Una reforma de la contratación paraliza el reclutamiento en hospitales y oficinas
En Bangladesh están en suspenso unas 100.000 contrataciones temporales propuestas en oficinas del Gobierno porque una política revisada de subcontratación permite a las dependencias contratar directamente a trabajadores, mientras que la legislación sobre contratación pública no contempla un procedimiento equivalente. Entre las propuestas paralizadas figuran unos 20.000 trabajadores de servicios para instituciones de salud y 5.000 para edificios y oficinas gubernamentales dependientes del Departamento de Obras Públicas.
Contenido
- Una reforma de la contratación paraliza el reclutamiento en hospitales y oficinas
- Qué cambia con la política revisada
- Por qué las dependencias no pueden utilizar la nueva vía
- En qué sectores se concentra el atraso en las contrataciones
- Cómo se llegó a esta situación
- Por qué preocupa a la autoridad de contratación pública
- Participación privada y opción de IIFC
- Trabajadores y proveedores describen riesgos distintos
- Qué debe decidirse antes de reanudar las contrataciones
- Puntos clave
Los puestos corresponden a los grados 16 a 20 e incluyen tareas de apoyo como limpieza hospitalaria, asistencia en laboratorios, traslado de camillas y mantenimiento de instalaciones públicas. Los ministerios necesitan personal, pero funcionarios dicen que no pueden avanzar ni con el mecanismo anterior de contratación de proveedores privados ni con la nueva vía que contempla contratar a trabajadores individuales.
El Departamento de Finanzas pidió el 21 de septiembre a la Autoridad de Contratación Pública de Bangladesh (BPPA) que organizara los cambios legales necesarios. En una respuesta del 14 de octubre, la autoridad advirtió que los contratos directos con personas modificarían la estructura básica de la subcontratación y podrían generar problemas financieros, administrativos y contractuales. El estancamiento se describió en un informe actualizado el 21 de octubre de 2026.
La disputa enfrenta dos preocupaciones en un mismo proceso de contratación. Los trabajadores quieren que se eliminen los pagos para conseguir empleo y las deducciones salariales que atribuyen a los proveedores privados. Los funcionarios de contratación pública buscan un sistema viable para seleccionar trabajadores, hacer cumplir los contratos y determinar quién asume la responsabilidad cuando los servicios no cumplen lo previsto.
Para los pacientes y quienes acuden a oficinas públicas, el problema inmediato es más práctico: las instituciones no pueden contratar al personal de limpieza, los asistentes y otros trabajadores de apoyo que, según dicen, necesitan. Las instituciones de salud y el Departamento de Obras Públicas concentran en conjunto unos 25.000 de los 100.000 puestos propuestos, es decir, cerca de una cuarta parte.
Qué cambia con la política revisada
El aviso sobre la política de subcontratación de 2025 del Ministerio de Finanzas registra como fecha oficial de publicación el 16 de abril de 2025. La revisión del 21 de septiembre y la correspondencia posterior se refieren a cambios en la forma en que las dependencias obtendrían servicios en virtud de esa política.
Con el mecanismo anterior, una oficina gubernamental seleccionaba a un proveedor privado de servicios mediante un proceso competitivo. La oficina firmaba un contrato con la empresa, que aportaba a los trabajadores. Estos realizaban sus tareas en instalaciones gubernamentales como empleados del proveedor.
El mecanismo revisado elimina a los proveedores privados de esta vía de contratación. Los ministerios, las divisiones y los departamentos contratarían servicios directamente a personas. También podrían recurrir a IIFC, una institución especializada autorizada por el Departamento de Finanzas.
El Departamento de Finanzas dijo que sus objetivos incluían agilizar las operaciones del Gobierno, obtener servicios en menos tiempo, aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, reducir el gasto público y mejorar la calidad de los servicios. Los cambios legales propuestos buscan hacer posible la contratación directa dentro del sistema de contratación pública.
Por qué las dependencias no pueden utilizar la nueva vía
La Ley de Contratación Pública de 2006 y el Reglamento de Contratación Pública de 2025 establecen el marco legal para las compras gubernamentales. La contratación pública es el proceso que utilizan los organismos públicos para adquirir bienes, obras o servicios con fondos públicos.
En su carta del 21 de septiembre, el Departamento de Finanzas dijo que la subcontratación está incluida en ese marco como un servicio físico. Sin embargo, la legislación no contempla el método propuesto para obtener estos servicios directamente de personas. Por tanto, las dependencias carecen del procedimiento de contratación pública correspondiente para nombrar temporalmente a trabajadores de los grados 16 a 20.
Una política puede describir lo que un ministerio quiere hacer, mientras que la legislación sobre contratación pública establece cómo una oficina puede gastar dinero y suscribir un contrato. En este caso, la nueva política y esos procedimientos de compra han dejado de estar alineados. Funcionarios dicen que esa brecha les ha impedido aplicar el mecanismo revisado.
