La muerte de tres trabajadores podría dar lugar a una multa vinculada a las ganancias de la empresa
Corea del Sur permitirá imponer multas de hasta el 5 % de las ganancias operativas anuales promedio de un empleador cuando las infracciones de las obligaciones de seguridad laboral provoquen la muerte de al menos tres trabajadores en el plazo de un año. Las nuevas facultades entrarán en vigor el 28 de abril de 2027, junto con derechos más amplios para que los trabajadores detengan las tareas peligrosas y abandonen el lugar antes de que ocurra un accidente.
Contenido
- La muerte de tres trabajadores podría dar lugar a una multa vinculada a las ganancias de la empresa
- Cómo funcionará la multa económica
- Los trabajadores podrán actuar antes
- Las órdenes del gobierno podrán emitirse antes de que haya otra víctima
- Recompensas por denuncias y un nuevo comité de seguridad
- Cambiarán los plazos de construcción y los presupuestos de seguridad
- Por qué las empresas de construcción siguen de cerca otro proyecto de ley
- Empleadores y sindicatos discrepan sobre el alcance de la ley
- Las muertes han disminuido, mientras la aplicación de las medidas se prolongará hasta 2027
- Puntos clave
Las enmiendas a la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional se promulgaron el 27 de octubre de 2026. Combinan sanciones económicas por muertes múltiples o reiteradas con una intervención más temprana en lugares de trabajo peligrosos, recompensas por denunciar infracciones y requisitos más amplios para reservar fondos destinados a la seguridad.
La multa se calculará sobre la base de las ganancias operativas anuales promedio de los tres años anteriores. Cuando esa cifra no esté disponible o sea difícil de calcular, o cuando el 5 % de ella sea inferior a 3.000 millones de wones, las autoridades podrán imponer en su lugar una multa de hasta 3.000 millones de wones. Las ganancias operativas son el dinero que obtiene una empresa de sus actividades una vez deducidos los costos operativos.
Los trabajadores empleados por subcontratistas también tendrán derecho a pedir directamente al contratista principal que detenga las tareas. Para quien se enfrente a una labor peligrosa en un lugar controlado por otra empresa, esto abre una vía para dirigirse a la empresa que gestiona el sitio de trabajo en su conjunto.
El gobierno aplicará los cambios por etapas. Las recompensas por denuncias y un nuevo comité nacional de seguridad comenzarán el 28 de enero de 2027. Las principales disposiciones sobre multas y suspensión de tareas entrarán en vigor tres meses después, mientras que algunos requisitos de gasto en seguridad comenzarán en octubre de 2027.
Cómo funcionará la multa económica
La sanción económica se aplicará cuando un empleador incumpla sus obligaciones de seguridad o salud y al menos tres trabajadores mueran en accidentes laborales en el plazo de un año. Las obligaciones pertinentes se establecen en los artículos 38, 39 y 63 de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, que abarcan las medidas de seguridad y salud y las responsabilidades relacionadas con el trabajo contratado.
Un comité de revisión de multas examinará cada caso. Las autoridades tendrán en cuenta el número de infracciones, el tamaño de la empresa, la cantidad de trabajadores fallecidos, la gravedad de los incumplimientos y la proporción de la plantilla que murió. También influirán las medidas adoptadas para prevenir accidentes y evitar que vuelvan a ocurrir.
El 5 % es el máximo; la sanción concreta dependerá de esos factores. El límite alternativo de 3.000 millones de wones también permite imponer una multa considerable cuando un empleador obtiene pocas ganancias operativas o estas no pueden calcularse fácilmente.
Para poner las cifras en perspectiva, el 5 % de unas ganancias operativas anuales promedio de 100.000 millones de wones equivaldría a 5.000 millones de wones. Con ganancias promedio de 20.000 millones de wones, el mismo cálculo da como resultado 1.000 millones de wones, por lo que se aplicaría la disposición que permite imponer una multa de hasta 3.000 millones de wones.
El dinero recaudado ingresará en el fondo del seguro de indemnización por accidentes laborales y se destinará a la prevención de accidentes. El Ministerio de Empleo y Trabajo afirma que la medida busca incentivar a los empleadores a invertir en la protección de los trabajadores antes de que ocurran accidentes.
