París busca una vía para devolver a afganos sin residencia legal
Francia mantiene conversaciones técnicas con las autoridades talibanes de Afganistán para organizar el retorno de algunos ciudadanos afganos sin residencia legal, dijo el ministro del Interior, Laurent Nuñez, ante el Parlamento el lunes 3 de noviembre. El anuncio sitúa las prioridades de seguridad de Francia junto a una cuestión compleja: cómo organizar deportaciones a un país cuyo gobierno París no reconoce formalmente.
Contenido
- París busca una vía para devolver a afganos sin residencia legal
- ¿A quiénes afectaría?
- Los contactos técnicos tienen peso político
- Cómo se desarrollaron las conversaciones
- Por qué importa el destino
- Qué implica el compromiso de protección de Francia
- Suiza muestra las exigencias prácticas de los retornos
- En resumen
Nuñez confirmó los contactos al responder a preguntas de los legisladores. Dijo que algunas de las personas afectadas podrían amenazar el orden público y describió su expulsión como una prioridad del Gobierno. Añadió que Alemania estaba dando pasos similares.
El ministro del Interior describió así el propósito de las conversaciones:
Estamos tratando de obtener la posibilidad de devolver a cierto número de afganos que se encuentran en situación irregular. Se trata de conversaciones técnicas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia ha dicho que cualquier retorno respetaría las obligaciones internacionales del país. También ha declarado que los solicitantes de asilo y las mujeres no serían devueltos a Afganistán bajo ninguna circunstancia, una restricción que establece un límite importante para la política propuesta.
Human Rights Watch ha instado a Francia a abandonar los planes y ha advertido que la cooperación con las autoridades talibanes podría exponer a quienes sean enviados de vuelta a persecución, tortura y otros abusos graves. La legisladora del Partido Verde Léa Balage El Mariky ha cuestionado el costo político de los contactos y ha acusado al Gobierno de avanzar hacia relaciones normales con los talibanes.
Francia no ha anunciado un calendario para las deportaciones ni el número de personas que espera devolver. Por ahora, lo que se ha confirmado es que hay negociaciones; aún deben explicarse los mecanismos prácticos y las decisiones de protección para cada persona.
¿A quiénes afectaría?
Nuñez se refirió a afganos en situación irregular, es decir, personas que no tienen autorización legal para permanecer en Francia. También aludió a preocupaciones relacionadas con el orden público. Esas descripciones abordan cuestiones distintas: el derecho de una persona a permanecer en el país y la evaluación del Gobierno sobre su conducta o el riesgo que representa para la seguridad.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha dicho que las conversaciones se refieren a afganos sin documentos de residencia válidos y a personas consideradas una amenaza para la seguridad pública. En la declaración citada en la advertencia sobre las deportaciones francesas, el ministerio describió al grupo previsto como personas que se encontraban en el país de manera ilegal y eran consideradas un riesgo para la seguridad nacional.
Los esfuerzos europeos para acelerar los retornos a Afganistán han prestado especial atención a las personas condenadas por tribunales. Sin embargo, una condena penal, la evaluación de una amenaza para la seguridad y la falta de residencia legal son cuestiones distintas, y cada una influye de manera diferente en el caso de una persona.
Para quienes se enfrentan a la expulsión, el compromiso del ministerio de excluir a las mujeres y a los solicitantes de asilo tiene consecuencias importantes. Un solicitante de asilo es alguien que pide protección a otro país porque regresar a su lugar de origen podría ponerlo en peligro. Francia afirma que quienes soliciten esa protección quedarían fuera de los acuerdos de retorno propuestos.
Los contactos técnicos tienen peso político
Francia no reconoce formalmente al Gobierno talibán ni mantiene relaciones diplomáticas con él. Los talibanes volvieron al poder en Afganistán en 2021, lo que obligó a los gobiernos europeos a decidir cómo abordar asuntos prácticos con autoridades que no aceptan como un gobierno reconocido.
París califica las conversaciones de técnicas porque se refieren a los mecanismos necesarios para devolver a personas. Estos pueden incluir la confirmación de la identidad, la obtención de documentos de viaje y la aceptación por parte del país de destino.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha dicho que el diálogo técnico no cambia la posición de Francia sobre Afganistán. París también reiteró su apoyo a la población afgana, en particular a las mujeres afganas, y afirmó que no contempla permitir la entrada en Francia de representantes talibanes para facilitar las deportaciones.
