Empresas de seguridad bajo escrutinio por los complejos de estafas en Camboya
Las autoridades camboyanas anunciaron investigaciones sobre empresas privadas de seguridad y militares en servicio después de que Amnistía Internacional vinculara a cinco compañías con al menos 23 complejos de estafas, donde sobrevivientes describieron confinamiento, palizas, descargas eléctricas y violencia sexual.
Contenido
- Empresas de seguridad bajo escrutinio por los complejos de estafas en Camboya
- Cómo Amnistía rastreó a los guardias y a sus empleadores
- Lo que describieron los sobrevivientes dentro de los complejos
- Las cinco empresas y sus respuestas
- Por qué Long Bay sigue siendo central en la investigación
- De la ofensiva a la investigación ampliada
- Qué muestran las cifras de las medidas de control
- Las redes de estafas se extienden más allá de Camboya
- La prueba será determinar si las investigaciones llegan hasta quienes proporcionaban protección
- Puntos clave
Chhay Sinarith, ministro de alto rango que dirige la secretaría de la Comisión Especial para Combatir las Estafas Basadas en Tecnología, dijo el 1 de noviembre que los investigadores examinarían a empresas, funcionarios y otras personas vinculadas con grandes operaciones de estafa. Reconoció que los esfuerzos anteriores se habían centrado en los cabecillas, por lo que quienes proporcionaban seguridad y otro tipo de apoyo habían quedado bajo menor escrutinio.
El anuncio se produjo tras el informe de Amnistía Internacional del 29 de octubre de 2026, Negocio oficial. La organización vinculó a más de 20 militares y policías con empresas de seguridad y con al menos 22 de los 86 complejos que documentó en Camboya.
Sinarith dijo que los investigadores examinarían si las empresas privadas de seguridad habían participado en actividades ilegales o habían ayudado a confinar y torturar a personas. Describió en términos directos la respuesta que pretende dar el Gobierno:
Debemos emprender acciones legales
La investigación ampliada pone el foco en quienes controlaban las entradas de los complejos, desplegaban guardias y proporcionaban protección, además de quienes están acusados de dirigir fraudes en línea. Para las personas víctimas de trata que llegaban a estos lugares, los guardias a menudo determinaban si podían salir, pedir ayuda o escapar de los castigos.
Las autoridades dijeron que había 529 causas relacionadas con estafas y 5.778 personas ante los tribunales camboyanos. Entre los sospechosos había ciudadanos de China, Japón, India y Vietnam. Sinarith también dijo que los investigadores habían identificado 97 redes criminales en Camboya y unas 100 más que operaban en el extranjero.
Cómo Amnistía rastreó a los guardias y a sus empleadores
La investigación de Amnistía combinó testimonios de sobrevivientes con registros empresariales, visitas a complejos y material publicado en internet por los propios guardias. Entre enero de 2023 y septiembre de 2026, los investigadores entrevistaron a 151 sobrevivientes y revisaron registros relacionados con más de 400 víctimas adicionales.
Los investigadores identificaron 86 complejos y visitaron 82. Encontraron guardias de seguridad en todos ellos. También examinaron más de 25.000 videos y fotografías publicados por guardias, además de imágenes satelitales y registros empresariales.
Amnistía localizó videos publicados desde cuentas de TikTok de más de 200 guardias en 23 complejos. Este proceso, llamado geolocalización, consiste en comparar detalles visibles en una imagen, como edificios, carreteras o puntos de referencia, con un lugar real. Los investigadores también analizaron uniformes, insignias, números de identificación y cronologías de redes sociales para establecer cuándo había presencia de presuntos militares y policías.
En tres complejos, Amnistía identificó a presuntos militares en servicio que entrenaban, dirigían o supervisaban a los guardias. En otros lugares, presuntos agentes estatales portaban armas de fuego u ocupaban puestos de vigilancia.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, dijo que la investigación aportaba pruebas que respaldaban los relatos que los sobrevivientes habían dado durante años:
Durante años, los sobrevivientes de estos complejos de pesadilla describieron haber encontrado a miembros del ejército o la policía camboyanos en su interior. Hasta ahora, estos relatos no podían verificarse de forma independiente
Las conclusiones vinculan la imposición diaria del cautiverio con empresas registradas y personas que ocupan cargos oficiales. Amnistía pide a los investigadores que rastreen la responsabilidad a través de las empresas que contrataban, desplegaban y controlaban a los guardias.
