Siete años después de la demanda, un fallo sobre la responsabilidad de Myanmar
La Corte Internacional de Justicia tiene previsto emitir su fallo el 19 de noviembre de 2026, a las 10:00, en La Haya, para decidir si Myanmar violó la Convención sobre el Genocidio de 1948 en su trato a los rohinyás. El caso, presentado por Gambia en noviembre de 2019, se refiere a una campaña militar que obligó a más de 700.000 personas a huir del estado de Rakáin, en Myanmar, hacia Bangladesh.
Contenido
- Siete años después de la demanda, un fallo sobre la responsabilidad de Myanmar
- Qué deben decidir los jueces
- La campaña que obligó a cientos de miles de personas a huir
- Cómo llegó el caso a esta instancia
- La defensa de Myanmar y las consecuencias para sus dirigentes
- Por qué los procesos ante la CIJ y la CPI son diferentes
- Para los refugiados, el reconocimiento y el regreso seguro están vinculados
- Un fallo definitivo con límites prácticos
- Puntos clave
Once Estados han intervenido en el proceso, lo que añade una dimensión internacional a un caso presentado por un pequeño país de África occidental contra un Estado del sudeste asiático. Tras siete años de actuaciones, el fallo abordará la responsabilidad de Myanmar en virtud de un tratado destinado a prevenir y castigar la destrucción de grupos protegidos.
Para las familias rohinyás, la decisión tiene un significado más inmediato: determinar si un tribunal internacional reconoce formalmente como genocidio la violencia infligida a su comunidad. Más de un millón de rohinyás desplazados viven ahora en abarrotados campamentos de refugiados en Bangladesh, muchos de ellos en la zona de Cox's Bazar, mientras sus perspectivas de regresar de forma segura siguen siendo inciertas.
Myanmar niega haber cometido genocidio. Sus representantes han sostenido que las operaciones militares se dirigieron contra insurgentes armados tras los ataques a puestos policiales. El tribunal debe evaluar las acusaciones y la respuesta de Myanmar a la luz de los requisitos de la Convención sobre el Genocidio.
Qué deben decidir los jueces
La demanda de Gambia invoca la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Adoptado en 1948, el tratado impone a los Estados participantes el deber de prevenir y castigar el genocidio. También establece un mecanismo para que las controversias sobre esas obligaciones lleguen a la CIJ, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas.
El genocidio tiene un significado jurídico específico. Comprende determinados actos, como matar a miembros de un grupo protegido o causarles graves daños físicos o mentales, cometidos con la intención de destruir a ese grupo, total o parcialmente. La convención protege a los grupos nacionales, étnicos, raciales y religiosos.
Por tanto, los jueces deben considerar tanto lo que les ocurrió a los rohinyás como la intención detrás de los actos en cuestión. Gambia sostiene que la violencia tenía como objetivo destruir a la comunidad. Myanmar rechaza esa acusación y presenta las operaciones como una respuesta a una insurgencia.
El ministro de Justicia de Gambia, Dawda Jallow, argumentó ante el tribunal que los rohinyás sufrieron una violencia atroz cuyo propósito era destruir a su comunidad. La posibilidad de que Gambia presente el caso refleja las obligaciones compartidas que establece la convención: un Estado participante puede solicitar un fallo sobre el cumplimiento de otro Estado participante, incluso cuando las atrocidades denunciadas ocurrieron en otro lugar.
La campaña que obligó a cientos de miles de personas a huir
Las fuerzas de seguridad de Myanmar iniciaron en agosto de 2017 la campaña que centra el caso, en el norte del estado de Rakáin. Human Rights Watch describe masacres, violaciones e incendios provocados que obligaron a más de 700.000 rohinyás a huir, principalmente hacia el vecino Bangladesh.
La Agencia Internacional de Desarrollo de Ontario estimó que las fuerzas de seguridad de Myanmar mataron a miles de rohinyás. La huida masiva llevó a los sobrevivientes a cruzar una frontera internacional y dejó a Bangladesh acogiendo a una población numerosa que no podía regresar de forma segura a sus hogares.
Los rohinyás son una minoría mayoritariamente musulmana que ha sufrido décadas de discriminación y desplazamiento en Myanmar. Muchos son apátridas, es decir, ningún país los reconoce como ciudadanos. Sin ciudadanía, actividades cotidianas como obtener documentos de identidad, viajar, estudiar o conseguir trabajo pueden resultar mucho más difíciles.