Balage El Mariky, representante del Partido Verde en el Parlamento francés, sostiene que una cooperación de este tipo acerca a Francia a la normalización diplomática. Acusó a los talibanes de imponer lo que llamó "apartheid de género", en referencia a las restricciones que excluyen a mujeres y niñas de gran parte de la vida pública.
El Gobierno presenta los contactos como una forma de llevar a cabo expulsiones y proteger a los ciudadanos franceses. Sus críticos en el Parlamento se centran en la relación que se establece cuando las autoridades francesas necesitan la cooperación de los talibanes para aplicar esa política.
Cómo se desarrollaron las conversaciones
Los contactos diplomáticos franceses se hicieron públicos antes de que Nuñez se dirigiera al Parlamento. Se dieron a conocer el 7 de octubre y fueron confirmados en la rueda de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores del 8 de octubre. Una fuente diplomática francesa dijo que París había iniciado un diálogo técnico con funcionarios talibanes para facilitar el retorno directo a Afganistán de ciudadanos afganos que se encontraban en el país de manera ilegal y representaban una amenaza para el orden público. La fuente describió las conversaciones como un "paso necesario para garantizar la seguridad de los ciudadanos franceses".
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pascal Confavreux, describió el diálogo como "estrictamente técnico" y señaló que su objetivo era facilitar la expulsión de ciudadanos afganos que se encontraban ilegalmente en Francia y representaban un riesgo para la seguridad nacional. Dijo que los contactos no significaban que Francia fuera a reconocer el gobierno talibán. La fuente diplomática no indicó cuántas personas podrían ser devueltas y dijo que los mecanismos prácticos aún estaban en estudio. Otra fuente cercana al asunto estimó que cientos de personas podrían verse afectadas.
La secuencia sitúa el anuncio de Francia en el marco de un esfuerzo europeo más amplio:
- En 2021, los talibanes volvieron al poder en Afganistán.
- En junio, una delegación talibán se reunió en Bruselas con funcionarios de 15 países de la Unión Europea para hablar sobre migración irregular y deportaciones más rápidas.
- En septiembre, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó el silencio internacional ante el agravamiento de la crisis humanitaria y de derechos humanos en Afganistán e instó a poner fin a los retornos forzosos.
- El 7 de octubre se hicieron públicos los contactos diplomáticos entre Francia y funcionarios talibanes; el Ministerio de Relaciones Exteriores los confirmó el 8 de octubre.
- El lunes 3 de noviembre, Nuñez confirmó las conversaciones técnicas ante el Parlamento.
Francia se ha sumado a unos 20 países de la Unión Europea, entre ellos Alemania, Bélgica y Suecia, en los esfuerzos por acelerar los retornos a Afganistán. En la reunión de junio participaron funcionarios de 15 Estados miembros, mientras que la iniciativa más amplia incluye a un grupo mayor de países.
Organizaciones de derechos humanos y legisladores de izquierda del Parlamento Europeo criticaron la reunión de Bruselas. Sus objeciones se refieren tanto a los peligros que afrontan las personas enviadas de vuelta como a la legitimidad política que los talibanes podrían obtener mediante contactos reiterados con gobiernos europeos.
Por qué importa el destino
Las condiciones en Afganistán son centrales en la disputa. Los talibanes han prohibido que las niñas mayores de 12 años continúen sus estudios y han excluido a las mujeres de la educación superior. Esas restricciones limitan el acceso al aprendizaje, las titulaciones y el empleo futuro, y reducen drásticamente las opciones disponibles para mujeres y niñas.
La Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de detención contra el líder supremo talibán, Haibatullah Akhundzada, y el presidente del Tribunal Supremo del movimiento, por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con la persecución de mujeres y niñas. Las acusaciones sitúan la conducta de los gobernantes de Afganistán en el centro del escrutinio jurídico internacional.
El llamamiento de Türk en septiembre vinculó el deterioro de la situación de los derechos humanos con la presión que enfrentan los afganos obligados a regresar. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a poner fin a los retornos forzosos y también criticó la respuesta internacional a la crisis humanitaria del país.
