Más de 24.000 camboyanos aún no pueden regresar a sus hogares tras el conflicto fronterizo

Miles de personas siguen desplazadas pese al retorno de cientos de miles

Unas 24.000 personas en Camboya permanecen en albergues temporales, zonas designadas como seguras y aldeas tras el conflicto de 2025 con Tailandia, aunque alrededor de 625.000 han regresado a sus hogares, según una actualización del 7 de octubre del Ministerio del Interior de Camboya. Los alambres de púas que bloquean el acceso a comunidades fronterizas y las municiones sin explotar siguen siendo obstáculos para el retorno.

El ministerio cifró en aproximadamente 649.000 el número de personas desplazadas. Su evaluación de los daños registró 1.558 viviendas, 26 escuelas, 14 hospitales y centros de salud, 87 tramos de carretera y cinco puentes, además de daños en el suministro de agua, la infraestructura eléctrica y lugares religiosos. El templo de Preah Vihear, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, fue uno de los monumentos antiguos que, según los informes, resultaron dañados.

Las cifras redondeadas indican que alrededor del 96,3 % de las personas desplazadas en Camboya han regresado, mientras que aproximadamente el 3,7 % sigue fuera de sus hogares. Se trata de una recuperación considerable frente a febrero, cuando el ministerio registró que 65.174 personas aún no podían regresar. Sin embargo, esto no demuestra que quienes han vuelto cuenten de nuevo con escuelas en funcionamiento, servicios de salud o medios de vida seguros.

Camboya atribuye el desplazamiento a ataques del Ejército tailandés en julio y diciembre de 2025. Tailandia disputa la versión camboyana sobre el territorio y afirma que sus fuerzas han recuperado tierras tailandesas. Las reclamaciones contrapuestas afectan directamente a las familias cuyas viviendas se encuentran detrás de posiciones militares y barreras.

El alto el fuego del 27 de diciembre de 2025 puso fin a los combates, pero las disposiciones sobre el retorno de civiles no han permitido que todas las familias vuelvan a sus hogares. El desplazamiento que persiste está vinculado a tres problemas sin resolver: el acceso a comunidades en disputa, los riesgos de explosivos y los daños a los servicios necesarios para que esas comunidades sean habitables.

Una cifra en descenso, con estimaciones distintas aún en circulación

Las cifras camboyanas más claras, con fechas concretas, muestran un descenso a lo largo de varios meses. A las 7:00 del 24 de febrero, el Ministerio del Interior contabilizaba 65.174 personas que no podían regresar, entre ellas 34.338 mujeres y 21.793 niños. Para el 15 de junio, el total había bajado a 28.460, incluidas 14.613 mujeres y 9.592 niños.

En comparación con el total de febrero, las aproximadamente 24.000 personas registradas en octubre representan una reducción de unas 41.174 personas, o del 63 %. Frente a la cifra de junio, el descenso es de aproximadamente 4.460 personas, o del 16 %. Estas comparaciones reflejan cambios en las cifras comunicadas, no un registro verificado de los desplazamientos de cada familia.

Otras declaraciones públicas ofrecen estimaciones más bajas. El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en Camboya, Thomas Andrews, mencionó a unas 20.000 personas tras una visita a la frontera y a más de 18.000 durante un discurso en el 63.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En ese período de sesiones, el embajador camboyano Ke Sovann dijo que más de 20.000 personas aún no podían regresar.

Esas cifras difieren del recuento del ministerio de octubre. Sin fechas de referencia y métodos de recuento comparables, no deben considerarse equivalentes ni ordenarse como una secuencia precisa de retornos. Las estimaciones que oscilan entre unas 24.000 personas y más de 24.000 también reflejan el carácter redondeado del último total.

De los combates al desplazamiento prolongado

El conflicto incluyó dos grandes episodios de combates en 2025. La evaluación del 9 de octubre del International Crisis Group señala que los enfrentamientos causaron la muerte de al menos 150 personas y desplazaron a casi un millón en ambos países. Las aproximadamente 649.000 personas civiles desplazadas en Camboya son una cifra nacional, no el total de ambos lados.

