Las declaraciones del jefe de la Policía generan demandas de rendición de cuentas
Transparency International Bangladesh (TIB) pidió la destitución del inspector general de la Policía, Md Ali Hossain Fakir, hasta que se garantice la rendición de cuentas, después de que afirmara que la Policía recurriría al «fuego cruzado» si fuera necesario y el Gobierno lo autorizara. Sus declaraciones en Daca el lunes 26 de octubre de 2026 suscitaron críticas de organizaciones de derechos humanos y de un diputado, y pusieron bajo escrutinio la postura del Gobierno sobre las ejecuciones extrajudiciales.
Contenido
- Las declaraciones del jefe de la Policía generan demandas de rendición de cuentas
- Qué dijo Fakir sobre las atribuciones policiales
- Por qué la aprobación del Gobierno está en el centro de la disputa
- Cuándo se permite el uso de fuerza letal
- Un compromiso en septiembre y un desafío en octubre
- Los asesinatos del pasado explican la advertencia de TIB
- El jefe de la Policía cita medidas contra agentes
- Hasnat pide neutralidad antes de las elecciones locales
- Las críticas públicas y el espacio para el escrutinio
- Puntos clave
En un comunicado emitido el 26 de octubre, TIB pidió al jefe de la Policía una explicación formal, que se retractara de sus declaraciones, una disculpa pública incondicional y que asumiera responsabilidades administrativas. La organización afirmó que presentar el «fuego cruzado» como una forma de controlar la delincuencia enviaba un mensaje peligroso a los agentes responsables de proteger a la población.
Fakir hizo estos comentarios durante la inauguración del servicio de banca islámica Community Islamic, de Community Bank Bangladesh PLC, en Chawkbazar. También es presidente del banco. Al hablar de las atribuciones policiales y el orden público, condicionó el uso del «fuego cruzado» a la autorización del Gobierno.
El inspector general de la Policía dijo ante los asistentes:
«Si el Gobierno lo autoriza y resulta necesario para mantener la ley y el orden y combatir la delincuencia, no dudaremos en recurrir al fuego cruzado».
La principal objeción de TIB era que la autorización del Gobierno no puede sustituir a la ley. Su director ejecutivo, el doctor Iftekharuzzaman, afirmó que la Policía debe investigar los delitos, reunir pruebas admisibles ante los tribunales y llevar a juicio a las personas acusadas. Matar a alguien al margen de ese proceso, señaló, no puede ser legal por el simple hecho de contar con la aprobación del poder ejecutivo.
La Human Rights Support Society (HRSS) también condenó las declaraciones. Pidió al Gobierno que aclarara si consideraba admisibles las ejecuciones extrajudiciales o si Fakir había expresado una opinión personal. Ambas organizaciones atribuyeron al Gobierno la responsabilidad de explicar su postura y garantizar que la Policía actúe dentro de los límites legales.
Qué dijo Fakir sobre las atribuciones policiales
Fakir vinculó sus declaraciones sobre el «fuego cruzado» con llamados a dar más atribuciones a la Policía, promover la cooperación de la población y respetar la Constitución. Justo antes de hablar del «fuego cruzado», afirmó que los agentes harían cumplir la ley y cumplirían sus responsabilidades de acuerdo con la Constitución.
El jefe de la Policía sostuvo que los agentes eran criticados tanto si actuaban con firmeza como si se contenían. Dijo que los llamaban fascistas cuando usaban sus bastones y débiles cuando guardaban silencio. Pidió que se creara un entorno en el que pudieran cumplir sus funciones y afirmó que los intentos de volver ineficaz a la fuerza dificultarían el mantenimiento del orden social.
Fakir también instó a la población a no difundir rumores ni acusaciones falsas contra la Policía, a no tomarse la justicia por su mano y a cooperar con los agentes. Dijo que tanto la Policía como la ciudadanía debían respetar la ley y la Constitución.
TIB señaló una contradicción directa entre esos compromisos y la sugerencia de que el «fuego cruzado» podría ser una opción con la aprobación del Gobierno. Para la organización, la cuestión era qué métodos podía emplear la Policía y si estos respetaban las garantías legales.
Por qué la aprobación del Gobierno está en el centro de la disputa
Los artículos 31 y 32 de la Constitución de Bangladesh son la base de las objeciones planteadas por TIB y HRSS. El artículo 31 se refiere a la protección de la ley, mientras que el artículo 32 protege la vida y la libertad personal. En términos sencillos, el Estado debe respetar la ley al tratar con las personas, incluidas aquellas acusadas de delitos graves.
Iftekharuzzaman, director ejecutivo de TIB, explicó por qué rechazaba la idea de que la autorización del poder ejecutivo pudiera permitir una muerte al margen del proceso judicial:
«Ninguna autorización del Gobierno puede legitimar una ejecución extrajudicial. Los derechos a la protección legal y a la vida y la libertad personal, garantizados por los artículos 31 y 32 de la Constitución, no pueden dejarse de lado mediante decisiones del poder ejecutivo. Por grave que sea una acusación, la Policía no tiene autoridad para matar a nadie eludiendo el debido proceso».
