella se recoge la denuncia de Gambia de que los ataques en el norte de Rakáin fueron coordinados y estuvieron dirigidos contra la población rohinyá.
La violencia sexual y reproductiva ocupa un lugar importante en ese argumento. Gambia denuncia violaciones masivas, agresiones sexuales y mutilación genital, incluida la violencia contra mujeres embarazadas y niños. Pide a los jueces que consideren tanto los daños infligidos como lo que la naturaleza de esos actos revela sobre las intenciones de sus autores.
Facebook también figura en el caso. Gambia sostiene que actores militares crearon y difundieron mensajes que incitaban al odio contra los rohinyás antes y durante las operaciones. Un análisis anterior de las campañas de odio contra los rohinyás rastreó cómo los mensajes públicos presentaban a la comunidad como un enemigo y presionaban a quienes la ayudaban.
El boletín de febrero de 2026 del Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar describe su contribución al proceso. El mecanismo recopila y analiza pruebas para su uso en procesos judiciales; los jueces de la CIJ deciden qué valor asignan al material que examinan.
Doce informes y una disputa sobre la protección
Las medidas provisionales de enero de 2020 exigieron a Myanmar adoptar todas las medidas a su alcance para prevenir actos contemplados en la Convención, garantizar que sus fuerzas militares y otras fuerzas no los cometieran y preservar las pruebas pertinentes. Myanmar debía presentar un informe en un plazo de cuatro meses y, después, cada seis meses.
Myanmar presentó 12 informes de cumplimiento. Citó directivas presidenciales sobre la Convención, la preservación de pruebas y los discursos de odio; un órgano de investigación, y disposiciones para la repatriación y la asistencia humanitaria.
Gambia cuestionó esos informes y pidió a la Corte que determinara que Myanmar no había cumplido las medidas. El informe de noviembre de Human Rights Watch sobre el caso detalla las posiciones enfrentadas y la solicitud de Gambia de que se reparen los daños derivados de los presuntos incumplimientos de la orden de protección.
Para las familias rohinyás, esta parte del fallo se refiere tanto a la protección durante los siete años de litigio como a la violencia que motivó el caso original. La Corte evaluará la conducta de Myanmar conforme a obligaciones que ya eran jurídicamente vinculantes mientras continuaba el proceso.
Qué podrían significar las reparaciones para las familias
Gambia solicita medidas que incidan en la vida cotidiana: un retorno seguro y digno, la restitución o sustitución de bienes, la reunificación familiar, la rehabilitación física y mental, y ayuda para localizar a las personas desaparecidas. También pide ayuda para recuperar e identificar cuerpos y organizar nuevos entierros conforme a las prácticas culturales y religiosas rohinyás.
Otras solicitudes se refieren a la libertad de circulación, la protección contra la discriminación, el acceso al trabajo y a medios de subsistencia, y el derecho de los rohinyás a identificarse como tales. Gambia solicita una indemnización u otras formas de reparación cuando no sea posible restituir plenamente la situación anterior.
Myanmar cuestiona el derecho de Gambia a exigir reparaciones para las víctimas cuando Gambia no sufrió un daño directo. Los jueces deben resolver esa cuestión jurídica junto con las presuntas violaciones del tratado. Las reparaciones que concederán, si deciden otorgar alguna, se conocerán cuando se dicte el fallo.
La ciudadanía y la documentación siguen siendo parte del problema práctico. La pérdida del reconocimiento de la ciudadanía ha limitado el acceso de los rohinyás a la participación política y a servicios básicos. El regreso de una familia a una aldea no resolvería su inseguridad fundamental si sus integrantes siguieran sin poder desplazarse, trabajar u obtener documentos de identidad reconocidos.
Maria Elena Vignoli, asesora principal de justicia internacional de Human Rights Watch, describió el fallo como un momento importante para los supervivientes:
El fallo de la CIJ sobre Myanmar marcará un momento crucial en la lucha de los rohinyás por la justicia.
Los nuevos gobernantes de Rakáin complican el retorno seguro
El Ejército de Arakán tomó el control del norte de Rakáin a los militares en 2024 y ahora controla la mayor parte del estado. La población civil rohinyá se enfrenta a denuncias de abusos cometidos por ambas fuerzas, incluidos asesinatos, incendios provocados, reclutamiento forzoso, trabajo forzoso y detenciones arbitrarias.
Investigadores y grupos de derechos humanos han descrito permisos de circulación discriminatorios, exigencias de trabajo forzoso y confiscaciones de tierras rohinyás en zonas controladas por el Ejército de Arakán. Las estimaciones incluyen unas 2.000 acres de tierras confiscadas y alrededor de 8.500 estructuras quemadas en aproximadamente 50 aldeas de Buthidaung durante 2024.
Más de 155.000 rohinyás han cruzado a Bangladesh desde 2024; según informes, muchos huían de abusos del Ejército de Arakán. También se ha informado de un centro de detención con 120 edificios en Hnget Thay y del asentamiento de personas de otras comunidades en 11 antiguas aldeas rohinyás.
El Ejército de Arakán afirma que sus medidas responden a la guerra y a amenazas a la seguridad, incluida la cooperación entre algunos rohinyás y los militares. Las denuncias se refieren a restricciones impuestas a la población civil de toda la comunidad, incluidas personas que no participaron en los combates.
