El veredicto de noviembre depende del tiempo que necesite la defensa
Está previsto que el juicio político contra la vicepresidenta filipina Sara Duterte se reanude el 9 de noviembre de 2026. El calendario incluye ocho jornadas para ese mes y queda un solo cargo: presunto enriquecimiento no explicado. La principal fiscal de la Cámara de Representantes, Gerville Luistro, afirma que el juicio podría concluir en noviembre si la defensa presenta sus pruebas en un plazo de 10 días completos de sesiones. Sin embargo, el presidente del Senado, Sherwin Gatchalian, prevé que el proceso se prolongue hasta diciembre.
Contenido
- El veredicto de noviembre depende del tiempo que necesite la defensa
- ¿Ocho días, 10 días o los 30 iniciales?
- Por qué el caso ahora se centra en el patrimonio
- Qué alegan las pruebas financieras
- ¿Testificará Duterte personalmente?
- Por qué se disputa el umbral para una condena
- El presupuesto añade otra limitación al calendario
- Las fechas que marcarán la siguiente etapa
- Destitución, inhabilitación y sucesión
- Puntos clave
El calendario tiene consecuencias más allá del tribunal. Los senadores también deben examinar el presupuesto nacional propuesto para 2027, mientras que un recurso pendiente ante la Corte Suprema podría determinar si una condena requiere 14 votos, según el cálculo actual del tribunal de juicio político, o 16 votos, de acuerdo con el total de integrantes del Senado.
Duterte niega haber cometido irregularidades. Los fiscales ya concluyeron su presentación y ahora corresponde a la defensa responder a las acusaciones financieras que involucran a la vicepresidenta y a su esposo, el abogado Manases Carpio. El tribunal aún no ha emitido un veredicto.
Luistro espera que el proceso concluya antes de Navidad, pero todavía no se han definido la solicitud final de tiempo de la defensa ni el calendario del tribunal para diciembre. Los senadores que actúan como jueces también necesitarán tiempo para examinar el expediente completo antes de decidir el caso.
¿Ocho días, 10 días o los 30 iniciales?
Luistro dijo inicialmente que esperaba que la defensa solicitara 10 días completos de sesiones para presentar sus argumentos sobre el único cargo restante. Después señaló que había recibido información según la cual los abogados de Duterte pedirían ocho días, aunque subrayó que todavía debía verificarla. Gatchalian dijo que no tenía información que confirmara un acuerdo para conceder ocho días.
Al principio, la defensa solicitó 30 días de sesiones para responder a los cuatro artículos de juicio político. Los fiscales sostienen que retirar tres artículos debería reducir el tiempo necesario para la respuesta. No obstante, el portavoz de la Cámara de Representantes para el juicio político, Robert Ace Barbers, dijo que la defensa podría intentar utilizar el tiempo que se le había asignado inicialmente, sujeto a la autorización del tribunal.
Luistro, principal fiscal y representante de Batangas, explicó por qué esperaba una presentación más breve:
«Originalmente, la defensa pidió 30 días de sesiones para presentar sus pruebas, pero esos 30 días estaban previstos para los cuatro artículos de juicio político. Debemos tener en cuenta que la fiscalía retiró tres, y el tribunal de juicio político lo aprobó, así que queda un solo cargo».
El calendario de noviembre incluye sesiones los días 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20 y 23. Esas ocho fechas permitirían una presentación de ocho jornadas. Una presentación de 10 días completos requeriría sesiones adicionales a las previstas. En cualquiera de los dos casos, el tribunal tendría que examinar las pruebas y emitir un fallo.
Por qué el caso ahora se centra en el patrimonio
El tribunal de juicio político del Senado aceptó el retiro de tres artículos el 13 de octubre. Quedó el artículo II, relacionado con presunto patrimonio no explicado, declaraciones incompletas de activos y transacciones financieras cuestionables. Los artículos retirados se referían a fondos confidenciales, sobornos a funcionarios del Departamento de Educación y graves amenazas contra el presidente Ferdinand Marcos Jr. y otras personas.
Los fiscales dijeron que reducir el alcance del caso acortaría el proceso y sostuvieron que el artículo II podía, por sí solo, respaldar una condena. El cargo restante se centra en si Duterte declaró correctamente sus activos e intereses empresariales y en si los registros financieros permiten justificar el patrimonio que se le atribuye a ella y a Carpio.
Sheila Sison, principal abogada de la defensa, había objetado que retirar las acusaciones después de las declaraciones públicas, pero antes de que la defensa presentara sus pruebas, dejaba que se difundieran acusaciones perjudiciales sin una oportunidad equivalente de responder a ellas ante el tribunal. El presidente del tribunal, Francis Escudero, dictaminó que los senadores no emitirían ni una condena ni una absolución por los artículos retirados.