La cifra de más de 700.000 se refiere a las personas desplazadas durante la campaña de 2017. La población de más de un millón que vive actualmente en los campamentos de Bangladesh también incluye a personas desplazadas en periodos anteriores y a niños nacidos en el exilio. Las dos cifras describen distintas dimensiones de una crisis que se prolonga desde hace años.
Cómo llegó el caso a esta instancia
El proceso judicial comenzó más de dos años después del desplazamiento masivo. Gambia presentó su demanda en noviembre de 2019, y la entonces líder de facto de Myanmar, Aung San Suu Kyi, defendió personalmente la postura de su país en las audiencias públicas celebradas ese año.
Posteriormente, el tribunal dictó una orden que exigía medidas de protección y rechazó las objeciones de Myanmar a su competencia, lo que permitió que el caso siguiera adelante. Estas son las principales etapas:
- Agosto de 2017: Las fuerzas de seguridad de Myanmar lanzaron la campaña en el norte del estado de Rakáin que obligó a más de 700.000 rohinyás a huir a Bangladesh.
- Noviembre de 2019: Gambia presentó el caso en virtud de la Convención sobre el Genocidio.
- 2019: Aung San Suu Kyi compareció ante la CIJ para defender la postura de Myanmar.
- 2020: La CIJ ordenó a Myanmar adoptar todas las medidas necesarias para prevenir el genocidio contra los rohinyás.
- 2024: El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional solicitó una orden de detención contra el líder militar Min Aung Hlaing en un proceso separado.
- 19 de noviembre de 2026: La CIJ tiene previsto emitir su fallo a las 10:00 en La Haya.
La orden de 2020 impuso obligaciones mientras continuaba el proceso. Estas medidas provisionales tienen como objetivo proteger los derechos que están en riesgo antes de que los jueces concluyan el examen de un caso. El fallo de noviembre abordará la controversia central sobre el cumplimiento de la convención por parte de Myanmar.
La defensa de Myanmar y las consecuencias para sus dirigentes
Los representantes de Myanmar han rechazado sistemáticamente la acusación de que el Ejército buscó deliberadamente destruir a los rohinyás. Su argumento se centra en las operaciones de seguridad contra grupos insurgentes tras los ataques a puestos policiales, y han cuestionado las pruebas que respaldan la acusación de genocidio.
La comparecencia de Aung San Suu Kyi en 2019 convirtió la defensa de las acciones de Myanmar en un momento clave para su imagen internacional. La toma del poder por parte de los militares en 2021 cambió posteriormente el liderazgo del país, mientras el caso contra Myanmar como Estado siguió adelante.
Min Aung Hlaing, quien dirigió el Ejército durante la represión contra los rohinyás y el posterior golpe de Estado, está siendo objeto de escrutinio en varios procesos judiciales. Un fallo desfavorable de la CIJ aumentaría la presión diplomática sobre los dirigentes de Myanmar, que buscan reconocimiento internacional y mantienen relaciones con gobiernos extranjeros.
La respuesta concreta dependería de las decisiones de otros Estados y organismos internacionales. Los gobiernos podrían tener en cuenta el fallo al decidir sobre sus relaciones diplomáticas o económicas. El resultado y las medidas de reparación que pueda ordenar el tribunal se conocerán cuando emita el fallo.
Por qué los procesos ante la CIJ y la CPI son diferentes
El caso ante la CIJ se refiere a la responsabilidad de Myanmar como Estado. Su tarea consiste en decidir si el país incumplió sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio. Human Rights Watch ha destacado este enfoque al explicar el proceso.
La Corte Penal Internacional, o CPI, aborda la responsabilidad penal individual. En 2024, su fiscal jefe solicitó una orden de detención contra Min Aung Hlaing por presuntos crímenes de lesa humanidad contra los rohinyás. La solicitud de un fiscal es un paso para pedir a los jueces que autoricen una detención.
Los dos tribunales pueden examinar hechos relacionados, pero responden a preguntas jurídicas distintas. La CIJ considera las obligaciones de Myanmar en virtud de un tratado internacional y las consecuencias de cualquier incumplimiento. La CPI examina si una persona debe afrontar un proceso penal por actos que sean competencia de ese tribunal.
