Protección más temprana frente al abuso sin violencia física
Corea del Sur busca incorporar nueve categorías de conducta controladora a su ley contra el acoso, entre ellas rastrear la ubicación de alguien sin su consentimiento, exigir contraseñas, amenazar a sus mascotas y obligar a una expareja a reanudar una relación. El Ministerio de Justicia anunció la propuesta el 3 de noviembre de 2026 y señaló que permitiría a las autoridades intervenir antes de que el abuso se agrave y llegue a la violencia física.
Contenido
- Protección más temprana frente al abuso sin violencia física
- ¿Qué se consideraría acoso?
- La vigilancia digital, en primer plano
- La presión puede extenderse a familiares, lugares de trabajo y mascotas
- ¿Qué medidas de protección podrían aplicar las autoridades?
- Sanciones y voluntad de la víctima
- El asesinato y los datos policiales que motivaron la revisión
- Cómo llegó la propuesta al Parlamento
- Convertir las nuevas definiciones en protección
- Puntos clave
La enmienda, propuesta el 26 de octubre, ampliaría la definición de acoso del artículo 2(1) de la Ley de Sanción del Delito de Acoso. La conducta repetida o persistente contemplada en la definición ampliada podría castigarse con hasta tres años de prisión o una multa de 30 millones de wones, unos 22.400 dólares. Los casos podrían seguir adelante aunque la víctima diga que no desea que se sancione al agresor.
La propuesta se presenta tras un asesinato ocurrido en marzo en Namyangju, en la provincia de Gyeonggi, en el que una mujer fue asesinada por un agresor que llevaba un dispositivo electrónico de seguimiento y ya estaba sujeto a una orden de alejamiento. El caso puso bajo escrutinio tanto la respuesta a denuncias anteriores de acoso como la protección efectiva que ofrecen las órdenes vigentes.
El objetivo central del ministerio es que determinadas señales de alerta permitan tomar medidas de protección antes. El control coercitivo consiste en utilizar un patrón de vigilancia, amenazas o restricciones para dominar la vida cotidiana de otra persona. Según la propuesta, las autoridades podrían aplicar las medidas de protección previstas contra el acoso a formas específicas de esa conducta antes de que se produzca una agresión o lesión.
¿Qué se consideraría acoso?
La ley, promulgada en 2021, no identifica actualmente las nueve categorías propuestas como actos de acoso diferenciados. Según el ministerio, esto limita la capacidad de los investigadores para actuar cuando la conducta controladora no encaja en las definiciones vigentes de acoso ni constituye otro delito, como una agresión.
La enmienda incorporaría las siguientes categorías, con ejemplos de cómo puede ejercerse el control durante una relación o después de que termine:
- Coacción para mantener una relación: obligar a alguien a iniciar, mantener o reanudar una relación, incluso después de una ruptura.
- Seguimiento no autorizado de la ubicación: instalar o utilizar un dispositivo o programa de seguimiento sin el consentimiento de la otra persona.
- Anuncio de vigilancia: decirle a alguien que está siendo vigilado.
- Control digital: obligar a alguien a proporcionar información, como sus contraseñas, o acceder sin autorización a sus cuentas de redes sociales.
- Interferencia en las relaciones sociales: difundir, o amenazar con difundir, información falsa o datos privados en el lugar de trabajo o en un centro educativo.
- Control mediante información privada: amenazar con revelar información personal conocida durante una relación.
- Amenazas e intimidación: hacer daño o amenazar con hacerlo a la víctima o a personas cercanas, incluidos sus familiares.
- Amenazas contra mascotas: hacer daño o amenazar con hacerlo a un animal que tenga la víctima.
- Aislamiento: utilizar engaños o una posición de poder para limitar el contacto con familiares, amistades o colegas.
La sanción penal propuesta se aplicaría a conductas repetidas o persistentes. El cambio proporcionaría a los investigadores actos definidos con mayor claridad para determinar si un patrón de conducta constituye acoso.
La vigilancia digital, en primer plano
Los dispositivos de seguimiento, los programas de monitoreo y las cuentas de redes sociales ocupan un lugar destacado en la propuesta. Entre los ejemplos del ministerio figuran instalar tecnología de seguimiento de la ubicación sin consentimiento, exigir contraseñas y acceder sin permiso a cuentas para consultar u obtener información.
