Ordenan devolver el dinero, pero quedan importantes asuntos sin resolver
El Tribunal de Distrito de Katmandú ordenó a ocho acusados en el fraude de los falsos refugiados butaneses en Nepal que devuelvan 153,797 millones de rupias a 59 personas. La mayor obligación, de 74,7 millones de rupias, recae sobre Sandesh Sharma, de Dang. El exvice primer ministro Top Bahadur Rayamajhi debe devolver 4 millones de rupias, según una sentencia que distingue el dinero adeudado a las víctimas de las penas de prisión y las multas penales.
Contenido
- Ordenan devolver el dinero, pero quedan importantes asuntos sin resolver
- Una promesa de viaje se convirtió en una identidad falsa
- ¿Quién debe devolver el dinero?
- Por qué 53 denunciantes no recibieron indemnización
- Quienes recaudaron dinero también podían ser víctimas
- El informe que hizo parecer oficial la promesa
- Se probó la falsificación, pero no se resolvió cómo se accedió al documento
- Mensajes y decisiones de política respaldaron otras condenas
- Cómo llegó el caso a la sentencia
- Siete absoluciones y ocho procesos pendientes
- Puntos clave
La sentencia completa del juez Tej Bahadur Khadka explica cómo una red recaudó dinero con la promesa de enviar a ciudadanos nepaleses a Estados Unidos usando identidades falsas de refugiados butaneses. Describe documentos oficiales alterados, procedimientos de registro inventados y comunicaciones entre intermediarios y altos funcionarios.
Sin embargo, el fallo deja dos importantes asuntos sin resolver. De las 112 personas identificadas en las denuncias policiales, 53 no recibirán indemnización. Además, el tribunal determinó que un informe de un grupo de trabajo gubernamental había sido falsificado, pero no estableció toda la cadena de responsabilidades por el acceso al documento y su alteración.
La orden de indemnización no significa que las víctimas ya hayan recibido el dinero. Establece obligaciones de devolución, además de sanciones penales, en el ámbito del tribunal de distrito. Es posible apelar ante el Tribunal Superior, y los procesos contra ocho acusados que siguen prófugos se han suspendido hasta su detención.
Estas distinciones son importantes en un caso que alcanzó a exministros, altos funcionarios del Ministerio del Interior y personas que recaudaron pagos de vecinos y conocidos. Algunos acusados fueron condenados sin que se les ordenara devolver dinero. Otros que gestionaron pagos fueron absueltos porque el tribunal concluyó que también habían sido engañados.
Una promesa de viaje se convirtió en una identidad falsa
La experiencia de Tejina Lamsal muestra cómo el plan convirtió una promesa de emigración en una sucesión de pagos. El 5 de febrero de 2021, llevó 500.000 rupias en efectivo a la casa de su vecino Gajendra Budhathoki, en Tulsipur, Dang. Él le había prometido gestionar documentos y enviarla a Estados Unidos por un costo total de 4,5 millones de rupias.
Luego la enviaron a Sauraha, en Chitwan, para una entrevista. Según su denuncia policial, Budhathoki esperó afuera mientras dos personas vestidas como funcionarios del Gobierno la recibían en el interior. Cerca había estacionado un vehículo con matrícula oficial. Le tomaron una fotografía y las huellas dactilares, y le pidieron que rellenara un formulario.
Lamsal fue incluida en una lista falsa de refugiados con el nombre de Sharada Chaulagain. Dijo que fue entonces cuando comprendió que el plan consistía en presentarla como una refugiada butanesa que cumplía los requisitos para el reasentamiento.
Aun así, siguió pagando después de recibir garantías de que el proceso avanzaba y de que Budhathoki conocía a personas influyentes en el Gobierno. Pagó otro millón de rupias el 9 de junio de 2022 y 2,5 millones el 3 de octubre de ese año. Después de que la enviaran al Birat Medical College, en Morang, para un examen, donde conoció a Santosh Sharma, pagó otras 500.000 rupias el 17 de diciembre.
Esos pagos suman 4,5 millones de rupias. Sin embargo, el tribunal ordenó a Sandesh Sharma que le devolviera 2 millones. Lamsal no compareció para declarar, y la sentencia limitó la pérdida que podía reclamar al monto que consideró acreditado en su denuncia. Su caso ilustra la diferencia entre una pérdida declarada y el monto que un tribunal acepta como probado.
¿Quién debe devolver el dinero?
La sentencia atribuye la obligación de devolver el dinero a ocho acusados, en lugar de responsabilizar económicamente a todas las personas condenadas por cada reclamación. La obligación de Sharma, de 74,7 millones de rupias, abarca a 38 personas, en su mayoría jóvenes de Dang que pagaron con la esperanza de llegar a Estados Unidos.
Los principales montos de devolución que señala la sentencia son:
- Sandesh Sharma: 74,7 millones de rupias para 38 personas.
