Un cargo restante y varias cifras patrimoniales controvertidas
El 13 de octubre de 2026, el proceso de destitución contra la vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, se redujo a un solo artículo, con una evaluación financiera controvertida de 817,87 millones de pesos filipinos en el centro de las actuaciones. El tribunal de destitución del Senado aceptó que la acusación retirara los artículos 1, 3 y 4, y dejó en pie el artículo 2, que se refiere a presunto patrimonio sin justificar, declaraciones inexactas de bienes e intereses comerciales prohibidos.
Contenido
- Un cargo restante y varias cifras patrimoniales controvertidas
- Por qué la acusación retiró tres artículos
- Qué examinó Cabrera y qué información le faltaba
- Los saldos bancarios no representan todos lo mismo
- ¿Una casilla de efectivo vacía significa que no había efectivo?
- Cómo podría aumentar la estimación hasta 1.500 millones de pesos
- Ingresos corporativos y pasivos faltantes
- Retiros, cheques y gastos personales
- Una investigación inmobiliaria aparte y otra negativa
- La cronología y las cuestiones aún sin resolver
- Puntos clave
La decisión se produjo tras el contrainterrogatorio de Alexander Cabrera, experto forense financiero de la acusación y presidente emérito de Isla Lipana & Co., PwC Filipinas. Durante su testimonio, del que se informó el 12 de octubre, en el día 38 del juicio, la abogada de la defensa Kristine Ferrer cuestionó si documentos bancarios incompletos, registros de préstamos faltantes y suposiciones sobre las declaraciones patrimoniales podían respaldar sus conclusiones.
Cabrera sostuvo que su evaluación de Duterte y su esposo, el abogado Manases Carpio, se basaba en los registros financieros examinados por su equipo. También reconoció que la revisión no abarcó todos los documentos bancarios, no incluyó documentos entregados directamente por la pareja y no comprendió entrevistas con ellos, sus contadores ni sus auditores.
Ahora es necesario distinguir cuidadosamente tres cifras: el cálculo original del experto, de 817.874.867 pesos, para el período de 2022 a 2025; una estimación hipotética máxima de unos 1.500 millones de pesos; y los 463.046.459 pesos que, según dijo el presidente del tribunal, Francis «Chiz» Escudero, quedarían al excluir del cálculo original los componentes corporativos. Ninguna constituye una conclusión judicial definitiva. Duterte niega las acusaciones y ha acusado a la fiscalía de fabricar pruebas.
Por qué la acusación retiró tres artículos
La fiscal principal y representante de Batangas, Gerville «Jinky Bitrics» Luistro, dijo que el artículo restante podía respaldar por sí solo la petición de la acusación de apartar a Duterte del cargo. Su declaración dejó claro que la fiscalía concentraría su caso en las pruebas financieras.
«La fiscalía considera que ha presentado pruebas suficientes para que el artículo 2 se sostenga por sí solo. Estamos poniendo todo nuestro empeño aquí».
El tribunal aceptó el retiro y dijo que Duterte no tendría que presentar pruebas en su defensa contra los artículos 1, 3 y 4, pues estos ya no se someterían a votación ni a veredicto. Esa decisión procesal no significó que se hubiera demostrado el artículo 2.
La abogada principal de la defensa, Sheila Sison, se opuso y argumentó que los retiros impedían que Duterte tuviera una oportunidad suficiente para responder a las acusaciones. La fiscalía ya había reducido el número de testigos previstos y renunciado a 15 de los 27 que había incluido inicialmente para el cargo relacionado con los fondos confidenciales; además, antes había retirado el cargo de soborno del artículo III. Cabrera fue el último testigo de la acusación en la presentación de su caso.
Qué examinó Cabrera y qué información le faltaba
El equipo de Cabrera analizó las declaraciones de activos, pasivos y patrimonio neto, conocidas como SALN, de 2022 a 2025; registros del Consejo contra el Lavado de Dinero; declaraciones de impuestos sobre la renta; registros bancarios, y estados financieros de empresas en las que, presuntamente, la pareja tenía intereses. Una SALN registra los bienes, las deudas y el patrimonio neto de un funcionario público, lo que permite comparar lo declarado con otros registros.