Lo que describieron los sobrevivientes dentro de los complejos
Los sobrevivientes dijeron de forma reiterada a Amnistía que los guardias les impedían salir. Algunos describieron palizas tras intentar escapar, descargas eléctricas y detenciones prolongadas en habitaciones utilizadas como castigo. La mayoría de los 151 sobrevivientes entrevistados dijo que los guardias llevaban bastones eléctricos o podían conseguirlos de inmediato.
En Park 8, también conocido como PV01, una mujer de Camerún identificada con el seudónimo de Maia dijo que los guardias la inmovilizaron cuando llegó. Contó que después la llevaron a una habitación oscura, donde los administradores la violaron mientras los guardias esperaban afuera.
Gabe, un sobreviviente de Uganda que estuvo en el mismo complejo, describió que lo encadenaron sobre recipientes con agua, lo golpearon durante horas y le aplicaron descargas con un bastón eléctrico. Varios sobrevivientes también dijeron haber visto armas de fuego en manos de guardias u otras personas.
El trabajo forzado en estos complejos consistía en obligar a las personas a cometer fraudes en línea bajo amenaza de violencia. Por lo tanto, una persona que enviaba mensajes engañosos podía estar participando en una estafa y, al mismo tiempo, permanecer cautiva de quienes la organizaban. Los investigadores deben determinar la conducta y las circunstancias de cada persona.
Casos anteriores relacionados con sospechosos surcoreanos de estafas ilustraron esa complejidad. En enero de 2026, 73 sospechosos regresaron desde Camboya para ser interrogados por presuntas estafas que involucraban 48.600 millones de wones y 869 víctimas surcoreanas. Otros surcoreanos describieron pasaportes confiscados, complejos vigilados y coacción.
Las cinco empresas y sus respuestas
Leap Somnang tenía la mayor presencia entre las empresas identificadas por Amnistía, con vínculos con al menos 15 complejos en ocho provincias. Doce sobrevivientes reconocieron a sus guardias, uniformes o logotipo. Los 12 dijeron que sus guardias les impedían salir bajo amenaza de violencia; varios describieron que los guardias participaban en palizas, descargas eléctricas o aislamiento prolongado.
Amnistía dijo que Ban Sophat, coronel de las Fuerzas Armadas Reales de Camboya, controlaba Leap Somnang y se había presentado públicamente como su presidente. Sophat negó tener un cargo de propiedad, dirección o gestión en la empresa y dijo que había sido asesor de su propietario. También negó estar implicado en los abusos.
Security Response fue vinculada con cinco complejos, incluido Park 8. Amnistía rastreó conexiones empresariales con Panda Commercial Bank y la red empresarial Huione. Security Response negó las acusaciones y dijo que operaba legalmente como proveedor de seguridad registrado.
ZD Security, antes llamada BIC Security, fue vinculada con dos complejos en Botum Sakor, incluido Long Bay. Amnistía relacionó a la empresa con ZhengHeng Group y su presidente, Deng Pibing. ZhengHeng ha negado su participación en los presuntos abusos. ZD Security no respondió a Amnistía.
Dara Security fue vinculada con dos complejos en Sihanoukville. Best Security fue vinculada con un complejo en Bavet donde Amnistía documentó trata, trabajo forzado y trabajo infantil.
Amnistía encontró los números de teléfono del subdirector de la policía, Lay Channy, en un anuncio de Best Security. La empresa negó que él controlara sus operaciones y dijo que era propietario de un edificio que alquilaba y que su número ayudaba a los clientes locales a comunicarse con la sucursal. Best Security también negó prestar servicios en el complejo identificado por Amnistía y sugirió que sus uniformes podrían haber sido copiados.
Amnistía vinculó al general de brigada Tek Bunthoeun con un proyecto inmobiliario que incluía otro complejo, identificado como BM02, donde los sobrevivientes describieron torturas, confinamiento y trabajo forzado. Amnistía solicitó respuestas a las personas y empresas identificadas e incluyó en su informe las contestaciones recibidas.
Por qué Long Bay sigue siendo central en la investigación
Long Bay, un proyecto urbanístico en la provincia de Koh Kong, reúne acusaciones relacionadas con la propiedad, los servicios de seguridad y la protección oficial. Sinarith dijo que las autoridades buscaban a Deng Pibing, también conocido como Dung Ping, mientras investigaban a funcionarios mencionados en un video sobre el lugar.