Los trabajadores podrán actuar antes
Actualmente, los trabajadores tienen derecho a detener las tareas y evacuar cuando un accidente laboral supone un peligro inminente. A partir del 28 de abril de 2027, ese derecho se extenderá a las situaciones en las que exista una preocupación razonable de que pueda surgir dicho peligro.
El cambio adelanta el momento en que un trabajador puede actuar. En lugar de esperar a que una situación peligrosa se desarrolle por completo, podrá responder ante una preocupación fundada de que se aproxima un accidente.
Los trabajadores, sus representantes y los inspectores honorarios designados de seguridad ocupacional podrán pedir al empleador que detenga las tareas. Los inspectores honorarios son personas nombradas para ayudar a supervisar la seguridad laboral; la participación de los trabajadores forma parte de su función.
Los trabajadores subcontratados podrán presentar la solicitud directamente al contratista principal, además de a su propio empleador. Esto es importante en los lugares de trabajo donde una empresa controla el sitio y otra aporta a las personas que realizan las tareas.
Las organizaciones laborales quieren que se publiquen pautas prácticas sobre cómo se protegerán los salarios de los trabajadores durante una suspensión y cómo se determinará si existe un peligro inminente. Los empleadores también piden un proceso de decisión claro y sostienen que la incertidumbre sobre el umbral podría generar disputas sobre cuándo detener y reanudar las tareas.
Las órdenes del gobierno podrán emitirse antes de que haya otra víctima
La facultad del ministro de Trabajo para detener las tareas se extenderá más allá de los casos en que ya se haya producido un accidente grave. También podrá emitirse una orden cuando un trabajador herido esté inconsciente o no se sepa con certeza si sobrevivirá.
Los derrumbes, incendios, explosiones y fugas de sustancias peligrosas serán motivos para intervenir cuando creen un riesgo inminente de un accidente grave. El objetivo es interrumpir las actividades peligrosas antes de que otros trabajadores resulten heridos.
Los empleadores también tendrán la obligación específica de suspender las tareas si no han cumplido una orden correctiva de seguridad y ese incumplimiento crea un riesgo inminente de accidente. Las tareas deberán permanecer suspendidas hasta que se realice la corrección exigida.
Una orden para instalar barandillas de seguridad muestra el efecto práctico. Si un empleador deja sin terminar la protección requerida y los trabajadores afrontan un riesgo inminente, deberá detener las tareas afectadas hasta que se solucione el problema.
Los accidentes laborales mortales reiterados también podrían poner en riesgo el registro comercial de un empleador. El ministro de Trabajo podrá pedir a la autoridad administrativa competente que cancele o revoque un registro después de que se hayan impuesto al menos dos sanciones de suspensión de actividades en un plazo de tres años y se produzca otro incidente que cumpla los requisitos para solicitar una suspensión. Entre los incidentes que cumplen esos requisitos están las infracciones de seguridad o salud que causen la muerte de al menos dos trabajadores al mismo tiempo.
Esta facultad, que también entrará en vigor el 28 de abril de 2027, permitirá al ministerio solicitar que se retire el permiso para operar a quienes reincidan. La decisión de cancelar el registro corresponderá a la autoridad administrativa competente.
Recompensas por denuncias y un nuevo comité de seguridad
A partir del 28 de enero de 2027, las autoridades podrán pagar recompensas a quienes denuncien infracciones de la legislación sobre seguridad ocupacional o de las órdenes emitidas en virtud de ella. El ministerio prevé abrir un centro de denuncias sobre seguridad en el lugar de trabajo como parte del programa.
Los requisitos para recibir recompensas, los montos y los procedimientos se especificarán en reglamentos complementarios. El mismo proceso normativo establecerá los detalles para calcular las multas, los procedimientos de cobro, los criterios para suspender las tareas y los requisitos ampliados de gastos en seguridad. Estas son las normas prácticas que convertirán las obligaciones generales de la ley en procedimientos que los lugares de trabajo puedan aplicar.
El Comité por Lugares de Trabajo Seguros comenzará a funcionar en el Ministerio de Trabajo el 28 de enero. Lo presidirá el ministro de Trabajo y tendrá hasta 20 integrantes, entre ellos representantes de los trabajadores y de la dirección empresarial, altos funcionarios del gobierno y expertos en seguridad ocupacional.
