La exigencia de respuestas llega al Parlamento
El Frente Gen Z de Nepal ha exigido una investigación parlamentaria sobre la entrada de la policía en redacciones y la detención de periodistas en Katmandú. También ha pedido que altos funcionarios del Gobierno y mandos policiales expliquen quién ordenó la operación y con qué fundamento jurídico.
Contenido
- La exigencia de respuestas llega al Parlamento
- ¿Qué llevó a la policía a las redacciones?
- Versiones contradictorias de las autoridades
- Las cuatro demandas a los partidos políticos
- Thapa pide límites al poder ejecutivo
- Vuelve una controversia anterior en las redacciones
- Libertad de prensa y movimiento Gen Z
- Un desafío más amplio sobre el funcionamiento del Gobierno
- Puntos clave
En un comunicado emitido el domingo, la coordinadora del Frente, Rakshya Bam, presentó cuatro demandas, entre ellas la creación de un comité integrado por representantes de los partidos presentes en la Cámara de Representantes y una iniciativa parlamentaria para derogar o modificar el artículo 47 de la Ley de Transacciones Electrónicas. El Frente afirmó que entrar en una redacción para identificar una fuente informativa vulneraba la libertad de expresión y las garantías constitucionales.
La policía entró en varias redacciones el viernes por la noche, detuvo a algunos periodistas e intentó detener a otros. Los medios habían publicado informaciones sobre el intermediario Inam Sapkota y jueces del Tribunal Supremo. La posterior puesta en libertad de los periodistas ha dejado abierto el debate sobre quién es responsable: la Oficina del Primer Ministro ha negado su participación y el líder de la oposición, Gagan Kumar Thapa, ha dicho que las declaraciones policiales apuntaban a la secretaría del primer ministro.
El Frente sostiene que el Parlamento debe investigar porque las agencias del Gobierno cuyo comportamiento está en cuestión no han ofrecido respuestas claras. Su llamamiento atribuye responsabilidades tanto a los partidos gobernantes como a los de la oposición, aunque el Parlamento no esté en periodo de sesiones.
¿Qué llevó a la policía a las redacciones?
Las redacciones afectadas habían informado sobre los contactos de Sapkota con jueces del Tribunal Supremo, incluidas sus afirmaciones de que era cercano al primer ministro. El juez del Tribunal Supremo Hari Phuyal reconoció públicamente haberse reunido con Sapkota y dijo que este se había presentado ante varios jueces como una persona vinculada al primer ministro.
El Frente describió la actuación policial como un intento de identificar una fuente informativa. Para los periodistas, proteger una fuente puede permitir que personas con conocimiento de asuntos delicados compartan información sin exponerse de inmediato a presiones. Por ello, la entrada de la policía en una oficina donde trabajan reporteros afecta tanto a los periodistas presentes como a quienes se plantean hablar con ellos.
La operación también incluyó más de un encuentro. La policía llegó a varias redacciones aproximadamente al mismo tiempo, por lo que la coordinación de esas visitas es una cuestión central para cualquier investigación. Un comité parlamentario podría examinar quién solicitó las visitas, cómo se transmitieron las instrucciones dentro de la jerarquía policial y qué procedimientos siguieron los agentes.
La secuencia inmediata descrita en las informaciones es la siguiente:
- Viernes por la noche: la policía entró en varias redacciones, detuvo a periodistas e intentó efectuar más detenciones.
- Viernes por la noche, fecha identificada como Kartik 13 en el calendario nepalí: la policía emitió un segundo comunicado, que Thapa citó posteriormente al denunciar presiones de la secretaría del primer ministro.
- Después de que la intervención se hiciera pública: la Oficina del Primer Ministro dijo que el primer ministro había ordenado a las autoridades competentes poner en libertad a los periodistas detenidos.
- Domingo: el Frente Gen Z pidió una investigación parlamentaria, mientras Thapa reclamó que se exigieran responsabilidades a través de los canales parlamentarios.
Versiones contradictorias de las autoridades
Deepa Dahal, asesora de prensa de la Oficina del Primer Ministro, dijo que ni la oficina ni la secretaría del primer ministro participaron y que no habían recibido información previa sobre la detención. Añadió que el primer ministro ordenó la puesta en libertad inmediata de los periodistas al conocer el incidente.
El Frente describió otra parte de la respuesta oficial: la secretaría del primer ministro dijo no tener conocimiento, el Ministerio del Interior afirmó que necesitaba recabar más información y la policía negó haber realizado una detención. En el comunicado de Bam, se acusó a esas instituciones de atribuirse mutuamente la responsabilidad.
