El juicio político contra Sara Duterte se reduce a una acusación por patrimonio mientras la defensa cuestiona su imparcialidad

Una acusación pendiente, con un monto de hasta P1.500 millones alegado

El 13 de octubre de 2026, el tribunal de juicio político del Senado aceptó retirar tres de los cuatro artículos contra la vicepresidenta filipina Sara Duterte. Quedó pendiente una acusación por patrimonio no explicado, que incluye una estimación de entre P817 millones y P1.500 millones presentada por el abogado y contador Alexander Cabrera. Se espera que la defensa comience a presentar su caso cuando se reanuden las sesiones, el 9 de noviembre.

La decisión excluye de la votación final del tribunal las acusaciones relacionadas con fondos confidenciales, sobornos a funcionarios del Departamento de Educación y amenazas graves contra el presidente Ferdinand Marcos Jr. No equivale a una absolución por esas acusaciones. El presidente del tribunal, el senador Francis Escudero, dictaminó que los senadores no emitirían ni una condena ni una absolución respecto de los artículos retirados.

El artículo II pendiente se refiere a activos presuntamente no declarados y a intereses empresariales prohibidos relacionados con Duterte y su esposo, Manases Carpio. La acusación sostiene que las pruebas bastan para pedir su destitución por violación culpable de la Constitución y traición a la confianza pública. Duterte niega haber cometido irregularidades y el tribunal aún no ha determinado si se ha probado la acusación sobre su patrimonio.

La reducción del caso se produjo tras semanas de testimonios públicos sobre dos de las acusaciones descartadas. La abogada principal de la defensa, Sheila Sison, argumentó que retirarlas antes de que Duterte presentara sus propias pruebas dejaría acusaciones perjudiciales expuestas públicamente sin una oportunidad equivalente de responder a ellas ante el tribunal.

El fallo también abrió una disputa aparte sobre el debate público de las acusaciones retiradas. Escudero levantó la restricción del tribunal de juicio político sobre las declaraciones relativas a esos artículos, pero la defensa se opuso y el senador Francis Pangilinan pidió que se reconsiderara la decisión. La cuestión seguía sin resolverse cuando el tribunal suspendió las sesiones para permitir las deliberaciones sobre el presupuesto nacional propuesto para 2027.

Qué retiró el Senado del caso

Los artículos retirados abarcaban tres grupos distintos de acusaciones. El artículo I se refería al presunto uso indebido o desvío de fondos confidenciales de la Oficina de la Vicepresidencia y del Departamento de Educación. El artículo III se refería a supuestos sobornos a funcionarios de Educación. El artículo IV abordaba amenazas graves, incluida una supuesta amenaza condicional contra Marcos, la primera dama y un expresidente de la Cámara de Representantes.

La acusación sobre amenazas surgió de una rueda de prensa en la que, presuntamente, Duterte dijo que había dispuesto que esas personas fueran asesinadas si ella moría primero. Duterte y su equipo niegan las acusaciones en su contra.

Escudero trató los retiros de forma distinta, según el avance de la acusación. Los artículos sobre fondos confidenciales y amenazas graves se retiraron con carácter definitivo. Según su fallo, no podrán reactivarse, presentarse de nuevo ni enjuiciarse contra Duterte durante el mismo mandato y en el 20.º Congreso.

El artículo sobre sobornos se retiró sin carácter definitivo, porque los fiscales no habían presentado pruebas al respecto. Esa distinción deja abierta la posibilidad de un procedimiento posterior, pero no significa que se haya presentado otro caso ni que necesariamente vaya a presentarse.

Los informes difieren al describir la secuencia. Algunos presentan la decisión del martes como el retiro de los tres artículos; otros dicen que los fiscales ya habían solicitado retirar el artículo sobre sobornos la semana anterior y luego pidieron retirar los otros dos. Coinciden en el resultado: los artículos I, III y IV no serán sometidos a una decisión.

