Tres condenas a muerte en casos relacionados con 12.200 millones de yuanes
Tribunales chinos condenaron a muerte a Wei Huairen, Chen Dawei y Liao Jingfang en casos relacionados con complejos criminales en la región de Kokang, en Myanmar, fondos procedentes del juego y el fraude que superan los 12.200 millones de yuanes y la muerte de ciudadanos chinos. Las sentencias de primera instancia, anunciadas el 13 de octubre de 2026, también impusieron cadena perpetua a tres acusados y penas de prisión a otros 55.
Contenido
- Tres condenas a muerte en casos relacionados con 12.200 millones de yuanes
- Quiénes fueron condenados y quiénes afrontan procesos separados
- Cómo la protección armada respaldaba los complejos
- Qué dijeron los tribunales sobre las muertes
- Por qué China puede juzgar delitos cometidos en Myanmar
- La sentencia contra la familia Bai muestra la magnitud de un caso anterior
- El caso Ming y los vínculos políticos
- Cómo avanzaron los procesos
- Qué muestran las cifras de la campaña más amplia
- Lo esencial
El Tribunal Popular Intermedio de Quanzhou y el Tribunal Popular de Nan'an, ambos en la provincia china de Fujian, dictaron las sentencias contra miembros de la red criminal de la familia Wei. En total, 61 personas recibieron condenas. Las penas de prisión oscilaron entre tres años y tres meses y 24 años; también se impusieron multas, decomiso de bienes y deportación, cuando correspondía.
Los tribunales describieron dos grupos criminales que utilizaron la influencia y las fuerzas armadas de la familia Wei para establecer y proteger complejos en Laukkaing, la principal localidad de Kokang, en la frontera de Myanmar con China. Sus actividades iban más allá de las estafas en línea e incluían casinos ilegales, extorsión, prostitución, tráfico de drogas y organización de cruces fronterizos ilegales.
Las sentencias forman parte de una campaña china más amplia contra las familias criminales de Kokang, cuyos negocios combinaban influencia política local, protección armada y operaciones de fraude dirigidas contra personas en el extranjero. En procesos anteriores se juzgó a las familias Bai y Ming; según informes, algunos acusados fueron ejecutados posteriormente.
Las últimas sentencias son condenas a muerte, no anuncios de ejecuciones. Se dictaron en primera instancia. Los informes sobre estos fallos no indican el resultado de apelaciones, la aprobación definitiva de las penas de muerte ni una fecha de ejecución.
Quiénes fueron condenados y quiénes afrontan procesos separados
Wei Huairen fue identificado como líder de uno de los dos grupos. Chen Dawei y Liao Jingfang también recibieron condenas a muerte, aunque el relato detallado de las conclusiones del tribunal no especifica la conducta individual de Liao.
Wei Qingtao, Kang Min y Xiong Hengxing fueron condenados a cadena perpetua. Entre los otros 55 acusados estaban Su Hongxiang, Deng Zida y Chen Longjiang. Las distintas penas reflejan las conclusiones sobre la conducta individual, no un castigo único para todas las personas vinculadas a la red.
El primer grupo estaba encabezado por Wei Huairen y Wei Qingsong. Entre sus miembros destacados figuraban Chen Longjiang, descrito como un subordinado cercano, y los jefes de las fuerzas armadas Cha Guicheng y Yan Longdi. Wei Qingsong, Cha Guicheng y Yan Longdi afrontan procesos separados.
La segunda organización, conocida como el grupo criminal Henry, estaba encabezada por Wei Rong, Wei Qinghai y Wei Qingtao. Su Hongxiang, un familiar, y Deng Zida, un subordinado cercano, figuraban entre sus miembros destacados. Los procesos contra Wei Rong y Wei Qinghai también son independientes.
Estas distinciones importan porque las 61 condenas no ponen fin a todos los procesos relacionados con la familia Wei. Los tribunales concluyeron que acusados como Wei Huairen y Wei Qingtao habían organizado, dirigido o participado en grupos criminales y habían cometido delitos incluidos en siete categorías, entre ellos homicidio intencional y fraude.
Cómo la protección armada respaldaba los complejos
Según las conclusiones judiciales descritas en los informes sobre las sentencias, los dos grupos operaban desde 2019. Aprovecharon la posición de la familia Wei en Kokang para establecer varios complejos en Laukkaing y atraer a operadores criminales, a quienes proporcionaban protección armada.
