Proponen autorización judicial para detener a personas por noticias publicadas
El 4 de noviembre, el comité ministerial de Bangladesh que revisa la Ley de Ciberseguridad (Enmienda) de 2026 acordó en principio exigir autorización judicial antes de detener a un periodista, propietario de un medio o responsable de una organización informativa por noticias que esta publique o difunda.
Contenido
- Proponen autorización judicial para detener a personas por noticias publicadas
- ¿Qué abarcaría la protección judicial?
- Por qué los editores buscan cambios más amplios
- Mayor escrutinio de la difamación y la desinformación
- El bloqueo de noticias incluiría explicaciones y revisión
- Preocupan los tribunales móviles y los registros de dispositivos
- Cómo evolucionó la revisión actual
- ¿Quiénes contribuirán a definir el próximo borrador?
- ¿Qué ocurrirá antes de que el proyecto llegue al Parlamento?
- Puntos clave
En la reunión, celebrada en Daca, también se analizaron propuestas para excluir los tribunales móviles, aclarar los delitos relacionados con la difamación y la desinformación, y exigir a las autoridades que expliquen sus decisiones de bloquear contenido en internet. En conjunto, las propuestas abordan varias formas en que una ley de ciberdelincuencia puede afectar al periodismo: detener a personas, restringir el acceso a su trabajo y tomar medidas contra sus organizaciones.
El ministro de Correos, Telecomunicaciones y Tecnología de la Información, Fakir Mahbub Anam, presidió la reunión en la División de Correos y Telecomunicaciones. Asistieron el ministro del Interior, Salahuddin Ahmed, y la ministra de Estado de Asuntos Exteriores, Shama Obaed Islam.
El comunicado del ministerio describió un acuerdo en principio sobre la protección frente a detenciones. La disposición sigue en fase de redacción: todavía deben definirse su texto final, los plazos de los procedimientos judiciales y la fecha en que se someterá a consideración parlamentaria.
La cuestión central es cómo combatir la ciberdelincuencia y, al mismo tiempo, proteger las informaciones que pueden enfadar a personas poderosas. Los debates del comité vinculan la propuesta de control judicial de las detenciones con cambios en los delitos y procedimientos correspondientes, entre ellos la notificación por escrito y la oportunidad de que las organizaciones de medios presenten su defensa.
¿Qué abarcaría la protección judicial?
La propuesta del 4 de noviembre abarca las detenciones derivadas de noticias publicadas o difundidas por un medio de comunicación. Se aplicaría a periodistas, propietarios y responsables de la organización, y exigiría la autorización previa de un tribunal legalmente competente para conocer del asunto.
Para un periodista que se enfrente a una denuncia por un reportaje, esto supondría que una decisión judicial mediaría entre la denuncia y la detención. El comité también pidió que se respeten los procedimientos legales adecuados y que se adopten medidas contra el acoso cuando se actúe contra periodistas.
El ministro del Interior, Salahuddin Ahmed, empleó términos más amplios durante una consulta con las partes interesadas: dijo que, con la enmienda propuesta, los periodistas no se enfrentarían a acciones legales ni a detenciones sin autorización judicial. La descripción del comité del 4 de noviembre se centró específicamente en las detenciones por noticias publicadas o difundidas.
Ahmed dijo que la protección se incorporaría al borrador después de que las partes interesadas presentaran recomendaciones formales. Al explicar el propósito declarado del Gobierno, el ministro del Interior afirmó:
«No queríamos, ni queremos, promulgar esta ley con el propósito de atacar a los medios de comunicación».
El editor Mahfuz Anam había propuesto exigir autorización judicial y pidió que representantes de los medios y especialistas en ciberdelincuencia celebraran debates detallados. Su solicitud incluía cláusulas de protección para evitar que la legislación se utilizara contra el periodismo.
Por qué los editores buscan cambios más amplios
En su evaluación del borrador del 25 de septiembre, Mahfuz Anam señaló problemas que iban más allá de las detenciones. Sostuvo que las enmiendas debilitarían la supervisión judicial prevista en la ley aprobada bajo el Gobierno interino y ampliarían las facultades administrativas sobre la cobertura informativa en internet.
Sus objeciones abarcaban los artículos propuestos 8(2), 25, 26A, 33 y 34. Estos se refieren a las restricciones de contenido, los delitos relacionados con material dañino en internet, los rumores y la desinformación, y las facultades para acceder a equipos y datos digitales o incautarlos.
La preocupación de Anam sobre el periodismo de investigación era concreta: informar sobre corrupción puede dañar la reputación de la persona acusada. Si un delito se define de manera demasiado amplia en torno a la humillación o el daño a la reputación, una persona mencionada en una investigación sobre corrupción podría utilizar esa redacción para pedir que se actúe contra el periodista.
En los debates de noviembre, el comité abordó varias de esas áreas, incluidas las definiciones, los tribunales móviles y el bloqueo de contenido. Por tanto, la protección propuesta frente a detenciones es una parte de una negociación más amplia sobre qué conductas castigaría la ley y cómo podrían actuar las autoridades.
