China condena a muerte a los cabecillas criminales de la familia Bai en una amplia ofensiva

Por qué Pekín actuó con dureza contra las redes criminales de Kokang

Un tribunal chino impuso condenas a muerte a cinco líderes de la familia Bai, una red criminal con sede en Myanmar que durante años convirtió la ciudad fronteriza de Laukkaing en una base de casinos y estafas por internet. El Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen declaró culpables a un total de 21 acusados vinculados a la red por cargos que incluyen fraude, homicidio intencional, lesiones intencionales, organización de la prostitución y organización de cruces fronterizos ilegales. El tribunal nombró entre los condenados a muerte al patriarca, Bai Suocheng, y a su hijo, Bai Yingcang, junto con Yang Liqiang, Hu Xiaojiang y Chen Guangyi.

Los fiscales describieron una empresa de gran alcance. Según las autoridades, los Bai controlaban una milicia y construyeron 41 complejos en la región de Kokang, en Myanmar, para operar casinos y realizar estafas cibernéticas a gran escala. Los investigadores valoraron las actividades delictivas en más de 29.000 millones de yuanes, unos 4.100 millones de dólares, y las vincularon con la muerte de seis ciudadanos chinos, además de un suicidio y múltiples lesiones.

Las condenas representan una de las medidas más contundentes hasta ahora en la campaña de Pekín contra la industria de las estafas en el Sudeste Asiático. La medida se produce después de otro caso en el que un tribunal chino condenó a muerte a miembros de la familia Ming, otro centro de poder de Kokang acusado de dirigir vastas redes de fraude y apuestas. En conjunto, los casos muestran cómo las redes criminales arraigadas en zonas de conflicto de Myanmar se enriquecieron mientras explotaban a trabajadores víctimas de trata y a personas de otros países.

La presión aumentó en 2023, cuando la policía china emitió órdenes de captura contra figuras destacadas y los enfrentamientos fronterizos cambiaron el control del norte de Myanmar. Tras meses de diplomacia y presión en materia de seguridad, las fuerzas armadas de Myanmar entregaron a varios sospechosos, entre ellos Bai Suocheng y Bai Yingcang, a las autoridades chinas a principios de 2024.

Quiénes son los Bai y cómo llegaron al poder

Durante dos décadas, la familia Bai estuvo en el centro de la economía informal de Kokang. Kokang es un enclave de habla china en el estado de Shan, en Myanmar, situado junto a una ruta comercial activa. A medida que la política de Myanmar cambiaba en la década de 2000, los clanes locales estrecharon vínculos con figuras militares, incluido el actual jefe de la junta, Min Aung Hlaing. Los Bai aprovecharon esas relaciones y su propia milicia para dominar los negocios y la política locales. Laukkaing pasó de ser una ciudad remota a convertirse en una concurrida zona de casinos, casas de huéspedes y vida nocturna.

Cuando China endureció los controles sobre las apuestas y los viajes transfronterizos, y los conflictos y la pandemia interrumpieron las anteriores fuentes de ingresos, los Bai se volcaron en las estafas por internet. La familia construyó complejos con pisos de oficinas, dormitorios y salas de detención. Su red captaba trabajadores de toda la región con ofertas de empleo falsas y luego obligaba a muchos a participar en estafas dirigidas contra personas en China y en otros lugares.

En un documental de los medios estatales publicado en julio, Bai Yingcang reflexionó sobre la influencia de la familia en su apogeo.

En aquel momento, nuestra familia Bai era la más poderosa tanto en los círculos políticos como en los militares.

Los Bai recurrieron a las armas y al clientelismo para proteger sus negocios. Testimonios describen cómo los equipos de seguridad vigilaban las entradas, trasladaban a los trabajadores bajo escolta armada y se coordinaban con líderes locales que se beneficiaban del dinero que circulaba por Kokang. Esa maquinaria coercitiva sentó las bases de los abusos descritos en documentos judiciales posteriores.