El equipo comenzó a trabajar en junio con materiales que incluían registros del Consejo contra el Lavado de Dinero. La fiscalía empezó a entregar documentos bancarios durante la segunda semana de septiembre, por lo que el equipo tuvo unas tres semanas para examinar los registros requeridos por citación judicial antes de presentar el informe.
Cabrera dijo que el equipo había intentado localizar documentos de respaldo en la respuesta de la pareja a la denuncia de destitución, pero no encontró ninguno. No recordaba haber visto cartas de remisión de la fiscalía y no había proporcionado una lista de los documentos recibidos. Esas admisiones dejan dudas sobre la exhaustividad y la documentación de la revisión, pero no demuestran por sí solas que una operación bancaria determinada fuera falsa.
Ferrer también preguntó por registros incompletos de conocimiento del cliente, los documentos que los bancos utilizan para identificar a sus clientes y entender sus cuentas. Cabrera reconoció que los recibió de algunos bancos, pero no de todos. No envió cartas de confirmación independiente de las cuentas porque carecía de autorización de sus titulares; en su lugar, señaló que ya habían declarado representantes bancarios.
La distinción es importante: un testigo bancario puede establecer el origen de un registro, mientras que un experto financiero debe explicar por separado su significado. Ni la autenticación ni el análisis pericial resuelven automáticamente la falta de registros, la titularidad controvertida o el tratamiento adecuado de las deudas.
Los saldos bancarios no representan todos lo mismo
La fiscalía dijo que Duterte y Carpio mantenían 30 cuentas activas en ocho bancos: LandBank, Asia United Bank, PSBank, Metrobank, Security Bank, BPI, PNB y BDO. Durante la presentación de pruebas el 6 de octubre, día 34, el fiscal privado James Bryan Ibrahim Alih describió saldos anuales conjuntos al cierre que sumaban más de 190 millones de pesos entre 2022 y 2025.
El testimonio bancario posterior aportó cifras más precisas: 59,02 millones de pesos en 2022, 71,38 millones en 2023, 22,24 millones en 2024 y 39,09 millones en 2025. En total, suman 191,73 millones. Sumar los saldos de años sucesivos no demuestra que la pareja tuviera esa cantidad en un solo momento, ya que el dinero que permanece en una cuenta puede aparecer en más de un registro anual.
Los informes describen de distinta manera la cifra de 190 millones de pesos citada por la fiscalía. Uno la presenta como el total de cuatro saldos anuales; otro dice que la fiscalía la describió como el saldo conjunto a finales de 2025, aunque también informa que el testimonio bancario fijó el saldo de ese año en 39,09 millones. Un informe anterior situó el saldo de 2025 en más de 35 millones.
El informe de Cabrera utiliza otras cifras para el efectivo presuntamente no declarado: 60,21 millones de pesos en 2022, 80,70 millones en 2023, 23,17 millones en 2024 y 43,61 millones en 2025, con un total informado de 207,70 millones. Las cifras anuales redondeadas suman 207,69 millones. La diferencia más amplia entre el cálculo de efectivo de Cabrera y los saldos presentados por los testigos bancarios no se ha conciliado en el testimonio del que se ha informado.
¿Una casilla de efectivo vacía significa que no había efectivo?
Uno de los principales cuestionamientos de la defensa se refiere al tratamiento que Cabrera dio a las SALN. Comparó los saldos bancarios al final de cada año con el efectivo declarado por Duterte y asignó una cifra de cero porque no se especificaba una cantidad de efectivo por separado.
Esta explicación es más acotada que la afirmación de la fiscalía de que Duterte declaró cero efectivo disponible y cero efectivo en el banco. Karen Batu, responsable de la División de Registros de la Oficina del Ombudsman, declaró que las declaraciones conjuntas de la pareja no incluían efectivo declarado en el banco ni disponible entre 2019 y 2025.
Ferrer preguntó si el dinero podía haberse incluido en otra categoría de la SALN. Cabrera reconoció que era posible, pero dijo que no había indicios de tal declaración. Por tanto, la disputa se refiere tanto al contenido de las declaraciones como al tratamiento contable de una casilla vacía. Se reconoció la posibilidad de que el dinero se hubiera incluido en otro apartado, pero no se demostró que así fuera.
