El ascenso de Deepak Bhatta: de operador político a epicentro de una trama de lavado de dinero y una crisis judicial en Nepal

Una red empresarial llega a las más altas esferas de Nepal

Una transferencia de 545 millones de rupias nepalesas desde una empresa siderúrgica a la cuenta bancaria personal de un empresario está en el centro de una investigación que alcanza la política, los mercados financieros y los tribunales de Nepal. Los fiscales alegan que Deepak Bhatta movió el dinero a través de su empresa y lo destinó a acciones de una compañía de seguros, y que luego devolvió el dinero a la empresa siderúrgica en su mayor parte con fondos procedentes de negocios y personas vinculados al mismo grupo empresarial.

Bhatta, detenido el 2 de abril de 2026, enfrenta varias causas penales; la reclamación financiera más cuantiosa en su contra se acerca a los 27.000 millones de rupias. Él y otros acusados niegan haber cometido irregularidades. Para octubre, los investigadores también examinaban si intermediarios habían intentado influir en los procesos judiciales relacionados con él.

Su acceso a líderes políticos era conocido mucho antes de su detención. El exsecretario del Interior Ek Narayan Aryal recordó una reunión de abril de 2024 con el entonces primer ministro, Pushpa Kamal Dahal, para tratar asuntos administrativos y de contratación, entre ellos la compra de armas. Después de que la reunión se prolongara hasta pasadas las 23:00, le indicaron a Aryal que atravesara otra puerta y entrara en una sala donde esperaba Bhatta.

Aryal también recordó que ministros y altos funcionarios esperaban afuera mientras Bhatta se reunía con el primer ministro. Varios exministros describieron experiencias similares. Bhatta no ocupaba ningún cargo electivo ni tenía un puesto oficial en el Gobierno que explicara ese acceso.

Durante aproximadamente dos décadas, cultivó relaciones con líderes del Congreso Nepalí, el CPN-UML y el Centro Maoísta, así como con funcionarios responsables de compras de seguridad, autorizaciones comerciales y regulación financiera. Sus intereses empresariales se expandieron en esos mismos ámbitos.

Los procesos penales actuales reúnen dos aspectos de esa trayectoria: acusaciones concretas sobre el movimiento de dinero y relatos de una red informal capaz de llegar a personas autorizadas para aprobar contratos, nombrar funcionarios o resolver causas. Las acusaciones financieras siguen ante los tribunales, mientras que la investigación sobre presuntos intermediarios judiciales ha ampliado la controversia.

Vínculos familiares y una primera causa por contratación pública

Bhatta nació en 1981 en Dadeldhura, en una familia con vínculos políticos y administrativos. Su tío, Ganesh Prasad Bhatta, formó parte del Rastriya Panchayat y en 1986 llegó a ser viceministro de Bosques. Su padre, Chaturbhuj Bhatta, ascendió en la función pública y en 2001-02 se convirtió en director general de Krishi Samagri Sansthan.

Durante la gestión de su padre, documentos oficiales identificaron a Deepak Bhatta como agente de una empresa israelí que licitaba para obtener un contrato público de fertilizantes. En 2005, la Comisión para la Investigación del Abuso de Autoridad presentó una causa por corrupción en la que alegaba irregularidades superiores a 120 millones de rupias. Sostuvo que la empresa era ficticia y que Chaturbhuj había abusado de su cargo para conseguir que se le adjudicara la licitación.

El Tribunal Especial absolvió a padre e hijo. Deepak Bhatta tenía entonces 24 años. Un exinspector general adjunto describió sus primeros trabajos empresariales como gestiones para conseguir armas y equipos para organismos públicos.

Hacia 2007, Bhatta era presidente ejecutivo de Gorkha Travels, empresa que llevó a Nepal a China Southern Airlines. Un viaje inaugural a China con periodistas nepaleses le permitió ampliar sus contactos. En 2008, registró Infinity Holdings en Sanepa, Lalitpur, y desarrolló intereses en los sectores de la energía hidroeléctrica, las armas, los helicópteros, el turismo, la hotelería, los bienes raíces, la consultoría y los seguros.