Dentro de la maquinaria de estafas: de los casinos al fraude cibernético

Los centros de estafas cibernéticas en Myanmar han funcionado como fábricas sometidas a una disciplina estricta. El personal se organiza en equipos que se hacen pasar por parejas sentimentales, asesores de inversiones o informantes sobre loterías. El objetivo es ganarse la confianza de las víctimas y luego dirigirlas hacia plataformas de inversión falsas o billeteras de criptomonedas ilícitas para quedarse con su dinero. Los trabajadores reciben cuotas diarias y guiones para usar en aplicaciones de mensajería. Quienes no alcanzan los objetivos se enfrentan a multas, golpizas o confinamiento.

Cómo funcionaban los complejos

Los Bai construyeron 41 complejos que combinaban dormitorios con pisos de operaciones. Al llegar, los trabajadores debían entregar sus teléfonos y pasaportes. Los gerentes supervisaban las conversaciones, mientras los guardias patrullaban pasillos y escaleras. Los detenidos eran trasladados entre complejos, una práctica que convertía a las personas en activos de un mercado criminal. El tribunal de Shenzhen señaló que la violencia era habitual y que los castigos más severos se reservaban para quienes intentaban escapar o desobedecían.

Un exempleado que apareció en el documental de los medios estatales describió las torturas dentro de uno de los centros.

Además de golpearme, me arrancaron las uñas con unas pinzas y me cortaron dos dedos con un cuchillo de cocina.

Investigadores de derechos humanos y organismos internacionales afirman que la industria atrae a decenas de miles de personas mediante la trata y la coacción. Naciones Unidas ha estimado que unas 120.000 personas podrían haber trabajado en centros de estafas dentro de Myanmar, y otras 100.000 estarían atrapadas en Camboya. Grupos de investigación independientes calculan que las pérdidas por estafas en el Sudeste Asiático ascienden a decenas de miles de millones de dólares cada año.

Las decisiones judiciales y el significado de las penas

El Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen condenó a muerte a cinco acusados: Bai Suocheng, Bai Yingcang, Yang Liqiang, Hu Xiaojiang y Chen Guangyi. Otros dos miembros de la red recibieron condenas a muerte con una suspensión de dos años. Cinco personas fueron condenadas a cadena perpetua y otras nueve recibieron penas de entre tres y veinte años de prisión. Los jueces citaron una serie de delitos, entre ellos fraude en telecomunicaciones, homicidio y lesiones intencionales, organización y coacción para ejercer la prostitución, y organización de cruces ilegales.

En ocasiones, los tribunales chinos suspenden las condenas a muerte durante un período determinado; después, la pena puede conmutarse por cadena perpetua si el acusado cumple ciertas condiciones, entre ellas mantener buena conducta. En un proceso separado, Bai Yingcang también fue declarado culpable de conspirar para traficar y fabricar unas 11 toneladas de metanfetamina. El tribunal ordenó la confiscación de bienes y el pago de multas, y algunos acusados extranjeros se enfrentan a la deportación una vez cumplidas sus penas de prisión.

Un alto investigador chino entrevistado en el documental de julio explicó el objetivo de la ofensiva contra las redes de estafas fronterizas.

No importa quién sea ni dónde esté: si comete delitos tan atroces contra el pueblo chino, pagará el precio.

El mensaje se dirige a dos públicos. Responde a la indignación interna por las pérdidas económicas y los abusos violentos contra ciudadanos chinos, y señala a los socios extranjeros que Pekín espera su cooperación en las detenciones y extradiciones.

Una campaña más amplia también apuntó contra la familia Ming

En un caso relacionado, un tribunal de la provincia de Zhejiang condenó a muerte a miembros y asociados de la familia Ming por dirigir en Kokang una red de estafas y apuestas valorada en miles de millones de dólares. Las conclusiones del tribunal describieron cómo hombres armados abrieron fuego contra un complejo en octubre de 2023 y mataron a cuatro personas que eran trasladadas bajo custodia. Los fiscales dijeron que el grupo mató a otras personas que se resistieron a las órdenes o intentaron escapar. El patriarca de la familia, Ming Xuechang, murió bajo custodia en Myanmar antes de que pudiera ser entregado a China, mientras que su hijo y otros familiares fueron juzgados en China.