La defensa también examinó cómo se agruparon las cuentas. La tabla 1 de Cabrera abarcaba cuentas atribuidas a Duterte; la tabla 2, las de Carpio; la tabla 3, sus cuentas conjuntas, y la tabla 4, las de 888 Bistro, empresa unipersonal de Carpio. Las tablas indicaban números de cuenta, pero no incluían columnas separadas que reprodujeran los nombres de los titulares que figuraban en los extractos bancarios. Cabrera sostuvo que Duterte aparecía como titular de las cuentas asignadas a su tabla.
El 6 de octubre, Eunice Sumatra, responsable de la sucursal de LandBank en San Pedro-Davao, presentó registros de nómina y retiros. Escudero determinó que los registros bancarios y de seguros presentados acreditaban su existencia y procedencia sin necesidad de más testimonios, pero permitió expresamente que se cuestionaran su exactitud o posibles irregularidades. Sison también pidió que las cuentas se describieran como presuntas mientras la defensa no presentara sus pruebas.
Cómo podría aumentar la estimación hasta 1.500 millones de pesos
Escudero preguntó a Cabrera cuánto podría aumentar la evaluación si flexibilizaba los supuestos conservadores de su informe original. Cabrera dio como posible máximo unos 1.500 millones de pesos; no se trataba de un informe sustitutivo ni de una conclusión definitiva revisada.
Las adiciones propuestas incluían unos 475 millones de pesos en fondos confidenciales correspondientes a dos años, cerca de 100 millones en discrepancias adicionales relacionadas con registros del Consejo contra el Lavado de Dinero y un ajuste de GenCorp Industries que, según se informó, ascendía a unos 250 millones. Los fondos confidenciales son fondos públicos; para considerarlos patrimonio personal se necesitaría una justificación fáctica y jurídica que fuera más allá de demostrar que una oficina los recibió.
Cabrera citó el caso Martinez v. Sandiganbayan al hablar de fondos públicos que no se habían liquidado debidamente, es decir, contabilizado mediante la documentación exigida. Su referencia al fallo no demostró que debieran incluirse los 475 millones de pesos en el patrimonio personal de Duterte.
El cálculo de GenCorp también depende de supuestos sobre la titularidad. Cabrera atribuyó inicialmente a Duterte una participación del 20 %, sobre la base de declaraciones juradas y acuerdos comerciales anteriores. El cálculo más amplio utilizó una participación supuesta del 45 %, además de ajustes a los ingresos presuntamente no declarados de la empresa.
Los informes describen de distintas maneras los 250 millones de pesos: algunos los presentan como el aumento resultante del ajuste, mientras que otro los describe como la cantidad asociada a la participación supuesta del 45 %. Si se sumaran 475 millones, 100 millones y 250 millones a los 817,87 millones originales, el resultado sería de unos 1.640 millones, no de 1.500 millones. La explicación publicada no ofrece una conciliación completa; por tanto, el máximo debe entenderse como un escenario aproximado, no como una cifra definitiva.
Ingresos corporativos y pasivos faltantes
La evaluación original incluía ingresos atribuidos a intereses comerciales en GenCorp, Cale88 Foods y una empresa identificada generalmente como Metro City Chow Foods. Un informe la llama Metro Chow King Foods, lo que deja una discrepancia en la identidad corporativa mencionada que no debe considerarse resuelta sin más.
Cabrera atribuyó unos 212,63 millones de pesos a GenCorp y otros 142,2 millones a las otras dos empresas. Escudero puso a prueba el cálculo al excluir los componentes corporativos. Dijo que quedarían 463.046.459 pesos, aproximadamente el 56,6 % de los 817.874.867 pesos del cálculo original, correspondientes a otros componentes, como cuentas bancarias y pólizas de seguro. Cabrera estuvo de acuerdo.
Esto respalda un argumento más acotado de la fiscalía: según el cálculo de Cabrera, rechazar todas las atribuciones corporativas no eliminaría la totalidad de la presunta discrepancia. No demuestra que el monto restante sea correcto ni exime al tribunal de examinar los supuestos subyacentes.
