Se cierran dos líneas de investigación mientras la Fiscalía apela
Los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, cerraron la investigación sobre Afganistán que abarcaba presuntos crímenes cometidos por tropas estadounidenses y por el grupo Estado Islámico del Jorasán, conocido como ISIS-K. Continuará una investigación aparte sobre presuntos crímenes de los talibanes desde que el movimiento volvió al poder en 2021. Las órdenes de detención contra cuatro altos dirigentes talibanes siguen vigentes.
Contenido
- Se cierran dos líneas de investigación mientras la Fiscalía apela
- Por qué los jueces pusieron fin a la investigación más amplia
- Cómo se redujo el alcance del caso sobre Afganistán
- Qué proceso sigue contra los dirigentes talibanes
- Por qué el caso incluye a responsables de Educación
- Las sanciones de Estados Unidos y la disputa sobre la jurisdicción
- Qué queda pendiente tras la apelación
- Puntos clave
La decisión, emitida el jueves y hecha pública el viernes, reduce el alcance de una investigación autorizada en 2020 que originalmente abarcaba denuncias contra las fuerzas del Gobierno afgano, los talibanes, las tropas estadounidenses y personal de inteligencia extranjera de Estados Unidos. La Fiscalía dijo que ya había apelado el cierre, pero no pudo proporcionar más detalles.
La decisión va más allá de las denuncias relacionadas con estadounidenses. Los jueces también cerraron la línea sobre ISIS-K, que se había convertido en uno de los focos de la investigación original después de que la investigación sobre personal estadounidense quedara inactiva en 2021. El proceso que sigue adelante se centra en la presunta persecución de mujeres, niñas y personas LGBTQI+ por parte de los talibanes.
La Corte y 13 personas que trabajan o trabajaron en ella están sujetas a sanciones impuestas por el Gobierno de Trump, que se opone a las investigaciones relacionadas con funcionarios estadounidenses e israelíes. Los jueces basaron su decisión en la capacidad de la Fiscalía para investigar y obtener pruebas. El fallo se produce en medio de una disputa más amplia sobre la autoridad de la Corte, mientras la Fiscalía busca mantener abierta la investigación cerrada mediante una apelación.
Por qué los jueces pusieron fin a la investigación más amplia
Los jueces dijeron que la Fiscalía no había demostrado que pudiera investigar eficazmente las denuncias en Afganistán más allá del proceso contra los talibanes. Su decisión se centró en la capacidad práctica de construir un caso, incluida la obtención de las pruebas necesarias para respaldar las denuncias penales.
La sala describió en su fallo los obstáculos que afronta la Fiscalía:
limitaciones significativas a la capacidad de la Fiscalía para llevar a cabo sus investigaciones y obtener pruebas
El fallo no ofreció más explicaciones sobre esas limitaciones. La recopilación de pruebas es fundamental en una investigación penal: la Fiscalía necesita material que ayude a establecer qué ocurrió y vincule los presuntos crímenes con personas concretas.
La investigación sobre presuntos crímenes de tropas estadounidenses ya estaba inactiva desde 2021. El cierre formal modifica su situación procesal. En lugar de permanecer como una investigación abierta que recibía poca atención, ahora está sujeta a una decisión judicial que pone fin a esa parte de la investigación sobre Afganistán, una decisión que la Fiscalía está impugnando.
ISIS-K también se ve afectado por la misma decisión. Su inclusión es importante para los afganos que buscan justicia, porque el cierre excluye de la investigación que continuará junto con el caso contra los talibanes los presuntos crímenes de otro grupo armado.
Cómo se redujo el alcance del caso sobre Afganistán
La CPI autorizó la investigación sobre Afganistán en 2020 con un amplio alcance, que abarcaba a varias partes en el conflicto y presuntos delitos cometidos desde 2002. El último fallo se produce tras sucesivos cambios en las prioridades de investigación y una instrucción anterior de los jueces para separar los procesos.
Las principales etapas fueron:
- 2020: Los jueces autorizaron una investigación sobre presuntos delitos cometidos por las fuerzas del Gobierno afgano, los talibanes, las tropas estadounidenses y personal de inteligencia extranjera de Estados Unidos.
- 2021: La investigación sobre las tropas estadounidenses quedó inactiva. Ese mismo año, los talibanes volvieron al poder.
- 2022: El entonces fiscal jefe, Karim Khan, decidió dar menor prioridad a los aspectos que podían implicar a estadounidenses y citó las dificultades para obtener pruebas.
- A principios del año del último fallo: Los jueces ordenaron separar los procesos por presuntos crímenes de los talibanes desde 2021 y la investigación original sobre Afganistán, que se había centrado en ISIS-K.
- Jueves: Los jueces emitieron la decisión de cerrar la investigación más amplia.
- Viernes: La decisión se hizo pública y la Fiscalía confirmó que había apelado.
La inactividad iniciada en 2021 y la decisión posterior de Khan se refieren a etapas diferentes: el trabajo de investigación se había estancado antes de que la Fiscalía diera formalmente menor prioridad a esas denuncias en 2022. Ahora, los jueces han ido más allá y han ordenado el cierre.
La separación de los procesos permite que la investigación sobre los talibanes continúe por su cuenta. Las cuatro órdenes de detención existentes siguen vigentes pese al cierre de la otra investigación.
Qué proceso sigue contra los dirigentes talibanes
El caso que sigue adelante se refiere a presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con la persecución por motivos de género tras la toma del poder por los talibanes en agosto de 2021. Entre las personas señaladas como víctimas figuran mujeres, niñas y personas LGBTQI+.