Los grupos cometían delitos por su cuenta o en colaboración con esos operadores. Este sistema vinculaba a los propietarios y protectores de los complejos con las personas que dirigían las estafas, las apuestas y otros negocios ilegales en su interior. Por tanto, el proceso iba más allá de juzgar a estafadores individuales que usaban teléfonos o computadoras.
Un informe sitúa las operaciones de la red en 14 grandes complejos. El relato más detallado de las sentencias menciona varios complejos, pero no ofrece esa cifra. Según los informes, parte del reclutamiento se hacía con falsas promesas de salarios elevados para atraer a ciudadanos chinos a Myanmar.
Las personas que trabajan en estos complejos pueden encontrarse en situaciones muy distintas. Algunas participan voluntariamente en el fraude, mientras que otras son víctimas de trata, permanecen confinadas y son obligadas a cometerlo. Los informes describen ambos patrones en la industria regional de las estafas, pero no determinan cuántas personas en los complejos de la familia Wei pertenecían a cada categoría.
La cifra de 12.200 millones de yuanes también debe interpretarse con cautela. El relato judicial detallado la describe como fondos relacionados con el juego y el fraude, no como una medición auditada por separado de las ganancias o de las pérdidas sufridas por las víctimas. Los informes convierten la misma cantidad en yuanes a aproximadamente 1.700 o 1.800 millones de dólares. Las estimaciones en dólares difieren, pero la cifra original en moneda china coincide.
Qué dijeron los tribunales sobre las muertes
La descripción más detallada de las conclusiones sobre la familia Wei atribuye cuatro muertes de ciudadanos chinos a los grupos criminales. Señala que sus miembros se confabularon con redes de fraude en telecomunicaciones para matar a personas implicadas en estafas que se negaban a cumplir sus órdenes, lo que causó dos muertes.
También señala por separado que Chen Dawei utilizó fuerzas armadas bajo su control para matar indiscriminadamente, lo que causó la muerte de otros dos ciudadanos chinos. Este relato vincula las condenas con la violencia utilizada tanto para hacer cumplir órdenes como en acciones armadas.
Un informe más breve dice que la banda mató al menos a dos ciudadanos chinos. Se trata de una descripción más limitada que la cifra de cuatro muertes consignada en el relato detallado, no necesariamente de una cifra contradictoria. Esta distinción no debe perderse al explicar por qué los tribunales impusieron las penas más severas.
Los informes también describen que los investigadores encontraron restos de víctimas atados con alambre de hierro y cráneos con heridas de bala. Esos detalles respaldan los relatos sobre la violencia dentro de la red, pero no establecen un número de muertes adicional a las atribuidas en las conclusiones judiciales.
Los tribunales dijeron que tuvieron en cuenta los hechos, la naturaleza y las circunstancias de los delitos de cada acusado, así como el daño causado a la sociedad. Los informes sobre las sentencias no explican el papel de todos los acusados ni los motivos precisos de cada pena individual.
Por qué China puede juzgar delitos cometidos en Myanmar
Que los complejos estuvieran fuera de China no impide por sí solo que los tribunales chinos juzguen estos delitos. Huo Zhengxin, profesor de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China, dijo que el caso se ampara en el artículo 8 del Código Penal chino, que contempla la jurisdicción protectora.
La jurisdicción protectora permite que un país, en determinadas condiciones, aplique su legislación penal a conductas cometidas en el extranjero que perjudiquen al Estado o a sus ciudadanos. Según la explicación de Huo, el artículo 8 puede aplicarse a ciudadanos extranjeros que cometan delitos fuera de China contra China o sus ciudadanos, cuando la pena mínima prevista por la legislación china sea de al menos tres años de prisión. Incluye una excepción para los casos en que la conducta no sea punible según la legislación del lugar donde ocurrió.
Huo describió así el fundamento jurídico:
«La jurisdicción protectora también es un fundamento de jurisdicción ampliamente reconocido en el derecho internacional», dijo Huo.
Esta explicación aclara por qué un tribunal chino puede juzgar un caso de este tipo. No significa que todos los delitos cometidos en el extranjero queden automáticamente bajo jurisdicción china ni que la presencia de una víctima china resuelva por sí sola todas las cuestiones jurídicas.