La ubicación de una persona puede revelar dónde trabaja, con quién se reúne y cuándo está sola. El acceso a una cuenta puede exponer conversaciones privadas y relaciones sociales. La enmienda abordaría el uso de esas herramientas para vigilar o controlar a otra persona, incluso cuando la vigilancia se produce sin contacto físico.
La propuesta también considera el anuncio de vigilancia como una categoría de conducta. Decirle a alguien que está siendo vigilado puede ser en sí mismo una forma de intimidación y afectar su libertad para desplazarse, reunirse con otras personas o poner fin a una relación. Al incluir esa conducta por separado del seguimiento de la ubicación, la enmienda contempla tanto la vigilancia como el temor que se comunica a la víctima.
La presión puede extenderse a familiares, lugares de trabajo y mascotas
Las amenazas incluidas en la definición propuesta podrían dirigirse contra personas distintas de la víctima de acoso. La enmienda contempla causar o amenazar con causar daños a la vida, la integridad física o los bienes de alguien cercano a la víctima, como un familiar. Esto permitiría a las autoridades considerar la intimidación ejercida a través de personas importantes para la víctima.
Las mascotas también recibirían atención explícita. La conducta descrita incluye capturar, herir o matar la mascota de otra persona, así como amenazar con hacerlo. El ministerio considera que las amenazas contra animales son una forma de generar temor indirectamente y presionar a sus dueños.
Los lugares de trabajo y los centros educativos son otro foco. Difundir allí afirmaciones falsas o información privada, o anunciar la intención de hacerlo, quedaría incluido en la categoría propuesta de interferencia en las relaciones sociales. Otra categoría contempla las amenazas de revelar datos privados conocidos durante una relación sentimental.
El aislamiento incluiría limitar o interrumpir la comunicación con familiares, amistades y colegas mediante engaños o el uso indebido de una posición o poder. En conjunto, estas disposiciones abordan formas de presionar a una persona a través de sus relaciones, reputación y acceso a redes de apoyo, incluso sin una confrontación física.
¿Qué medidas de protección podrían aplicar las autoridades?
El Ministerio de Justicia señala que la ampliación de la definición permitiría aplicar antes las medidas de protección existentes en casos relacionados con las nuevas conductas enumeradas. Estas medidas incluyen una orden que prohíbe al presunto agresor acercarse a menos de 100 metros de la víctima, restricciones al contacto por medio de las telecomunicaciones y vigilancia electrónica de la ubicación.
Se trata de medidas provisionales, es decir, protecciones que se aplican mientras se tramita un caso y no de sanciones impuestas tras una condena. La restricción de distancia limita la proximidad física, mientras que la restricción de las telecomunicaciones limita el contacto por teléfono u otros medios electrónicos. La vigilancia electrónica permite a las autoridades rastrear a la persona sujeta a la medida.
Para las víctimas, el cambio previsto tiene un efecto concreto: un patrón de seguimiento no autorizado, amenazas o acceso forzado a cuentas podría servir de fundamento para solicitar protección en una etapa más temprana. Los investigadores contarían con categorías expresas en la ley contra el acoso para evaluar la conducta.
El asesinato de Namyangju también pone el foco en la aplicación de las órdenes. El agresor ya estaba sujeto a una orden de alejamiento y vigilancia electrónica. Además de la enmienda legal, el ministerio prevé revisar los criterios prácticos para las investigaciones y las medidas provisionales, lo que convierte su aplicación en un aspecto central de la respuesta.
Sanciones y voluntad de la víctima
El acoso repetido o persistente según la definición ampliada podría castigarse con un máximo de tres años de prisión o una multa de hasta 30 millones de wones. Si se utiliza un arma, la ley contra el acoso prevé una pena máxima más alta: cinco años de prisión o una multa de 50 millones de wones.
Estas cifras son los límites máximos. Un tribunal determina la sanción en cada caso. El principal cambio propuesto se refiere a las conductas reconocidas por la ley, al incorporar otras formas de control al marco legal contra el acoso.
Los casos de acoso ya pueden seguir adelante independientemente de que la víctima quiera que se imponga una sanción. El ministerio afirma que esa norma también se aplicaría a los casos relacionados con los actos recién definidos. Por tanto, que la víctima diga que no desea que se sancione al agresor no pondría fin automáticamente a una investigación o un proceso judicial.
Esta disposición es importante en casos en los que la presión continúa durante el proceso legal. Una persona amenazada o controlada puede recibir nuevas exigencias para retirar una denuncia o oponerse a una sanción. Las autoridades conservarían la facultad de llevar adelante el caso.