Los artículos sobre los fondos confidenciales y las amenazas se retiraron con efecto definitivo, lo que significa que el fallo de Escudero impide volver a presentarlos contra Duterte durante el mismo periodo y el 20.º Congreso. El artículo sobre sobornos se retiró sin efecto definitivo porque los fiscales no habían presentado pruebas al respecto, lo que deja abierta la posibilidad de un proceso posterior.
Qué alegan las pruebas financieras
Alexander Cabrera, último testigo de la fiscalía y experto en contabilidad forense, identificó 817,87 millones de pesos filipinos en presunto patrimonio no explicado relacionado con Duterte y Carpio entre 2022 y 2025. Cabrera es presidente emérito de Isla Lipana & Co., la firma miembro de PwC en Filipinas.
Su análisis se basó en registros bancarios, declaraciones de impuestos sobre la renta, pólizas de seguro, documentos corporativos y las Declaraciones de Activos, Pasivos y Patrimonio Neto de Duterte, conocidas comúnmente como SALN. Una SALN registra los activos y las deudas de un funcionario, así como su patrimonio neto. El patrimonio neto es el valor que queda después de restar las deudas de los activos.
Cabrera también describió un cálculo más amplio que podría ascender a 1.500 millones de pesos antes de descontar los pasivos aplicables. La cifra de 817,87 millones y el cálculo más elevado utilizan distintos alcances y ajustes. Aclarar qué activos, transacciones y deudas deben incluirse en el cálculo será fundamental para la respuesta de la defensa.
La fiscalía sostiene que los registros muestran discrepancias entre los activos declarados y los saldos bancarios, los ingresos declarados y el dinero que ingresó en las cuentas, así como los intereses empresariales y lo declarado. Entre sus pruebas había material del Consejo contra el Lavado de Dinero, la Oficina de Impuestos Internos, la Comisión de Valores y Bolsa y varios bancos.
El análisis de Cabrera también examinó inversiones en GenCorp Industries Inc., empresa que opera cinco sucursales de Jollibee. La presentación de la defensa dará a los abogados de Duterte la oportunidad de responder sobre la titularidad, la financiación y la declaración de los intereses empresariales identificados durante el caso de la fiscalía.
¿Testificará Duterte personalmente?
Duterte no había confirmado si testificaría personalmente cuando comenzara la presentación de la defensa. Janette Garin, vicepresidenta adjunta de la Cámara de Representantes y representante de Iloilo, la instó a comparecer y responder a las acusaciones financieras. Dijo que no hacerlo podría ayudar a los fiscales a conseguir 16 votos en su contra.
La declaración de Garin fue una valoración política, no un recuento anunciado de los senadores-jueces comprometidos con una postura. Su referencia a 16 votos se produce, además, mientras la Corte Suprema examina el umbral legal para una condena.
Una encuesta de Social Weather Stations realizada del 21 al 27 de septiembre reveló que el 78 % de los filipinos adultos consideraba importante que Duterte testificara personalmente, mientras que el 15 % opinaba lo contrario. La diferencia entre ambas posturas es de 63 puntos porcentuales.
La tarea de la defensa va más allá de decidir si Duterte sube al estrado. Sus abogados deben determinar qué testigos y documentos presentarán para responder al caso financiero de la fiscalía. Gatchalian ha dicho que el Senado debe escuchar esas pruebas antes de hablar de un resultado.
Por qué se disputa el umbral para una condena
El 23 de septiembre, el tribunal de juicio político votó 13 a 1 para cambiar la forma de calcular la mayoría de dos tercios necesaria para condenar. Según el método revisado, el cálculo depende de los senadores que legal y efectivamente puedan participar cuando se dicte el fallo.
Si se considera que cuatro senadores no pueden participar, la base de votación sería de 20 y se necesitarían 14 votos para alcanzar al menos dos tercios. Si se toma como base la totalidad de los 24 escaños del Senado, se requieren 16 votos. La cifra actual del tribunal podría cambiar si varía el número de integrantes habilitados antes del fallo.
Los senadores Robin Padilla y Christopher «Bong» Go, junto con funcionarios del partido PDP-Laban y otros demandantes, sostienen que el artículo XI, sección 3(6), de la Constitución exige dos tercios del total de integrantes del Senado. El tribunal de juicio político mantiene que su fallo preserva el requisito de dos tercios y, al mismo tiempo, define qué senadores-jueces se contabilizan.
La Corte Suprema, en sesión plenaria, emitió una resolución fechada el 14 de octubre de 2026, en la que ordena al tribunal de juicio político del Senado y a la Cámara de Representantes presentar sus observaciones en un plazo de cinco días desde la recepción de la notificación. El plazo no puede ampliarse.
La demanda también solicita órdenes que bloqueen temporalmente la regla revisada o restablezcan la norma anterior mientras se resuelve el recurso. No se había anunciado ningún fallo definitivo ni ninguna orden de restricción. Gatchalian dijo que el juicio continuaría bajo la regla revisada, salvo que la Corte Suprema intervenga.
