Una orden de retorno no logró que su hija volviera a casa
Una niña de cuatro años y su padre fueron hallados muertos en un automóvil estacionado en Pyoseon-myeon, Seogwipo, en la isla surcoreana de Jeju, alrededor de las 18:08 del 12 de octubre. Su madre australiana afirma que durante meses pidió a la policía que localizara a la niña, comprobara que estuviera a salvo y la separara de su padre, incluso después de obtener una orden judicial para su retorno.
Contenido
- Una orden de retorno no logró que su hija volviera a casa
- Cómo llegó la niña a Corea del Sur
- Una denuncia por desaparición y una breve comprobación de su bienestar
- Sale a la luz una denuncia anterior por presunto maltrato
- Las solicitudes continuaron a través de las autoridades australianas
- Un plan de salida del país, según se informó, motivó medidas urgentes
- La secuencia de hechos antes del 12 de octubre
- Puntos clave
La madre, identificada solo como B., dijo que obtuvo un fallo inicial el 30 de marzo y volvió a ganar en apelación el 30 de septiembre. El 2 de octubre se puso en contacto con la Agencia Provincial de Policía de Jeju para pedir a los agentes que localizaran a su hija y tomaran medidas de protección. Según su relato, le dijeron que no habían asignado el caso a ningún agente y que alguien la llamaría más tarde. Afirmó que nunca recibió esa llamada.
En declaraciones del 13 de octubre, B. describió sus reiterados intentos de conseguir ayuda de la policía surcoreana, al tiempo que buscaba asistencia a través de las autoridades australianas. Dijo que había llorado tanto que ya no le quedaban lágrimas.
La policía coreana no contestaba mis llamadas ni atendía mis solicitudes. Simplemente me ignoró. ¿Qué más podía hacer?
La familia acusa al padre de haber matado a la niña. Según se informó, dentro del vehículo se encontró una briqueta de carbón, junto con medicamentos antidepresivos sin abrir que le habían recetado. Por sí solos, esos hallazgos no establecen la causa médica ni la secuencia de las muertes. Los relatos del caso no describen resultados forenses concluyentes.
La cuestión central es qué sabían las autoridades antes del 12 de octubre y qué hicieron con esa información. La policía dijo que organizaría los detalles y ofrecería una explicación más adelante, por lo que, al momento de las noticias del 13 de octubre, las acusaciones de la madre aún no habían recibido una respuesta pública detallada.
Cómo llegó la niña a Corea del Sur
El padre, identificado como A. y descrito como un hombre de unos 40 años, había vivido en Australia. Según la familia, a finales de octubre del año anterior llevó a su hija a Corea del Sur sin el consentimiento de B., mientras se tramitaban en Australia un divorcio y una disputa por la custodia.
B. inició un proceso de restitución de menores conforme al Convenio de La Haya. Por lo general, este procedimiento determina si un menor trasladado a través de una frontera internacional debe regresar al país donde residía habitualmente. Un proceso de restitución es distinto de una decisión definitiva sobre cuál de los padres debe obtener la custodia.
Un relato identifica la decisión del 30 de marzo como un fallo del Tribunal de Familia de Seúl que autorizaba la ejecución forzosa. Otro sitúa el proceso en Australia y lo describe como una decisión sobre la custodia. Por tanto, los relatos difieren sobre el tribunal y la naturaleza de esa decisión. B. describe su acción legal como un proceso de restitución de menores conforme al Convenio de La Haya y afirma que también ganó una segunda apelación el 30 de septiembre.
B. viajó a Corea del Sur en abril para llevarse a su hija a casa. Para entonces, A. se había trasladado de Seúl a Seogwipo. Ella dijo que él siguió cambiando de lugar con la niña, lo que dificultaba ejecutar la orden de retorno.
Una denuncia por desaparición y una breve comprobación de su bienestar
B. sitúa su denuncia por desaparición el 13 de abril, mientras que otros relatos señalan, de forma más general, que la presentó a principios de abril. Pidió a la policía de Seogwipo que localizara a su hija y ayudara a ejecutar la decisión judicial.
