Una licitación cancelada deja un túnel terminado a la espera
Nepal ha cancelado una licitación por unos 16.000 millones de rupias para la presa y la central eléctrica del Proyecto Multipropósito de Desvío Sunkoshi Marin, pocos días antes de que se abrieran las ofertas económicas de tres licitadores que habían superado la evaluación. La decisión amenaza con retrasar de nuevo un proyecto destinado a regar 122.000 hectáreas de tierras agrícolas en cinco distritos del sur y generar 31,07 megavatios de electricidad.
Contenido
- Una licitación cancelada deja un túnel terminado a la espera
- ¿Qué ocurrió antes de la cancelación?
- ¿Qué licitadores fueron seleccionados y por qué era importante?
- El Gobierno afirma que habrá ahorros, pero abogados cuestionan la vía legal
- Cómo pueden los licitadores excluidos impugnar una evaluación
- El contratista anterior ya acumulaba un gran retraso
- Miles de millones en garantías y otra intervención cuestionada
- Qué significa otro retraso para Madhesh
- Puntos clave
La cancelación se produjo tras la presunta detención de Dinesh Rajauria, director general del Departamento de Recursos Hídricos y Riego, y de Krishna Prasad Rijal, director del proyecto. Fuentes policiales y del Ministerio afirmaron que funcionarios vinculados a la Secretaría del primer ministro Balendra Shah los presionaron para que detuvieran el proceso de contratación después de que las empresas favorecidas por personas cercanas a la Secretaría no superaran la evaluación técnica.
El ministro de Infraestructura, Sunil Lamsal, ofreció otra explicación. Dijo que una denuncia había cuestionado la conformidad de la licitación con las nuevas normas de contratación y sostuvo que continuar el proceso podría costarle al Estado entre 2.000 y 3.000 millones de rupias adicionales. Afirmó que solo había informado a los administradores de distrito de que los funcionarios debían ser enviados a Katmandú.
La disputa tiene una consecuencia práctica inmediata: el túnel de desvío, ya terminado, no puede empezar a transportar agua hasta que esté lista la presa. Los agricultores de Bara, Rautahat, Sarlahi, Mahottari y Dhanusha deben seguir esperando el sistema de riego, mientras el Gobierno decide cómo reanudar la contratación.
¿Qué ocurrió antes de la cancelación?
El proyecto convocó licitaciones internacionales el 8 de junio y dio 30 días para presentar ofertas. Seis empresas o empresas conjuntas compitieron por la presa, la central eléctrica y las estructuras asociadas. La evaluación técnica redujo la lista a tres licitadores, cuyas ofertas económicas debían abrirse el lunes 16 de Kartik.
Fuentes policiales dijeron que Rajauria y Rijal fueron detenidos en Siraha y Sindhuli el 12 de Kartik y trasladados a la Oficina del primer ministro y del Consejo de Ministros. Según los informes, fueron liberados a la noche siguiente. Las fuentes afirmaron que Rajauria fue detenido sin orden judicial y aceptó cancelar la licitación antes de ser liberado.
El sábado apareció un aviso de cancelación en el periódico Gorkhapatra. El ingeniero del proyecto Ashok Raj Gautam confirmó que la instrucción procedía del departamento y dejó en manos de ese organismo la siguiente decisión sobre la contratación.
Gautam, ingeniero divisional sénior que trabaja en el proyecto, describió la decisión:
«El contrato ha sido cancelado por instrucción del Departamento de Recursos Hídricos y Riego. El departamento deberá decidir si convoca nuevas licitaciones o adopta otra medida».
El ministro de Energía, Recursos Hídricos y Riego, Birajbhakta Shrestha, estaba en Tailandia para asistir a un evento de las Naciones Unidas sobre energía cuando se produjo la cancelación. Había apoyado que la licitación siguiera adelante. Después, evitó hacer comentarios de fondo: dijo que suponía que la Oficina del primer ministro tenía un buen motivo y que la labor del Gobierno debía ser transparente.
¿Qué licitadores fueron seleccionados y por qué era importante?