El presupuesto añade otra limitación al calendario
Gatchalian prevé que la presentación de la defensa y el examen del presupuesto propuesto para 2027 prolonguen el juicio hasta diciembre. Está coordinando el calendario del Senado con el presidente de la Comisión de Finanzas, el senador JV Ejercito.
Según un acuerdo provisional, el Senado daría prioridad inicialmente al juicio político, lo pausaría durante aproximadamente una o dos semanas de deliberaciones presupuestarias en sesión plenaria y luego reanudaría el caso si la defensa aún no hubiera terminado. Las deliberaciones plenarias son la etapa en que toda la cámara examina la propuesta de gasto.
Las fechas de conclusión de la presentación de la fiscalía se describen de forma distinta: según Luistro, la exposición de sus principales pruebas concluyó el 12 de octubre, mientras que, según Gatchalian, la fiscalía dio por cerrado su caso el 15 de octubre. Ambos sitúan el turno de la defensa el 9 de noviembre.
Gatchalian ha expresado su esperanza de que el proceso concluya antes de terminar 2026, y ha citado la incertidumbre política y sus efectos en la inversión empresarial. Sin embargo, no ha prometido que el veredicto se conozca en diciembre. Dice que el calendario depende de los testigos de la defensa y de sus declaraciones.
Las fechas que marcarán la siguiente etapa
El calendario del juicio y el proceso ante la Corte Suprema coinciden ahora con el trabajo presupuestario del Senado. Estas son las principales fechas:
- Del 21 al 27 de septiembre de 2026: Social Weather Stations encuestó a la población sobre si Duterte debía testificar personalmente.
- 23 de septiembre: El tribunal de juicio político votó 13 a 1 para revisar el cálculo del umbral de condena.
- 13 de octubre: El tribunal aceptó el retiro de tres artículos de juicio político; quedó el artículo II.
- 14 de octubre: La Corte Suprema ordenó presentar observaciones sobre el recurso contra la regla de votación en un plazo de cinco días desde la recepción de la notificación.
- 9 al 13, 19, 20 y 23 de noviembre: Fechas previstas para la etapa de la defensa.
- Principios de noviembre: Se espera que el tribunal examine su calendario de diciembre a la luz de la solicitud de la defensa.
Varias decisiones se concentran en torno a la reanudación del proceso: cuánto tiempo recibirá la defensa, cuándo interrumpirán los senadores el juicio para deliberar sobre el presupuesto y si harán falta más jornadas de sesiones.
Destitución, inhabilitación y sucesión
Luistro ha sostenido que una condena debe implicar tanto la destitución del cargo como la inhabilitación para ocupar cargos públicos en el futuro. Basa esa postura en el artículo XI, sección 3(7), de la Constitución de 1987, que limita las sentencias en juicios políticos a la destitución y la inhabilitación para ejercer cargos en la República de Filipinas.
La fiscal interpreta que el uso de «y» en la disposición exige ambas sanciones. Rechazó las especulaciones no confirmadas sobre un posible acuerdo que permitiría a Duterte seguir habilitada para presentarse a futuras elecciones pese a una condena. No se ha anunciado ningún acuerdo de ese tipo.
Escudero, presidente del tribunal de juicio político, dijo que rechazaría la oferta de convertirse en vicepresidente si Duterte fuera destituida, porque habría participado en la decisión sobre su caso:
«Ya lo he dicho antes. No lo aceptaré por una razón sencilla: habría un conflicto de intereses. Nosotros fuimos quienes decidimos, así que no me parece correcto».
Gatchalian se ha negado a hablar de la sucesión mientras el caso siga sin resolverse. La tarea inmediata del tribunal es escuchar a la defensa, revisar el expediente completo del juicio y decidir sobre el cargo restante relacionado con el patrimonio, conforme a la regla de votación aplicable.
Puntos clave
- Está previsto que la defensa de Duterte comience a presentar pruebas el 9 de noviembre de 2026.
- Luistro afirma que el juicio podría concluir en noviembre; Gatchalian prevé que se prolongue hasta diciembre.
- Solo queda por resolver el artículo II, relativo al presunto patrimonio no explicado y a la declaración de información financiera.
- Cabrera identificó 817,87 millones de pesos en presunto patrimonio no explicado relacionado con Duterte y Carpio entre 2022 y 2025.
- El recurso ante la Corte Suprema plantea si una condena requiere 14 votos según el cálculo actual o 16, sobre la base de los 24 escaños del Senado.
- Duterte niega haber cometido irregularidades y no ha confirmado si testificará personalmente.
- El calendario de la defensa, las deliberaciones presupuestarias y el tiempo necesario para examinar las pruebas determinarán la fecha del veredicto.