Huo también explicó que la deportación se aplica a ciudadanos extranjeros y apátridas, no a ciudadanos chinos, y que excluye a los extranjeros que tienen derecho a inmunidad diplomática. Cuando se impone junto con una pena de prisión, por lo general se hace efectiva después de cumplir la condena principal o tras la puesta en libertad condicional. Por tanto, no equivale a una expulsión inmediata tras la condena.
La sentencia contra la familia Bai muestra la magnitud de un caso anterior
La comparación oficial más relevante es la sentencia contra la familia Bai del Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen, anunciada el 4 de noviembre de 2025. El tribunal condenó a muerte a Bai Suocheng, Bai Yingcang, Yang Liqiang, Hu Xiaojiang y Chen Guangyi. Li Fushou y Li Zhide recibieron condenas a muerte con suspensión de dos años.
Cinco acusados fueron condenados a cadena perpetua y otros nueve recibieron penas de prisión de entre tres y 20 años. Un informe sitúa estas últimas penas entre 20 y 30 años, pero esa cifra contradice el comunicado oficial del tribunal, que especifica entre tres y 20 años.
El tribunal concluyó que el grupo Bai estableció 41 complejos utilizando la influencia familiar y fuerzas armadas. Los fondos relacionados con sus actividades de juego, fraude y delitos conexos superaron los 29.000 millones de yuanes. La sentencia registró la muerte de seis ciudadanos chinos, el suicidio de otro ciudadano chino y varias personas heridas. Bai Yingcang también participó en el tráfico y la fabricación de aproximadamente 11 toneladas de metanfetamina.
La sentencia oficial abarcó 12 delitos, entre ellos fraude, homicidio intencional, lesiones intencionales, secuestro, extorsión, organización y explotación de la prostitución, y organización de cruces fronterizos ilegales. Al igual que el relato detallado sobre la familia Wei, la cifra financiera se refiere a fondos relacionados con actividades criminales, no simplemente a ganancias netas.
Las condenas a muerte de la familia Bai marcaron un paso importante anterior contra las redes de Kokang. Según las cifras publicadas, el caso Bai involucró más de 29.000 millones de yuanes, mientras que los casos Wei involucraron más de 12.200 millones. Los umbrales respectivos difieren en 16.800 millones de yuanes. Como ambas cifras se expresan como cantidades superiores a esos umbrales, no es posible calcular una proporción exacta entre las dos redes.
El caso Ming y los vínculos políticos
Un proceso separado ante el Tribunal Popular Intermedio de Wenzhou, en la provincia de Zhejiang, se dirigió contra la red de la familia Ming. Según los informes, las sentencias incluyeron 11 condenas a muerte de aplicación inmediata, cinco condenas a muerte con suspensión y penas de entre 24 años y cadena perpetua para otros 23 acusados.
Las conclusiones judiciales vincularon al grupo con al menos 16 muertes y pérdidas financieras superiores a aproximadamente 1.400 millones de dólares. Entre las personas condenadas a muerte estaban Ming Guoping y Ming Zhenzhen, hijo y nieta de Ming Xuechang. Las autoridades de Myanmar dijeron que Ming Xuechang se disparó durante su detención en noviembre de 2023 y que murió posteriormente en el hospital.
Yadanar Maung, portavoz de la organización de defensa Justice For Myanmar, describió los vínculos de la familia con las instituciones militares y políticas locales:
«Los Ming eran figuras clave tanto en la industria de estafas cibernéticas de Kokang como en las instituciones militares locales de Myanmar: la Fuerza de Guardia Fronteriza de Kokang y el partido gobernante, el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo», dijo Yadanar Maung.
Maung pidió sanciones contra el ejército de Myanmar y contra las personas y empresas que están detrás de la industria de las estafas. Su postura vincula los procesos con las estructuras armadas y políticas que respaldaban los complejos, mientras que los casos chinos se centran en probar delitos y atribuir responsabilidades a acusados concretos.
Las familias Bai, Wei, Ming y Liu han sido identificadas como cuatro de los principales centros de poder de Kokang. Los informes vinculan los procesos con los cambios que siguieron a la Operación 1027, una campaña militar lanzada por una alianza de grupos armados étnicos que presentó la lucha contra las operaciones de estafa como uno de sus objetivos.