Los ministerios también necesitan instrucciones sobre las licitaciones en curso para contratar trabajadores mediante proveedores privados. No está claro cómo se verán afectadas por la revisión. Varios departamentos han escrito al Ministerio de Finanzas para pedir una explicación, lo que añade un problema inmediato de transición al desacuerdo legal más amplio.
En qué sectores se concentra el atraso en las contrataciones
Las instituciones del Ministerio de Salud tienen propuestas para contratar a aproximadamente 20.000 trabajadores de servicios, según información atribuida a funcionarios del Ministerio de Finanzas. Entre los puestos afectados figuran personal de limpieza hospitalaria, asistentes de laboratorio, encargados del traslado de camillas y otros trabajadores de apoyo.
Asib Ahsan, secretario adjunto de la División de Educación en Salud y Bienestar Familiar, dijo que su división había preguntado al Ministerio de Finanzas qué debía hacer con las licitaciones en curso. Se preveía contratar a varios miles de trabajadores con salarios diarios, pero el proceso no podía avanzar porque la política no estaba clara.
El Departamento de Obras Públicas tiene propuestas para contratar a unos 5.000 trabajadores que prestarían servicios de limpieza y otros en residencias y oficinas gubernamentales. Dificultades similares para contratar personal han afectado a los ministerios responsables de ferrocarriles, bienestar social y agricultura.
Las instituciones de salud representan cerca de una quinta parte del atraso estimado, con 20.000 trabajadores propuestos de un total aproximado de 100.000. El Departamento de Obras Públicas representa otro 5%. Estas cifras muestran que el problema va mucho más allá de un solo ministerio e incluye tanto servicios para el público como el mantenimiento de instalaciones gubernamentales.
Cómo se llegó a esta situación
Bangladesh introdujo su primera política de subcontratación en 2008, según funcionarios del Ministerio de Finanzas. El Gobierno buscaba reducir el creciente gasto en salarios, prestaciones y pensiones modificando la forma de obtener ciertas categorías de servicios de apoyo.
A partir de 2009, los mecanismos temporales de subcontratación sustituyeron la contratación directa del Gobierno para las categorías entonces denominadas empleos de tercera y cuarta clase. La política exigía contratos con instituciones privadas reconocidas, prohibía contratar a trabajadores individuales y no permitía expedir cartas de nombramiento a nombre de una persona en el marco de ese mecanismo.
- 2008: El Gobierno introdujo su primera política de subcontratación.
- 2009: Los mecanismos temporales de subcontratación comenzaron a sustituir la contratación directa para los puestos de apoyo afectados.
- 2018: Se revisó la política.
- 16 de abril de 2025: El Ministerio de Finanzas publicó el aviso sobre la política de subcontratación de 2025.
- 21 de septiembre: El Departamento de Finanzas emitió la revisión posterior y solicitó cambios en la ley y el reglamento de contratación pública.
- 14 de octubre: La BPPA respondió con preocupaciones sobre los contratos directos, la participación privada y la aplicación de la medida.
- 21 de octubre de 2026: Se describió el atraso en las contrataciones como un problema que afectaba a unos 100.000 puestos temporales propuestos.
El cambio más reciente revierte una característica central del modelo anterior: mantener el contrato entre una oficina gubernamental y un proveedor, en lugar de establecerlo entre la oficina y cada persona que realiza el trabajo. Las objeciones de la BPPA se centran en gran medida en las consecuencias de ese cambio.
Por qué preocupa a la autoridad de contratación pública
La BPPA dijo que uno de los objetivos de la subcontratación era evitar una relación contractual directa entre las oficinas gubernamentales y los trabajadores de servicios. Otro era limitar las complicaciones financieras y administrativas derivadas de futuras solicitudes para incorporar a esos trabajadores a puestos regulares financiados con el presupuesto gubernamental.
Con el modelo de proveedores, el Gobierno contrata un servicio a una empresa, que sigue siendo responsable de sus empleados. Los contratos directos establecerían una relación distinta entre la oficina y el trabajador individual, y el organismo público asumiría responsabilidades contractuales que antes gestionaba el proveedor.
La BPPA también cuestionó si los trabajadores individuales de servicios tendrían las habilidades necesarias para cumplir y aplicar los contratos estipulados por la legislación de contratación pública. Su preocupación abarca la gestión práctica de las obligaciones contractuales, además de la selección de quienes realizan el trabajo.
La autoridad dijo que la selección de trabajadores, la responsabilidad contractual y la participación del sector privado debían revisarse en conjunto. La responsabilidad contractual se refiere a quién debe responder cuando no se cumple una obligación. Estas decisiones determinan cómo puede una oficina exigir un servicio fiable y cómo puede un trabajador entender las condiciones de empleo.
Participación privada y opción de IIFC
La BPPA advirtió que excluir a los proveedores privados podría perjudicar a la industria de servicios existente y generar dudas sobre la igualdad de participación en la contratación pública. Dijo que excluir al sector privado de un proceso de compra podría entrar en conflicto con el marco de contratación pública y con las prácticas internacionales.