Estas sentencias estuvieron marcadas por una presión que comenzó a finales de 2023. La policía china ofreció recompensas por los sospechosos buscados y las autoridades hicieron públicas repatriaciones a una escala pocas veces vista en la región. Según las autoridades, más de 53.000 sospechosos y víctimas chinos vinculados a los complejos del norte de Myanmar han sido devueltos a China desde el inicio de la campaña.

Guerra, política y ofensiva fronteriza

La ofensiva se desarrolló al mismo tiempo que se producía un cambio importante en el escenario del conflicto. En octubre de 2023, una alianza de ejércitos étnicos lanzó la Operación 1027 en el noreste de Myanmar, con ataques contra posiciones militares y centros delictivos cerca de la frontera con China. Analistas afirman que China no se interpuso en una ofensiva que debilitó a la junta y perturbó centros de estafas que perjudicaban a ciudadanos chinos.

Tras la ofensiva, funcionarios chinos mediaron para alcanzar un alto el fuego y presionaron a todas las partes, tanto a la junta como a los grupos armados, para que cerraran las operaciones delictivas y mantuvieran el comercio fronterizo. Pekín mantiene cierta distancia de la junta desde el golpe de Estado de 2021. Prioriza la estabilidad fronteriza y la influencia mediante vínculos con las autoridades provinciales y los actores armados, en lugar de estrechar lazos políticos con el régimen.

El resultado es un conjunto fragmentado de acuerdos temporales. China busca extradiciones, refuerza la vigilancia policial en las provincias vecinas y presiona a las milicias locales, mientras evita asumir una responsabilidad directa por el conflicto interno de Myanmar.

Rescates y repatriaciones en toda la región

La atención centrada en Myanmar forma parte de un esfuerzo regional más amplio. Acciones conjuntas de China, Tailandia y Myanmar permitieron liberar a miles de personas detenidas en la frontera. Funcionarios tailandeses organizaron traslados aéreos de ciudadanos chinos rescatados de centros de estafas; en una operación trasladaron a unas 200 personas en un solo día y en otra planificaron el regreso de hasta 1.000 personas en varios días. Las estimaciones internacionales sitúan en cerca de 120.000 el número de trabajadores en centros de estafas de Myanmar en su momento de mayor actividad, y en 100.000 el de quienes estaban en Camboya.

Tailandia ha cortado la electricidad y otros suministros a centros delictivos y ha intensificado las patrullas. La situación sigue siendo compleja. Grupos milicianos aliados con las fuerzas armadas de Myanmar, como la Fuerza de Guardia Fronteriza y el Ejército Benevolente Democrático Karen, controlan complejos y se benefician de redes de extorsión a cambio de protección. Las autoridades afirman que más de 7.000 personas varadas en una localidad fronteriza aún necesitan que se tramiten sus casos y que se les garantice un regreso seguro a casa.

Rangsiman Rome, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Tailandia, advirtió que la aplicación de la ley por sí sola no bastaría para poner fin a este modelo de negocio.

Tailandia no puede hacerlo sola. Solo mediante esfuerzos internacionales coordinados se podrán desmantelar por completo estas redes y evitar que vuelvan a operar.

La evaluación de las personas rescatadas es difícil. Muchas fueron atraídas con ofertas de empleo legítimas y víctimas de trata a través de las fronteras. A otras las obligaron a participar en estafas después de su llegada. Las autoridades ahora distinguen entre las víctimas y los presuntos facilitadores e intentan identificar a los financiadores y operadores que mantienen viva la industria.

¿Las redes criminales están huyendo o simplemente se están trasladando?

Las pruebas reunidas por grupos de la sociedad civil y medios locales dentro de Myanmar indican que la actividad no ha desaparecido. Ante la fuerte presión cerca de la frontera con China, los operadores se trasladaron a zonas del este y el sur del estado de Shan, lejos de los principales pasos fronterizos. Informes señalan que hay actividad en municipios como Kunhing, Mongpan, Mong Hsu, Mongyai, Laihka, Tangyan, Namhsan, Mongnawng y Mongping. Reclutadores y gerentes también han llegado a Yangón, donde alquilan propiedades y reconstruyen sus redes de manera discreta.

