El poder aéreo y los suministros extranjeros agravan una crisis civil en expansión
El ejército de Myanmar ataca deliberadamente a la población civil para intimidarla y obligarla a someterse, advirtió Kelley Currie, investigadora de derechos humanos de las Naciones Unidas, mientras aeronaves, combustible de aviación y financiación militar procedentes del extranjero contribuyen a sostener una guerra que las fuerzas armadas no han logrado ganar.
Contenido
- El poder aéreo y los suministros extranjeros agravan una crisis civil en expansión
- ¿Qué ocurrió después de la toma del poder por los militares?
- Rusia y China suministran las aeronaves
- El combustible iraní mantiene los aviones en vuelo
- Un ataque a un mercado muestra el costo humano
- Repuestos, pagos y sanciones
- La corrupción financia la guerra y un control más estricto
- Por qué preocupa a la investigadora de la ONU el acercamiento diplomático
- Un fallo judicial podría aumentar el peligro para los rohinyás
- Puntos clave
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU registró al menos 982 civiles muertos en ataques aéreos militares en 2025, entre ellos 232 niños. Los niños representaron casi una de cada cuatro muertes. El total fue más de un 50 % superior al de 2024, lo que muestra el creciente costo humano de una campaña que depende de equipos y suministros del extranjero.
Currie, relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, afirmó que el aumento de las compras de armas a China, Rusia y otros países agravaba una situación catastrófica en materia de derechos humanos. También advirtió que algunos gobiernos estaban reanudando el contacto con las autoridades militares de Myanmar sin conseguir una reducción de la violencia, la liberación de presos políticos ni conversaciones en las que participaran todas las partes.
Su advertencia vincula tres presiones sobre la población civil: los ataques aéreos, una economía cada vez más condicionada por la corrupción y el riesgo de que se reanude la violencia contra las minorías antes de un posible fallo de la Corte Internacional de Justicia relacionado con los rohinyás.
¿Qué ocurrió después de la toma del poder por los militares?
Las fuerzas armadas de Myanmar arrebataron el poder al Gobierno electo de Aung San Suu Kyi en febrero de 2021. Las fuerzas de seguridad reprimieron violentamente las protestas generalizadas y la resistencia armada se extendió hasta convertirse en una guerra civil en gran parte del país.
El ejército conserva una importante ventaja en armas y efectivos, incluidos aviones suministrados por Rusia y China. Sin embargo, el uso de la fuerza no ha logrado derrotar a sus adversarios. Currie estimó que las autoridades todavía controlan alrededor de la mitad del territorio de Myanmar, donde también han invertido en vigilancia y control policial.
El conflicto y la respuesta internacional han atravesado varias etapas clave:
- 2017: La represión militar contra los rohinyás pasó a ser objeto del caso de genocidio que ahora examina la Corte Internacional de Justicia.
- Febrero de 2021: Los militares derrocaron al Gobierno electo, lo que desencadenó protestas y un conflicto armado en expansión.
- De febrero de 2021 a diciembre de 2022: Myanmar importó armas y productos relacionados por valor de 406 millones de dólares de Rusia y 267 millones de China, según un informe de un relator especial de la ONU publicado en 2023.
- Agosto de 2023: Estados Unidos autorizó sanciones dirigidas a personas y empresas que operan en el sector del combustible de aviación para aviones a reacción de Myanmar.
- De octubre de 2024 a diciembre de 2025: Según informes, nueve cargamentos de combustible de aviación iraní entregaron alrededor de 175.000 toneladas a las fuerzas armadas de Myanmar.
- 2025: La Oficina de Derechos Humanos de la ONU registró al menos 982 civiles muertos en ataques aéreos militares.
Rusia y China suministran las aeronaves
Myanmar no fabrica aviones de combate, por lo que los proveedores extranjeros son fundamentales para su campaña aérea. Rusia suministra cazas MiG-29, aviones ligeros de ataque Yak-130 y cazas Su-30SME. Según informes, los Yak-130 y los MiG-29 se han utilizado para atacar zonas residenciales.
Las cifras de la ONU correspondientes al período de febrero de 2021 a diciembre de 2022 sitúan en un total combinado de 673 millones de dólares las exportaciones de armas y productos relacionados de Rusia y China. Rusia representó alrededor del 60 % de esa suma, con 406 millones de dólares, frente a los 267 millones de China. Gran parte del equipo procedía de empresas estatales de ambos países.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de China rechazó el informe de la ONU y lo describió como una difamación del comercio normal de armas entre países soberanos. No obstante, las entregas continuaron: en 2024, la Corporación de la Industria de la Aviación de China suministró un avión ligero de ataque K-8, seis aviones ligeros de combate FTC-2000G y un avión de transporte Y-8.
El FTC-2000G puede transportar hasta tres toneladas de misiles, cohetes o bombas y su precio era de 8,5 millones de dólares por aeronave. El traficante de armas Dr. Naing Htut Aung, director de Gateways Hong Kong, negoció la compra. Myanmar también encargó en 2016 16 cazas JF-17, fabricados conjuntamente por China y Pakistán, aunque, según informes, la mayoría de los entregados quedaron posteriormente en tierra debido a grietas estructurales y otros defectos.