Vínculos con partidos políticos rivales

La familia de Sher Bahadur Deuba tenía un vínculo tradicional de parentesco con la de Bhatta, lo que permitió al empresario entrar en un círculo político influyente. Bhatta se dirigía a Deuba como dai, una expresión que significa hermano mayor. Más adelante, sus relaciones se extendieron mucho más allá del Congreso Nepalí.

Según se informó, los dirigentes del UML Ganesh Singh Thagunna y Hari Parajuli ayudaron a presentarlo a Bamdev Gautam por medio del hijo de este. Gautam le abrió el camino hacia KP Sharma Oli. Un exministro recordó que, hacia 2009, Bhatta acompañaba a Gautam por Singha Durbar para conversar sobre equipos de seguridad, armas y terrenos públicos.

Bhatta cultivó relaciones con Deuba, Oli y Dahal, en lugar de vincularse exclusivamente a un partido. Los frecuentes cambios de Gobierno hacían que tener acceso a bandos rivales resultara útil desde el punto de vista comercial: una propuesta empresarial podía seguir adelante incluso cuando sus patrocinadores políticos dejaban el poder.

Durante la disputa entre Oli y Dahal después de la formación del Partido Comunista de Nepal en 2018, un dirigente del partido describió conversaciones en las que Bhatta, Bishnu Poudel y Janardan Sharma intentaban reunir a ambos líderes. Poudel se comunicaba con Oli, mientras que Sharma lo hacía con Dahal. También se dijo que Bhatta se atribuía un papel en la unificación del UML y el movimiento maoísta.

Exfuncionarios describieron su interés en nombramientos, traslados y ascensos en organismos relacionados con sus negocios. El exsecretario Yadav Koirala recordó que Bhatta actuaba a través de personas más poderosas y obtenía influencia gracias a la protección política. Un exdirigente maoísta dijo que Bhatta también participó en iniciativas para formar o derribar gobiernos después de que las elecciones de 2022 dieran lugar a un Parlamento sin un partido mayoritario.

Las compras de armas a las que se opuso la Policía

En 2013, la Policía de Nepal preparaba un programa de modernización cuando, según funcionarios, el Ministerio del Interior presionó para que se asignara una cuantiosa partida a armas y municiones, al margen de las prioridades de la propia fuerza. El Ministerio de Finanzas aprobó 1.450 millones de rupias. Entre los proveedores preseleccionados había empresas vinculadas a Bhatta o a sus empleados.

Altos mandos policiales cuestionaron las prioridades y acudieron a la comisión anticorrupción. Personas al tanto de una reunión posterior dijeron que el entonces jefe de la comisión, Lok Man Singh Karki, afirmó que Bhatta había insistido repetidamente en las compras y había hablado de su financiación con el ministro de Finanzas, Shankar Koirala.

Cuando el proceso se reanudó al año siguiente, el inspector general adjunto Rajendra Singh Bhandari dijo que Bhatta se le acercó y afirmó que podía gestionar las comisiones parlamentarias, los partidos de gobierno, la oposición y las preocupaciones de India y China. Bhandari alegó que Bhatta ofreció favores a quienes ayudaran a concretar el acuerdo, como una candidatura de partido o una plaza escolar para un hijo.

Bhandari se negó y la contratación fue cancelada. El exinspector general Upendra Kant Aryal dijo que los oficiales consideraban que algunas de las armas propuestas tenían un precio muy superior al razonable y temían otro escándalo de contratación. Bhandari afirmó que luego lo trasladaron y le asignaron un puesto en la Secretaría del Consejo de Seguridad Nacional que no correspondía a su rango.

Más adelante, Bhatta apareció como agente local en compras de helicópteros rusos, fusiles Galil israelíes y un proyecto de comunicaciones policiales. El contrato de comunicaciones con la empresa hongkonesa Eris Technology, representada localmente por su compañía, fue cancelado después de que las obras no cumplieran el plazo.

Las autorizaciones empresariales se convierten en otro punto de presión

La regulación de los seguros y los valores ofrecía otra vía para que las decisiones oficiales afectaran los negocios de Bhatta. Personas al tanto de sus actividades y de las de Sulav Agrawal, del grupo Shanker, alegaron que ambos lograron influir en la Autoridad de Seguros de Nepal y la Junta de Valores de Nepal, incluso en nombramientos de altos cargos.