En Argentina también avanza un caso en virtud del principio de jurisdicción universal. Este permite que los tribunales nacionales, cuando sus leyes lo autorizan, investiguen ciertos delitos internacionales graves cometidos fuera de su territorio. En conjunto, estos procesos abren varias vías para que las denuncias de los rohinyás sean examinadas judicialmente.
Para los refugiados, el reconocimiento y el regreso seguro están vinculados
Las familias rohinyás en Bangladesh llevan años viviendo hacinadas, desplazadas y sin saber con certeza cuál es su situación jurídica. Un fallo podría reconocer formalmente lo que les ocurrió, mientras que las condiciones necesarias para un regreso seguro dependen de la protección y los derechos en Myanmar.
Maria Elena Vignoli, asesora principal de justicia internacional de Human Rights Watch, describió la importancia de la decisión para los sobrevivientes:
El fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre Myanmar marcará un momento crucial en la búsqueda de justicia de los rohinyás.
Vignoli también instó a los países comprometidos con los derechos humanos a apoyar a la comunidad, exigir responsabilidades y trabajar para lograr un regreso seguro y voluntario. Para los refugiados, el regreso voluntario significa poder elegir realmente si quieren volver a casa, en lugar de verse presionados a abandonar su lugar de refugio.
La ciudadanía es un elemento central de esa cuestión. La exclusión de los rohinyás en Myanmar se desarrolló mediante leyes y prácticas administrativas que restringían su reconocimiento y participación política. La pérdida de documentos de ciudadanía durante un proceso nacional de documentación en 1989 dejó a muchas personas sin los documentos de reemplazo que necesitaban para ejercer sus derechos.
Para 2014, alrededor del 90 por ciento de los rohinyás tenía documentos de identidad temporales conocidos como tarjetas blancas, según un informe del Gobierno australiano citado en aquel artículo. Las tarjetas habían permitido votar en 2010, pero no otorgaban la ciudadanía. Su anulación en 2015 eliminó un documento de identidad y una vía de participación electoral. Estas experiencias ayudan a explicar por qué el regreso a casa requiere prestar atención tanto a la situación jurídica como a la seguridad física.
Un fallo definitivo con límites prácticos
El fallo del 19 de noviembre será definitivo e inapelable, según la explicación de Human Rights Watch sobre el caso. Las sentencias de la CIJ son vinculantes para las partes y dan fuerza jurídica a la decisión en la controversia entre Gambia y Myanmar.
La CIJ no dispone de una fuerza policial para hacer cumplir sus decisiones. El cumplimiento depende de las acciones del Estado en cuestión y de la respuesta de otros gobiernos e instituciones internacionales. Por tanto, para las familias desplazadas, el valor práctico del fallo también dependerá de que las conclusiones jurídicas se traduzcan en protección, rendición de cuentas y cambios en el trato que reciben.
La intervención de once Estados ya ha convertido el proceso en un asunto de mayor interés internacional. Un fallo sobre la aplicación de la Convención sobre el Genocidio a los rohinyás también podría influir en los argumentos jurídicos de otros casos basados en el mismo tratado, incluido el caso de Sudáfrica sobre las acciones de Israel en Gaza. En cada caso, los jueces deben examinar los hechos y las pruebas correspondientes.
La fecha inmediata está definida: 19 de noviembre de 2026, a las 10:00 en La Haya. Las conclusiones del tribunal responderán a una pregunta que se plantea desde 2019, mientras las comunidades rohinyás siguen buscando los derechos y la seguridad que necesitan para reconstruir sus vidas.
Puntos clave
- La CIJ tiene previsto emitir su fallo el 19 de noviembre de 2026, a las 10:00 en La Haya.
- Gambia presentó el caso en noviembre de 2019 y acusó a Myanmar de violar la Convención sobre el Genocidio de 1948.
- Más de 700.000 rohinyás huyeron de la campaña militar de agosto de 2017, principalmente hacia Bangladesh.
- Myanmar niega el genocidio y afirma que sus operaciones se dirigieron contra insurgentes armados.
- El caso ante la CIJ aborda la responsabilidad del Estado; otros procesos investigan la responsabilidad penal individual.
- El fallo será definitivo, pero el cumplimiento y la protección de los rohinyás desplazados requerirán medidas que vayan más allá de los tribunales.