Los principales acontecimientos y las actualizaciones fechadas sobre desplazamiento son:

• Mayo de 2025: Un intercambio de disparos causó la muerte de un soldado camboyano, antes de los enfrentamientos de mayor escala.
• Finales de julio de 2025: Cinco días de combates terminaron con un alto el fuego alcanzado mediante la mediación de Malasia y la presión de Estados Unidos.
• Diciembre de 2025: Un segundo gran episodio de combates provocó nuevos desplazamientos antes del alto el fuego del 27 de diciembre.
• 24 de febrero de 2026: Camboya registró que 65.174 personas aún no podían regresar a sus hogares.
• 15 de junio de 2026: La población desplazada que seguía sin poder regresar era de 28.460 personas.
• 7 de octubre de 2026: El ministerio informó del retorno de aproximadamente 625.000 personas y de que unas 24.000 seguían desplazadas.

Andrews también citó cifras oficiales de aproximadamente 650.000 camboyanos y 400.000 ciudadanos tailandeses desplazados en el momento de máxima intensidad del conflicto. En conjunto, las estimaciones suman unos 1,05 millones. La cifra es ligeramente superior a la descripción del International Crisis Group de casi un millón, aunque ambas reflejan la magnitud del desplazamiento en los dos lados.

Por qué el acceso a los hogares sigue siendo motivo de disputa

El vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Camboya, Prak Sokhonn, planteó los obstáculos al retorno en el 61.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, celebrado en Ginebra el 24 de febrero. Un comunicado oficial del Gobierno sobre su discurso describió barreras de alambre de púas y contenedores que restringían el acceso a algunas zonas fronterizas.

Sokhonn dijo que civiles habían sido expulsados por la fuerza de sus aldeas, que algunas viviendas habían sido destruidas y que se había levantado infraestructura militar en zonas que Camboya describía como ocupadas. Se trata de acusaciones de Camboya, no de conclusiones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos.

Tailandia sostiene que respeta la disposición del alto el fuego que permite a las tropas permanecer donde se encontraban cuando el acuerdo entró en vigor. También afirma que algunos camboyanos desplazados habían ocupado territorio tailandés. En una sesión posterior del Consejo de Derechos Humanos, la representante tailandesa Pratana Dilsyatat argumentó que algunas de las zonas afectadas se habían establecido como albergues temporales en tierras tailandesas en la década de 1970.

Ke Sovann, embajador de Camboya y representante permanente ante la Oficina de la ONU en Ginebra, rechazó esa versión. Citó la Convención de 1904 y el Tratado de 1907 como base jurídica de las fronteras reconocidas y dijo que el desplazamiento se debía a los ataques de 2025.

Para la población civil, la consecuencia práctica es que una línea de alto el fuego no supone necesariamente una ruta abierta hacia el hogar. La actualización de octubre mencionó la aldea de Rong Cham entre los lugares donde siguen desplazadas algunas personas, junto con albergues temporales y campamentos seguros. No ofreció un calendario de reapertura del acceso para cada localidad.

Los riesgos de explosivos persisten tras el alto el fuego

El Centro Camboyano de Acción contra las Minas ha advertido que las municiones sin explotar podrían seguir representando una amenaza para la población civil después del acuerdo de paz. Se entiende por municiones sin explotar las bombas, los proyectiles u otros artefactos que no detonaron al ser utilizados, pero que aún podrían explotar si se los mueve o altera.

Este es un obstáculo distinto de los alambres de púas. Retirar una barrera física no demuestra que una vivienda, una carretera o un campo sean seguros. Una familia puede obtener permiso para entrar en su aldea y, aun así, enfrentar riesgos de explosivos en los lugares donde vive y trabaja.

Andrews, el relator especial de la ONU, dijo que durante su visita a la frontera vio viviendas con impactos de bala y una bomba entre los escombros. Al referirse a la urgencia de abordar el desplazamiento, afirmó:

«Esta crisis debe abordarse lo antes posible debido al sufrimiento humano que implica».

El International Crisis Group señala que la cooperación en las tareas de desminado está suspendida desde los combates de 2025, pese a que el acuerdo de alto el fuego contempla esas labores. Tailandia también ha expresado preocupación por la colocación reciente de minas terrestres y sostiene que la comunidad internacional no ha tenido suficientemente en cuenta su versión sobre esos incidentes.