Un alto funcionario de la Junta de Valores dijo que, en general, los expedientes relacionados con el grupo recibían prioridad. Un empresario del sector hidroeléctrico alegó que su solicitud para una oferta pública inicial quedó paralizada hasta que lo llevaron ante Agrawal, quien negoció un pago. El empresario dijo que no podía cumplir con la exigencia y que su solicitud siguió estancada. Una oferta pública inicial es la primera venta de acciones de una empresa al público.

La propuesta para crear una bolsa de valores financiada con capital privado también generó presiones políticas. Personas al tanto del proceso dijeron que Oli impulsó su aprobación, mientras que el ministro de Finanzas, Bishnu Poudel, tuvo dificultades para resolver la disputa. Finalmente, el secretario general del Gobierno, Ek Narayan Aryal, escribió que la junta directiva de la Junta de Valores podía decidir al respecto.

Más adelante, el exministro de Finanzas Barshman Pun describió la propuesta de la bolsa como uno de los factores que provocaron la caída del Gobierno. La propuesta quedó estancada después de que algunos miembros de la junta se retiraran de una reunión y siguió sin resolverse tras el movimiento de protesta de la Generación Z.

El recorrido de 545 millones de rupias por varias cuentas

Los escritos de acusación presentados en junio de 2026 describen una transferencia de 545 millones de rupias, realizada en septiembre de 2022, desde Jagdamba Steels, una filial del grupo Shanker, a la cuenta personal de Bhatta en Siddhartha Bank. Bhatta dijo que era un anticipo por un terreno de 54 aana en Sanepa.

Después, el dinero pasó a Infinity Holdings, propiedad exclusiva de Bhatta, y se destinó a Himalayan Insurance como capital accionario. Los investigadores cuestionaron la operación inmobiliaria, al señalar que no había un acuerdo registrado ni se había transferido la propiedad. Los fiscales también dijeron que el proyecto urbanístico propuesto en Lubhu, llamado Mega City, nunca se concretó.

Más adelante, Bhatta devolvió 752,6 millones de rupias a Jagdamba Steels. Dijo que la empresa había abandonado la compra por dificultades financieras y que él había devuelto el anticipo con intereses. El reembolso superó la transferencia original en 207,6 millones de rupias, cerca del 38 %.

Un informe de inspección bancaria citado en la investigación rastreó 679 millones de rupias del reembolso hasta entidades vinculadas al grupo Shanker y a la familia Agrawal. Esto representa aproximadamente el 90 % de los 752,6 millones de rupias devueltos. Entre quienes aportaron fondos estaban Sahil, Sulav y Shanker Lal Agrawal; también contribuyeron la esposa de Bhatta e Infinity Holdings.

Los investigadores describen un posible circuito de ida y vuelta del dinero: este sale de una empresa, pasa por otras cuentas y finalmente regresa a la empresa. Los fiscales alegan que esta secuencia ocultó el movimiento de los fondos bajo la apariencia de liquidar una operación inmobiliaria cancelada. Bhatta sostiene que las transferencias correspondían a un anticipo y un reembolso legítimos.

Las operaciones con acciones suman miles de millones a las acusaciones

Los escritos de acusación también alegan que Bhatta compró acciones por valor de 3.800 millones de rupias a través de Bhrikuti Stock Broking entre julio de 2025 y marzo de 2026, sin depositar el margen anticipado exigido, de al menos el 25 %. El margen es la parte que el comprador debe pagar por adelantado. El 25 % de compras por 3.800 millones de rupias equivaldría a 950 millones.

Según los investigadores, vendió acciones por valor de 930,5 millones de rupias durante el mismo período, y los fiscales alegaron que quedaron pendientes unos 2.890 millones de rupias por compras a crédito. Sostienen que las operaciones contribuyeron a crear una demanda artificial de acciones de Nepal Reinsurance Company.