China International Water & Electric Corporation, la empresa conjunta ANENG-RCC y Sinohydro Corporation superaron la evaluación técnica preliminar. Esta evaluación comprueba si los licitadores cumplen requisitos como la experiencia pertinente, la capacidad financiera y la aptitud para realizar el trabajo, antes de considerar sus precios.
Las tres ofertas que no prosperaron fueron las de la empresa conjunta SIL-KC Construction-Phewa, la empresa conjunta Songda-Kalika Construction y la empresa conjunta CREGC-SWDCC. Algunas de las empresas excluidas escribieron al proyecto para solicitar los motivos de su exclusión. Un representante de una de ellas reconoció que había presentado una queja a Lamsal.
Kalika Construction pertenece a Nicholas Pandey, presidente de la Federación de Empresarios de la Construcción de Nepal. Fuentes del Ministerio afirmaron que las presiones se intensificaron después de que su alianza con la vietnamita Songda no superara la evaluación técnica. Sostuvieron que Pandey había estrechado vínculos con la Secretaría del primer ministro, que quería que la alianza obtuviera el contrato.
Rasuwa Construction, el socio nepalí de la empresa conjunta ANENG-RCC, que sí fue seleccionada, pertenece a Mohan Acharya, diputado del Congreso Nepalí. Fuentes del Ministerio esperaban que esa alianza ganara. Las ofertas económicas aún no se habían abierto, por lo que la comparación de precios quedó inconclusa cuando se detuvo la licitación.
Por tanto, las denuncias se refieren tanto a la competencia entre contratistas como a la actuación de funcionarios del Gobierno. Las fuentes describieron vínculos políticos en torno a los licitadores rivales, mientras que Lamsal presentó la intervención como un intento de proteger el dinero público mediante el cumplimiento de normas revisadas.
El Gobierno afirma que habrá ahorros, pero abogados cuestionan la vía legal
Lamsal dijo que la Oficina del primer ministro había recibido una denuncia unos diez días antes de la cancelación, según la cual la licitación no cumplía las nuevas normas de contratación. Su estimación de una posible pérdida de entre 2.000 y 3.000 millones de rupias equivale aproximadamente al 12,5 % y al 18,75 % del valor estimado de la licitación, de 16.000 millones de rupias. Eso supondría un ahorro considerable, aunque no presentó ningún cálculo que explicara la cifra.
El aviso de cancelación citó el artículo 3(2) de la Ley de Contratación Pública de Nepal. El abogado Semanta Dahal y el exsecretario de Desarrollo Urbano Maniram Gelal cuestionaron esa elección. Dijeron que la disposición se refiere al marco legal que regula la contratación, pero no otorga a la oficina contratante facultades propias para cancelar una licitación.
Dahal y Gelal dijeron que el artículo 26 establece las facultades y los motivos para cancelar. Entre los motivos que mencionaron figuran la falta de ofertas admisibles, la imposibilidad de formalizar un acuerdo, precios superiores al presupuesto estimado o la decisión de que ya no se necesitan las obras o los servicios.
Su argumento central fue que los funcionarios deben exponer los motivos fácticos y legales para detener el proceso. Gelal dijo que un órgano de revisión o un tribunal podría examinar si la contratación había infringido la ley, mientras que una oficina del proyecto que cancela su propia licitación debe aplicar la disposición pertinente.
La Secretaría del primer ministro no había detallado públicamente el defecto concreto que motivó su intervención. El departamento tampoco había anunciado si convocaría nuevas licitaciones, revisaría las condiciones o seguiría otra vía. Esas decisiones determinarán cuánto trabajo habrá que repetir.
Cómo pueden los licitadores excluidos impugnar una evaluación
El sistema de contratación de Nepal ofrece a las empresas que no están conformes con las decisiones sobre licitaciones una vía formal para presentar recursos. Los licitadores pueden solicitar una revisión ante el Comité de Revisión de la Contratación Pública y, si es necesario, impugnar las decisiones ante los tribunales. En el momento al que se refiere la información, no se había presentado ninguna queja sobre esta licitación ante el comité.