El comité revisará y coordinará las políticas y los planes de prevención de accidentes. Su labor incluirá supervisar la aplicación de las medidas, evaluar a las instituciones y considerar investigaciones sobre los riesgos laborales.
El ministro de Trabajo, Kim Young-hoon, ha instado a empleadores y trabajadores a identificar juntos los peligros y corregirlos antes de que ocurran accidentes. También se ha comprometido a preparar los reglamentos y las disposiciones de aplicación necesarios para poner las medidas en práctica.
Cambiarán los plazos de construcción y los presupuestos de seguridad
Los requisitos para contabilizar los costos de gestión de la seguridad y la salud ocupacional se extenderán a los contratistas y a otros sectores, además de a los propietarios de proyectos de construcción. Se trata de fondos reservados para medidas de protección de las personas durante la ejecución de las obras.
Las disposiciones sobre construcción entrarán en vigor el 28 de abril de 2027. Los requisitos aplicables a otros sectores comenzarán el 28 de octubre de 2027. Los subcontratistas deberán preparar y conservar registros de gastos, y no podrán destinar a otros fines el dinero reservado para la seguridad.
El calor y el frío extremos se reconocieron expresamente como motivos para solicitar una prórroga del plazo de una obra. Esta disposición entró en vigor de inmediato, por lo que los riesgos meteorológicos podrán tenerse en cuenta al decidir si un proyecto necesita más tiempo.
La relación entre el tiempo y la seguridad es directa: detener las tareas peligrosas puede retrasar un proyecto, mientras que un plazo fijo puede presionar a los contratistas para que sigan adelante. Reconocer las condiciones meteorológicas extremas como motivo para solicitar una prórroga da a los contratistas una base formal para pedir más tiempo.
Otra disposición que entró en vigor de inmediato permite que cierta maquinaria importada destinada a la exportación, incluidos equipos que de otro modo estarían sujetos a certificación de seguridad, pueda quedar exenta.
Por qué las empresas de construcción siguen de cerca otro proyecto de ley
Las empresas de construcción también siguen una propuesta de Ley Especial de Seguridad en la Construcción presentada por Moon Jin-seok, legislador del Partido Democrático. La propuesta permitiría suspender actividades o imponer multas de hasta el 3 % de las ventas por determinados incumplimientos de seguridad que causen víctimas, con un límite propuesto de 100.000 millones de wones. Sigue siendo un proyecto de ley en estudio.
La diferencia entre ventas y ganancias ayuda a entender mejor las consecuencias económicas. Las ventas son el total del dinero recibido de los clientes. Las ganancias operativas son lo que queda después de descontar los costos operativos, por lo que un porcentaje de las ventas puede ser mucho mayor que el mismo porcentaje de las ganancias.
La Asociación de la Construcción de Corea sitúa el margen de ganancias operativas del sector en el 3,15 %. Con ese margen, una empresa con ventas de 1 billón de wones obtendría unas ganancias operativas de aproximadamente 31.500 millones de wones. Una multa equivalente al 3 % de esas ventas sería de 30.000 millones de wones, cerca del 95 % de esas ganancias operativas.
En comparación, el 5 % de 31.500 millones de wones equivale a 1.575 millones de wones. Según las enmiendas promulgadas a la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, ese cálculo entra dentro de la disposición que permite imponer una multa de hasta 3.000 millones de wones. Las multas concretas dependerían de los criterios legales aplicables y de los hechos del caso.
El presidente de la asociación, Han Seung-gu, ha afirmado que la recuperación de la construcción se concentra en la región de la capital y en los proyectos públicos, mientras que la construcción regional y privada sigue débil. La asociación sostiene que la sanción propuesta, calculada sobre las ventas, podría perjudicar las finanzas de las empresas y pide presupuestos y plazos de construcción adecuados.
Empleadores y sindicatos discrepan sobre el alcance de la ley
La Federación de Empresas de Corea sostiene que las nuevas sanciones son excesivas y poco realistas, en particular si se suman a la responsabilidad penal prevista en la Ley de Castigo de Accidentes Graves. Afirma que los lugares de trabajo grandes podrían afrontar sanciones muy elevadas, mientras que las empresas pequeñas podrían ver amenazada su supervivencia.
La Federación de Sindicatos de Corea celebra la posibilidad de imponer multas económicas tras incumplimientos de seguridad con consecuencias mortales, pero teme que el requisito de al menos tres muertes en un año limite el alcance de la medida. Pide criterios de evaluación detallados que permitan aplicar la ley de manera efectiva.