El precio de la acción pasó de 1.461 rupias el 21 de julio de 2025 a 1.686 rupias el 26 de agosto, un aumento aproximado del 15,4 %. Los fiscales alegan que hubo manipulación coordinada. Su relato vincula operaciones de varias empresas, entre ellas Himalayan Reinsurance, Himalayan Capital y Nepal Micro Insurance Company, en la que Bhatta tiene una participación del 15 %.

Shekhar Golchha, entonces presidente de Himalayan Reinsurance, reconoció haber transferido 525 millones de rupias a Bhrikuti Stock Broking en varias ocasiones. Dijo que no tenía ninguna relación personal con el presidente de esa empresa ni una cuenta de inversión allí. Se negó a hablar de su relación con Bhatta y afirmó que solo se habían reunido dos veces.

De la detención a una controversia judicial cada vez mayor

La Oficina Central de Investigación de la Policía de Nepal detuvo a Bhatta el 2 de abril de 2026. La Policía dijo que se había ocultado y que lo localizó cerca de Gairidhara tras vigilar su residencia y otros lugares. Un familiar afirmó que Bhatta había llamado a la Policía y se había ofrecido a comparecer después de oír rumores de que su detención era inminente.

El Departamento de Investigación de Lavado de Dinero presentó cuatro causas penales distintas por presunto lavado de dinero, delitos bancarios, fraude de valores e infracciones relacionadas con los seguros. En octubre, los fiscales presentaron una sexta causa relacionada con seguros. Alegaron que 423 millones de rupias llegaron a su cuenta mediante dos transferencias y reclamaron la recuperación de unos 450,7 millones.

Bhatta describió los procesos como una represalia y dijo que esperaba que el tribunal ordenara su liberación. Durante una visita mientras estaba detenido, saludó a quienes fueron a verlo con una pregunta:

Entonces, ¿qué noticias hay?

Su padre presentó en septiembre una petición de hábeas corpus. Este tipo de petición solicita a un tribunal que examine si la detención de una persona es legal. Más adelante, Bhatta fue trasladado de la prisión de Nakkhu a Sindhupalchok porque, según funcionarios a cargo de la investigación, temían que intentara ejercer influencia desde la cárcel.

Los principales acontecimientos se desarrollaron a lo largo de varios años:

• Septiembre de 2022: Jagdamba Steels transfirió 545 millones de rupias a la cuenta personal de Bhatta.
• De julio de 2025 a marzo de 2026: los investigadores alegan que se compraron acciones por valor de 3.800 millones de rupias a través de Bhrikuti Stock Broking.
• 2 de abril de 2026: la Oficina Central de Investigación detuvo a Bhatta.
• Junio de 2026: los escritos de acusación detallaron presuntas operaciones financieras y delitos relacionados con valores.
• Septiembre y octubre de 2026: las investigaciones sobre presuntos intermediarios extendieron la controversia al poder judicial, la Policía y los líderes políticos.

Lo que revelan los mensajes de Sapkota

Inam Sapkota, de 30 años, quedó bajo escrutinio después de que los investigadores encontraran contactos frecuentes con el expresidente del Tribunal Supremo Cholendra Shumsher Rana. Las autoridades trasladaron a Rana a una dependencia policial alrededor de la medianoche del 26 de septiembre. Primero describieron la medida como una detención y luego dijeron que buscaba proteger su seguridad. La Policía detuvo a Sapkota en el Aeropuerto Internacional Tribhuvan el 27 de septiembre, cuando se disponía a viajar a India.

Según se informó, los investigadores que examinaron los dispositivos de Sapkota encontraron comunicaciones con jueces, políticos, policías y abogados. El juez Hari Prasad Phuyal reconoció que intercambió mensajes con él y se reunió con él en el Hotel Himalaya. Phuyal dijo que Sapkota invocó el nombre del primer ministro, Balendra Shah: primero para tranquilizarlo ante los rumores de un proceso de destitución de jueces y luego para plantearle causas pendientes, entre ellas las relacionadas con Bhatta.

Uno de los intercambios se refería a la petición de hábeas corpus del empresario Rohit Gupta. Según se informó, Sapkota pidió a Phuyal que la rechazara e invocó el interés del primer ministro. Phuyal respondió que había motivos para ordenar la liberación y que el tribunal había fijado una fianza de 20 millones de rupias. Phuyal sostiene que el fallo se basó en el fondo de la causa y niega haber tenido tratos financieros o haber participado en un acuerdo indebido.