El debido proceso consiste en seguir los pasos legales para investigar y juzgar las acusaciones. La Policía identifica a los sospechosos y reúne pruebas; los tribunales determinan la responsabilidad penal. TIB afirmó que el «fuego cruzado» no puede sustituir esa distribución de responsabilidades.
Cuándo se permite el uso de fuerza letal
TIB afirmó que todo uso de la fuerza por parte de la Policía debe ser legal, necesario y proporcional. Estos requisitos significan que los agentes deben contar con una base legal para actuar, usar la fuerza solo cuando sea necesario y mantenerla dentro de los límites que justifique la situación.
Según las normas internacionales citadas por TIB, el uso intencional de armas de fuego con resultado letal solo se permite cuando es estrictamente inevitable para proteger una vida. La organización describió esto como una excepción muy limitada, no como una autorización para matar personas con el fin de controlar la delincuencia.
HRSS planteó un argumento similar en un comunicado firmado por su director ejecutivo, Ijazul Islam. Afirmó que la seguridad pública debe protegerse mediante procedimientos legales, investigaciones imparciales y respeto a la autoridad judicial. Las acusaciones de actividad delictiva, añadió, no anulan los derechos de una persona a la vida y a la justicia.
La cuestión práctica es qué intenta conseguir un agente. Proteger a alguien de una amenaza inminente contra su vida requiere una justificación legal distinta de la que se necesita para castigar a un sospechoso. TIB y HRSS insistieron en que el castigo por un delito corresponde al proceso judicial.
Un compromiso en septiembre y un desafío en octubre
TIB se refirió a una declaración del ministro de Justicia del 14 de septiembre, según la cual el Gobierno no recurriría al «fuego cruzado» para combatir el terrorismo porque las leyes vigentes eran suficientes. Las declaraciones posteriores de Fakir presentaron la autorización del Gobierno como una posible vía para utilizarlo.
La secuencia permite comparar la política declarada por el Gobierno con las palabras del jefe de la Policía:
- 14 de septiembre: El ministro de Justicia afirmó que el Gobierno no usaría el «fuego cruzado» para combatir el terrorismo y que las leyes vigentes eran suficientes.
- 26 de octubre: Fakir dijo en un acto bancario en Chawkbazar que la Policía recurriría al «fuego cruzado» si fuera necesario y el Gobierno lo autorizaba.
- 26 de octubre: TIB pidió explicaciones, que Fakir se retractara, una disculpa y que asumiera responsabilidades administrativas. HRSS también pidió al Gobierno que aclarara su postura.
En los comunicados y declaraciones aquí descritos no se anunció ninguna decisión del Gobierno sobre las demandas de TIB, ninguna retractación del inspector general de la Policía ni un plazo para responder. TIB pidió al Gobierno que explicara la contradicción y precisara cómo haría cumplir la postura que había declarado.
Los asesinatos del pasado explican la advertencia de TIB
Iftekharuzzaman citó tres casos para explicar por qué las palabras del jefe de la Policía tenían un peso especial: el caso del asesinato de Sinha, la muerte de Ekramul Haque, concejal municipal de Teknaf, y el caso de los siete asesinatos de Narayanganj.
TIB recordó las condenas de agentes de Policía en el caso Sinha. También mencionó las acusaciones examinadas en relación con el veredicto, según las cuales se había recurrido al «fuego cruzado» para extorsionar, torturar y matar a personas. La organización presentó esos antecedentes como motivos para fortalecer las investigaciones legales y la rendición de cuentas.
La muerte de Ekramul Haque en un supuesto tiroteo generó serias dudas después de que su familia difundiera una grabación de audio y afirmara que había sido asesinado, señaló TIB. La organización citó las acusaciones de la familia como parte de los antecedentes que hacen alarmantes las nuevas declaraciones sobre el «fuego cruzado».
Según TIB, las condenas de exfuncionarios del Rapid Action Battalion (RAB) en el caso de los siete asesinatos de Narayanganj constituyeron otro ejemplo judicial de abuso criminal de las atribuciones de las fuerzas del orden.
Iftekharuzzaman advirtió que los agentes desplegados sobre el terreno podrían interpretar las declaraciones del jefe de la Policía como una autorización implícita para emplear fuerza ilegal. Ante las expectativas de la población sobre la reforma policial y del Estado, preguntó qué había aprendido la fuerza de los delitos cometidos en el pasado.
El jefe de la Policía cita medidas contra agentes
Fakir defendió las medidas internas de rendición de cuentas de la fuerza y dijo que unos 27 integrantes de la Policía habían sido encarcelados en los dos meses anteriores. Afirmó que no se protegía a los agentes involucrados en actividades delictivas y que la Policía contaba con sus propios mecanismos de control y equilibrio.
El inspector general reconoció que algunos integrantes de la Policía habían participado en el tráfico de drogas y que algunos seguían haciéndolo. También acusó a figuras del anterior Gobierno de la Liga Awami de amparar la expansión de las drogas y dijo que la Policía seguía una política de tolerancia cero.