Según B., la policía se comunicó con el padre y la niña por videollamada y luego cerró el caso de desaparición porque consideró que la menor estaba a salvo. Ella afirma que no determinaron dónde se alojaba realmente su hija ni verificaron inicialmente en persona sus circunstancias.
Tras nuevas solicitudes, en abril la policía citó a A. y a la niña en una subcomisaría para comprobar su bienestar. B. describió el encuentro como una revisión de unos dos minutos y dijo que no dio lugar a nuevas gestiones para localizar el alojamiento de la niña ni separarla de su padre.
Ese encuentro es una distinción importante: la acusación no es que la policía nunca tuviera contacto con la niña. Es que ese contacto no respondió a las preocupaciones de la madre por la seguridad constante de su hija ni hizo posible ejecutar la orden judicial de retorno. B. dijo que nadie comprobó si ambos se desplazaban entre moteles o dormían a la intemperie. Se trataba de situaciones que quería que se investigaran, no de descripciones confirmadas de sus condiciones de vida.
Sale a la luz una denuncia anterior por presunto maltrato
El 22 de marzo se presentó una denuncia por presunto maltrato infantil relacionada con A., antes de que B. solicitara ayuda policial en abril. La preocupación que se comunicó era que la niña lloraba continuamente. Según se informó, la policía y el ayuntamiento de Seogwipo realizaron dos investigaciones sobre el terreno a raíz de la denuncia.
Una denuncia por presunto maltrato no demuestra que haya ocurrido. Sin embargo, su existencia es relevante para la queja de la madre, porque significa que las autoridades ya habían recibido una alerta sobre la misma niña y su padre.
B. dijo que se enteró de la denuncia de marzo solo después de regresar a Australia. Afirmó que la policía no se lo había comunicado cuando presentó la denuncia por desaparición en Corea del Sur.
El relato original también señala que, en respuesta a una consulta de B., el Ministerio de Justicia concluyó que no se habían redactado informes policiales sobre la denuncia de maltrato de marzo ni sobre su solicitud de junio para localizar a la niña. Otros relatos precisan que los documentos faltantes eran informes de resultados posteriores a las investigaciones por maltrato. No se reproduce ningún documento del ministerio, por lo que aquí no es posible determinar el alcance exacto de sus conclusiones.
B. dijo que el 13 de octubre preguntó a la policía por qué no le habían informado de la denuncia anterior. Según ella, los agentes reconocieron que no lo habían comprobado y se disculparon. Añadió que no recibió ninguna explicación por la ausencia de un informe con los resultados de la investigación.
Las solicitudes continuaron a través de las autoridades australianas
Tras regresar a Australia, B. siguió buscando información sobre el paradero y la seguridad de su hija a través de la embajada australiana y otras autoridades. Dijo que en abril y julio la policía australiana envió solicitudes a la policía surcoreana a través de Interpol para localizar a la niña y comprobar si podía haber sufrido maltrato.
Interpol ofrece un canal de cooperación entre las fuerzas policiales nacionales. El envío de una solicitud por ese medio no demuestra por sí solo qué comprobaciones realizaron los agentes, si encontraron a la niña ni qué medidas de protección se adoptaron después. Por tanto, las solicitudes comunicadas deben distinguirse de una respuesta confirmada.
B. también dijo que llamó repetidamente a la policía de Jeju en mayo y junio para advertir sobre el estado de su exmarido y pedir que separaran a la niña de él. Según la familia, a A. le habían recetado medicamentos para tratar el trastorno de estrés postraumático tras un accidente. B. dijo más adelante a las autoridades que creía que él no estaba tomando los medicamentos correctamente.
Estas declaraciones describen preocupaciones planteadas por la madre, no una evaluación médica confirmada de forma independiente. Un diagnóstico psiquiátrico o una receta, por sí solos, no demuestran que una persona suponga un riesgo de violencia. La cuestión de su queja es si las autoridades evaluaron la seguridad de la niña en respuesta a las advertencias concretas, la denuncia anterior por maltrato y el proceso de restitución pendiente.