El ingeniero Laxman KC criticó el presunto uso de intimidación contra funcionarios. Dijo que las empresas disconformes con una evaluación técnica debían recurrir a los procedimientos de revisión o a los tribunales, y advirtió que cancelar una licitación internacional en su etapa final podría desperdiciar los gastos de los licitadores y retrasar durante años un proyecto de importancia nacional.
El proyecto superaba el umbral de 5.000 millones de rupias establecido para las licitaciones internacionales en las normas de contratación. Podían participar empresas extranjeras junto con socios nepaleses. La disputa también incluía preferencias declaradas por la participación nacional, entre ellas puntos adicionales en la evaluación y márgenes de precio para alianzas que cumplieran los requisitos.
Esas preferencias afectan a la forma en que se comparan las ofertas que cumplen los requisitos. En este caso, el proceso terminó antes de que se abrieran las ofertas económicas, por lo que la disputa inmediata se refiere a la legalidad de la cancelación y al trato dado a los licitadores que ya habían superado los requisitos técnicos.
La Administración de Shah enfrenta estas denuncias después de una campaña electoral marcada por las demandas de un Gobierno más limpio. Su contundente victoria electoral de marzo se produjo tras el movimiento de la Generación Z contra la corrupción y los privilegios políticos. La disputa sobre la contratación pone a prueba esas promesas en una decisión que implica miles de millones de rupias y el trato a funcionarios públicos.
El contratista anterior ya acumulaba un gran retraso
Patel-Raman JV, una alianza entre la empresa india Patel Engineering y la nepalí Raman Construction, recibió en enero de 2023 el contrato anterior por unos 14.080 millones de rupias, impuestos incluidos. Había transcurrido aproximadamente el 60 % del plazo del contrato, pero el avance físico se mantenía en torno al 10 %.
El valor estimado de 16.000 millones de rupias de la nueva licitación supera en unos 1.920 millones de rupias el importe del contrato anterior, un aumento aproximado del 14 %. Un valor estimado y un precio adjudicado son cifras diferentes, pero los datos muestran la magnitud del proceso de contratación que ahora se reinicia tras la retirada del contratista original.
La cronología de la rescisión incluye fechas distintas. La información sobre las actuaciones judiciales sitúa la decisión de rescindir el contrato el 11 de noviembre de 2025, después de notificarlo al contratista; la información anterior sobre el proyecto sitúa la rescisión el 8 de Mangsir de 2082. Ambas versiones describen el mismo problema de fondo: las advertencias reiteradas no habían conseguido avances suficientes en las obras.
Patel-Raman impugnó la decisión ante el Tribunal Supremo el 25 de noviembre de 2025. Al día siguiente, el juez Tek Prasad Dhungana dictó una orden provisional que suspendió la aplicación de la rescisión y la ejecución de las garantías bancarias. El tribunal revocó esa orden el 9 de febrero, lo que permitió al Gobierno seguir adelante.
La secuencia de los principales hitos muestra cómo el proyecto llegó a otra paralización del proceso de contratación:
- Enero de 2023: Patel-Raman JV recibió el contrato para la presa y las estructuras asociadas.
- Mayo de 2024: concluyó la excavación del túnel de desvío.
- 27 de agosto de 2025: terminaron los trabajos de acabado del túnel.
- Noviembre de 2025: el contrato anterior entró en proceso de rescisión y litigio.
- 9 de febrero: el Tribunal Supremo levantó la suspensión provisional de la rescisión.
- 8 de junio: el proyecto convocó una nueva licitación.
- 16 de Kartik: debían abrirse las ofertas económicas, pero la cancelación detuvo ese paso.
Posteriormente, la Oficina de Supervisión de la Contratación Pública incluyó a Patel-Raman en una lista de empresas vetadas durante tres años, lo que le impide obtener nuevos contratos públicos en ese período, aunque puede continuar con los proyectos existentes.
Miles de millones en garantías y otra intervención cuestionada
El contratista anterior había recibido pagos por unos 2.140 millones de rupias, aproximadamente el 15 % del importe adjudicado. Las sumas relacionadas con sus garantías también eran cuantiosas: 2.400 millones de rupias en garantías de cumplimiento y 1.200 millones para garantizar los pagos anticipados.