Por qué la acusación decidió limitar el juicio

Gerville Luistro, representante del segundo distrito de Batangas y jefa del equipo acusador de la Cámara de Representantes, dijo que la decisión se tomó tras considerar al público, al tribunal, a la acusación y a la defensa. En una conferencia de prensa del Senado en Pasay City junto a la fiscal privada Lorna Kapunan, la describió como la decisión más importante del equipo.

El argumento central de Luistro fue que el artículo II podía sostenerse por sí solo. Al dirigirse al tribunal de juicio político, dijo que las pruebas justificaban pedir la destitución por ese artículo sin continuar con los otros tres.

"Creemos que las pruebas son sustanciales y contundentes, y justifican la destitución de la acusada por violación culpable de la Constitución y traición a la confianza pública", dijo Luistro.

También mencionó la impaciencia del público ante la duración del proceso y las responsabilidades legislativas de los senadores. Retirar tres de los cuatro artículos reduce en un 75% el número de acusaciones pendientes de una decisión, aunque no permite determinar cuánto se acortarán las audiencias restantes.

Los informes difieren sobre cuántos testigos ya no tendrían que declarar. Varios cifran el número en 32, mientras que otro habla de 12. El retiro reduce claramente los testimonios previstos, pero la cifra exacta es objeto de controversia. Los 14 testigos citados por la defensa se refieren a testimonios ya escuchados, no a comparecencias futuras que quedarían canceladas.

Qué abarca realmente la acusación sobre el patrimonio

El artículo II va más allá de afirmar que Duterte posee un patrimonio considerable. Sostiene que no declaró activos en su Declaración de Activos, Pasivos y Patrimonio Neto, conocida como SALN por sus siglas en inglés, y que no se desvinculó de intereses empresariales prohibidos por la Constitución. También se refiere a supuestos intereses empresariales prohibidos relacionados con Carpio.

Una SALN es una declaración de los activos, las deudas y el patrimonio neto de un funcionario. Los funcionarios públicos filipinos deben presentarla cada año. En este caso, los senadores deben evaluar las acusaciones sobre omisiones e intereses empresariales, en lugar de considerar que el valor de los activos de una persona, por sí solo, prueba una conducta indebida.

Durante la semana anterior al retiro, el tribunal escuchó testimonios del Consejo Antilavado de Dinero, de funcionarios de bancos y aseguradoras, y de Cabrera. Los fiscales también presentaron a funcionarios tributarios para respaldar la acusación pendiente.

Cabrera acusó a Duterte y Carpio de poseer un patrimonio no explicado estimado entre P817 millones y P1.500 millones. Se trata de una acusación presentada durante un testimonio, no de una conclusión del Senado. La diferencia entre las estimaciones mínima y máxima es de P683 millones, por lo que la base del cálculo es una parte importante del caso.

Las pruebas descritas públicamente incluyen varios tipos de registros financieros y testimonios. Su presentación no demuestra, por sí misma, que se hayan ocultado activos o que los intereses empresariales fueran ilegales. Esas afirmaciones aún están sujetas a la respuesta de la defensa y a la evaluación de los senadores.

La defensa cuestiona la oportunidad de responder

Sison dijo que la defensa no se oponía al retiro en sí. Su objeción se refería a quién podía decidir cómo actuaría la defensa después de que los fiscales ya hubieran presentado acusaciones y pruebas en audiencias públicas.

Argumentó que Duterte corría el riesgo de perder la posibilidad de refutar las pruebas de la acusación. La defensa también advirtió sobre la posibilidad de un juicio nulo si el equilibrio entre acusación y respuesta se veía seriamente comprometido. Se trató de una objeción jurídica planteada por la abogada, no de un fallo que declarara inválido el juicio.

Luistro respondió que la defensa había podido cuestionar a los testigos mediante el contrainterrogatorio y podía responder a las acusaciones retiradas en otros espacios. Sison rechazó la idea de que las declaraciones públicas fuera del tribunal pudieran sustituir la presentación de la defensa durante el proceso.

Michael Henry Yusingco, investigador sénior del Centro de Políticas de la Universidad Ateneo de Manila, respaldó la preocupación de la defensa. Sostuvo que retirar los artículos sobre fondos confidenciales y amenazas después de presentar pruebas públicamente vulneró el derecho de Duterte al debido proceso. Su valoración es distinta de la decisión del tribunal de permitir el retiro.