- Sanu Bhandari: 26 millones de rupias.
- Keshav Prasad Dulal: 15,8 millones de rupias.
- Indrajit Rai, asesor de seguridad del entonces ministro del Interior Ram Bahadur Thapa: 15 millones de rupias.
- Sagar Rai, de Morang: 12,9 millones de rupias.
- Top Bahadur Rayamajhi: 4 millones de rupias.
- Angtawa Sherpa, dirigente del Congreso y exmiembro de la Asamblea Constituyente: 2,7 millones de rupias para seis personas.
- Govinda Kumar Chaudhary: 2,5 millones de rupias.
La obligación de Sharma representa por sí sola cerca del 48,6 % del total declarado de 153,797 millones de rupias. Los montos individuales anteriores están redondeados y no suman el total exacto.
Hay versiones distintas sobre la obligación de 2,7 millones de rupias. Una atribuye ese monto al exministro del Interior Bal Krishna Khand, aunque también afirma que no tiene obligación de devolver dinero. La versión detallada y otro informe se lo atribuyen a Sherpa y señalan que Khand no debe devolver dinero. La versión internamente contradictoria no debe considerarse una confirmación de que exista otra orden contra Khand.
Por qué 53 denunciantes no recibieron indemnización
El tribunal aceptó reclamaciones de devolución de 59 de las 112 personas identificadas en las denuncias policiales, aproximadamente el 52,7 %. Rechazó las reclamaciones de las otras 53. En el caso de 43 de esas personas, la sentencia indica que no habían presentado declaraciones sobre lo ocurrido ni comparecido ante el tribunal para testificar.
Los informes sobre la sentencia no especifican por qué se rechazaron las otras diez reclamaciones. Su exclusión no debe interpretarse automáticamente como una conclusión de que no hubo engaño. Significa que el tribunal no determinó un monto recuperable para esas personas en este fallo.
La denuncia de Budhathoki muestra hasta qué punto podían reducirse las reclamaciones aceptadas. La versión detallada dice que nombró a 61 personas, incluido él mismo, pero el tribunal solo estableció pérdidas recuperables para 23. Los informes difieren sobre el número de personas incluidas en la denuncia: uno menciona a Budhathoki y a otras 61, es decir, 62 en total; otro señala que eran 61, incluido él.
El tribunal también dispuso que se cobraran a los acusados condenados las contribuciones de indemnización previstas en la Ley de Protección de las Víctimas de Delitos y que se depositaran en el Fondo de Asistencia a las Víctimas. Esa obligación es distinta de devolver montos específicos a víctimas individuales. Ni la orden de devolución ni la contribución al fondo demuestran que el cobro ya se haya realizado.
Quienes recaudaron dinero también podían ser víctimas
Premraj Panthi dijo al tribunal que recaudó 57,8 millones de rupias de unos 50 conocidos y los entregó a la red. Afirmó que ya le habían devuelto 21,2 millones, por lo que quedaban pendientes 36,6 millones.
El tribunal distribuyó ese saldo entre tres grupos de acusados: 4 millones de rupias de Rayamajhi, 15 millones de Indrajit Rai y 17,6 millones de Dulal y Bhandari. Estas asignaciones describen cómo se tramitó la reclamación de Panthi; no son un monto adicional que deba sumarse a la cifra total de indemnización.
Ram Sharan KC, de Tokha, Katmandú, también recaudó pagos de un grupo de 34 personas y depositó el dinero en las cuentas de Bhandari. Hipotecó propiedades y entregó 15 millones de rupias en efectivo a Dulal.
El tribunal absolvió a KC al concluir que Dulal y Bhandari lo habían engañado. Trasladó a esos dos hombres la obligación de devolver el dinero que se le reclamaba a KC. La sentencia comparó su situación con la de Panthi, Ram Kumar Regmi, Budhathoki y Bhesh Raj Sharma Lamsal, quienes recaudaron dinero de otras personas antes de entregarlo a la red.
Esta distinción fue fundamental para determinar la responsabilidad individual. El hecho de gestionar el pago de otra persona no bastaba, por sí solo, para demostrar que quien lo recaudó participara a sabiendas en el plan delictivo.
El informe que hizo parecer oficial la promesa
El plan obtuvo una apariencia de legitimidad a partir de un ejercicio gubernamental real sobre los refugiados butaneses que seguían en Nepal. Un programa de reasentamiento iniciado en 2007 había ayudado a más de 100.000 refugiados a trasladarse a ocho países, entre ellos Estados Unidos. ACNUR puso fin al programa en diciembre de 2016, y el Programa Mundial de Alimentos suspendió su asistencia en enero de 2019.