El asesinato y los datos policiales que motivaron la revisión
El acoso y asesinato de una mujer de 27 años en Namyangju en marzo impulsó una revisión de la respuesta a la violencia en las relaciones íntimas. La policía recibió críticas por la gestión de las denuncias relacionadas con el sospechoso, de 44 años, antes del asesinato.
Posteriormente, el Ministerio de Justicia encabezó un grupo de trabajo en el que participaron el Ministerio de Igualdad de Género y Familia, la policía y las autoridades de la fiscalía. Su labor incluyó debates sobre el fortalecimiento de la respuesta al acoso y el tratamiento legal de la violencia y el control en las relaciones sentimentales.
Las cifras de la Agencia Nacional de Policía, publicadas en octubre, dieron mayor urgencia a esa labor. La agencia indicó que el 19,7 % de los sospechosos de asesinato desde 2023 había cometido anteriormente violencia doméstica, violencia en relaciones sentimentales, acoso o violencia sexual. Esto equivale a casi uno de cada cinco sospechosos en esas cuatro categorías.
La cifra sitúa el acoso dentro de un grupo más amplio de delitos relacionados con antecedentes de violencia o abuso. La respuesta del Gobierno combina una propuesta para ampliar las conductas sancionables con planes para mejorar las decisiones sobre protección y los vínculos con los servicios de apoyo a las víctimas.
Cómo llegó la propuesta al Parlamento
La enmienda llega tras varios meses de trabajo gubernamental después del caso de Namyangju. Un paquete anunciado en julio identificó como tarea central la legislación sobre sanciones por violencia en relaciones sentimentales y la protección de las víctimas.
- 2021: Corea del Sur promulgó la Ley de Sanción del Delito de Acoso.
- Marzo de 2026: El asesinato de Namyangju relacionado con el acoso volvió a poner bajo escrutinio la respuesta policial y la protección de las víctimas.
- Julio de 2026: El Gobierno anunció medidas para reforzar su respuesta al acoso y a la violencia en relaciones sentimentales.
- 26 de octubre de 2026: Se propuso la enmienda para añadir nueve categorías de conducta.
- 3 de noviembre de 2026: El Ministerio de Justicia anunció los detalles y afirmó que respaldaría la aprobación durante el actual período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional.
El ministerio indicó que participaría activamente en las deliberaciones de la Asamblea Nacional y respaldaría la aprobación durante ese período de sesiones. La propuesta sigue sujeta al examen legislativo; no se anunció una fecha para la votación ni para la entrada en vigor de los cambios.
Convertir las nuevas definiciones en protección
El Ministerio de Justicia prevé trabajar con la policía y las autoridades de la fiscalía en los criterios para las investigaciones y el uso de medidas provisionales. También tiene previsto coordinarse con los organismos responsables del apoyo a las víctimas para que la ley revisada pueda aplicarse en la práctica cuando entre en vigor.
Las nueve categorías proporcionan un punto de partida más detallado para esa labor. Al evaluar una denuncia, los investigadores podrían examinar el presunto seguimiento, el acceso a cuentas, las amenazas de revelar información privada y las restricciones al contacto con otras personas como partes de un patrón continuo.
Para quienes sufren estas conductas, el cambio propuesto abriría una vía más temprana para solicitar protección al amparo de la ley contra el acoso. Sus resultados prácticos dependerían de reconocer la conducta, tomar decisiones de protección a tiempo y responder cuando se incumplan las restricciones; el asesinato de Namyangju ha puesto de relieve todos estos aspectos.
Puntos clave
- Corea del Sur ha propuesto añadir nueve categorías de conducta controladora a su ley contra el acoso.
- Las categorías incluyen el seguimiento no autorizado, el control digital, la coacción para mantener una relación, las amenazas contra mascotas y el aislamiento.
- La conducta repetida o persistente podría castigarse con hasta tres años de prisión o una multa de 30 millones de wones.
- Las medidas de protección existentes incluyen una orden de alejamiento de 100 metros, restricciones a las telecomunicaciones y vigilancia electrónica.
- Los casos pueden seguir adelante aunque la víctima diga que no desea que se imponga una sanción.
- El ministerio busca que la propuesta se apruebe durante el actual período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional y prevé nuevas directrices prácticas para los investigadores.