La disputa distingue dos cuestiones que pueden parecer iguales: si los senadores todavía deben decidir sobre una acusación y si una persona acusada debe poder refutar pruebas ya escuchadas. Escudero dictaminó que los artículos retirados no requerirían pruebas de la defensa. También dijo que alternar las presentaciones de la acusación y la defensa podría ayudar a evitar que se retiren acusaciones antes de que la defensa pueda responderlas.

El precedente de Corona y la autoridad del tribunal

Luistro citó el proceso de juicio político contra el expresidente de la Corte Suprema Renato Corona para respaldar la capacidad de la acusación de elegir qué artículos continuar. El relato original sitúa ese precedente en 2011 y lo describe como el juicio político a Corona. La disputa en el proceso contra Duterte se centra en el momento del retiro, no en el año asociado al precedente.

Sison dijo que cinco de los ocho artículos contra Corona se retiraron antes de que se presentaran pruebas sobre ellos. En el caso de Duterte, los fiscales ya habían presentado pruebas sobre los fondos confidenciales y las amenazas graves. Sison sostuvo que el retiro anterior no resolvía la cuestión de imparcialidad que ahora enfrenta el Senado.

Escudero también rechazó la idea de que cualquiera de las partes pudiera decidir el asunto por sí sola. Dijo que, una vez presentados, los artículos quedan bajo la jurisdicción del tribunal de juicio político, y que la solicitud de la acusación para retirarlos sigue sujeta a la decisión y discreción del tribunal.

Esta distinción explica por qué el anuncio de Luistro requería un fallo. Los fiscales eligieron qué querían seguir impulsando, pero el tribunal decidió si permitía el retiro y qué consecuencias jurídicas tendría.

Se permite el debate público, pero siguen vigentes algunas restricciones

Escudero levantó la restricción sub judice establecida en la Regla 18 del tribunal de juicio político para los artículos I, III y IV. Las restricciones sub judice limitan las declaraciones públicas sobre el fondo de un caso pendiente para proteger el proceso. Su argumento fue que los artículos retirados ya no estaban pendientes de resolución.

Según el fallo, los fiscales, Duterte, sus respectivos abogados y los testigos pueden hablar públicamente de las acusaciones retiradas. Escudero dijo que el objetivo era dar a Duterte margen para responder una vez que esos artículos dejaran de formar parte del veredicto final del tribunal.

La autorización no permite publicar pruebas sin restricciones. Escudero dijo que siguen vigentes las protecciones de confidencialidad y privacidad para los documentos protegidos y otros materiales. Las pruebas amparadas por esas protecciones no pueden simplemente copiarse, difundirse ni subirse a internet porque se haya retirado un artículo.

Sison objetó que levantar la restricción podría permitir acusaciones sin regulación contra Duterte mientras el juicio político siguiera sin concluir. Pangilinan solicitó que se reconsiderara esa parte del fallo, y Escudero dejó la moción pendiente de resolución mientras la defensa consultaba a Duterte.

La flexibilización sigue vigente para los artículos retirados hasta que la defensa presente sus observaciones y el tribunal aborde la cuestión. Michael Poa, portavoz de la defensa, también advirtió que una orden de silencio independiente de un tribunal regional de primera instancia podría seguir impidiendo el debate público del caso de amenazas graves. Por tanto, el permiso del tribunal del Senado quizá no resuelva todas las restricciones que afectan a las partes.

Duterte descarta renunciar mientras continúan otras acusaciones

En una intervención el martes en la 52.ª Conferencia y Exposición Empresarial de Filipinas, Duterte rechazó cualquier sugerencia de que dejaría el cargo voluntariamente. Dijo que su equipo jurídico planeaba refutar las acusaciones y que no esperaba imparcialidad del Gobierno.

No voy a renunciar. Nunca renunciaré al cargo de vicepresidenta.