Cabrera describió su enfoque como un levantamiento del velo corporativo. Este concepto jurídico permite ignorar la personalidad jurídica separada de una empresa en circunstancias en las que se está haciendo un uso indebido de ella. La decisión de un experto de atribuir ingresos empresariales a personas físicas no determina por sí sola que se haya cumplido este criterio legal.
Los pasivos plantean otra cuestión sin resolver. Cabrera reconoció que el informe incluía bienes e ingresos presuntamente no declarados, pero no pasivos no declarados. No tenía autorización para consultar sobre préstamos bancarios pendientes y no había recibido documentos de préstamos. Durante ese intercambio no se demostró la existencia de ningún préstamo pendiente concreto ni se estableció un saldo corregido de cuenta.
Aun así, aceptó que los pasivos acreditados, incluidos impuestos impagados y otras cuentas por pagar, debían deducirse de la estimación baja o de la alta. Hasta que se identifiquen y calculen esos montos, ambas estimaciones pueden modificarse.
Retiros, cheques y gastos personales
Cabrera señaló un retiro en efectivo de 41 millones de pesos de las cuentas de Carpio, efectuado el 6 de agosto de 2024 en aproximadamente una hora y 13 minutos. Consideró inusual la operación porque el efectivo deja menos rastro visible que una transferencia bancaria o un cheque de gerencia.
El senador Francis «Kiko» Pangilinan señaló que el retiro se produjo seis días después de que se presentaran cargos por drogas contra Carpio en relación con el caso del elevador magnético. También mencionó la salida de Duterte del cargo de secretaria de Educación el 19 de julio de 2024. El testimonio no demostró que el retiro estuviera relacionado con ninguno de esos hechos.
La defensa también cuestionó los cheques de gerencia que la fiscalía vinculó a un presunto intento de reducir los saldos a fin de año. El contrainterrogatorio se refirió a una cuenta conjunta de Duterte y su padre, el expresidente Rodrigo Duterte. Cabrera reconoció que ninguna de las solicitudes de cheques de gerencia llevaba la firma de Sara Duterte.
Carpio también rechazó las insinuaciones de que las compras con tarjeta de crédito en Japón y Malasia fueran gastos de Duterte o estuvieran relacionadas con sus funciones. Dijo que pagaba sus gastos personales con su propio dinero y que cubrió algunos gastos durante un viaje grupal a Japón porque algunos acompañantes no tenían efectivo; después, el grupo compartió los costos.
Carpio, esposo de Duterte y abogado, expresó directamente su posición:
«Fueron gastos personales que pagué con mi propio dinero para fines específicos. No deben presentarse de forma engañosa como gastos de la vicepresidenta Sara Duterte ni vincularse con sus funciones oficiales».
La fiscalía también citó un informe del Consejo contra el Lavado de Dinero sobre operaciones señaladas por un valor de 4.400 millones de pesos y asociadas a Duterte y sus familiares. Los montos de las operaciones señaladas no equivalen al patrimonio personal. Cabrera describió las transferencias repetidas a través de Cale88 pese a las pérdidas continuas como una posible señal de alerta, no como prueba de lavado de dinero.
Una investigación inmobiliaria aparte y otra negativa
Paralelamente al proceso de destitución, el director de la Oficina Nacional de Investigación, Melvin Matibag, presentó conclusiones preliminares sobre propiedades el 12 de octubre. Dijo que un terreno agrícola en Catigan, ciudad de Davao, declarado por 890.000 pesos, se había valorado en entre 50 y 60 millones de pesos tras una inspección.
Esas estimaciones equivalen aproximadamente a entre 56 y 67 veces el monto declarado. La comparación es llamativa, pero la información presentada no estableció que la declaración y la inspección utilizaran la misma base o fecha de valoración.
Matibag dijo que la familia Duterte tenía 121 propiedades en la ciudad de Davao y Davao del Norte, 24 de las cuales, atribuidas a Sara Duterte, eran objeto de investigación. Se seleccionaron unas 14 propiedades identificadas en sus SALN para inspeccionarlas sobre el terreno. El total de propiedades de la familia no debe confundirse con las atribuidas a la vicepresidenta.
