Una protesta diplomática por la indemnización y la rendición de cuentas
KUALA LUMPUR, Malasia, 12 de noviembre de 2026: Mongolia ha cuestionado formalmente la gestión de Malasia del caso de Altantuya Shaariibuu, después de que un fallo en apelación eximiera al Gobierno malasio de responsabilidad civil y redujera la indemnización para la familia de 5 millones de ringgit a 1,38 millones.
Contenido
- Una protesta diplomática por la indemnización y la rendición de cuentas
- Qué pide Mongolia a Malasia
- Por qué importa el fallo sobre la indemnización
- Australia y el obstáculo para el regreso de Sirul
- Cómo llegó el caso a esta situación
- Las declaraciones juradas que dieron lugar a otra acción judicial
- Una familia que busca información y una disculpa
- Mongolia plantea la posibilidad de recurrir a instancias internacionales
- Qué ocurrirá a continuación
- Puntos clave
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Mongolia entregó una nota diplomática el 10 de noviembre a los embajadores de Malasia en Bangkok y Pekín. Entre sus peticiones figuran que se examine de forma justa el recurso judicial de la familia, que declare un expolicía condenado que vive en Australia, que se examinen pruebas nuevas o no analizadas anteriormente y que se emita una respuesta oficial por escrito.
Zandanshatar Gombojav, ex primer ministro de Mongolia y enviado especial para el caso, expuso las demandas en Kuala Lumpur el 12 de noviembre. La iniciativa diplomática llega 20 años después de que Altantuya, intérprete mongola y madre de dos hijos, fuera asesinada a tiros y su cuerpo destruido con explosivos en Selangor, a las afueras de Kuala Lumpur.
Su padre, el doctor Shaariibuu Setev, impugna la decisión del Tribunal de Apelación del 20 de enero de 2026. Está previsto que el 12 de enero de 2027 se celebre una revisión judicial independiente relacionada con la investigación de declaraciones juradas de uno de los agentes condenados.
La disputa se desarrolla ahora en tres frentes relacionados: la reclamación de indemnización de la familia, los esfuerzos por examinar más pruebas sobre el asesinato y las negociaciones sobre cómo un agente condenado a muerte en Malasia podría declarar mientras vive en Australia.
Qué pide Mongolia a Malasia
La nota diplomática de Mongolia, conocida como démarche, es un medio formal para que un Gobierno plantee sus preocupaciones y solicite medidas a otro. La nota se entregó a través de misiones diplomáticas acreditadas ante Malasia, ya que Mongolia y Malasia no tienen embajadas en el territorio de la otra.
Zandanshatar dijo que Mongolia respeta la independencia judicial de Malasia y quiere que el proceso se resuelva de manera justa y transparente, con base en las pruebas y sin interferencias políticas ni externas. Las cuatro peticiones principales son:
- Que se examine de forma justa el recurso de Shaariibuu contra el fallo que eximió de responsabilidad al Gobierno malasio.
- Que se establezcan mecanismos legales para que Sirul Azhar Umar, el expolicía condenado que se encuentra en Australia, pueda declarar, junto con un diálogo más intenso sobre su posible regreso.
- Que se examinen sin demora las pruebas recién descubiertas o no analizadas anteriormente y se informe a los abogados de la familia.
- Que se presente un informe oficial por escrito sobre los avances y una respuesta sustancial a las preocupaciones de Mongolia.
Mongolia busca que el Tribunal Federal de Malasia examine el recurso del padre. Zandanshatar también pidió cooperación para que Sirul pueda declarar respetando las leyes de Malasia y Australia.
Por qué importa el fallo sobre la indemnización
En diciembre de 2022, el Tribunal Superior de Shah Alam dictaminó que el Gobierno malasio, los exagentes Sirul y Azilah Hadri y el analista político Abdul Razak Baginda eran responsables en la demanda civil de la familia. Ordenó que pagaran conjuntamente 5 millones de ringgit por el impacto y el trauma asociados a la muerte de Altantuya.
El 20 de enero, el Tribunal de Apelación eximió de responsabilidad al Gobierno, al considerar que los agentes habían actuado fuera del ámbito de sus funciones oficiales. Mantuvo la responsabilidad de los tres hombres y redujo la indemnización a 1,38 millones de ringgit, una cifra que también se expresa, redondeada, como 1,4 millones.
La reducción asciende a 3,62 millones de ringgit, o un 72,4 % de la indemnización original. La suma revisada equivale al 27,6 % de lo concedido por el Tribunal Superior. Para la familia, la apelación modificó tanto el monto de la indemnización como quién sería legalmente responsable de pagarla.
La cuestión jurídica central es la responsabilidad indirecta. En términos sencillos, se trata de determinar si un empleador puede ser considerado responsable por los daños causados por un empleado en el ejercicio de su trabajo. En este caso, la cuestión es si el Gobierno malasio debería compartir la responsabilidad por los actos de dos policías.