Duterte ha calificado las acusaciones de motivadas políticamente y destinadas a socavar su candidatura presidencial prevista para 2028. También dijo que esperaba más acusaciones y una campaña hostil a medida que se acercaran las elecciones. Esas declaraciones expresan su postura; no resuelven las acusaciones que debe examinar el tribunal.

Otras acusaciones han continuado fuera de las audiencias del juicio político. El lunes anterior, la Oficina Nacional de Investigación anunció que investigaba propiedades de Duterte, incluidos terrenos que, presuntamente, fueron declarados de forma indebida como agrícolas en sus SALN.

Por separado, el exsenador Antonio Trillanes IV acusó a Duterte y Carpio de recibir remesas del Gobierno chino. El policía destituido Rodulfo Gracioso Jr. y Ramil Madriaga, quien se describió a sí mismo como administrador de fondos, formularon acusaciones relacionadas con entregas de dinero. Duterte negó las acusaciones.

Estas investigaciones y acusaciones no deben confundirse con las conclusiones sobre el artículo II. El retiro de tres artículos del juicio político no determina si esas otras afirmaciones son ciertas, y la existencia de una investigación tampoco prueba que se hayan cometido irregularidades.

El calendario y lo que está en juego en el veredicto

La decisión del martes llegó, según los informes, en el día 39 del juicio, que comenzó el 6 de julio. La siguiente etapa prevista es la presentación de la defensa, el 9 de noviembre. El líder de la minoría del Senado, Alan Peter Cayetano, dijo que la Constitución no establece un plazo para el juicio político y que los senadores podían tomarse el tiempo necesario para garantizar la imparcialidad mientras atendían las deliberaciones presupuestarias.

• Mayo de 2026: La Cámara de Representantes sometió a Duterte a un juicio político por cuatro artículos.
• 6 de julio de 2026: Comenzó el juicio político en el Senado.
• Septiembre de 2026: Según los informes, el Senado adoptó una interpretación del umbral de condena basada en los senadores que podían participar.
• 13 de octubre de 2026: El tribunal aceptó retirar los artículos I, III y IV; quedó pendiente el artículo II.
• 9 de noviembre de 2026: Está previsto que se reanuden las sesiones; se espera que la defensa presente pruebas y testigos.

El umbral de votos podría ser decisivo. Según los informes, el Senado, integrado por 24 miembros, interpretó el requisito constitucional de dos tercios de todos los miembros como dos tercios de los senadores que podían participar, lo que fijó el umbral en 14 votos. Dos tercios de los 24 miembros serían 16 votos. La interpretación mencionada reduce, por tanto, en dos el número de votos necesarios.

Aún no se ha emitido un veredicto. Una condena podría llevar a la destitución de Duterte y a su inhabilitación para ocupar cargos públicos, lo que pondría en riesgo su campaña presidencial prevista para 2028. La reducción del caso cambia qué decidirán los senadores, pero no elimina esas posibles consecuencias.

El retiro también suscitó críticas de Bagong Alyansang Makabayan. Su presidente, Renato Reyes Jr., dijo que la controversia sobre los fondos confidenciales contribuyó a impulsar el juicio político y que el público merecía una respuesta definitiva. La decisión del tribunal deja ese artículo sin veredicto, aunque ya había sido objeto de testimonios.

Claves

• Solo queda pendiente de decisión en el Senado el artículo II, que se refiere a un patrimonio presuntamente no explicado, la declaración de activos y los intereses empresariales prohibidos.
• Cabrera alegó que el patrimonio no explicado asciende a entre P817 millones y P1.500 millones. El Senado no ha adoptado esa estimación como conclusión.
• Los artículos sobre fondos confidenciales y amenazas graves se retiraron con carácter definitivo; el artículo sobre sobornos se retiró sin carácter definitivo.
• La defensa cuestiona la imparcialidad de retirar acusaciones después de que la acusación presentara pruebas en audiencias públicas.
• El fallo actual del Senado permite hablar públicamente de los artículos retirados, pero siguen vigentes las protecciones de confidencialidad y pueden aplicarse restricciones impuestas por otros tribunales.
• Se espera que la defensa comience a presentar su caso el 9 de noviembre. Duterte niega haber cometido irregularidades y dice que no renunciará.