Un marco jurídico más amplio para el dinero y las conductas indebidas en el extranjero
China presentó el 2 de noviembre de 2026 una versión revisada del proyecto de ley para combatir la corrupción transfronteriza, que será sometida a una segunda lectura. La propuesta plantea mayores garantías de confidencialidad, obligaciones de cumplimiento más claras para las empresas y el requisito explícito de respetar los derechos humanos durante las investigaciones.
Contenido
- Un marco jurídico más amplio para el dinero y las conductas indebidas en el extranjero
- ¿Qué cambió entre las dos lecturas?
- Cómo influyeron los comentarios del público en las revisiones
- Por qué se propone una sola ley
- Rastrear dinero a través de empresas y cuentas
- Los derechos y la confidencialidad se convierten en obligaciones explícitas
- Qué tendrían que organizar las empresas
- La cooperación en el extranjero se enfrenta a sistemas jurídicos distintos
- Recuperación de activos y cambios que los expertos aún proponen
- Puntos clave
El proyecto, compuesto por seis capítulos y 47 artículos, fue presentado en la 25.ª sesión del Comité Permanente de la XIV Asamblea Popular Nacional (APN). Reuniría normas sobre investigaciones, cooperación internacional, conducta empresarial y responsabilidad jurídica que actualmente están dispersas en varias leyes y disposiciones gubernamentales.
Las revisiones también incorporan el compromiso de promover un sistema mundial justo y razonable para combatir la corrupción. Junto con la cooperación con otros países, el proyecto contempla contramedidas contra gobiernos extranjeros que, según China, aplican indebidamente sus leyes en el extranjero con el pretexto de combatir la corrupción.
Para las empresas chinas que operan en el extranjero, los cambios propuestos concretarían la responsabilidad de prevenir el soborno. Las empresas tendrían que contar con departamentos de cumplimiento o personal designado, en función de su tamaño, actividades y riesgos. En el caso de los investigadores, los cambios establecerían obligaciones expresas relativas a los procedimientos legales y al manejo de información confidencial.
La legislación sigue en deliberación. Estaba previsto que la sesión se prolongara hasta el viernes, pero no se anunció una fecha de aprobación ni de entrada en vigor.
¿Qué cambió entre las dos lecturas?
El Comité Permanente examinó por primera vez el proyecto en su 24.ª sesión, en agosto de 2026. La versión de noviembre desarrolla sus objetivos y principios legislativos y, a la vez, precisa las garantías para la información obtenida durante la supervisión y las investigaciones.
Huang Haihua, portavoz de la Comisión de Asuntos Legislativos del Comité Permanente, señaló tres áreas principales de revisión: los principios que rigen la aplicación de la ley, los requisitos de confidencialidad y la organización del trabajo de integridad y cumplimiento empresarial.
Los principios propuestos combinan un enfoque integral de la seguridad nacional con el estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes, la observancia de los procedimientos establecidos por la ley y el respeto y la protección de los derechos humanos. Los procedimientos establecidos por la ley son los pasos que las autoridades deben seguir porque así lo exige la legislación.
El proceso legislativo es el siguiente:
- Agosto de 2026: El Comité Permanente realizó la primera lectura del proyecto.
- Entre ambas lecturas: Una consulta pública reunió propuestas de particulares, diputados de la APN y oficinas de enlace legislativo.
- 2 de noviembre de 2026: La versión revisada del proyecto fue presentada para su segunda lectura.
La APN ha descrito la legislación como un paso importante hacia un marco jurídico sistemático e integral para los asuntos de corrupción relacionados con otros países. Su objetivo práctico es conectar las instituciones y los procedimientos que intervienen cuando personas, pagos o pruebas cruzan fronteras.
Cómo influyeron los comentarios del público en las revisiones
La consulta recibió 1.263 propuestas presentadas por 268 personas a través del sitio web de la APN. Otras 35 propuestas llegaron de 14 diputados de la APN por medio de su plataforma en línea, mientras que 11 oficinas de enlace legislativo aportaron más de 1.000 propuestas. También se recibieron cinco cartas de ciudadanos.
En conjunto, esos canales aportaron más de 2.298 propuestas, además de las cinco cartas. Las cifras cuentan las propuestas presentadas, no el número de participantes distintos en todos los canales, ya que personas y oficinas podían presentar varias ideas.
Los participantes pidieron objetivos legislativos más claros, una mejor coordinación entre las autoridades, procedimientos más detallados para la gestión de los casos y una mayor protección de los secretos comerciales, la privacidad y los datos personales. La protección de quienes denuncian irregularidades también fue uno de los asuntos planteados.
La descripción de Huang sobre las revisiones muestra una respuesta directa en materia de confidencialidad y responsabilidades empresariales. La protección de quienes denuncian irregularidades figuró en la consulta, pero los cambios anunciados se centraron en las tres áreas que él señaló.
Por qué se propone una sola ley
China ya cuenta con normas pertinentes para combatir la corrupción relacionada con otros países en la Ley de Supervisión, la Ley de Procedimiento Penal, la Ley de Extradición, la Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional y la Ley contra el Lavado de Dinero. Estas leyes regulan distintas partes del proceso, desde la investigación de conductas indebidas hasta la obtención de ayuda en el extranjero y la recuperación de dinero.