El recurso de Shaariibuu busca que se reconsidere la exclusión del Gobierno del caso. Los procesos penales determinan la culpabilidad y la pena, mientras que la demanda civil se refiere a la indemnización y a la responsabilidad legal por la pérdida sufrida por la familia. Esa diferencia explica por qué la familia sigue adelante con la reclamación civil años después de las condenas por asesinato.
Australia y el obstáculo para el regreso de Sirul
Sirul vive en Australia desde que salió de Malasia en 2014, después de que el Tribunal de Apelación lo absolviera a él y a Azilah. En enero de 2015, el Tribunal Federal de Malasia restableció sus condenas por asesinato y sus sentencias de muerte.
La sentencia de muerte es un importante obstáculo para su regreso. La ley australiana impide deportar a una persona que se enfrenta a la ejecución. Sirul ha solicitado asilo, aunque no se lo han concedido.
Mongolia ha pedido a Malasia que intensifique las conversaciones con Australia y ofrezca garantías efectivas contra la pena de muerte como parte de cualquier acuerdo legal para su regreso. Zandanshatar dijo que Mongolia busca que se rindan cuentas y que haya un testimonio, no la ejecución de nadie.
La petición del enviado abarca dos objetivos relacionados: obtener el testimonio de Sirul en el proceso civil y explorar su posible regreso a Malasia. Cualquier acuerdo requeriría procedimientos legales aceptables para ambos países y una garantía viable contra la ejecución.
La pena de Azilah ya fue modificada. El 10 de octubre de 2024, su sentencia de muerte fue conmutada por 40 años de prisión y 12 azotes con vara, un instrumento utilizado para castigos judiciales en Malasia. La sentencia de muerte que aún pesa sobre Sirul lo sitúa en una posición distinta a la del agente encarcelado en Malasia.
Cómo llegó el caso a esta situación
Altantuya tenía 28 años y estaba embarazada cuando fue asesinada el 19 de octubre de 2006. Había trabajado como traductora para Abdul Razak Baginda, con quien mantenía una relación. Abdul Razak era un estrecho colaborador de Najib Razak, quien más tarde se convirtió en primer ministro de Malasia.
Sirul y Azilah pertenecían a una unidad policial de élite y habían sido guardaespaldas de Najib. Abdul Razak fue juzgado por separado y absuelto de complicidad en el asesinato. Los principales acontecimientos judiciales y diplomáticos abarcan dos décadas:
- Octubre de 2006: Altantuya fue asesinada a tiros en Selangor y su cuerpo fue destruido con explosivos plásticos de uso militar.
- 2009: Sirul y Azilah fueron condenados por asesinato y sentenciados a muerte.
- De 2013 a enero de 2015: El Tribunal de Apelación absolvió a los agentes, Sirul salió de Malasia en 2014 y, posteriormente, el Tribunal Federal restableció ambas condenas y las sentencias de muerte.
- Diciembre de 2022: El Tribunal Superior de Shah Alam concedió a la familia 5 millones de ringgit por daños civiles.
- 10 de octubre de 2024: La sentencia de muerte de Azilah fue conmutada por una pena de prisión y azotes.
- 16 de octubre de 2025: El Tribunal Superior autorizó a Shaariibuu a iniciar una revisión judicial relacionada con la investigación de las declaraciones juradas de Azilah.
- 20 de enero de 2026: El Tribunal de Apelación eximió al Gobierno de responsabilidad civil y redujo la indemnización.
- 10 de noviembre de 2026: Mongolia presentó su protesta diplomática.
- 12 de enero de 2027: Está previsto que se celebre la vista de la revisión judicial.
Las declaraciones juradas que dieron lugar a otra acción judicial
Shaariibuu también ha iniciado una revisión judicial para exigir que la policía investigue una declaración jurada adicional y una declaración legal realizadas por Azilah. Una declaración jurada y una declaración legal son documentos formales por escrito en los que quien los firma declara que su contenido es verdadero.
En una declaración legal de 2019, Azilah afirmó que Najib había ordenado el asesinato. Najib ha negado estar involucrado. Sirul también ha hecho declaraciones en las que sostiene que el asesinato se cometió por órdenes de autoridades superiores. No se ha esclarecido quién ordenó el asesinato.
El 16 de octubre de 2025, el Tribunal Superior autorizó a Shaariibuu a seguir adelante con la revisión judicial. Este procedimiento permite a un tribunal examinar cómo ejercen sus poderes las autoridades públicas. En este caso, el padre busca una orden que obligue a las autoridades a completar la investigación e informar de sus avances.