Duterte negó ser propietaria del terreno que aparecía en la presentación de la Oficina Nacional de Investigación, sin especificar a cuál de las propiedades se refería. En un comunicado, la vicepresidenta dijo:
«El terreno de la foto que, según él, aparece en mi Declaración de activos, pasivos y patrimonio neto no es mío».
La investigación de la Oficina Nacional de Investigación también tomó en cuenta las acusaciones del exagente de policía destituido Rodulfo Gracioso Jr., cuyo servicio en el equipo de seguridad del expresidente de la Cámara de Representantes Lord Allan Velasco fue confirmado por la policía. Gracioso alegó que se habían entregado más de 2.000 millones de pesos a Sara Duterte en más de 20 operaciones de entre 20 y 50 millones cada una, y que se habían hecho entregas a Paolo y Rodrigo Duterte entre 2018 y 2020. Sara Duterte niega conocerlo o haber recibido dinero de él.
Matibag negó que hubiera motivaciones políticas y dijo que las conclusiones iniciales podrían presentarse a la Oficina del Ombudsman y al Departamento de Justicia durante la semana. Ese era un plazo previsto para la presentación, no la confirmación de que se hubieran presentado conclusiones o formulado cargos.
La cronología y las cuestiones aún sin resolver
La revisión financiera y el proceso judicial se desarrollaron durante varios meses. Distinguir entre la recopilación de documentos, el testimonio y las decisiones procesales ayuda a entender por qué las cifras más recientes siguen siendo controvertidas.
- Junio: el equipo de Cabrera comenzó a revisar materiales, incluidos registros del Consejo contra el Lavado de Dinero.
- Segunda semana de septiembre: la fiscalía comenzó a entregar documentos bancarios, por lo que hubo unas tres semanas para examinarlos.
- 6 de octubre, día 34: la fiscalía presentó pruebas bancarias relacionadas con 30 cuentas en ocho bancos.
- 12 de octubre, día 38: Cabrera fue sometido a contrainterrogatorio y habló de un máximo hipotético de 1.500 millones de pesos. La Oficina Nacional de Investigación también presentó conclusiones preliminares sobre propiedades.
- 13 de octubre de 2026: el tribunal de destitución del Senado aceptó el retiro de los artículos 1, 3 y 4, y dejó en pie el artículo 2.
El caso restante depende de algo más que la cifra más alta de los titulares. El tribunal debe evaluar la atribución de las cuentas, las diferencias entre los saldos bancarios y los cálculos de efectivo del experto, el tratamiento de los apartados omitidos de las SALN, los supuestos sobre la titularidad de las empresas y cualquier pasivo acreditado.
La defensa también ha cuestionado si la entrega de los registros planteaba problemas en virtud de la Ley contra el Lavado de Dinero, la Ley de Secreto Bancario y el Código Nacional de Ingresos Internos. Cabrera dijo que su tarea consistía en recibir y analizar documentos y que el asunto se había debatido en las actuaciones de la Cámara de Representantes. Esa respuesta no constituyó un nuevo fallo judicial sobre el cuestionamiento jurídico.
La información publicada no especifica una fecha para la votación final, una nueva audiencia de la defensa ni el cálculo definitivo de los pasivos. El posible envío del informe de la Oficina Nacional de Investigación durante la semana es el único plazo próximo mencionado. Por tanto, las acusaciones, las negativas y los escenarios contables siguen siendo distintos de una determinación definitiva de responsabilidad.
Puntos clave
- El artículo 2 es el único artículo de destitución que sigue en pie tras los retiros aceptados el 13 de octubre de 2026.
- La evaluación original de Cabrera señala bienes e ingresos no declarados por 817,87 millones de pesos entre 2022 y 2025.
- La cifra de 1.500 millones de pesos es una estimación hipotética máxima, no una conclusión sustitutiva.
- La defensa cuestionó los registros incompletos, los supuestos sobre la declaración de efectivo, la atribución de las cuentas y los pasivos faltantes.
- Los saldos bancarios anuales, los cálculos acumulados de efectivo y las operaciones señaladas miden cosas distintas y no deben tratarse como cifras intercambiables.
- Duterte niega las acusaciones y cuestiona que sea propietaria de un terreno mostrado por la Oficina Nacional de Investigación.
- No se ha informado de un veredicto definitivo ni de una conciliación completa de las cifras controvertidas.