Cómo avanzaron los procesos
Los casos abarcan años de operaciones en los complejos, detenciones, traslados y juicios. Las fechas ayudan a distinguir las últimas sentencias de fallos anteriores y de los informes posteriores sobre ejecuciones:
- 2019: Los dos grupos Wei iniciaron las actividades criminales descritas en las conclusiones judiciales.
- Noviembre de 2023: Ming Xuechang murió tras ser detenido, según las autoridades de Myanmar.
- 30 de enero de 2024: Los informes sitúan en esta fecha el traslado de Bai Suocheng y otros sospechosos destacados a la custodia china.
- 11 de julio de 2025: Según los informes, comenzaron los juicios del caso Bai.
- 29 de septiembre de 2025: El caso Ming dio lugar a 11 condenas a muerte de aplicación inmediata y cinco con suspensión.
- 4 de noviembre de 2025: El Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen anunció la sentencia contra la familia Bai.
- 13 de octubre de 2026: Los tribunales de Quanzhou y Nan'an anunciaron las sentencias contra la familia Wei.
Los informes sobre las ejecuciones posteriores difieren. Uno sitúa en enero la ejecución de 11 acusados del caso Ming y en febrero la de cuatro acusados del caso Bai. Otro dice que China ejecutó en febrero a 15 miembros de bandas criminales de Myanmar. Esas versiones discrepan sobre el reparto mensual y no deben tratarse como una cronología única verificada.
También importa distinguir entre una condena a muerte de aplicación inmediata y una condena a muerte con suspensión. Una pena suspendida durante dos años es un resultado jurídico distinto, no una ejecución programada para dos años después. Del mismo modo, debe distinguirse una condena a muerte de primera instancia de la conclusión de las apelaciones y de la revisión obligatoria de la pena capital.
Qué muestran las cifras de la campaña más amplia
Según cifras atribuidas al Tribunal Popular Supremo de China, hasta finales de 2025 los tribunales chinos habían concluido juicios de primera instancia en más de 27.000 casos relacionados con operaciones de fraude en telecomunicaciones en el norte de Myanmar y habían condenado a más de 41.000 sospechosos repatriados.
Otro informe dice que durante el año anterior fueron repatriados desde Myanmar más de 7.600 ciudadanos chinos sospechosos de fraude en telecomunicaciones. Esa cifra corresponde a un grupo trasladado durante un período concreto, mientras que la de 41.000 se refiere a personas condenadas en un conjunto más amplio de procesos. No se pueden comparar directamente como si describieran a la misma población.
También se ha citado a la Oficina de Investigación Criminal de China, que dijo que las operaciones conjuntas con Myanmar desde 2023 desmantelaron cuatro grandes bandas criminales en Kokang. Otro indicador mencionado fue la caída anual de los casos chinos de fraude en telecomunicaciones durante 11 meses consecutivos, desde octubre de 2025 hasta agosto de 2026.
Estas medidas muestran la amplitud de la campaña de aplicación de la ley, pero no demuestran que hayan terminado las operaciones de estafa en todo Myanmar. En los propios casos Wei, varios dirigentes identificados aún afrontan procesos separados. No se han especificado las fechas de las próximas audiencias de esos casos, el calendario de apelaciones de los 61 acusados ni un calendario de ejecuciones.
Lo esencial
- Wei Huairen, Chen Dawei y Liao Jingfang recibieron condenas a muerte en fallos anunciados el 13 de octubre de 2026.
- Tres acusados fueron condenados a cadena perpetua y 55 recibieron penas de prisión de entre tres años y tres meses y 24 años.
- Los tribunales vincularon a los grupos Wei con más de 12.200 millones de yuanes en fondos procedentes del juego y el fraude, y con la muerte de cuatro ciudadanos chinos.
- Los complejos operaban en Laukkaing, Myanmar, con protección de fuerzas armadas controladas por la familia Wei.
- La sentencia oficial contra la familia Bai registró 41 complejos y más de 29.000 millones de yuanes en fondos relacionados con actividades criminales.
- Las últimas condenas son sentencias de primera instancia; los informes sobre los fallos no anuncian una fecha de ejecución ni el resultado de apelaciones.