La distinción entre minas terrestres y municiones sin explotar es importante para identificar y retirar los riesgos, pero ambos pueden impedir el desplazamiento seguro de la población civil. La actualización de octubre sobre el desplazamiento no incluye un calendario de desminado completado ni una fecha en la que pueda declararse segura a cada comunidad afectada.

Regresar al hogar no significa que se hayan restablecido los servicios

El inventario de daños del Ministerio del Interior muestra por qué reabrir el acceso no basta para completar la recuperación. Además de 1.558 viviendas dañadas, registró daños en 26 escuelas y 14 hospitales y centros de salud. También resultaron afectadas carreteras, puentes, redes de suministro de agua e infraestructura de transmisión eléctrica.

Una evaluación independiente de junio documentó instalaciones que seguían cerradas en tres provincias fronterizas. En Oddar Meanchey había ocho escuelas y cinco hospitales o centros de salud cerrados. En Banteay Meanchey, cinco escuelas y un centro de salud aún no habían reabierto. En Preah Vihear, siete escuelas y dos hospitales o centros de salud permanecían cerrados.

En total, en junio seguían cerradas 20 escuelas y ocho centros de salud en las tres provincias. Estas cifras de cierres no deben equipararse con los totales de daños de octubre: miden cosas distintas y corresponden a fechas diferentes. Un edificio dañado puede reabrir, mientras que un centro puede seguir cerrado por las condiciones de acceso o seguridad.

El ministerio también informó de daños en edificios administrativos, lugares religiosos, el templo de Preah Vihear y otros templos antiguos a lo largo de la frontera. No especificó el alcance de los daños en cada monumento, los costos de reparación ni los plazos de restauración.

El conjunto de cifras muestra los límites de usar el total de retornos como única medida de la recuperación. Volver a casa es un paso. Contar con agua, transporte, educación y atención médica fiables es otro, y la actualización de octubre no establece cuántos hogares que han regresado disponen de todos esos servicios.

Aldeas temporales y derecho al retorno

El presidente del Senado, Hun Sen, quien se desempeñaba como jefe de Estado interino, describió el alojamiento para las personas desplazadas como «aldeas de espera». Dijo que su propósito era ofrecer seguridad y estabilidad mientras las familias esperaban las condiciones que les permitieran regresar a sus comunidades de origen, no convertirse en asentamientos permanentes.

La declaración ministerial de junio señaló que los residentes habían quedado separados de sus tierras agrícolas, negocios y escuelas. Esto convierte el desplazamiento en algo más que un problema de vivienda: contar con un albergue no restablece el acceso a la tierra, el trabajo o las rutinas que sostenían la vida cotidiana antes de los combates.

Al hablar de los derechos de las personas civiles desplazadas tras su visita a la frontera, Andrews dijo:

«El derecho internacional es muy claro: quienes han sido desplazados en una situación como esta, en un conflicto, tienen derecho a regresar a sus hogares».

Ante el Consejo de Derechos Humanos, pidió que las comunidades afectadas pudieran regresar a un entorno estable y seguro y recuperar los medios de vida interrumpidos. Representantes de Camboya y de la ASEAN también pidieron que se aplicara la declaración conjunta del 27 de diciembre, incluidas sus disposiciones sobre el retorno de civiles y los medios de vida.

Andrews dijo que su labor se centraría en las consecuencias del conflicto para los derechos humanos, no en determinar quién fue responsable de iniciar las hostilidades. Esa distinción deja sin resolver la disputa territorial, mientras mantiene la protección de la población civil y el acceso en el centro de su evaluación.

Las negociaciones territoriales y los procedimientos marítimos son asuntos separados

El informe del International Crisis Group, titulado Hacia una distensión en el conflicto fronterizo entre Camboya y Tailandia, identifica el estancamiento diplomático como un riesgo persistente para el alto el fuego. Recomienda restablecer las relaciones diplomáticas normales, reanudar los trabajos sobre la frontera y renovar la cooperación en las tareas de desminado.

