Una sola acusación sostiene ahora el caso contra la vicepresidenta
El juicio político contra la vicepresidenta filipina Sara Duterte se ha reducido a una sola acusación relacionada con unos 817 millones de pesos en riqueza sin justificar. Los fiscales buscan un veredicto antes de finales de 2026, mientras sus abogados comienzan a cuestionar las pruebas financieras.
Contenido
- Una sola acusación sostiene ahora el caso contra la vicepresidenta
- Qué abarca la acusación por 817 millones de pesos
- La comparación con el salario exige cálculos cuidadosos
- Por qué el patrimonio neto y los saldos de las cuentas deben analizarse por separado
- La defensa comienza con una disputa sobre una propiedad en Davao
- Los registros de Samal centran la atención en otra declaración
- Por qué los fiscales retiraron tres artículos
- Se necesitan 14 votos según la norma actual del tribunal
- Cómo llegó el caso a la fase de defensa de noviembre
- Puntos clave
Gerville Luistro, quien dirige el equipo de fiscales de la Cámara de Representantes, dijo el 10 de noviembre que seguir adelante con la acusación restante sobre la riqueza ofrecía la vía más sólida para llegar a una conclusión antes de que la atención política se centre en las elecciones presidenciales de 2028. Los fiscales retiraron otros tres artículos de acusación en octubre.
Duterte niega haber cometido irregularidades y califica el proceso de hostigamiento político. Sus abogados comenzaron a presentar la defensa el 9 de noviembre, con registros de propiedades que, según afirman, responden a las acusaciones de que no declaró todos sus activos. Han presentado una lista de 24 testigos, entre ellos contadores, banqueros y abogados corporativos.
Lo que está en juego va más allá del cargo actual de Duterte. Una condena podría destituirla e inhabilitarla para ocupar cargos públicos en el futuro, lo que posiblemente pondría fin a una candidatura presidencial. Duterte ha encabezado sistemáticamente las encuestas de opinión para las elecciones de 2028, en las que el presidente Ferdinand Marcos Jr. no puede competir porque los presidentes solo pueden ejercer un mandato.
La disputa inmediata gira en torno a documentos: qué declaró Duterte, qué muestran los registros sobre los bienes que ella y su esposo poseían y cómo calculó la fiscalía la supuesta diferencia financiera. Los senadores que actúan como jueces deben evaluar esas afirmaciones mientras la defensa presenta sus argumentos.
Luistro describió el compromiso de la fiscalía con la acusación restante en una declaración del 10 de noviembre:
Vamos con todo
Su decisión hace que el caso de la fiscalía, y buena parte del futuro político de Duterte, dependan de la evaluación que haga el Senado del Artículo II, el artículo de acusación que queda.
Qué abarca la acusación por 817 millones de pesos
El experto en contabilidad forense Alexander Cabrera calculó que habría al menos 817,87 millones de pesos en activos presuntamente no declarados y riqueza sin justificar entre 2022 y 2025. La defensa de Duterte cuestiona ese cálculo.
Luistro dijo que las pruebas incluyen declaraciones de activos, pasivos y patrimonio neto, estados financieros corporativos, registros fiscales y de propiedad, registros de armas de fuego e informes de transacciones financieras. Una declaración de activos, pasivos y patrimonio neto, conocida comúnmente como SALN, registra lo que posee un funcionario, lo que debe y la diferencia entre ambos montos.
El análisis de Cabrera también incluyó remesas procedentes de entidades de China y Hong Kong. Dijo que una evaluación más amplia de los pasivos podría elevar su cálculo a unos 1.500 millones de pesos. Esa cifra mayor sigue siendo una proyección dentro del análisis financiero de la fiscalía; el cálculo central en disputa es de unos 817,87 millones de pesos.
El tribunal de juicio político del Senado admitió registros financieros clave y la mayor parte del informe de Cabrera antes de la presentación de la defensa, aunque excluyó documentos específicos de empresas. Ahora los senadores deben sopesar las pruebas admitidas junto con los testimonios y documentos presentados por los abogados de Duterte.
Luistro dijo que Duterte preparó, firmó y presentó personalmente sus declaraciones de activos. Sostuvo que, dada la larga trayectoria de la vicepresidenta en el Gobierno, resulta difícil aceptar una explicación basada en un descuido.
La comparación con el salario exige cálculos cuidadosos
La senadora Risa Hontiveros examinó la magnitud de la acusación el 10 de noviembre, día 41 del juicio, al comparar los supuestos activos no declarados de 817.874.867 pesos con la remuneración estimada de Duterte en cargos públicos entre 2016 y 2025.
Vingelin Bajan, contadora de la ciudad de Davao, proporcionó estimaciones de los salarios mensuales de la alcaldía, que iban de 96.000 pesos en 2016 a 188.726 pesos en 2022. A partir de las cifras presentadas, Hontiveros calculó que el salario de Duterte como alcaldesa entre 2016 y 2022 fue de 12.950.964 pesos.