Peng Xinlin, profesor de la Universidad Normal de Beijing y miembro del consejo ejecutivo de la Asociación China de Derecho contra la Corrupción, dijo que una legislación específica podría reunir esas herramientas en un marco común. Relacionó esa coordinación con los esfuerzos por perseguir a las personas que salen de China para eludir una investigación.
"Una legislación específica significa, como mínimo, que se prevé reunir en un marco jurídico más sistemático las herramientas de gobernanza que antes estaban dispersas entre distintos departamentos y estructuras institucionales, y disipar la ilusión de que los prófugos que huyen al extranjero están fuera del alcance de la ley", dijo Peng.
El proyecto establece un mecanismo nacional de coordinación y aborda las responsabilidades, la gestión de casos, la cooperación internacional, el cumplimiento empresarial y las responsabilidades jurídicas. Peng describió su función como la de conectar y complementar las leyes existentes.
La necesidad de coordinación se hace más evidente cuando el dinero pasa por varios países. Un investigador puede necesitar registros financieros nacionales, pruebas en el extranjero y la ayuda de un tribunal extranjero para asegurar activos, con una autoridad distinta responsable de cada paso.
Rastrear dinero a través de empresas y cuentas
Las sociedades extraterritoriales, los fideicomisos y las sucesivas capas de sociedades ficticias pueden dificultar el rastreo de la propiedad y el movimiento del dinero. Una sociedad ficticia puede tener poca actividad comercial y, a la vez, poseer activos o servir de vínculo entre cuentas. Un fideicomiso pone activos bajo administración en beneficio de terceros, lo que añade otra relación jurídica que los investigadores deben examinar.
El caso de Li Yong, ex subsecretario del Partido y gerente general de la Corporación Nacional de Petróleo Marino de China, ilustra la dimensión internacional del caso. Más del 83 % del dinero ilícito en su caso procedía del extranjero. El dinero pasó por sociedades extraterritoriales y cuentas bancarias de varios países y regiones antes de llegar a bancos en el extranjero.
Peng dijo que algunos casos de corrupción combinan actualmente el ejercicio de funciones públicas en China con la recepción de beneficios ilícitos en el extranjero. Las empresas también pueden canalizar pagos indebidos a través de filiales extranjeras, agentes o intermediarios, lo que dificulta identificar la transacción subyacente.
Guo Hua, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Finanzas y Economía, dijo que el proyecto utiliza el abuso del poder público como criterio central para definir la corrupción transfronteriza. Añadió que su alcance también incluye el soborno de funcionarios públicos extranjeros por parte de empresas y particulares chinos, lo que vincula la conducta empresarial nacional con las obligaciones internacionales de China.
Los derechos y la confidencialidad se convierten en obligaciones explícitas
La versión revisada del proyecto exige que las autoridades actúen estrictamente de conformidad con la Constitución y las leyes, sigan los procedimientos legales y respeten y protejan los derechos humanos. Estos requisitos son importantes porque las investigaciones pueden afectar a sospechosos, testigos, empresas y otras personas vinculadas a activos o transacciones en disputa.
Guo dijo que la legalidad de una investigación puede influir en la decisión de otro país de prestar ayuda. Las autoridades que reciben una solicitud de pruebas o de recuperación de activos pueden examinar los procedimientos utilizados por el país solicitante antes de decidir cómo responder.
Peng dijo que las investigaciones deben distinguir entre las personas sospechosas de haber cometido irregularidades y terceros sin relación con ellas. Por ejemplo, una empresa cuyos registros se examinan puede tener empleados, clientes o socios comerciales cuyos intereses legítimos también deben protegerse.
Las disposiciones de confidencialidad abarcan cinco categorías: secretos de Estado, información confidencial de trabajo, secretos comerciales, privacidad personal y datos personales. Las autoridades pertinentes y su personal tendrían la obligación legal de proteger la información de estas categorías obtenida durante la supervisión o las investigaciones.
El proyecto también aborda el uso de tecnologías de la información por parte de las autoridades. Esta combinación incorpora el trabajo de investigación digital y la protección de registros sensibles en el mismo marco legislativo, con obligaciones de confidencialidad aplicables a la información que obtenga el personal oficial.
Qué tendrían que organizar las empresas
Las empresas nacionales que realicen actividades comerciales transfronterizas estarían obligadas a establecer departamentos de integridad y cumplimiento o a asignar personal a esa labor. Su organización tendría que ajustarse al tamaño de la empresa, al ámbito de sus actividades y a sus necesidades de prevención y control de riesgos.
El cumplimiento consiste en contar con personal y procesos responsables de que las actividades empresariales se ajusten a la ley. En este contexto, incluye prevenir el soborno y las transferencias indebidas de beneficios en las operaciones en el extranjero.
Guo dijo que la posibilidad de elegir entre un departamento y personal designado ofrece a las empresas más pequeñas una alternativa distinta a la de un gran grupo multinacional para cumplir la obligación. El proyecto vincula el requisito organizativo a las características de la empresa, en vez de exigir que todas creen un departamento idéntico.