La información inicial sobre el proyecto describía la confiscación del total de 3.600 millones de rupias. La información financiera posterior señaló que se habían recuperado los 1.200 millones del anticipo, pero que aún quedaba por cobrar la garantía de cumplimiento de 2.400 millones. La diferencia es importante para determinar cuánto dinero ha recuperado realmente el Gobierno.
Una garantía de cumplimiento ofrece al Gobierno protección financiera si un contratista no cumple sus obligaciones. Una garantía de pago anticipado protege el dinero abonado antes de que se complete el trabajo correspondiente. La recuperación de cualquiera de ellas puede implicar a bancos y procesos judiciales, como muestra la anterior orden del Tribunal Supremo.
También se denunció una intervención política en torno al contrato anterior. Una fuente cercana al exministro de Energía Kulman Ghising dijo que personas vinculadas a Shah, entonces alcalde de Katmandú, habían instado a Ghising a no rescindir el acuerdo con Patel-Raman. Según la fuente, Lamsal pidió más tiempo y el contratista recibió otros dos meses.
Lamsal negó haberse reunido con Ghising para pedirle que mantuviera el contrato. Dijo que el contratista se había puesto en contacto con él y que solo había ayudado a organizar una reunión. Su respuesta añade su papel a la disputa entre las distintas explicaciones de la última cancelación.
Qué significa otro retraso para Madhesh
El Proyecto Sunkoshi Marin está diseñado para trasladar agua del río Sunkoshi al río Marin, en Sindhuli, y después suministrar agua de riego a cinco distritos de la región de Tarai. La presa prevista tendrá unos 30 metros de altura y 158 metros de longitud. El agua que llegue a Kusumtar, en el municipio de Kamalamai, también impulsará la central eléctrica.
En el informe detallado de construcción se indica que el túnel de desvío terminado tiene 13,3 kilómetros de longitud, mientras que en la descripción anterior del proyecto se habla de 13,1 kilómetros. China Overseas Engineering Group lo excavó con una tuneladora. Los trabajos de acabado y las pruebas ya se han realizado, pero la falta de la presa impide que el sistema general funcione.
El proyecto completo comenzó en el año fiscal 2016-17 y tiene un costo estimado de 49.420 millones de rupias. El plan maestro revisado fija ahora como objetivo concluirlo en el año fiscal 2032-33. Por tanto, los agricultores que esperan recibir riego durante todo el año enfrentan un calendario mucho más prolongado de lo que podría sugerir la construcción del túnel por sí sola.
Ghising dijo que una nueva ronda de contratación podría añadir entre seis meses y un año antes de que se reanuden las obras. El exministro de Energía explicó por qué se oponía a otra paralización:
«El contrato del anterior contratista se rescindió porque no estaba realizando las obras. El nuevo contrato debe adjudicarse lo antes posible para que la construcción pueda avanzar».
Los beneficios prometidos dependen de que la presa, la central eléctrica y el sistema de distribución de agua funcionen en conjunto. Completar la contratación permitiría avanzar con las estructuras pendientes; otra disputa prolongada sobre la licitación dejaría a la espera un túnel costoso ya terminado, mientras las tierras agrícolas que deberían beneficiarse seguirían sin recibir el agua de riego del proyecto.
Puntos clave
- Nepal canceló una licitación por unos 16.000 millones de rupias antes de que se abrieran las ofertas económicas de tres licitadores seleccionados.
- Fuentes policiales y del Ministerio denunciaron detenciones y presiones políticas; el ministro Sunil Lamsal alegó que se trataba de cumplir las normas de contratación y ahorrar dinero público.
- El abogado Semanta Dahal y el exsecretario Maniram Gelal cuestionaron la disposición legal utilizada para cancelar el proceso.
- El proyecto busca regar 122.000 hectáreas en cinco distritos de Tarai y generar 31,07 megavatios de electricidad.
- El túnel terminado necesita que se concluya la presa para que el sistema de desvío pueda funcionar.
- Un plan revisado fija como objetivo completar el proyecto en el año fiscal 2032-33, mientras el departamento debe decidir cómo reanudará la contratación.