La autoridad planteó además una cuestión relacionada con las compras a instituciones públicas. Según la Regla 99(1)(b) del Reglamento de Contratación Pública de 2025, una institución pública que preste servicios físicos mediante un contrato directo debe utilizar a su propio personal.
Esta condición hace que la capacidad de personal sea relevante para cualquier mecanismo nacional propuesto a través de una institución de ese tipo. La BPPA dijo que habría que tener en cuenta la plantilla de la institución, su capacidad organizativa y los posibles conflictos de intereses.
Por tanto, la opción de IIFC plantea sus propias cuestiones operativas. Una institución que atienda a oficinas de todo Bangladesh necesitaría personal y capacidad de gestión para prestar los servicios contratados. La BPPA pidió al Departamento de Finanzas y a otras partes interesadas que analizaran esos requisitos junto con la propuesta de contratación directa.
Trabajadores y proveedores describen riesgos distintos
Trabajadores contratados a través de empresas privadas se han quejado de que los proveedores exigen pagos considerables antes de asignarlos a oficinas gubernamentales y luego les descuentan parte del salario cada mes. Han pedido a los organismos gubernamentales que los contraten directamente.
Las quejas explican por qué eliminar al proveedor resulta atractivo para los trabajadores: podría cambiar quién controla el acceso al empleo y quién gestiona el pago. Los testimonios no ofrecen cifras sobre los presuntos pagos por contratación ni sobre las deducciones mensuales.
Los proveedores privados sostienen que ofrecen capacitación y supervisión, y que permiten exigir responsabilidades a los trabajadores cuando surgen problemas. Afirman que las oficinas gubernamentales no tienen capacidad para asumir esas tareas con una plantilla numerosa.
Abu Taleb, presidente de la Sociedad de Proveedores de Personal de Subcontratación de Bangladesh, dijo que las empresas privadas habían colocado a más de 500.000 trabajadores en instituciones gubernamentales. Advirtió que la contratación directa podría aumentar el desorden, las irregularidades y la corrupción entre funcionarios, además de sobrecargar la capacidad de los organismos públicos. La cifra de empleo y las previsiones son afirmaciones del representante de los proveedores.
Las dos posturas ponen bajo escrutinio responsabilidades distintas. Los trabajadores se centran en lo que pagan para conseguir y conservar un empleo. Los proveedores se centran en quién capacita, supervisa y sanciona al personal. Cualquier mecanismo que sustituya al actual tendría que asignar esas responsabilidades y, al mismo tiempo, ofrecer a los departamentos una vía legal para contratar.
Qué debe decidirse antes de reanudar las contrataciones
El Departamento de Finanzas ha solicitado cambios en la ley y el reglamento de contratación pública para que las dependencias puedan obtener servicios de subcontratación directamente de personas. La BPPA ha pedido conversaciones conjuntas entre el Departamento de Finanzas, la autoridad y las partes interesadas pertinentes antes de decidir los próximos pasos.
Las decisiones inmediatas se refieren a cómo gestionar las licitaciones en curso, cómo se seleccionaría a las personas, qué contratos firmarían y qué organismo supervisaría su trabajo. La revisión más amplia también abarca la participación de proveedores privados y la capacidad de cualquier institución gubernamental utilizada para prestar servicios.
No se ha fijado una fecha para un acuerdo definitivo, las reformas legales o la reanudación de las contrataciones paralizadas. Por tanto, los departamentos que necesitan miles de trabajadores siguen a la espera de nuevas instrucciones y de una vía de contratación pública que puedan aplicar.
El problema central es concreto: Bangladesh ha propuesto una nueva forma de obtener servicios de apoyo antes de completar los mecanismos legales y administrativos necesarios para ponerla en práctica. Mientras no se resuelvan esos aspectos, unos 100.000 puestos temporales propuestos seguirán en suspenso en instituciones que necesitan esos servicios.
Puntos clave
- Unas 100.000 contrataciones temporales propuestas para puestos de los grados 16 a 20 están paralizadas en instituciones gubernamentales de Bangladesh.
- El atraso incluye aproximadamente 20.000 trabajadores para servicios de salud y 5.000 para el Departamento de Obras Públicas.
- La política revisada permite acuerdos directos con trabajadores, pero el Departamento de Finanzas afirma que la legislación sobre contratación pública necesita cambios correspondientes.
- La BPPA ha planteado preocupaciones sobre los contratos, los futuros costos de personal, la participación privada y la capacidad institucional.
- Los trabajadores denuncian cobros por contratación y deducciones salariales, mientras que los proveedores defienden su función en la capacitación y la supervisión.
- Los departamentos siguen necesitando instrucciones sobre las licitaciones existentes y no se ha anunciado una fecha para reanudar las contrataciones.