Según Amnistía, Deng presidió el consejo de administración de la empresa que ahora se conoce como ZD Security hasta octubre de 2023. Reino Unido sancionó a ZhengHeng Group en 2023 por trabajo forzado en Long Bay, donde, según Amnistía, ZD Security proporcionaba guardias.
Las autoridades confirmaron anteriormente que Deng había salido de Camboya a finales de mayo de 2026, según información migratoria. En febrero se descubrieron en Long Bay edificios sospechosos de estar vinculados con estafas, después de que presuntos grupos criminales dejaran pruebas. Las autoridades camboyanas dijeron que habían detenido a sospechosos, asegurado las pruebas y precintado las instalaciones.
Sinarith dijo que la nueva investigación también examinaría si los propietarios de casinos y complejos turísticos, entre ellos Kok An y Ly Yong Phat, participaron directamente en actividades criminales o alquilaron propiedades a grupos delictivos. Los investigadores deberán determinar qué hizo y qué sabía cada persona.
No se anunció un plazo para concluir las investigaciones sobre las empresas de seguridad o Long Bay, ni se indicó una fecha para la detención de Deng.
De la ofensiva a la investigación ampliada
La campaña de aplicación de la ley en Camboya comenzó más de un año antes del último anuncio. La secuencia muestra cómo, tras las redadas y las salidas de personas de los complejos, aumentó el escrutinio de las empresas y los funcionarios vinculados con ellos.
- Julio de 2025: El Gobierno inició una ofensiva nacional contra los complejos de estafas.
- Enero de 2026: Miles de personas escaparon de los complejos o fueron liberadas, lo que generó una necesidad urgente de alojamiento, documentos y asistencia consular.
- Febrero de 2026: Las autoridades descubrieron en Long Bay edificios sospechosos de estar vinculados con estafas en línea.
- Finales de mayo de 2026: Deng Pibing salió de Camboya, según la información migratoria citada por Sinarith.
- 15 de octubre de 2026: Las autoridades camboyanas informaron a Amnistía que habían sancionado a 77 policías por su relación con complejos de estafas.
- 29 de octubre de 2026: Amnistía publicó Negocio oficial, donde identificó a cinco empresas de seguridad y sus vínculos con militares y policías.
- 1 de noviembre de 2026: Sinarith anunció investigaciones más amplias sobre empresas de seguridad, militares y otras personas vinculadas con grandes operaciones de estafa.
Las salidas de los complejos en enero pusieron de relieve las necesidades inmediatas de las personas que salían del cautiverio. Para el 22 de enero, la embajada de Indonesia en Phnom Penh había recibido comunicaciones de 1.440 ciudadanos indonesios liberados. También hubo personas que buscaron alojamiento y asistencia mientras esperaban regresar a casa.
Entre las demandas más recientes de Amnistía figuran medidas de reparación eficaces para los sobrevivientes, además de investigaciones. Esto implicaría atender los daños que sufrieron y perseguir a los responsables.
Qué muestran las cifras de las medidas de control
El Ministerio del Interior de Camboya dijo que las autoridades habían allanado 832 lugares de estafas y enviado a los tribunales a 3.477 sospechosos entre julio de 2025 y agosto de 2026. En su respuesta a Amnistía también registró medidas disciplinarias contra 77 policías.
En su declaración del 1 de noviembre, Sinarith dio cifras posteriores: había 529 causas relacionadas con 5.778 personas ante los tribunales. Dijo que se habían cerrado 86 grandes complejos, mientras seguían descubriéndose operaciones más pequeñas casi a diario, en particular en la provincia de Preah Sihanouk, Phnom Penh y Poipet.
Amnistía dijo que las grandes operaciones parecían inactivas tras la ofensiva. Sin embargo, cuando publicó su informe, no tenía conocimiento de investigaciones sobre las cinco empresas de seguridad, sus propietarios y directivos, ni sobre las conexiones comerciales y estatales más amplias que había documentado. El anuncio de noviembre promete investigaciones en esos ámbitos.
Amnistía vinculó a militares y policías con al menos 22 de los 86 complejos documentados, alrededor de una cuarta parte. Por otra parte, las cinco empresas fueron vinculadas con al menos 23 complejos. Esas categorías se superponen, por lo que sumarlas contaría algunos lugares dos veces.
La organización pidió investigaciones rápidas, independientes y con recursos suficientes, la suspensión de las licencias de las empresas mientras se examinan acusaciones creíbles de abusos graves y pesquisas sobre militares y policías en servicio implicados en la seguridad de los complejos.