Hontiveros utilizó luego las escalas salariales de la vicepresidencia, de unos 330.000 a 350.000 pesos al mes, para calcular otros 13,86 millones a 14,7 millones de pesos en remuneración entre 2022 y 2025. Su cálculo combinado fue de aproximadamente 26,81 millones a 27,65 millones de pesos.
Hontiveros describió los activos presuntos como unas 40 veces el total de los salarios. Dividir 817,87 millones de pesos por el rango de remuneración que indicó da aproximadamente entre 29,6 y 30,5 veces, es decir, unas 30 veces. También reconoció que una evaluación de las finanzas de la pareja tendría que tener en cuenta los ingresos de Duterte y de su esposo, el abogado Manases Carpio.
Por qué el patrimonio neto y los saldos de las cuentas deben analizarse por separado
El representante Terry Ridon, miembro del equipo de fiscales, señaló otra comparación controvertida en un foro celebrado el 7 de noviembre en Ciudad Quezon. Dijo que la SALN de Duterte de 2023 declaraba un patrimonio neto inferior a 80 millones de pesos, mientras que los registros financieros examinados por los fiscales mostraban más de 100 millones de pesos en depósitos bancarios, seguros e inversiones de la pareja.
El patrimonio neto es el valor de los activos menos los pasivos, como los préstamos pendientes. Los depósitos bancarios y las inversiones son activos, por lo que para hacer una comparación completa es necesario comprobar las deudas, la titularidad, las fechas de valoración y qué partidas figuraban en la declaración.
Ridon instó a la defensa a explicar las presuntas discrepancias. Los fiscales sostienen que Duterte no declaró íntegramente sus activos e intereses financieros; su equipo legal sigue cuestionando tanto las pruebas como las conclusiones de la fiscalía.
Por tanto, la disputa abarca varias tareas relacionadas: identificar cada activo, determinar quién era su propietario, comprobar su valor y comparar los registros pertinentes con la declaración del mismo período. Los primeros testigos de la defensa se centraron en la identificación de las propiedades.
La defensa comienza con una disputa sobre una propiedad en Davao
Jaime Adalin, tasador de la ciudad de Davao, fue el primer testigo de la defensa el 9 de noviembre, cuando se reanudaron las sesiones tras una pausa de casi un mes. La audiencia correspondió al día 40 del juicio.
Adalin declaró sobre declaraciones de impuestos y registros de tasación que, según la defensa, respaldaban su argumento de que una propiedad en disputa aparecía en la declaración de activos de Duterte de 2024. Durante la audiencia, indicó que una propiedad tenía un valor catastral de 82.046 pesos y un valor de mercado de 2,5 millones de pesos.
El valor catastral es el que se utiliza para calcular los impuestos sobre una propiedad, mientras que el valor de mercado estima cuánto vale. Las cifras pueden ser distintas, por lo que la descripción de la propiedad y el método de valoración son importantes al cotejarla con distintos documentos.
Al responder a las preguntas, Adalin dijo que había examinado los documentos especificados en su citación, pero no había comprobado si Duterte podía poseer otras propiedades en la zona. También dijo que una propiedad cuyo título termina en 0775 podría ser la que aparece en las declaraciones, aunque hacía falta una verificación adicional para confirmarlo.
Los fiscales presentaron supuestas imágenes de Google Maps y cuestionaron el uso de la propiedad. Adalin dijo que la clasificación dependía del uso real tras una inspección. Su testimonio deja a los senadores la tarea de determinar hasta qué punto los registros fiscales, el título y la partida de la SALN identifican la misma propiedad.
Los registros de Samal centran la atención en otra declaración
Se esperaba que John Kenneth Enumerables, tasador de la ciudad insular de Samal, fuera el segundo testigo de la defensa el 10 de noviembre. Su testimonio previsto se refería a declaraciones de impuestos y mapas catastrales de una propiedad presuntamente perteneciente a Carpio.
El encargado interino del registro de la propiedad de Samal había declarado anteriormente que Carpio compró la propiedad por 3,4 millones de pesos en 2018. El equipo de fiscales dijo que no aparecía en la SALN de Duterte de 2019.
La disputa de Samal se refiere a un año de declaración distinto al de las pruebas de Davao presentadas al comienzo de la defensa. Al considerar la acusación general sobre la riqueza, los senadores deben examinar por separado los registros de titularidad y las declaraciones correspondientes a cada propiedad.
La defensa también prevé presentar testimonios de contadores, banqueros y asesores legales de empresas vinculadas a Duterte. Reginald Tongol, portavoz del tribunal de juicio político del Senado, dijo que se habían entregado 22 de las 24 citaciones solicitadas por la defensa.
No se ha decidido públicamente si Duterte testificará. Michael Poa, portavoz de la defensa, dijo el 9 de noviembre que era demasiado pronto para saberlo, mientras que Luistro instó a la vicepresidenta a declarar.