Fakir describió las medidas contra los agentes como un esfuerzo para abordar las faltas dentro de la fuerza:
«Como pueden ver, primero estamos limpiando nuestra propia casa. Sin embargo, también sobre esto se están difundiendo diversas interpretaciones erróneas».
La demanda de TIB iba más allá de las medidas contra agentes individuales. La organización pidió que los máximos responsables de la fuerza rindieran cuentas por una declaración pública sobre cómo podía actuar la Policía. Afirmó que las debilidades institucionales exigían soluciones profesionales, como mejores investigaciones y procesos judiciales basados en pruebas admisibles.
Hasnat pide neutralidad antes de las elecciones locales
Hasnat Abdullah, organizador principal del Partido Nacional de Ciudadanos (NCP) para la región sur y diputado por Cumilla-4, criticó a Fakir durante un acto de contacto con la ciudadanía en Mugda, Daca, el lunes por la tarde. Llamó matón al inspector general de la Policía y comparó sus declaraciones con la conducta del exinspector general Benazir Ahmed y del exjefe de la División de Investigación Criminal Harun Or Rashid durante el Gobierno de la Liga Awami.
Hasnat vinculó la polémica con la neutralidad policial antes de las próximas elecciones de los gobiernos locales. Instó a la Policía y a los administradores a trabajar para la población, no para el Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), el NCP, Jamaat ni ningún otro partido político.
Al dirigirse a los agentes de Policía, Hasnat dijo:
«Ustedes no son la Policía del ministro del Interior ni la del primer ministro. El uniforme que llevan se paga con los impuestos de la ciudadanía. No lo olviden».
Hasnat también pidió la liberación de una mujer en Mymensingh que, según se informó, fue detenida después de expresar en las redes sociales que lamentaba haber votado por el BNP. Mencionó la presunta desaparición de Miraj Sheikh en Mongla desde hacía más de seis meses y afirmó que la Guardia Costera se lo había llevado. Estas fueron acusaciones y demandas formuladas por Hasnat durante su discurso.
Su mensaje electoral amplió la disputa más allá de las palabras de Fakir. El dirigente del NCP pidió una actuación policial justa y neutralidad administrativa mientras hacía campaña por Nasiruddin Patwary, candidato del partido a la alcaldía de la Corporación Municipal de Daca Sur.
Las críticas públicas y el espacio para el escrutinio
En el acto bancario, Fakir también respondió a una declaración de 101 ciudadanos sobre la detención de 85 personas durante un registro en la residencia de un alto funcionario de la Policía. Cuestionó las críticas a la operación, se refirió al presunto consumo de alcohol y drogas y dijo que la libertad exigía que las personas respetaran la ley.
El jefe de la Policía sostuvo que las personas debían comportarse de acuerdo con la ética y los valores del país. Sus comentarios acompañaron su llamado general a que la población evitara las acusaciones falsas y permitiera a la Policía cumplir sus responsabilidades.
TIB abordó otro aspecto de la relación entre la Policía y el escrutinio público: las acusaciones de que los periodistas criticaban a la Policía porque no habían recibido dinero. Afirmó que toda acusación concreta de conducta delictiva contra un periodista debía investigarse y dar lugar a medidas legales basadas en pruebas.
TIB advirtió que las acusaciones generalizadas contra periodistas debilitan la función de los medios de comunicación en la supervisión y la rendición de cuentas, y pueden desalentar la información independiente. Reconoció la necesidad de que la Policía cuente con capacidad suficiente y un entorno de trabajo adecuado, pero insistió en que esas necesidades no justifican evitar las críticas legítimas.
La respuesta que pide TIB es concreta: una explicación de Fakir, que se retracte de sus declaraciones, una disculpa pública y que asuma responsabilidades administrativas, incluida su destitución hasta que se garantice la rendición de cuentas. HRSS pide al Gobierno un compromiso claro para que las fuerzas del orden respeten la ley. Ambas organizaciones sitúan la protección de la vida y el acceso a la justicia en el centro de la lucha contra la delincuencia.
Puntos clave
- El inspector general de la Policía, Md Ali Hossain Fakir, dijo el 26 de octubre de 2026 que la Policía recurriría al «fuego cruzado» si fuera necesario y el Gobierno lo autorizaba.
- TIB pidió explicaciones, que Fakir se retractara, una disculpa incondicional y que asumiera responsabilidades administrativas, incluida su destitución hasta que se garantice la rendición de cuentas.
- TIB y HRSS invocaron las garantías constitucionales de la vida, la libertad personal y el acceso a la protección de la ley.
- TIB afirmó que el ministro de Justicia había dicho el 14 de septiembre que las leyes vigentes bastaban para combatir el terrorismo sin recurrir al «fuego cruzado».
- Fakir dijo que unos 27 integrantes de la Policía habían sido encarcelados en los dos meses anteriores.
- Hasnat Abdullah, diputado del NCP, condenó las declaraciones e instó a la Policía a mantener la neutralidad en las próximas elecciones de los gobiernos locales.