Las redes se adaptan rápidamente. Algunos complejos utilizan internet satelital y energía solar para operar en valles remotos. Otros se especializan en el lavado de dinero y la formación de personal, mientras que otros centros organizan a gran escala estafas románticas o de inversión. Los investigadores han documentado secuestros para exigir rescates. Se pide a las familias que paguen para liberar a sus parientes y algunas lo hacen mediante transferencias de criptomonedas difíciles de rastrear.

La crisis económica de Myanmar alimenta este ciclo. Se estima que el país perdió 1,6 millones de empleos en 2021, después del golpe de Estado, y que los jóvenes y las mujeres fueron los más afectados. La escasez de trabajo empuja a la gente a aceptar ofertas arriesgadas, mientras que los pagos ilegales de las redes tientan a funcionarios locales y grupos armados. En aldeas cercanas a nuevos centros se observa ahora una llegada constante de jóvenes desde las ciudades, junto con ciudadanos chinos; algunos hogares obtienen ingresos alquilando habitaciones o vendiendo comida a los trabajadores de los complejos.

Qué significa esto para la población y para las relaciones entre China y Myanmar

Para las víctimas y sus familias, las sentencias no borrarán rápidamente el trauma ni las deudas. Los sobrevivientes hablan de golpizas, aislamiento forzado y amenazas contra sus familiares. Muchos regresan a casa con antecedentes policiales o multas, y algunos sufren presiones para pagar a los reclutadores incluso después de ser rescatados.

En el fragmentado escenario político de Myanmar, estos casos ponen de relieve el poder de los actores armados y las economías ilícitas en zonas donde el Estado es débil. Las redes criminales prosperan donde soldados, milicias y élites empresariales llegan a acuerdos para ofrecer protección. Para cerrar estas operaciones se necesita una coordinación sostenida que vaya mucho más allá de un solo paso fronterizo.

Para China, las condenas a los líderes Bai buscan disuadir y tranquilizar a la población. También refuerzan una estrategia que combina la presión sobre la junta, el diálogo con grupos armados étnicos y una intensa actividad policial en el lado chino de la frontera. La campaña ha apartado de sus cargos a figuras destacadas y ha interrumpido las operaciones de muchos complejos, pero las bandas siguen trasladándose e innovando. Los avances a largo plazo dependerán de la cooperación entre países, de un mejor rastreo financiero y del apoyo a medios de vida legales en lugares que antes estaban dominados por el delito.

En resumen

• Cinco líderes de la red criminal de la familia Bai fueron condenados a muerte en Shenzhen, en un caso que declaró culpables a 21 acusados vinculados a operaciones de estafa con sede en Kokang.
• Los jueces determinaron que la red dirigía 41 complejos, cometía fraudes en telecomunicaciones y delitos violentos, y causó la muerte de al menos seis ciudadanos chinos.
• Dos acusados recibieron condenas a muerte con una suspensión de dos años, cinco fueron condenados a cadena perpetua y otros nueve recibieron penas de entre tres y veinte años de prisión.
• El caso de los Bai se produce después de las condenas a muerte de miembros de la familia Ming por delitos similares en Kokang, incluido un tiroteo mortal en un complejo en octubre de 2023.
• La presión de China sobre Myanmar llevó a la entrega de sospechosos buscados a principios de 2024 y coincidió con una ofensiva étnica que perturbó centros delictivos fronterizos.
• Las autoridades afirman que más de 53.000 personas vinculadas a los centros de estafas del norte de Myanmar han sido repatriadas a China desde el inicio de la campaña.
• Las operaciones de rescate continúan en la frontera entre Tailandia y Myanmar, con traslados aéreos de ciudadanos chinos y miles de personas que aún esperan que se tramiten sus casos y poder regresar.
• Los operadores se están trasladando a zonas más profundas de Myanmar, utilizan conexiones satelitales y lugares remotos, y diversifican sus actividades hacia el lavado de dinero y los secuestros para exigir rescates.
• El avance sostenido depende de la cooperación transfronteriza, el rastreo financiero y el apoyo a las economías locales legales en zonas antes dominadas por el delito.