Thapa, presidente del Congreso Nepalí, cuestionó la explicación de la secretaría. Dijo que la jefatura de la policía había atribuido la detención al interés de la Oficina del Primer Ministro. También afirmó que un segundo comunicado policial, emitido el viernes por la noche, se refería a presiones de la secretaría del primer ministro Balendra Shah, conocido como Balen. Esa descripción del comunicado policial corresponde a la versión de Thapa.
No está claro quién autorizó la operación, cuál fue su fundamento jurídico, cuántos periodistas fueron detenidos exactamente ni si se presentaron cargos formales. No se ha anunciado una fecha para crear un comité parlamentario ni para publicar las conclusiones de una investigación.
Las cuatro demandas a los partidos políticos
El Frente quiere que los partidos vayan más allá de expresar preocupación y utilicen sus funciones parlamentarias para obtener respuestas. Su propuesta llevaría ante una misma investigación a representantes de la dirección política y de los mandos policiales, lo que permitiría a los legisladores comparar sus explicaciones.
Las cuatro demandas abarcan la rendición de cuentas política, una investigación, consecuencias y cambios legislativos:
- Los partidos gobernantes y de la oposición deberían fijar su posición y reclamar conjuntamente al ministro del Interior y a los mandos policiales que respondan por el incidente.
- Un comité de investigación parlamentaria con representantes de los partidos presentes en la Cámara de Representantes debería convocar a funcionarios de la secretaría del primer ministro, al ministro del Interior, al inspector general de la policía y a los agentes responsables.
- El comité debería determinar quién ordenó la detención y con qué fundamento jurídico, publicar sus conclusiones en un plazo establecido y reclamar las medidas más contundentes contra los responsables de vulnerar la libertad de prensa y los derechos humanos.
- El Parlamento debería debatir la libertad de prensa, comprometerse claramente a protegerla e iniciar la derogación o modificación del artículo 47 de la Ley de Transacciones Electrónicas.
Una investigación parlamentaria es una indagación realizada por legisladores, en lugar de por los ministerios o la policía que están siendo examinados. El Frente sostiene que los funcionarios cuestionados por su propia conducta deben responder ante un órgano ajeno a su cadena administrativa.
El comité propuesto también tendría que examinar si los agentes siguieron los procedimientos establecidos, si las presiones políticas o de otro tipo influyeron en sus acciones y cómo se organizaron las visitas simultáneas a diferentes redacciones. Esas conclusiones darían al Parlamento una base para decidir qué otras medidas reclamar.
Thapa pide límites al poder ejecutivo
Thapa aprovechó una rueda de prensa celebrada el domingo en la sede del Congreso Nepalí, en Sanepa, para relacionar la intervención en las redacciones con un debate más amplio sobre los límites de la autoridad gubernamental. Dijo que el primer ministro, los ministros y la policía deben cumplir la ley.
El presidente del Congreso describió la diferencia entre un Gobierno sometido a la ley y el uso de las facultades legales para imponer voluntades políticas:
«Hay una diferencia entre el Estado de derecho y gobernar utilizando la ley como arma. El Estado de derecho no significa que solo los ciudadanos deban cumplir la ley; el Gobierno también debe hacerlo. La ley se aplica por igual al primer ministro, a los ministros y a la policía».
Para quienes no siguen la política de cerca, la cuestión es sencilla: los funcionarios del Gobierno pueden investigar presuntas infracciones, pero deben ejercer las facultades y seguir los procedimientos que les corresponden. Incluso una instrucción de un alto funcionario debe tener fundamento jurídico.
Thapa dijo que la entrada en las redacciones le recordó la era del Panchayat, el antiguo sistema nepalí en el que no había partidos políticos que compitieran entre sí. Sostuvo que la policía habría actuado por instrucciones de sus superiores y denunció que la intervención obedecía a una orden política. Según dijo, los periodistas fueron puestos en libertad tras las numerosas críticas.
Thapa también instó al gobernante Partido Nacional Independiente, o RSP, a impulsar el caso a través de su representación parlamentaria. Afirmó que un comunicado de condena a las irregularidades no bastaba y pidió una investigación con resultados concretos.
Vuelve una controversia anterior en las redacciones
La polémica actual ha reavivado una denuncia sin resolver sobre vehículos estacionados frente a las entradas de instalaciones de medios de comunicación el día de Ashar 29 de 2083, según el calendario nepalí. Se acusó a personas vinculadas a la secretaría del primer ministro de participar en ese incidente.