Lim Hyun, socio del bufete de abogados Dongin, ha sostenido que las enmiendas convierten la seguridad en una responsabilidad de los altos directivos y los consejos de administración, junto con los resultados financieros y las inversiones. Su evaluación se centra en si los trabajadores pueden plantear sus preocupaciones sobre peligros, si los gerentes responden con rapidez y si los contratistas principales comparten información sobre riesgos con los subcontratistas.
Un informe de Kim & Chang anterior describió una propuesta aprobada por una comisión parlamentaria el 23 de febrero de 2026, que fijaba un umbral de tres o más casos de accidentes mortales en un año. Las disposiciones promulgadas en octubre se refieren a la muerte de tres o más trabajadores, lo que permite contabilizar varias muertes en un solo accidente para alcanzar el umbral.
El informe del bufete también describe enmiendas relacionadas, promulgadas el 19 de febrero de 2026, sobre la divulgación de información de seguridad, la evaluación de riesgos y la participación de los trabajadores. Para los empleadores, esas medidas vinculan las nuevas sanciones con las obligaciones existentes de identificar riesgos, documentar las actividades de seguridad e involucrar a los trabajadores en la prevención.
Las muertes han disminuido, mientras la aplicación de las medidas se prolongará hasta 2027
Las cifras definitivas de 2025 del Ministerio de Trabajo sitúan las muertes laborales en 828 en 2021, 644 en 2022, 598 en 2023, 571 en 2024 y 559 en 2025. El descenso entre 2021 y 2025 fue de 269 muertes, aproximadamente un 32,5 %.
La tasa de muertes por accidentes laborales en 2025 fue de 0,38 por cada 10.000 trabajadores, frente al objetivo de política pública de 0,29 asociado con el promedio de la OCDE. Las cifras comunicadas hasta septiembre de 2026 registraron 366 muertes, 91 menos, o un 19,9 % menos, que en el mismo período del año anterior.
El calendario legislativo establece cuándo entrarán en vigor los próximos cambios para trabajadores, contratistas y empleadores:
- 1 de octubre de 2026: La Asamblea Nacional aprobó las enmiendas por 161 votos contra 52, con seis abstenciones entre los 219 miembros presentes.
- 20 de octubre de 2026: Una reunión del gabinete presidida por el presidente Lee Jae-myung aprobó la medida de promulgación.
- 27 de octubre de 2026: Se promulgaron las enmiendas; las disposiciones sobre condiciones meteorológicas en la construcción y ciertas exenciones para maquinaria entraron en vigor de inmediato.
- 28 de enero de 2027: Comenzarán a aplicarse las disposiciones sobre recompensas por denuncias y el Comité por Lugares de Trabajo Seguros.
- 28 de abril de 2027: Entrarán en vigor las multas económicas, la ampliación del derecho a detener las tareas, las medidas relativas al registro comercial y las disposiciones sobre gastos de seguridad en la construcción.
- 28 de octubre de 2027: Los requisitos de gastos de seguridad se extenderán a otros sectores.
El siguiente paso práctico es que el gobierno prepare reglamentos detallados. Esas normas determinarán cómo se evaluará la preocupación de un trabajador ante un peligro, cómo documentarán los empleadores sus esfuerzos de prevención y cómo calcularán las autoridades las multas tras infracciones con consecuencias mortales.
Puntos clave
- Las infracciones de seguridad que provoquen la muerte de al menos tres trabajadores en un año podrán dar lugar a multas a partir del 28 de abril de 2027.
- El límite principal es el 5 % de las ganancias operativas anuales promedio de los tres años anteriores, con un límite alternativo de 3.000 millones de wones en determinadas circunstancias.
- Los trabajadores tendrán derechos más amplios para detener las tareas y evacuar, y los trabajadores subcontratados podrán pedir directamente a los contratistas principales que las suspendan.
- Las infracciones mortales reiteradas pueden llevar al ministro de Trabajo a solicitar la cancelación o revocación del registro comercial.
- Las recompensas por denuncias y un comité nacional de seguridad comenzarán el 28 de enero de 2027.
- Sigue en estudio una propuesta aparte de multas calculadas sobre las ventas de las empresas de construcción.