Por qué los fiscales retiraron tres artículos
El Senado aceptó la retirada de tres artículos el 13 de octubre, con lo que quedaron las acusaciones de riqueza sin justificar y de declaraciones financieras incompletas del Artículo II. Los artículos retirados se referían al presunto uso indebido de fondos públicos, al soborno y a las amenazas contra Marcos, la primera dama y un antiguo presidente de la Cámara de Representantes.
Luistro dijo que mantener los cuatro artículos daría a la defensa más acusaciones que impugnar y podría prolongar el proceso hasta 2027. Aludió al cansancio del público tras investigaciones iniciadas en 2024 y un proceso de destitución que comenzó en 2025.
La fiscal principal expresó directamente esa preocupación:
El cansancio por el juicio político es real
Japhet Quitzon, investigador asociado del Programa de Asia Sudoriental del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo que retirar la acusación por amenazas podría restar a los fiscales una parte importante de su argumentación. Las presuntas amenazas quedaron grabadas en video y se referían tanto a la conducta de Duterte como a la rendición de cuentas financieras.
Duterte también enfrenta tres cargos penales por amenazas graves relacionados con comentarios sobre Marcos, la primera dama y un antiguo presidente de la Cámara de Representantes. Esos cargos se tramitan por separado del juicio político. Duterte niega haber cometido irregularidades.
Se necesitan 14 votos según la norma actual del tribunal
En septiembre, el tribunal de juicio político dictaminó que, para alcanzar la mayoría de dos tercios exigida por la Constitución para condenar, solo se contabilizarían los senadores que pudieran participar como jueces. Como cuatro de los 24 miembros del Senado no pueden participar, el cálculo del tribunal exige 14 votos en vez de 16.
Catorce es el menor número entero que alcanza dos tercios de 20. Según ese cálculo, si siete senadores participantes no respaldan la condena, la fiscalía no alcanzaría los votos necesarios.
Una impugnación pendiente de la norma de votación ante la Corte Suprema podría afectar a la decisión sobre si el umbral se calcula a partir de los senadores participantes o de todos los miembros del Senado. La norma vigente del juicio exige 14 votos.
Luistro reconoció que el menor número de votantes afecta a ambas partes:
«Se redujo el número de votos necesarios para una condena, pero no debemos pasar por alto que también se redujo el número necesario para una absolución».
Quitzon dijo que los senadores sopesarían los cambios de alianzas y sus intereses políticos de cara a 2028. Su evaluación refleja el contexto político de un juicio decidido por legisladores elegidos, quienes también deben juzgar las pruebas presentadas ante el tribunal.
Cómo llegó el caso a la fase de defensa de noviembre
Duterte y Marcos ganaron las elecciones de 2022 como candidatos de una misma fórmula, antes de que su alianza se rompiera. Marcos ha dicho que el juicio político es un asunto legislativo.
La disputa ya atravesó una importante interrupción constitucional. En agosto de 2025, el Senado archivó los artículos de acusación tras un fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional ese proceso. El juicio actual comenzó en julio de 2026.
- 2024: Comenzaron las investigaciones sobre acusaciones que luego formaron parte de la disputa por el juicio político.
- Julio de 2026: Comenzó el juicio político actual en el Senado.
- Septiembre de 2026: El tribunal de juicio político adoptó el cálculo de votación basado en los senadores que participan como jueces.
- 13 de octubre de 2026: El tribunal aceptó la retirada de tres artículos y dejó en pie el Artículo II.
- 9 de noviembre de 2026: Los abogados de Duterte comenzaron a presentar pruebas de la defensa en el día 40.
- 10 de noviembre de 2026: El juicio llegó al día 41 y los fiscales reiteraron que buscan concluirlo en 2026.
La defensa tenía asignados 30 días de juicio, aunque los fiscales han pedido una presentación más breve tras la retirada de tres artículos. El calendario de noviembre incluía nuevas sesiones los días 11, 12, 13, 19, 20 y 23 de noviembre.
Ambas partes han expresado su deseo de que el proceso concluya antes de fin de año, pero aún no se ha fijado una fecha para el veredicto. El calendario del juicio de noviembre también debe tener en cuenta el trabajo del Senado sobre el presupuesto nacional propuesto para 2027.
Puntos clave
- Los fiscales mantienen un solo artículo de acusación en el juicio político contra Sara Duterte, centrado en una presunta riqueza sin justificar.
- El experto en contabilidad forense Alexander Cabrera calculó unos 817,87 millones de pesos en activos presuntamente no declarados y riqueza sin justificar. La defensa cuestiona la cifra.
- Los abogados de Duterte comenzaron a presentar la defensa el 9 de noviembre con testimonios sobre declaraciones de propiedades y han presentado una lista de 24 testigos.
- El tribunal de juicio político exige actualmente 14 votos para condenar; está pendiente una impugnación ante la Corte Suprema sobre ese umbral.
- Los fiscales quieren un veredicto antes de finales de 2026. Aún no se ha fijado una fecha.
- Duterte niega haber cometido irregularidades. Una condena podría destituirla e inhabilitarla para ocupar cargos públicos en el futuro.