Thapa recordó que el RSP había emitido un comunicado en aquel momento y preguntó si alguien había sido sancionado. La falta de claridad sobre a quién pertenecían los vehículos y quién fue responsable de estacionarlos frente a las entradas se ha convertido en parte del argumento a favor de una investigación independiente del Gobierno.
La demanda actual del Frente se basa en una preocupación similar por la rendición de cuentas. Sostiene que una investigación gubernamental no puede garantizar imparcialidad mientras la secretaría del primer ministro, el Ministerio del Interior y la policía no hayan explicado claramente sus respectivos papeles.
El Frente también criticó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por lo que describió como silencio e inacción. La responsabilidad de la comisión de proteger los derechos humanos hace que su respuesta forme parte de las preocupaciones del Frente, junto con la conducta de la policía y de la dirección política.
Libertad de prensa y movimiento Gen Z
El comunicado de Bam dijo que la intervención contravenía el mandato de la revuelta Gen Z, que buscaba proteger la libertad de expresión. El Frente presenta la libertad de prensa como un compromiso surgido de ese movimiento, y no como una preocupación exclusiva de los periodistas.
La propuesta de actuar sobre el artículo 47 de la Ley de Transacciones Electrónicas añade una dimensión legislativa al llamamiento. Además de determinar quién es responsable de la operación del viernes, el Frente quiere que los legisladores reconsideren una disposición jurídica que ha señalado específicamente para su derogación o modificación.
Por separado, Thapa dijo que la demanda de la generación más joven de poner fin a la corrupción era legítima y que el Congreso la apoyaba. Advirtió que ignorar los procedimientos legales con el argumento de combatir la corrupción podría crear condiciones para nuevos abusos.
El presidente del Congreso situó las instituciones en el centro de ese argumento:
«Un Gobierno fuerte no significa un primer ministro poderoso. Significa instituciones, normas y leyes sólidas. Cuando todo eso es sólido, el primer ministro se fortalece automáticamente».
Un desafío más amplio sobre el funcionamiento del Gobierno
Thapa relacionó el incidente en las redacciones con otras detenciones e interrogatorios de funcionarios de los que se ha informado. Mencionó al director general del Departamento de Riego y al responsable del Proyecto de Desvío Sunkoshi Marin, quienes fueron trasladados desde sus lugares de trabajo e interrogados en la Oficina del Primer Ministro.
También recordó las denuncias de que funcionarios, entre ellos el jefe de la Comisión para la Investigación del Abuso de Autoridad y personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, habían permanecido entre ocho y nueve horas en la Oficina del Primer Ministro por una controversia sobre la impresión de pasaportes. Mencionó además que un contratista de obras y un secretario del Gobierno fueron detenidos en sus domicilios.
Thapa dijo que el Gobierno podía asignar funciones, sancionar a funcionarios y procesar casos de corrupción a través de las instituciones establecidas. Pidió investigaciones imparciales en lugar de actuaciones selectivas y afirmó que los organismos constitucionales deben conservar su independencia.
El Congreso estaba dispuesto a cooperar en materia de buen gobierno y a debatir políticas con el Gobierno, afirmó. También pidió que se prestara atención inmediata a la ayuda y la recuperación de las personas afectadas por desastres, y propuso un diálogo con la sociedad civil, los jóvenes y quienes participaron en el movimiento de Bhadau 23 y 24.
En el caso de las redacciones, la decisión inmediata está ahora en manos de los partidos políticos: determinar si convertirán los llamamientos a exigir responsabilidades en un proceso parlamentario que reúna explicaciones, publique conclusiones y determine quién es responsable. El Frente les ha pedido que comiencen esa labor pese al receso parlamentario.
Puntos clave
- El Frente Gen Z de Nepal quiere una investigación parlamentaria sobre la entrada de la policía en redacciones y la detención de periodistas.
- Los medios afectados habían informado sobre el intermediario Inam Sapkota y jueces del Tribunal Supremo.
- La Oficina del Primer Ministro negó su participación; el presidente del Congreso, Gagan Kumar Thapa, dijo que las declaraciones policiales apuntaban a presiones de la secretaría del primer ministro.
- El Frente quiere que se convoque a altos funcionarios políticos y mandos policiales, que se publiquen las conclusiones en un plazo establecido y que se actúe contra los responsables de las vulneraciones.
- Sus demandas incluyen un debate parlamentario sobre la libertad de prensa y la derogación o modificación del artículo 47 de la Ley de Transacciones Electrónicas.
- No se ha anunciado un calendario para la investigación parlamentaria propuesta.