El caso ante la CIJ enfrenta a Gambia y Myanmar; el Ejército de Arakán no forma parte de ese proceso. Las obligaciones de Myanmar en virtud del tratado siguen vigentes, mientras que la restitución de hogares y tierras y la libertad de circulación en condiciones de seguridad en el norte de Rakáin también requerirían cambios por parte de la fuerza que ejerce el control allí. Por ello, los refugiados se enfrentan a una brecha práctica entre una reparación jurídica y las condiciones que permitirían el retorno.
Once países intervinientes y otras vías de rendición de cuentas
Bélgica, Canadá, Dinamarca, la República Democrática del Congo, Francia, Alemania, Irlanda, Maldivas, Países Bajos, Eslovenia y Reino Unido han intervenido en virtud del artículo 63 del Estatuto de la CIJ. Su participación se refiere a la interpretación de la Convención sobre el Genocidio y no los convierte en partes adicionales en la controversia.
La decisión de julio de 2024 sobre las intervenciones de la Corte admitió por unanimidad a Maldivas y una declaración conjunta de seis países. Posteriormente, se sumaron otros cuatro, con lo que el total llegó a 11 países. La interpretación que haga la Corte del tratado también será vinculante para los Estados intervinientes, conforme al artículo 63.
Otros procesos penales buscan determinar responsabilidades individuales. En noviembre de 2024, el fiscal de la Corte Penal Internacional solicitó una orden de detención contra Min Aung Hlaing por la presunta deportación y persecución de los rohinyás en 2017. Los jueces no han anunciado públicamente una decisión sobre esa solicitud.
La jurisdicción de la CPI se basa en parte en que las víctimas fueron obligadas a huir a Bangladesh, que es Estado miembro de la CPI. La autorización de 2019 también abarca futuros crímenes suficientemente relacionados que sean de su competencia. Esto podría ser pertinente para desplazamientos más recientes a través de la misma frontera.
Argentina ofrece otra vía. En febrero de 2025, un tribunal federal emitió órdenes de detención contra 25 personas, entre ellas Min Aung Hlaing, en aplicación del principio de jurisdicción universal. Este principio permite a los tribunales nacionales procesar ciertos delitos internacionales graves cometidos en otros lugares.
La ASEAN y las implicaciones jurídicas más amplias
Filipinas ha prohibido la asistencia de los líderes militares de Myanmar a la cumbre de la ASEAN, que se celebrará en Manila del 15 al 17 de noviembre. Myanmar estará representado en su lugar por el director del departamento de asuntos de la ASEAN de su Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que mantiene las restricciones impuestas a los altos mandos militares en octubre de 2021.
El Consenso de Cinco Puntos de la ASEAN pide el fin de la violencia, diálogo y un enviado especial. Las autoridades militares de Myanmar rechazaron formalmente el plan en una votación parlamentaria de julio, aunque después funcionarios describieron sus medidas como una aplicación del plan conforme a las prioridades nacionales. La cumbre terminará dos días antes del fallo de la CIJ.
La participación regional también abarca cuestiones inmediatas sobre el retorno. En las conversaciones de octubre entre Malasia y Min Aung Hlaing se habló de unos 5.000 ciudadanos de Myanmar que habían aceptado ser repatriados; casi 1.500 habían regresado para el 4 de octubre. Funcionarios de las Naciones Unidas y grupos de derechos humanos han expresado preocupación por los peligros que afrontan quienes regresan.
La crisis general continúa. Según cifras de las Naciones Unidas, las fuerzas gubernamentales han causado al menos 8.384 muertes de civiles desde el golpe de Estado de 2021 y más de cuatro millones de personas han sido desplazadas. Estas cifras se refieren al conflicto iniciado con el golpe, mientras que las principales acusaciones ante la CIJ se refieren a operaciones anteriores contra los rohinyás.
El fallo también será objeto de atención en el caso presentado por Sudáfrica contra Israel y en otros procesos relacionados con la Convención sobre el Genocidio. Su análisis de la intención, la responsabilidad del Estado, la violencia sexual y las pruebas podría orientar los argumentos en esos casos, aunque cada uno exige una evaluación de sus propios hechos.
El fallo de la CIJ será definitivo y vinculante para las partes. Su cumplimiento dependerá de la conducta de los Estados y de la acción política: una parte podrá solicitar la intervención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mientras que otros gobiernos podrán presionar para que se aplique mediante la diplomacia. Para los rohinyás, las medidas prácticas decisivas tendrán que ver con la seguridad, la libertad de circulación, los bienes y la posibilidad real de elegir si regresan a sus hogares.
Lo que hay que saber
- La CIJ dictará su fallo el 19 de noviembre de 2026, a las 10:00, en La Haya.
- Gambia denuncia un genocidio contra los rohinyás; Myanmar lo niega y afirma que llevó a cabo operaciones contra ARSA.
- Los jueces evaluarán la intención, la responsabilidad del Estado, el cumplimiento de las medidas de protección y las reparaciones solicitadas.
- Once países han intervenido sobre la interpretación de la Convención sobre el Genocidio.
- El control del Ejército de Arakán y los abusos persistentes en Rakáin complican el retorno seguro de los refugiados.
- Otros procesos ante la CPI y en Argentina se refieren a la responsabilidad penal individual.