Peng señaló varios problemas prácticos: las operaciones en el extranjero suelen depender de agentes, consultores y socios locales; comprobar los antecedentes de esos terceros puede ser costoso; y las sedes centrales pueden tener dificultades para supervisar filiales y equipos de proyectos a distancia. Además, escasea el personal familiarizado tanto con los negocios internacionales como con las leyes pertinentes contra la corrupción.
La magnitud de esta tarea es considerable. A finales de 2025, los inversores chinos habían establecido más de 50.000 empresas en el extranjero, en 190 países y regiones. China también era un socio comercial importante para más de 160 países y regiones, y su comercio de bienes había ocupado el primer puesto mundial durante ocho años consecutivos.
La cooperación en el extranjero se enfrenta a sistemas jurídicos distintos
El proyecto propone utilizar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción como principal canal de cooperación internacional. Sitúa este enfoque junto al respeto de la soberanía, la igualdad y el beneficio mutuo en la búsqueda de prófugos, la recuperación de ganancias ilícitas y la devolución de activos.
La Convención proporciona un marco internacional común, pero las solicitudes individuales siguen tramitándose a través de los sistemas jurídicos nacionales. Peng dijo que los países pueden discrepar sobre qué constituye corrupción, qué pruebas son admisibles y qué procedimientos deben seguirse.
La extradición y la asistencia jurídica pueden estar sujetas a un requisito conocido como doble incriminación. En términos sencillos, por lo general la conducta en cuestión debe constituir un delito en ambos países. Por ello, las diferencias en las definiciones jurídicas pueden influir en la tramitación de una solicitud.
El proyecto también autoriza contramedidas contra países extranjeros que invoquen la aplicación de normas contra la corrupción como pretexto para contener o reprimir a China mediante la aplicación indebida de sus leyes fuera de su territorio. Esa disposición ya figuraba en la primera lectura.
El marco propuesto combina, por tanto, dos objetivos: conseguir cooperación para investigar la corrupción y recuperar dinero, y proteger a las instituciones, empresas y personas chinas frente a medidas extranjeras que China considera indebidas. Para alcanzar cualquiera de esos objetivos se necesitan decisiones de autoridades fuera de las fronteras de China.
Recuperación de activos y cambios que los expertos aún proponen
Según cifras oficiales, desde el inicio de la Operación Red Celeste en 2015 hasta finales de 2024 se repatrió a 14.048 prófugos desde más de 120 países y regiones. Durante ese período, las autoridades recuperaron 66.620 millones de yuanes en activos ilícitos.
En 2025, las autoridades registraron 505 investigaciones sobre corrupción transfronteriza y la repatriación de 963 prófugos. Las cifras describen actividades distintas: las investigaciones se refieren a casos, mientras que las repatriaciones cuentan a las personas devueltas a China.
Peng ha propuesto una herramienta adicional para impedir que el dinero salga del país mientras los investigadores comienzan su trabajo. Dijo que el artículo 19 aborda el riesgo de que los sospechosos huyan mediante restricciones de salida del país y recomendó medidas de emergencia correspondientes para los activos.
Su propuesta permitiría a las autoridades pertinentes, con sujeción a las condiciones y los procedimientos legales, detener pagos o congelar o incautar bienes temporalmente durante un máximo de 48 horas. El límite de tiempo sugerido forma parte de su recomendación, no de una disposición anunciada en la versión revisada del proyecto.
Guo recomendó establecer normas más claras para reconocer y ejecutar fallos extranjeros de decomiso, iniciar procesos civiles en el extranjero, proteger activos antes de un juicio y compartir entre países los activos recuperados. Estos procedimientos abordarían los pasos entre la identificación de dinero en el extranjero y su devolución.
Peng también pidió una mayor conexión con el derecho penal y el procedimiento penal, incluso en lo relativo a cómo se corresponde la definición de corrupción transfronteriza con los delitos penales y cómo se asignan las responsabilidades por las filiales en el extranjero. Estas propuestas señalan el trabajo jurídico detallado que sigue en discusión mientras la legislatura examina el marco general.
Puntos clave
- La versión revisada del proyecto se presentó para su segunda lectura el 2 de noviembre de 2026, tras un primer examen en agosto.
- Sus seis capítulos y 47 artículos abordan la coordinación, las investigaciones, la cooperación internacional, el cumplimiento empresarial y la responsabilidad jurídica.
- Las revisiones exigen expresamente procedimientos legales, respeto por los derechos humanos y confidencialidad para la información sensible.
- Las empresas chinas que operen a través de las fronteras tendrían que contar con departamentos de cumplimiento o personal designado, en función de su tamaño y sus riesgos.
- El proyecto combina la cooperación internacional con contramedidas frente a medidas extranjeras que China considera indebidas.
- Las restricciones de emergencia sobre activos por hasta 48 horas son una recomendación de expertos, no una disposición anunciada en el proyecto.
- La legislación sigue en deliberación y no se ha anunciado una fecha de aprobación ni de entrada en vigor. ]