La Comisión Conjunta de Fronteras opera en el marco de un memorando de entendimiento de 2000 que regula los estudios y la delimitación de la frontera terrestre. El International Crisis Group señala que se ha logrado delimitar unos 600 kilómetros de los aproximadamente 800 kilómetros de frontera, por lo que quedan pendientes unos 200 kilómetros. Según esas cifras, se ha delimitado cerca de tres cuartas partes.

La delimitación consiste en establecer la frontera, mientras que la demarcación implica identificarla o marcarla sobre el terreno. La comisión ofrece un mecanismo para el trabajo técnico, pero, según el International Crisis Group, no tiene el mandato ni los medios para resolver por sí sola el bloqueo político.

Otra disputa se refiere a las reclamaciones marítimas superpuestas. Según el informe, Tailandia se retiró en mayo de 2026 del memorando de entendimiento de 2001 que abordaba esas reclamaciones, lo que llevó a Camboya a iniciar un procedimiento obligatorio de conciliación conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, conocida como CONVEMAR.

La conciliación obligatoria es un proceso jurídico destinado a ayudar a las partes a alcanzar un acuerdo, no a imponer una sentencia vinculante. El International Crisis Group señala que concluirá en al menos un año. No establece un calendario directo para reabrir las aldeas de la frontera terrestre, y el informe indica que Tailandia suspendió posteriormente su participación en los mecanismos bilaterales sobre la frontera terrestre.

Lo que sigue sin resolverse

El alto el fuego ha permitido el regreso de cientos de miles de camboyanos, pero no se ha anunciado una fecha para el retorno de todas las personas que siguen desplazadas. Las cifras de octubre del ministerio tampoco ofrecen un desglose completo de los residentes que quedan por localidad ni explican cómo se relaciona su recuento con los totales más bajos citados ante la ONU.

Aún no se han comunicado varios hitos prácticos: cuándo se reabrirán las rutas bloqueadas, qué zonas se han despejado de explosivos, cuántas instalaciones públicas dañadas vuelven a funcionar y qué reparaciones necesitan los distintos sitios patrimoniales. Sin esos detalles, la reducción del desplazamiento no ofrece una descripción completa de la recuperación.

El International Crisis Group advierte que las acusaciones mutuas, la suspensión de la cooperación técnica y las presiones políticas internas podrían hacer que un incidente menor desencadene nuevos combates. Sus propuestas son recomendaciones, no un calendario acordado. No se ha especificado una fecha para la próxima reunión de la Comisión Conjunta de Fronteras ni un plazo para completar el desminado.

Sokhonn, ministro de Asuntos Exteriores de Camboya, pidió en Ginebra que se aplicaran los acuerdos existentes, que las fuerzas tailandesas se retiraran del territorio camboyano y que las disputas se resolvieran pacíficamente conforme al derecho internacional. Al explicar el enfoque que buscaba Camboya, dijo:

«Solo un enfoque de este tipo permitirá que los dos pueblos convivan en paz, estabilidad y respeto mutuo».

Para las familias que aún esperan, la prueba inmediata es que los compromisos del alto el fuego se traduzcan en un acceso seguro a sus hogares y medios de vida. El regreso de aproximadamente 625.000 personas representa un avance considerable, pero el desplazamiento que persiste demuestra que el fin de los combates no ha puesto fin a sus consecuencias para la población civil.

Puntos clave

• La actualización del 7 de octubre del Ministerio del Interior de Camboya informó de que unas 24.000 personas seguían desplazadas y aproximadamente 625.000 habían regresado a sus hogares.
• La cifra pendiente bajó de 65.174 personas en febrero a 28.460 en junio, aunque otras declaraciones públicas ofrecen estimaciones distintas.
• Las barreras, las posiciones militares y los riesgos de explosivos siguen dificultando el retorno a algunas comunidades fronterizas.
• El ministerio informó de daños en 1.558 viviendas, 26 escuelas, 14 centros de salud, 87 tramos de carretera y cinco puentes.
• Camboya y Tailandia mantienen disputas sobre las reclamaciones territoriales y las circunstancias que impiden el retorno de la población civil.
• La cooperación en el desminado y los trabajos sobre la frontera terrestre siguen estancados, y no se ha anunciado una fecha para el regreso de todas las familias desplazadas.