Como quedaban unos 6.500 refugiados en campamentos de Jhapa y Morang, el Consejo de Ministros ordenó al Ministerio del Interior preparar una política y un plan de acción. El 13 de junio de 2019, el entonces ministro del Interior Ram Bahadur Thapa creó un grupo de trabajo encabezado por el secretario adjunto Bal Krishna Panthi. Su tarea era estudiar el futuro de los refugiados restantes y examinar las reclamaciones de quienes no habían podido registrarse.
El grupo de trabajo presentó su informe el 18 de octubre de 2019. Recomendó registrar solo a 429 personas cuyos casos habían sido examinados conjuntamente por ACNUR y la unidad de coordinación para los refugiados. Estas personas fueron descritas como ausentes del censo, es decir, no habían sido incluidas en el recuento del registro. El informe no encontró pruebas de que otras 581 familias que afirmaban haberse quedado fuera del registro fueran refugiadas genuinas y recomendó no aceptar más solicitudes.
La versión falsificada invirtió el efecto práctico de esas restricciones. Añadió los anexos 9(a) y 9(b), que presentaban a 875 personas de esas 581 familias como aptas para registrarse. Se indicó a los posibles emigrantes que usaran nombres ficticios que coincidían con la lista alterada, y se les proporcionaron identidades falsas.
Panthi dijo al tribunal que su informe original tenía nueve anexos, mientras que la versión falsificada tenía diez. Identificó diferencias en las fuentes tipográficas, el formato y la redacción, incluidos cambios en la recomendación sobre el cierre del registro tardío. El original permaneció en los archivos del Consejo de Ministros; la versión falsificada estaba en el Ministerio del Interior.
El registro y el reasentamiento eran asuntos distintos. El trabajo del grupo gubernamental se refería a la situación y la gestión de las personas que seguían en Nepal tras el fin del programa de reasentamiento. No establecía una nueva vía para que ciudadanos nepaleses viajaran a Estados Unidos.
Se probó la falsificación, pero no se resolvió cómo se accedió al documento
El tribunal condenó a Dulal, Bhandari y al dirigente refugiado butanés Teknath Rizal por falsificación. Rayamajhi, Khand, el exsecretario del Interior Tek Narayan Pandey, Indrajit Rai y otros funcionarios del Gobierno fueron absueltos de ese cargo.
En su resolución, el tribunal del juez Tej Bahadur Khadka explicó las pruebas documentales que sustentaban la conclusión de falsificación:
«Se ha establecido que se cometió el delito de falsificación, ya que el informe falso alteró y añadió contenido al informe original, y también se encontraron pruebas de que se emitieron documentos de identidad falsos que identificaban a personas como refugiados butaneses», señala la resolución.
Esta conclusión no aclaró cómo se obtuvo y alteró el documento oficial. Los tres hombres condenados por falsificación no tenían una relación institucional directa con las oficinas gubernamentales que conservaban el informe. La sentencia no estableció la secuencia completa del acceso, la alteración y la sustitución del documento.
En el caso de Pandey, la fiscalía no logró establecer cuándo, dónde ni cómo retiró el informe del ministerio y lo falsificó. Un examen forense del teléfono de Khand no encontró pruebas que lo vincularan directamente con la falsificación. Esos límites se referían al cargo de falsificación, no a su responsabilidad en el plan más amplio.
Mensajes y decisiones de política respaldaron otras condenas
El tribunal consideró pruebas clave los intercambios de mensajes por Viber y WhatsApp entre Pandey y Dulal. Concluyó que el secretario del Interior mantuvo contacto con el intermediario y apoyó el plan mediante propuestas presentadas al Consejo de Ministros y prórrogas del plazo de un comité.
La aprobación de Khand de propuestas para ampliar plazos y modificar el mandato del comité respaldó la conclusión de que ayudó al plan desde el ámbito de la política gubernamental. El tribunal no encontró pruebas de que recibiera personalmente parte del dinero, pero lo condenó como cómplice de fraude, delincuencia organizada y delitos contra el Estado.
Khand recibió dos años de prisión y una multa de 20.000 rupias. Pandey recibió cuatro años y una multa de 40.000 rupias por las mismas tres categorías de delitos. Rizal recibió dos años y una multa de 20.000 rupias por falsificación y por su papel de cómplice en los demás delitos. Según la versión detallada de la sentencia, ninguno de los tres fue obligado a devolver dinero a las víctimas.
Rayamajhi y otros acusados principales recibieron cuatro años de prisión y multas de 40.000 rupias. El tribunal aplicó el artículo 43 del Código Penal de Muluki de 2074 para considerar varios delitos derivados del mismo hecho como un delito integrado. Según las versiones del fallo, esto implicaba añadir la mitad de la pena correspondiente a otro delito a la pena más severa, en lugar de acumular sin más todas las sentencias.