La advertencia de Human Rights Watch a Francia se centra en lo que podría ocurrir tras la llegada. La organización afirma que las personas deportadas mediante la cooperación con las autoridades talibanes podrían sufrir persecución, tortura u otras violaciones graves. Por tanto, el peligro que afrontaría cada persona es una cuestión central para decidir si puede llevarse a cabo una expulsión.
Qué implica el compromiso de protección de Francia
El Ministerio de Relaciones Exteriores afirma que los retornos cumplirían las obligaciones internacionales de Francia. Una protección fundamental en este ámbito es la norma que prohíbe enviar a alguien a un lugar donde se exponga a persecución, tortura u otros daños graves. En términos sencillos, un gobierno debe tener en cuenta el peligro en el destino al decidir si expulsa a una persona.
La exclusión anunciada por Francia de las mujeres y los solicitantes de asilo ofrece una garantía directa a esos dos grupos. Para los demás afganos que se enfrenten a la expulsión, aún habría que tomar decisiones que tengan en cuenta sus circunstancias y los riesgos que podrían correr en Afganistán.
Farashta Abbasi, investigadora de Human Rights Watch, ha cuestionado la política precisamente por este motivo. Su crítica, expuesta en la advertencia anterior sobre los planes franceses, es que los funcionarios no han ofrecido garantías concretas que expliquen cómo se protegería tras el retorno a las personas que corran un riesgo particular.
El argumento de seguridad del Gobierno y el de protección de la organización de derechos humanos se refieren a distintas etapas del mismo proceso. A las autoridades francesas les preocupa que estas personas permanezcan en Francia; a la organización le preocupa el trato que podrían recibir una vez trasladadas a Afganistán.
Suiza muestra las exigencias prácticas de los retornos
Los registros de deportaciones de Suiza ilustran el tipo de cooperación administrativa que puede haber detrás de conversaciones descritas como técnicas. Suiza proporcionó a las autoridades talibanes datos personales de afganos que se enfrentaban a la expulsión y recibió a una delegación para realizar tareas de identificación en Ginebra del 19 al 21 de agosto de 2025.
La visita se refirió a 13 ciudadanos afganos. Finalmente se identificó a nueve; las autoridades acordaron expedir documentos de viaje para seis y, más tarde, la Secretaría de Estado de Migración de Suiza confirmó tres deportaciones. Esta secuencia muestra que pueden tomarse varias decisiones entre la identificación de una persona y su retorno.
Las autoridades suizas dijeron que Kabul solo acepta para estos retornos documentos de viaje expedidos por sus propias autoridades. Por ello, una persona sin pasaporte adecuado podría necesitar un salvoconducto, un documento que autoriza un viaje específico, antes de que sea posible expulsarla.
Los registros suizos también muestran por qué los datos personales son un aspecto delicado del proceso. Las autoridades compartieron fichas informativas con la administración talibán y algunas personas que se enfrentaban a la expulsión se negaron posteriormente a proporcionar datos de contacto de sus familiares en Afganistán. Las conversaciones de Francia plantean ahora las mismas cuestiones prácticas sobre la verificación de identidad, la documentación y el tratamiento de los datos personales.
En resumen
- Francia ha confirmado conversaciones estrictamente técnicas con las autoridades talibanes sobre el retorno de afganos que se encuentran en el país de manera ilegal y son considerados un riesgo para la seguridad nacional.
- El ministro del Interior, Laurent Nuñez, afirma que expulsar a las personas que amenazan el orden público es una prioridad.
- El Ministerio de Relaciones Exteriores dice que las mujeres y los solicitantes de asilo no serían devueltos y que se respetarían las obligaciones internacionales de Francia.
- Francia no reconoce formalmente al Gobierno talibán ni mantiene relaciones diplomáticas con él, y afirma que las conversaciones no cambian su posición sobre Afganistán.
- Human Rights Watch y Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, han advertido contra los retornos forzosos en un contexto de graves abusos contra los derechos humanos en Afganistán.
- Francia no ha anunciado un calendario de deportaciones ni el número de personas que prevé devolver.