Mayor escrutinio de la difamación y la desinformación
El comité estudió la posibilidad de distinguir entre difamación, menosprecio y ciberacoso, en lugar de tratarlos como un solo conjunto. Los participantes también pidieron que la definición y la sanción de la difamación fueran coherentes con el Código Penal, la legislación penal general de Bangladesh.
La difamación supone dañar la reputación de una persona. El ciberacoso consiste en comportamientos abusivos a través de servicios digitales. La distinción propuesta es importante porque un reportaje sobre presuntas irregularidades y una campaña de abusos personales en internet implican conductas distintas, aunque ambas molesten a la persona afectada.
En su evaluación de septiembre, Anam dijo que los cambios propuestos al artículo 25 ampliarían una disposición que se refiere principalmente al acoso sexual en internet, la extorsión, la pornografía y el material relacionado con el abuso sexual infantil. Según señaló, la enmienda añadiría la difamación, la humillación y el menosprecio.
También describió un aumento de la pena máxima general de prisión prevista en esa disposición, de dos a cinco años, y una posible condena de 10 años cuando la víctima sea una mujer o una persona menor de 18 años. Esas cifras corresponden al borrador que examinó en septiembre, mientras que el comité seguía estudiando cambios en noviembre.
El artículo 26A propuesto era otro motivo de preocupación. Según la evaluación de Anam, castigaría la publicación o difusión de rumores y desinformación con hasta 10 años de prisión. Sostuvo que el borrador no definía esos delitos con precisión.
El 4 de noviembre, los participantes pidieron definiciones más claras y acotadas de los rumores y la desinformación para evitar que un lenguaje impreciso restringiera la libertad de los medios. También debatieron cómo precisar la definición del ciberespacio, lo que ayudaría a delimitar las actividades digitales cubiertas por la ley.
El bloqueo de noticias incluiría explicaciones y revisión
El comité estudió la posibilidad de exigir a las autoridades que informaran a la persona u organización afectada por qué se retiraba o bloqueaba un contenido. También consideró fijar un plazo para resolver las solicitudes de restablecimiento del acceso al material bloqueado.
Una orden de bloqueo puede impedir que los lectores accedan a un artículo mientras el editor busca una solución. Exponer los motivos permitiría al editor identificar la objeción legal y responder a ella. Un plazo para tomar una decisión daría a esa impugnación un calendario definido.
En su evaluación de septiembre, Anam dijo que el artículo 8(2) propuesto ampliaría las facultades para retirar o bloquear material, incluido el contenido considerado difamatorio o despectivo hacia una persona o el Estado. Se opuso a que se actuara ante la mera posibilidad de que se produjera un daño y advirtió que esa redacción dejaría un margen considerable para decisiones subjetivas.
La reunión de noviembre también examinó la posibilidad de exigir una notificación por escrito antes de actuar contra un medio de comunicación u otra institución, así como de darles la oportunidad de presentar una defensa. Estas propuestas buscan que la organización pueda responder antes de que una medida oficial afecte a su trabajo.
El enfoque conjunto establecería varios pasos de procedimiento: una explicación de las restricciones de contenido, una vía para solicitar su restablecimiento y la oportunidad de que una institución responda a las acusaciones. Su eficacia dependerá del texto que se adopte en el borrador revisado.
Preocupan los tribunales móviles y los registros de dispositivos
El comité debatió la posibilidad de excluir de la legislación las disposiciones sobre tribunales móviles. Anam había criticado su inclusión en el borrador de septiembre porque esos tribunales están a cargo de magistrados ejecutivos que forman parte de la administración.
Su objeción se refería a quién juzgaría los delitos cibernéticos. Sostuvo que asignar esos casos a funcionarios ejecutivos daría a la administración gubernamental un papel directo en procedimientos que afectan a la cobertura crítica, mientras que las leyes anteriores sobre ciberdelincuencia recurrían a tribunales presididos por jueces.
Los registros digitales plantean otro problema para las redacciones. Anam dijo que los artículos 33 y 34 permitirían a las autoridades acceder a computadoras, dispositivos y datos almacenados, registrarlos e incautarlos. Los periodistas suelen guardar en esos dispositivos grabaciones de entrevistas, investigaciones no publicadas y la identidad de fuentes confidenciales.
Si una fuente comparte información con la condición de permanecer en el anonimato, el acceso al teléfono o la computadora de un periodista podría revelar su identidad. La incautación de equipos también podría interrumpir la publicación. Estas preocupaciones explican por qué los editores han pedido medidas de protección para las investigaciones y el funcionamiento de las redacciones, además de la restricción propuesta a las detenciones.
Cómo evolucionó la revisión actual
La legislación sobre ciberdelincuencia de Bangladesh se ha sustituido o revisado varias veces desde 2018. Las negociaciones actuales se producen tras otra ronda de enmiendas en 2026, por lo que la redacción del próximo borrador es fundamental para el debate.