Las redes de estafas se extienden más allá de Camboya
Investigadores fuera de Camboya persiguen operaciones vinculadas con el Sudeste Asiático, incluso en Madagascar. Fiscales de Estados Unidos en el Distrito de Columbia anunciaron cargos contra seis personas radicadas en África, acusadas de intentar captar a estadounidenses mediante inversiones fraudulentas relacionadas con tokens no fungibles.
Un token no fungible, o NFT, es un activo digital con un registro de identificación propio, que a menudo se promociona como representación de una obra de arte o un objeto de colección. En una estafa de inversión, se puede persuadir a las víctimas para que envíen dinero a una supuesta plataforma de negociación o proyecto controlado por delincuentes.
Los fiscales estadounidenses dijeron que las pruebas indicaban que un grupo criminal con vínculos con Malasia y China abrió complejos en Madagascar a principios de 2025, probablemente trasladando allí sus operaciones desde Camboya después de las medidas de control adoptadas en ese país.
El Ministerio de Justicia de Madagascar dijo que clausuró 13 complejos gestionados por operadores chinos en agosto y septiembre. Once ciudadanos chinos detenidos en redadas separadas salieron de una cárcel local en agosto, en un episodio que implicó al director del servicio penitenciario local.
Las autoridades de Laos, Sri Lanka y Timor-Leste también han iniciado ofensivas. En Myanmar, los grupos criminales han trasladado los complejos hacia el interior, alejándolos de la frontera con Tailandia, pese a la política de tolerancia cero frente al fraude en línea anunciada por la administración.
Las investigaciones financieras también cruzan fronteras. Un tribunal tailandés emitió órdenes de detención contra Yim Leak, exdirector de la empresa de seguridad ahora conocida como ZD Security, y otras seis personas acusadas de blanquear ganancias de estafas. Las autoridades tailandesas dijeron que confiscarían activos por valor de más de 1.000 millones de dólares. Leak niega los cargos y sus abogados han negado que estuviera implicado en abusos en los complejos.
La prueba será determinar si las investigaciones llegan hasta quienes proporcionaban protección
La investigación ampliada de Camboya aborda una conclusión central de la investigación de Amnistía: los complejos de estafas dependían de personas y empresas que mantenían confinados a los trabajadores. La detención de quienes dirigían los fraudes deja a los investigadores la tarea de rastrear quién proporcionaba guardias, gestionaba propiedades y brindaba protección.
Callamard, secretaria general de Amnistía, dijo que la responsabilidad debía investigarse a través de las empresas que contrataban y controlaban a los guardias:
Las investigaciones deben evaluar y rastrear la responsabilidad desde los niveles más bajos hasta las propias empresas, incluidos los directivos y propietarios que contrataron, desplegaron y controlaron a los guardias de seguridad en los complejos de estafas
Para los sobrevivientes, las cuestiones concretas son el acceso a protección, asistencia e indemnización, y si las personas acusadas de abusos serán procesadas. Para las autoridades, las investigaciones anunciadas exigen examinar las acusaciones que involucran a personas de la policía y el ejército, así como a empresas privadas.
Sinarith ha prometido emprender acciones legales contra las empresas o los funcionarios que resulten implicados. Los próximos avances sustanciales serán los resultados de esas investigaciones, incluidos posibles cargos, decisiones sobre licencias o medidas de indemnización para las víctimas.
Puntos clave
- Camboya anunció investigaciones más amplias el 1 de noviembre, después de que Amnistía vinculara a cinco empresas de seguridad con al menos 23 complejos de estafas.
- Amnistía vinculó a más de 20 militares y policías con empresas y con al menos 22 complejos documentados.
- Los sobrevivientes describieron que los guardias impedían escapar y participaban en palizas, descargas eléctricas y otros abusos.
- Varias empresas y personas negaron tener la propiedad, el control operativo o algún tipo de participación en los presuntos abusos.
- Las autoridades dijeron que había 529 causas relacionadas con 5.778 personas ante los tribunales camboyanos, mientras seguían descubriéndose operaciones de estafa más pequeñas.
- Los investigadores buscan a Deng Pibing y examinan las acusaciones relacionadas con Long Bay.
- También han surgido en Madagascar operaciones vinculadas con redes de estafas del Sudeste Asiático, lo que aumenta la necesidad de cooperación transfronteriza.