La persecución por motivos de género consiste en privar gravemente a personas de sus derechos fundamentales por razón de género. Un crimen de lesa humanidad supone una conducta que forma parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil. Por tanto, el caso se refiere a la presunta responsabilidad penal por un patrón de conducta más amplio, y no a una sola norma controvertida.
La Corte hizo públicas sus cuatro órdenes de detención contra dirigentes talibanes el 5 de octubre de 2026. En ellas figuran el líder supremo, Haibatullah Akhundzada; el presidente del Tribunal Supremo, Abdul Hakim Haqqani; el ministro interino de Educación, Habibullah Agha; y el ministro interino de Educación Superior, Neda Mohammad Nadim.
Los jueces concluyeron que había motivos razonables para creer que los cuatro eran responsables de persecución por motivos de género y políticos, conforme al artículo 7(1)(h) del Estatuto de Roma, el tratado por el que se estableció la CPI. La conducta presuntamente delictiva comenzó el 15 de agosto de 2021 y continuó hasta al menos el 20 de enero de 2025.
Según los informes, los cuatro seguían en libertad cuando se hicieron públicas las órdenes. Sus casos se encuentran en la fase de órdenes de detención, en la que los jueces evalúan si existen motivos razonables para creer que un sospechoso es responsable. Para que haya una condena, se requiere un juicio y pruebas más allá de toda duda razonable.
Por qué el caso incluye a responsables de Educación
Agha y Nadim están al frente de las áreas responsables de la educación escolar y superior. Su inclusión sitúa en el proceso penal a los funcionarios que supervisan la educación junto con el líder supremo y el presidente del Tribunal Supremo de los talibanes.
Las normas talibanes prohíben que las niñas estudien más allá del sexto grado y que las mujeres cursen estudios universitarios. Estas restricciones determinan directamente si las niñas pueden continuar en la escuela y si las mujeres pueden obtener títulos universitarios.
Las órdenes se refieren a una presunta privación más amplia de derechos, incluida la violencia vinculada a las políticas talibanes y la persecución de personas consideradas defensoras de los derechos de las mujeres y las niñas o que no se ajustan a las expectativas talibanes sobre el género. La educación es un aspecto concreto de ese caso.
La Fiscalía solicitó órdenes de detención contra Agha y Nadim el 6 de marzo de 2025, y los jueces las emitieron el 9 de septiembre de ese año. Las órdenes contra Akhundzada y Haqqani se habían emitido el 8 de julio de 2025. Hacer públicas las cuatro en octubre de 2026 puso de manifiesto el alcance más amplio del proceso que sigue adelante tras la decisión de cierre.
Las sanciones de Estados Unidos y la disputa sobre la jurisdicción
El Gobierno de Trump se opone a las investigaciones de la CPI relacionadas con ciudadanos estadounidenses y aliados de Estados Unidos, incluido Israel. Sus sanciones afectan tanto a la institución como a 13 personas que trabajan o trabajaron en ella.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha amenazado con desmantelar la Corte, y describió así su postura:
«ladrillo a ladrillo, si es necesario».
Estados Unidos no es miembro de la CPI y no reconoce su jurisdicción. Sin embargo, el Estatuto de Roma permite a la Corte procesar a personas acusadas de crímenes atroces cometidos en el territorio de un Estado miembro, incluso si el país de esas personas no se ha adherido al tratado. La jurisdicción es la autoridad legal de un tribunal para conocer de un caso.
La norma territorial explica por qué una investigación puede implicar a estadounidenses pese a que Washington se niegue a adherirse a la Corte. El cierre de esta investigación sobre Afganistán no modifica esa norma, por lo que la disputa jurídica entre Estados Unidos y la CPI va más allá de la investigación que ahora se cierra.
Washington también se opone a las órdenes de detención pendientes de la CPI contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, por presuntos crímenes de lesa humanidad en Gaza. Ambos han rechazado enérgicamente las acusaciones. Esa disputa aparte sigue siendo otra fuente de confrontación entre el Gobierno estadounidense y la Corte.
Qué queda pendiente tras la apelación
La Fiscalía ha impugnado el cierre, pero no ha revelado los argumentos de su apelación. No se ha anunciado una fecha para la decisión, y tampoco está claro cómo responderá Washington a la investigación más acotada sobre Afganistán.
La Fiscalía y los jueces discrepan ahora sobre si la investigación más amplia debe seguir abierta. Los jueces se han centrado en la capacidad demostrada por la Fiscalía para investigar denuncias más allá del caso contra los talibanes. La apelación someterá su decisión a un nuevo examen judicial.
Para quienes buscan justicia por presuntos crímenes relacionados con personal estadounidense o con ISIS-K, la apelación es ahora la vía inmediata para impugnar el cierre. Para quienes están comprendidos en el caso por persecución de los talibanes, el proceso separado y las cuatro órdenes de detención siguen vigentes. El resultado es una investigación sobre Afganistán mucho más limitada, cuyo próximo paso legal depende de la impugnación de la Fiscalía.
Puntos clave
- Los jueces de la CPI cerraron la investigación sobre Afganistán que abarcaba presuntos crímenes de las tropas estadounidenses y de ISIS-K.
- La Fiscalía ha apelado; no se ha anunciado una fecha para la decisión.
- Los jueces citaron las limitaciones de la Fiscalía para investigar y obtener pruebas.
- Continúa una investigación aparte sobre los talibanes, con cuatro órdenes de detención aún vigentes.
- El caso contra los talibanes se refiere a la presunta persecución de mujeres, niñas y personas LGBTQI+ desde 2021.
- La Corte y 13 personas que trabajan o trabajaron en ella siguen sujetas a sanciones estadounidenses.