La secuencia de leyes y consultas muestra cómo llegó la propuesta actual al comité ministerial:
- 2018: Bangladesh promulgó la Ley de Seguridad Digital.
- 2023: La Ley de Ciberseguridad sustituyó a la Ley de Seguridad Digital.
- 2025: El Gobierno interino sustituyó la Ley de Ciberseguridad por la Ordenanza de Protección Cibernética.
- 2026: La ordenanza se adoptó como ley y, posteriormente, se aprobó una enmienda en junio.
- 10 de septiembre de 2026: Una primera consulta incorporó a editores a los debates sobre las revisiones propuestas.
- 25 de septiembre de 2026: Mahfuz Anam expuso sus objeciones a los delitos previstos en el borrador, las facultades de aplicación de la ley y las disposiciones sobre tribunales móviles.
- 4 de noviembre de 2026: El comité ministerial acordó en principio exigir autorización judicial previa para las detenciones relacionadas con noticias y debatió otras medidas de protección.
Tras la reunión del 10 de septiembre se celebró una segunda consulta con las partes interesadas. En esa sesión, el ministro del Interior describió un proceso que incluiría recomendaciones por escrito, una nueva revisión pública y un debate parlamentario, en lugar de una aprobación inmediata.
Las consultas respondieron a instrucciones del Consejo de Ministros para recabar una amplia variedad de opiniones de especialistas en tecnología de la información y personas afectadas por actividades en el ciberespacio. Ya se había recogido la opinión de instituciones, organizaciones de derechos humanos, estudiantes y usuarios de servicios digitales.
¿Quiénes contribuirán a definir el próximo borrador?
Las partes interesadas que participaron en la consulta dispusieron de 15 días para presentar recomendaciones formales. Se esperaba que representantes del Consejo de Editores, la Asociación de Medios Electrónicos y un panel especializado en ciberdelincuencia presentaran propuestas específicas en un plazo de entre siete y 15 días.
Ahmed anunció un marco conjunto de coordinación entre el Ministerio de Información y Radiodifusión y el Ministerio de Correos, Telecomunicaciones y Tecnología de la Información. El director principal de Información fue nombrado coordinador, responsable de dirigir el proceso.
El 4 de noviembre, el comité ministerial también debatió la composición del Consejo de Protección Cibernética y la representación de los medios en este. Los participantes propusieron consultas coordinadas con las Naciones Unidas, socios para el desarrollo y plataformas tecnológicas internacionales como Meta.
La Agencia Nacional de Protección Cibernética presentó un informe en la reunión. También asistieron el secretario de la División de TIC, Md Mamunur Rashid Bhuiyan; el secretario de la División de Correos y Telecomunicaciones, el doctor Md Kamruzzaman, y otros altos funcionarios.
La representación de los medios y la consulta pública dan a los grupos afectados un lugar en el proceso de redacción. El siguiente paso sustantivo es convertir sus recomendaciones en un texto que precise los delitos, las facultades de aplicación de la ley y las oportunidades para impugnar las decisiones oficiales.
¿Qué ocurrirá antes de que el proyecto llegue al Parlamento?
El Gobierno prevé revisar el texto después de recibir recomendaciones y volver a publicarlo en un sitio web oficial para someterlo a consulta pública. El debate del comité de noviembre volvió a respaldar ese enfoque.
Ahmed expuso las etapas posteriores, que incluirían la revisión en distintos ministerios, la aprobación del Consejo de Ministros y la presentación ante el Parlamento. Dijo que la consideración parlamentaria incluiría un debate entre integrantes del Gobierno y de la oposición, así como aportes de seminarios y simposios externos.
El Gobierno también prevé establecer plazos estrictos para resolver los casos y las apelaciones. Para una persona acusada en virtud de la ley, esos plazos podrían limitar el tiempo de espera hasta que se resuelva un caso o una impugnación. Por separado, el comité debatió un calendario para las solicitudes de restablecimiento de contenido bloqueado.
La prueba inmediata será el borrador revisado: si incluye el requisito judicial prometido y cómo aborda las definiciones, los registros, las restricciones de contenido y el derecho a responder. Esos detalles determinarán los procedimientos a los que se enfrentarán periodistas, propietarios de medios y personas cuyas actividades en internet sean objeto de investigación.
Puntos clave
- El 4 de noviembre de 2026, un comité ministerial acordó en principio exigir autorización judicial antes de detener a personas por noticias publicadas o difundidas.
- La protección propuesta abarca a periodistas, propietarios de medios y responsables de organizaciones informativas.
- Los participantes debatieron definiciones más claras de difamación, rumores, desinformación y ciberacoso.
- Otras propuestas incluyen excluir los tribunales móviles, explicar los bloqueos de contenido y fijar plazos para las solicitudes de restablecimiento.
- También se consideró exigir una notificación por escrito y ofrecer a las organizaciones de medios la oportunidad de presentar su defensa.
- Se espera que el borrador pase por nuevas consultas y se publique antes de su consideración por el Consejo de Ministros y el Parlamento.