El combustible iraní mantiene los aviones en vuelo
Myanmar también tiene una capacidad limitada para refinar combustible de aviación. Según informes, los buques cisterna de la flota paralela de Irán, utilizada para transportar carga mediante redes comerciales opacas, suministraron alrededor de 175.000 toneladas en nueve cargamentos entre octubre de 2024 y diciembre de 2025. Se calcula que este comercio generó unos 123 millones de dólares para Irán.
El combustible respaldó una campaña de bombardeos que alcanzó más de 1.000 lugares civiles durante esos 15 meses. Irán también se ha convertido en un importante proveedor de urea, un fertilizante que las fuerzas armadas de Myanmar utilizan para fabricar municiones.
Registros de importación filtrados y examinados por el grupo de investigación activista Justice For Myanmar describen seis cargamentos que sumaban más de 843.000 barriles, valorados en 109,5 millones de dólares, entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. No se ha determinado cuántos de esos cargamentos coinciden con los nueve envíos mencionados, por lo que no se dispone de un total combinado.
Los registros identificaron a National Energy Prime Aviation Services, o NEPAS, como comprador efectivo. NEPAS es una empresa conjunta entre la empresa petroquímica estatal controlada por los militares, Myanma Petrochemical Enterprise, y el grupo privado Asia Sun. El acuerdo sitúa a una empresa estatal y a una compañía privada dentro de la misma cadena de suministro de combustible de aviación.
Documentos sobre compras individuales describen cómo el combustible de aviación iraní se etiquetaba como diésel sudafricano. Un contrato firmado en mayo de 2025 abarcaba 202.000 barriles y ordenaba transferir un pago de 26 millones de dólares a la cuenta de la empresa tailandesa Tawan-Oil Trading en Siam Commercial Bank. Los datos comerciales de la ONU y la información sobre envíos no registraron comercio de diésel entre Sudáfrica y Myanmar en 2025.
Un ataque a un mercado muestra el costo humano
Un ataque aéreo el 28 de septiembre contra un mercado de Kyauktaw, un bastión del Ejército de Arakán en el estado de Rakáin, mató a 50 personas e hirió a 58, según trabajadores humanitarios presentes en el lugar. El Ejército de Arakán informó de 49 muertos y el mismo número de heridos, entre ellos 22 personas en estado crítico.
El ataque al mercado ilustra el peligro al que se enfrenta la población civil en zonas disputadas por el ejército y los grupos armados de oposición. Los mercados reúnen a comerciantes, compradores y personas que transportan alimentos, lo que expone las actividades económicas cotidianas a la campaña aérea.
Myanmar Witness examinó videos grabados sobre la zona de Kyauktaw en los días siguientes. Un especialista en armamento identificó una aeronave como compatible con un Yak-130 ruso y otra como compatible con un JF-17. A partir del audio, el especialista determinó que cada una había lanzado al menos una munición. Las imágenes documentaron esos vuelos posteriores; el análisis no identificó las aeronaves responsables del ataque al mercado del 28 de septiembre.
Repuestos, pagos y sanciones
Las aeronaves necesitan mantenimiento, repuestos y financiación, además de combustible. Justice For Myanmar descubrió que la empresa malasia FJ Global había solicitado cotizaciones a proveedores internacionales para componentes destinados a los aviones K-8W de Myanmar, los drones rusos Orlan-10E y varios tipos de helicópteros, entre ellos el Kamov Ka-28, el Mi-17 y el Mi-2.
En febrero de 2026, FJ Global recibió financiación de Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, una empresa malasia respaldada por el Estado y propiedad de una fundación presidida por el primer ministro Anwar Ibrahim. El hallazgo sitúa a una institución financiera malasia junto a las redes de adquisición comercial que abastecen a las fuerzas armadas de Myanmar.
Estados Unidos ya tiene autoridad para tomar medidas contra el comercio de combustible de aviación. En agosto de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro emitió una determinación sectorial que permite imponer sanciones a personas o empresas que operen en el sector del combustible de aviación para aviones a reacción de Myanmar. Esa determinación ofrece una base jurídica para las sanciones; las designaciones individuales son las decisiones que identifican a objetivos concretos.
Por ello, las empresas que organizan los cargamentos, los pagos y las entregas son importantes para la respuesta internacional. Las interrupciones en cualquiera de esos puntos pueden afectar a la llegada de combustible a las aeronaves militares, mientras que el acceso continuo permite mantener la campaña aérea pese a la presión sobre el Gobierno.
La corrupción financia la guerra y un control más estricto
Currie afirmó que la economía legal de Myanmar se había contraído desde la toma del poder, mientras que los negocios ilícitos se habían expandido. Describió cómo los oficiales militares recurrían a redes clientelares, pagos ilegales y actividades que abarcaban el comercio legítimo, las transacciones con escasa regulación y los mercados negros.