La vista fue aplazada el 6 de octubre de 2026 hasta el 12 de enero de 2027. Se trata de un proceso independiente del recurso de la familia sobre la indemnización y la responsabilidad del Gobierno, aunque ambos se refieren a los esfuerzos de la familia por conseguir que se rindan cuentas de manera más amplia.
La petición de Mongolia de que se examinen pruebas nuevas o no analizadas anteriormente incorpora la investigación, junto con la apelación civil, a sus demandas diplomáticas. Recibir actualizaciones a través de los abogados de la familia permitiría a sus integrantes conocer formalmente las medidas adoptadas por las autoridades.
Una familia que busca información y una disculpa
Altantuya dejó dos hijos y a sus padres, que han seguido buscando respuestas a través de cambios de Gobierno, apelaciones penales y litigios civiles. Zandanshatar dijo que se involucró por primera vez en el caso cuando era ministro de Asuntos Exteriores de Mongolia y que después continuó su trabajo como enviado especial.
El ex primer ministro, que también forma parte de un grupo de trabajo gubernamental que apoya a la familia, describió en su declaración el costo personal del caso:
«Han pasado veinte años y su familia ha soportado una pérdida inimaginable sin haber oído nunca las palabras “lo siento”. Una resolución justa y definitiva de este caso es muy importante para la confianza entre nuestros dos países».
Las peticiones de la familia van más allá del monto de la indemnización. Se refieren a obtener una explicación del asesinato, investigar las acusaciones formuladas en declaraciones juradas, acceder a información y tener una audiencia justa sobre si el Gobierno debe compartir la responsabilidad civil.
Zandanshatar también lanzó una petición pública llamada Dignidad para Altantuya, dirigida a Malasia y Australia. La campaña promueve que se rindan cuentas de acuerdo con la ley y que la familia reciba información clara, y suma la movilización pública a los procesos judiciales y las gestiones diplomáticas.
Mongolia plantea la posibilidad de recurrir a instancias internacionales
Zandanshatar dijo que Mongolia podría seguir planteando el caso en el ámbito internacional, incluso ante las Naciones Unidas o, potencialmente, ante la Corte Penal Internacional. También reafirmó su respeto por la soberanía de Malasia y la independencia de sus tribunales.
Al explicar los esfuerzos de Mongolia para proteger los intereses de su ciudadana y de su familia, el enviado citó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. No obstante, sus peticiones inmediatas siguen dirigidas a las autoridades malasias y a la cooperación con Australia.
Zandanshatar presentó la protesta como un llamamiento entre países amigos. En su declaración, al explicar por qué Mongolia planteaba el asunto abiertamente, dijo:
«Mongolia y Malasia son países amigos, y planteamos este asunto abiertamente y con respeto precisamente porque valoramos esa amistad».
La nota diplomática pide a Malasia que responda por escrito, lo que abre una vía formal para responder a las preocupaciones planteadas en Bangkok, Pekín y Kuala Lumpur. Zandanshatar también mencionó posibles comunicaciones entre el fiscal general de Mongolia y el grupo parlamentario de amistad que vincula a ambos países.
Qué ocurrirá a continuación
La próxima fecha judicial indicada es el 12 de enero de 2027, cuando se celebrará la revisión judicial sobre la investigación de las declaraciones de Azilah. Mediante ese proceso, el padre busca que las autoridades actúen y le proporcionen información.
El recurso de la familia contra el fallo de enero sobre la indemnización sigue una vía judicial distinta. Mongolia pide que se examine de manera justa ese recurso y, al mismo tiempo, solicita a Malasia que investigue las pruebas y busque una vía legal para obtener el testimonio de Sirul.
No se anunció ninguna fecha para una decisión sobre el recurso civil, una respuesta oficial de Malasia a la nota diplomática, una reunión confirmada con funcionarios malasios ni un acuerdo para que Sirul declare o regrese. Las medidas inmediatas que busca Mongolia son una respuesta sustancial por escrito y una mayor cooperación entre los países involucrados.
Para la familia de Altantuya, esas medidas responderían a necesidades concretas: saber qué han hecho los investigadores, obtener pruebas de un agente condenado que se encuentra en el extranjero y que los tribunales consideren si el Gobierno malasio debe compartir la responsabilidad por su pérdida.
Puntos clave
- Mongolia presentó una protesta diplomática ante los embajadores de Malasia en Bangkok y Pekín el 10 de noviembre de 2026.
- La familia impugna un fallo que eximió al Gobierno de responsabilidad civil y redujo la indemnización de 5 millones de ringgit a 1,38 millones.
- Mongolia pide un proceso justo, el testimonio de Sirul, el examen de las pruebas y una respuesta oficial por escrito.
- Sirul sigue en Australia, donde su sentencia de muerte en Malasia es un obstáculo para su regreso.
- Está previsto que el 12 de enero de 2027 se celebre una revisión judicial independiente relacionada con la investigación de las declaraciones juradas de Azilah.