Phuyal dijo que él y otros jueces comenzaron a sospechar y alertaron a la secretaría del primer ministro, al jefe de la Policía y al jefe del Ejército. El 9 de octubre, él y el juez Sunil Pokharel rechazaron una petición de hábeas corpus presentada por la esposa de Sapkota para impugnar su detención.

Según se informó, unos documentos encontrados en el teléfono de Sapkota mencionan depósitos por un total de 198.333 durante tres meses, sin especificar la moneda, y una solicitud de otros 7.500 dólares. También se mencionan en capturas de pantalla aportes recaudados en nombre del presidente del Tribunal Supremo, Manoj Kumar Sharma, y del diputado del RSP Bishwaraj Pokharel, además de cuentas de familiares de Sapkota en Nepal y Estados Unidos. No se han verificado la autenticidad de esos materiales ni el propósito de los presuntos pagos.

Sharma y Pokharel niegan conocer a Sapkota o haber tenido tratos financieros con él. El alto funcionario policial Banshiraj Dahal fue destituido tras una investigación sobre sus comunicaciones con Sapkota y una visita tardía a Rana después de que la Policía detuviera al expresidente del Tribunal Supremo. La Asociación de Abogados de Nepal pidió una investigación imparcial basada en pruebas.

Los líderes políticos discrepan sobre cómo responder

Según se informó, el primer ministro Shah y el presidente del Partido Rastriya Swatantra, Rabi Lamichhane, discrepan sobre la rapidez con la que se debe actuar contra los funcionarios vinculados a la controversia. Se dice que Shah favorece investigar a todas las personas relacionadas con Bhatta, mientras que Lamichhane sostiene que toda medida debe basarse en pruebas suficientes y fundamentos legales.

El inspector general de la Policía, Dan Bahadur Karki, está bajo escrutinio por presuntas irregularidades en la compra de uniformes para la Policía electoral, asunto que investiga una subcomisión parlamentaria. Según se informó, Lamichhane se opuso a un cambio inmediato en la jefatura policial, y el ministro del Interior, Sudan Gurung, también habría rechazado cualquier interferencia.

La sede de la Policía negó las informaciones de que el Gobierno estuviera presionando a Karki para que renunciara. La secretaría del jefe policial advirtió que esas afirmaciones podían perturbar las operaciones policiales y la seguridad pública. Mientras tanto, la Policía amplió la investigación sobre Sapkota: pasó de una denuncia inicial por conducta indecente a posibles delitos tipificados en la Ley del Banco Rastra de Nepal y las leyes contra el lavado de dinero.

El Tribunal Supremo convocó una sesión plenaria para el viernes siguiente a la publicación de las acusaciones más recientes. No se indicó una fecha para un fallo definitivo en las causas penales de Bhatta. Para las empresas que esperan autorizaciones, los funcionarios sometidos a escrutinio por contrataciones y los acusados que esperan decisiones judiciales, la cuestión inmediata es quién ejerció la autoridad, cómo se movió el dinero y si las pruebas justifican cargos penales.

Puntos clave

• Deepak Bhatta desarrolló negocios y acceso político en los principales partidos de Nepal sin ocupar cargos electivos.
• Los fiscales alegan lavado de dinero y otros delitos financieros; la reclamación más cuantiosa en su contra se acerca a los 27.000 millones de rupias.
• Los investigadores examinan una transferencia empresarial de 545 millones de rupias y compras de acciones por valor de 3.800 millones.
• Bhatta y otros acusados niegan haber cometido irregularidades, y las causas penales siguen ante los tribunales.
• La investigación sobre Sapkota ha ampliado el escrutinio a presuntos intentos de influir en jueces y altos funcionarios.
• Las figuras judiciales y políticas mencionadas han negado las acusaciones, mientras que la Asociación de Abogados de Nepal ha pedido una investigación imparcial basada en pruebas.
• La Policía niega que el Gobierno la presione para que su jefe renuncie, y sigue en curso una investigación parlamentaria sobre la compra de uniformes.