Un plan de salida del país, según se informó, motivó medidas urgentes
Según se informó, el 2 de octubre A. se puso en contacto con la guardería de la niña en Seogwipo y dijo que se mudarían a Estados Unidos, por lo que ella ya no asistiría. B. se enteró de ese mensaje y pidió medidas urgentes a través de la embajada australiana.
Según se informó, el 3 de octubre un tribunal australiano anuló el pasaporte de la niña, una medida que se describió como una forma de impedir su salida del país. Esa acción respondió al temor de que se trasladara al extranjero. No determinó dónde se alojaba la niña en Corea del Sur ni resolvió la solicitud de la madre de que se adoptaran medidas de protección.
B. dijo que el 2 de octubre también se puso en contacto con la Agencia Provincial de Policía de Jeju para informar sobre la salida prevista, sus preocupaciones por la conducta de A. y la necesidad de localizar y proteger a su hija. Afirmó que no había recibido ninguna llamada de respuesta hasta el 13 de octubre, el día siguiente al hallazgo de los cuerpos.
El plan de salida del país, según se informó, se conoció apenas dos días después de que B. ganara su apelación, el 30 de septiembre. En menos de dos semanas, una decisión judicial favorable y una medida urgente relacionada con el pasaporte fueron seguidas por la muerte de la niña.
La secuencia de hechos antes del 12 de octubre
La cronología comunicada muestra meses de contactos con las autoridades judiciales y policiales. Algunos detalles, como la fecha exacta de la denuncia por desaparición de abril y el tribunal responsable del fallo de marzo, varían según el relato.
- A finales de octubre del año anterior: Según se informó, A. llevó a la niña de Australia a Corea del Sur sin el consentimiento de B.
- 22 de marzo: Se presentó una denuncia por presunto maltrato infantil. Según se informó, la policía y el ayuntamiento de Seogwipo realizaron dos investigaciones sobre el terreno.
- 30 de marzo: B. obtuvo un fallo favorable que, según se informó, permitía la ejecución forzosa, aunque los relatos difieren sobre el tribunal y el proceso.
- Abril: B. viajó a Corea del Sur, pidió ayuda a la policía y presentó una denuncia por desaparición, que sitúa el 13 de abril. La policía contactó a la niña por videollamada y luego en una subcomisaría.
- De abril a julio: B. afirma que siguió solicitando medidas de seguridad. La policía australiana también se puso en contacto con las autoridades surcoreanas a través de Interpol en abril y julio.
- 30 de septiembre: B. afirma que ganó una nueva apelación en el proceso de restitución de la niña.
- 2 y 3 de octubre: Según se informó, A. anunció que se mudaría a Estados Unidos. B. pidió protección policial y, según se informó, un tribunal australiano anuló el pasaporte de la niña al día siguiente.
- 12 de octubre: La niña y su padre fueron hallados muertos en un automóvil estacionado alrededor de las 18:08.
No se indicó cuándo ofrecería la policía la explicación prometida, y no hay conclusiones definitivas que establezcan cómo se atendió cada solicitud anterior. Entre las cuestiones sin resolver están los documentos faltantes, la información compartida entre los organismos y los motivos por los que no hubo una separación ni un retorno antes de las muertes.
Puntos clave
- Una niña de cuatro años y su padre fueron hallados muertos en un automóvil en Seogwipo el 12 de octubre.
- Su madre afirma que sus reiteradas solicitudes para localizar y proteger a la niña no dieron lugar a medidas eficaces.
- Según se informó, una denuncia por presunto maltrato presentada el 22 de marzo dio lugar a dos investigaciones sobre el terreno, pero B. afirma que no se lo comunicaron cuando pidió ayuda en abril.
- B. obtuvo decisiones favorables en el proceso de restitución de la niña, incluida una victoria en apelación el 30 de septiembre, pero su hija no fue restituida.
- Según se informó, un tribunal australiano anuló el pasaporte de la niña el 3 de octubre tras conocerse un posible traslado a Estados Unidos.
- La policía prometió ofrecer una explicación más adelante. Las noticias no establecieron la causa de la muerte ni cómo se atendieron todas las advertencias anteriores.