Al explicar cómo el gobierno militar había afectado la gestión económica, Currie dijo:
«Cuando los oficiales militares intentan dirigir una economía, por lo general no lo hacen muy bien», dijo. «En Myanmar, lo hacen extraordinariamente mal».
Entre las prácticas que describió figuran el arbitraje de divisas, las exigencias de participación en empresas y las comisiones ilegales que se cobran a los agricultores en los distintos niveles de las cadenas de suministro de alimentos y productos agrícolas. El arbitraje de divisas consiste en obtener ganancias de las diferencias entre los tipos de cambio. Cuando el acceso a tipos de cambio favorables está controlado, las personas con contactos oficiales pueden obtener ventajas frente a las empresas comunes.
Para los agricultores y comerciantes, las exigencias de pago les restan ingresos a medios de vida ya afectados por la guerra. Según Currie, para las autoridades, esos ingresos ayudan a financiar las operaciones del Gobierno, el equipo militar y los sistemas de vigilancia de la población.
Currie también describió cómo se utilizaba el dinero en el territorio controlado por las autoridades:
«También han utilizado esos fondos para mejorar sus capacidades de vigilancia y su capacidad de ejercer el control policial en el territorio que todavía dominan, que abarca alrededor de la mitad del país», dijo.
Por qué preocupa a la investigadora de la ONU el acercamiento diplomático
Los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) reprendieron a las fuerzas armadas de Myanmar tras la toma del poder en 2021, pero últimamente algunos gobiernos de la región parecen más receptivos a estrechar las relaciones. Currie afirmó que se estaban entablando contactos sin exigir cambios concretos en la conducta del Gobierno.
Las prioridades que propuso eran específicas: reducir la violencia, liberar a los presos políticos y entablar conversaciones de paz con la participación de todas las partes. Esas medidas repercutirían en las personas expuestas a los ataques aéreos, las familias que buscan a sus parientes detenidos y las comunidades que viven en zonas bajo control de distintos grupos.
La Asociación de Asistencia a Presos Políticos, una organización independiente de vigilancia, afirma que más de 32.000 personas han sido detenidas desde la toma del poder, entre ellas Suu Kyi. Al menos 15.000 siguen encarceladas. La primera cifra cuenta a las personas detenidas durante ese período; la segunda describe la población que continúa en prisión.
A Currie le preocupa que los contactos diplomáticos continúen mientras las fuerzas armadas mantienen el acceso a armas, dinero y herramientas de control interno. Su llamado sitúa los cambios que afectan a la población civil en el centro de cualquier intento de restablecer las relaciones con las autoridades.
Un fallo judicial podría aumentar el peligro para los rohinyás
Currie advirtió de posibles actos de violencia si la Corte Internacional de Justicia dictamina que Myanmar cometió genocidio o no lo impidió durante la represión militar de 2017 contra la minoría musulmana rohinyá. La Corte examina la responsabilidad jurídica entre Estados, incluidas las obligaciones derivadas de la Convención sobre el Genocidio.
Nick Koumjian, director del Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar de la ONU, dijo haber visto informes según los cuales los jueces querían emitir un fallo ese año y que se mencionaba octubre. Esperaba que la Corte avisara con antelación. En sus declaraciones no se confirmó una fecha para el fallo.
Currie afirmó que los grupos asociados con el discurso de odio y la incitación contra las minorías tenían cada vez más actividad en internet y en los espacios políticos controlados por las autoridades. Señaló que las comunidades no budistas y las personas que no pertenecen a la mayoría étnica bamar, incluidos los rohinyás, podían ser objeto de ataques.
Currie describió la actividad que había observado:
«He visto algunas señales sobre el terreno en Myanmar de que los grupos responsables del discurso de odio y de incitar a la violencia contra las minorías no budistas y no bamares, incluidos los rohinyás, están mucho más activos en internet», dijo.
La advertencia se produce en un contexto de larga historia de exclusión. La pérdida de la documentación de ciudadanía de los rohinyás contribuyó a privarlos del acceso a la participación política, mientras que las restricciones a la documentación también afectan a la educación, el trabajo, los viajes y la atención médica. Currie instó a todos los países a vigilar de cerca la situación a medida que se acerca el fallo de la Corte.
Puntos clave
- La investigadora de la ONU Kelley Currie acusó a las fuerzas armadas de Myanmar de atacar deliberadamente a civiles para aterrorizarlos y obligarlos a someterse.
- La Oficina de Derechos Humanos de la ONU registró al menos 982 civiles muertos en ataques aéreos militares en 2025, entre ellos 232 niños.
- Las aeronaves rusas y chinas, el combustible iraní y las redes extranjeras de adquisición contribuyen a sostener la campaña aérea.
- Currie afirmó que la corrupción financia las compras militares, la vigilancia y el control policial en el territorio dominado por las autoridades.
- Al menos 15.000 presos políticos siguen detenidos, según la Asociación de Asistencia a Presos Políticos.
- Currie advirtió de posibles actos de violencia contra las minorías antes de un esperado fallo de la Corte Internacional de Justicia relacionado con los rohinyás.