El tribunal distinguió la red coordinada de un fraude individual común. También determinó que hubo delitos contra el Estado, porque el uso de identidades falsas de refugiados perjudicó la dignidad de los ciudadanos nepaleses y la reputación internacional de Nepal, incluidas sus relaciones con organismos de la ONU y países donantes.
Cómo llegó el caso a la sentencia
El proceso pasó por la investigación, disputas sobre la prisión preventiva, decisiones de culpabilidad y la imposición de penas. Los informes difieren en algunas fechas y cifras, por lo que no deben combinarse en una cronología única y definitiva.
- Mayo de 2022: El plan se hizo público y comenzaron las investigaciones policiales.
- 24 de mayo de 2023: Varias versiones sitúan en esta fecha la acusación inicial, aunque difieren entre 30 y 31 acusados. La versión detallada, en cambio, describe causas presentadas en varias etapas contra 31 personas el 13 de agosto de 2024.
- Junio de 2023: El tribunal de distrito ordenó mantener en prisión preventiva a 16 de los 18 acusados detenidos y concedió la libertad bajo fianza a dos. Los informes sitúan la decisión el 15 o el 16 de junio.
- 14 de diciembre de 2023: Una resolución del Tribunal Superior de Patan permitió la puesta en libertad de Khand bajo una fianza de 3 millones de rupias. Fue liberado al día siguiente.
- 25 de abril de 2024: Los magistrados de la Corte Suprema Kumar Regmi y Tek Narayan Dhungana confirmaron la prisión preventiva de siete de los diez solicitantes, mientras concedieron la libertad bajo fianza a Angtawa Sherpa y Govinda Chaudhary, y permitieron la liberación de Shamsher Miya con la condición de que compareciera regularmente ante el tribunal.
- Veredicto y sentencia: Una versión fecha la decisión de culpabilidad el 23 de Asar de 2083, según el calendario nepalés. Otras versiones sitúan la audiencia para imponer las penas el 13 de julio y señalan que las sanciones se impusieron el 30 de Asar, fecha que la versión detallada identifica como el 14 de julio.
Una versión anterior sobre la prisión preventiva mencionaba acusaciones relacionadas con 288,17 millones de rupias y 115 víctimas, frente a unos 290 millones de rupias y 112 denunciantes en la versión detallada de la sentencia. Son cifras distintas de los informes, no medidas intercambiables. La indemnización final de 153,797 millones de rupias tampoco significa que se haya demostrado que todas las demás pérdidas alegadas fueran falsas.
Siete absoluciones y ocho procesos pendientes
Las versiones detalladas del fallo identifican a 16 acusados condenados, siete absueltos y ocho procesos suspendidos, para un total de 31 acusados. Entre las condenas, además de las de los principales implicados, figuran las de Shamsher Miya, Narendra KC, Hari Bhakta Maharjan y Niranjan Kumar Kharel como cómplices de fraude organizado. Bechan Jha fue condenado por fraude.
Los siete absueltos fueron Ram Sharan KC, Tanka Kumar Gurung, Sandeep Rayamajhi, Laxmi Maharjan, Keshav Tuladhar, Ashish Budhathoki y Pratik Thapa. Sandeep es hijo de Rayamajhi, y Pratik es hijo del exministro del Interior Ram Bahadur Thapa.
Los procesos contra Ashok Pokharel, Dhiren Rai, Deepa Humagain, Niraj Rai, Rajesh Aryal, Mohanraj Rai, Binita Sawaden Limbu y Sunil Budhathoki siguen suspendidos. Se reanudarán cuando sean detenidos. También es posible impugnar el fallo del tribunal de distrito mediante una apelación, pero las versiones de la sentencia completa no especifican la fecha ni el plazo para una audiencia de apelación.
Por tanto, quedan asuntos concretos sin resolver: el cobro de las devoluciones ordenadas, los procesos futuros contra los acusados ausentes, las posibles apelaciones y la falta de una explicación completa sobre cómo se accedió al informe oficial y se lo falsificó. Las condenas y las órdenes de devolución resuelven algunos aspectos del caso, pero no todos.
Puntos clave
- Se ordenó a ocho acusados devolver 153,797 millones de rupias a 59 personas.
- Sandesh Sharma tiene la mayor obligación: 74,7 millones de rupias para 38 personas.
- Cincuenta y tres de los 112 denunciantes no recibieron indemnización; 43 no presentaron declaraciones sobre los hechos ni testificaron.
- El informe falsificado añadió anexos que presentaban a 875 personas de 581 familias como aptas para registrarse como refugiadas.
- Khand, Pandey y Rizal recibieron penas de prisión y multas, pero no obligaciones individuales de devolución.
- Siete acusados fueron absueltos, mientras que los procesos contra ocho acusados ausentes siguen suspendidos.
- La sentencia no demuestra que las víctimas hayan recibido el dinero, y sigue siendo posible apelar ante el Tribunal Superior.
