Francia recibe advertencias por los planes de retorno a Afganistán
Human Rights Watch instó a Francia el 13 de octubre de 2026 a suspender los planes de deportación de afganos, después de que el Gobierno francés confirmara que había iniciado conversaciones técnicas con las autoridades talibanas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia dijo que las conversaciones se refieren a ciudadanos afganos que viven en el país sin autorización y son considerados una amenaza para la seguridad nacional. La organización de derechos humanos advirtió que su retorno a Afganistán podría exponerlos a persecución, tortura y otros abusos graves.
Contenido
- Francia recibe advertencias por los planes de retorno a Afganistán
- ¿A quiénes pretende expulsar Francia?
- ¿A qué riesgos podrían enfrentarse los deportados?
- Por qué las mujeres y las niñas corren un peligro particular
- Los contactos europeos se han desarrollado durante varios años
- Los procedimientos judiciales intensifican la preocupación
- La norma que prohíbe devolver a las personas al peligro
- Puntos clave
El llamamiento se produce mientras los gobiernos europeos intensifican los contactos con los talibanes sobre el retorno de migrantes. Una delegación talibana visitó Bruselas en junio de 2026 para conversar con funcionarios de la Unión Europea sobre política migratoria y retornos. Alemania ya ha deportado a 263 afganos desde el año anterior, según Human Rights Watch.
Farashta Abbasi, investigadora sobre Afganistán en Human Rights Watch, calificó las conversaciones francesas de peligroso cambio en la política migratoria. Dijo que los funcionarios franceses no habían ofrecido garantías concretas para proteger, tras su retorno, a las personas que corren un riesgo particular, entre ellas las mujeres.
Abbasi dijo que la cooperación en materia de retornos tendría lugar pese a que Francia conoce los antecedentes de los talibanes:
"La cooperación de Francia con los talibanes en un proceso de retorno se llevaría a cabo con pleno conocimiento de la responsabilidad de los talibanes por graves violaciones de los derechos humanos y por la opresión sistemática", dijo Abbasi.
La controversia gira en torno a dos responsabilidades: el objetivo declarado de Francia de hacer frente a las amenazas para la seguridad nacional y su obligación de proteger a las personas para que no sean devueltas a situaciones de peligro grave. Human Rights Watch sostiene que las condiciones que encontrarían los deportados en Afganistán deben determinar si el retorno puede llevarse a cabo.
¿A quiénes pretende expulsar Francia?
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia describió el objetivo de las conversaciones como la organización de la expulsión de una categoría específica de ciudadanos afganos. En su comunicado, el ministerio dijo que las conversaciones buscaban:
"facilitar la expulsión de ciudadanos afganos que se encuentran ilegalmente en el territorio nacional y representan un riesgo para la seguridad nacional".
La formulación del ministerio establece dos condiciones: las personas en cuestión no tienen permiso para permanecer en Francia y son consideradas un riesgo para la seguridad. Por tanto, el proceso propuesto se centra en las personas que cumplen esas condiciones, mientras que la objeción de Human Rights Watch se refiere al peligro que podrían correr en su destino.
La situación migratoria de una persona se refiere a si tiene permiso para vivir en un país. La protección frente al retorno forzoso se refiere a lo que podría ocurrirle tras su expulsión. En el caso de una persona afgana que afronta una deportación, ambas cuestiones son importantes: las autoridades francesas pueden intentar poner fin a su estancia, pero aun así deben tener en cuenta el riesgo de persecución o tortura en Afganistán.
Los funcionarios franceses han descrito sus contactos con los talibanes como conversaciones técnicas. En este contexto, se trata de conversaciones sobre la organización de los retornos. En los comunicados descritos por Human Rights Watch no se anunció ninguna fecha de deportación, número de personas afectadas ni garantías detalladas de protección.
La organización de derechos humanos pide a Francia que suspenda los planes en esta etapa. Le preocupa que un proceso administrativo de expulsión pueda llevar al traslado de personas al control de autoridades acusadas de cometer abusos graves.
¿A qué riesgos podrían enfrentarse los deportados?
Human Rights Watch dijo que hay pruebas de que algunos afganos devueltos por la fuerza al país fueron posteriormente detenidos o torturados por fuerzas talibanas. Esta preocupación da al debate una dimensión humana inmediata: una deportación termina con la llegada de una persona a Afganistán, donde el trato que reciba se vuelve fundamental para su seguridad.
Los talibanes volvieron al poder en agosto de 2021. Desde entonces, entre las denuncias de abusos figuran la persecución y las restricciones que afectan a mujeres, niñas, minorías étnicas y religiosas, y personas señaladas por su género. El peligro descrito por Human Rights Watch va más allá de las difíciles condiciones de vida e incluye amenazas a la libertad y la integridad física de las personas.
La persecución consiste en malos tratos graves dirigidos contra alguien por quién es, qué cree o la postura que se le atribuye. Una persona puede correr peligro porque las autoridades la consideran opositora o partidaria de derechos que estas reprimen. Para evaluar ese peligro hay que tener en cuenta tanto las circunstancias individuales como las condiciones del país.
Human Rights Watch dijo que su postura se aplica a las personas refugiadas que afrontan un retorno forzoso mientras continúan los abusos generalizados. La organización declaró:
"Ningún país debería obligar a las personas refugiadas a regresar a Afganistán mientras los talibanes sigan cometiendo abusos generalizados contra los derechos humanos".
Las preocupaciones de Francia en materia de seguridad y el trato que los talibanes dan a las personas retornadas se refieren a distintos aspectos de una misma decisión. El Gobierno francés explica por qué quiere que ciertas personas se marchen; Human Rights Watch pregunta qué les ocurrirá cuando lleguen.
Por qué las mujeres y las niñas corren un peligro particular
Las mujeres y las niñas están entre los grupos que, según Human Rights Watch, necesitan protección específica. Desde agosto de 2021, las restricciones impuestas por los talibanes incluyen la prohibición de la educación secundaria para las niñas y de la educación universitaria para las mujeres, además de amplias limitaciones al empleo, la circulación y la participación en la vida pública.
Estas medidas afectan a las actividades cotidianas. Determinan si una niña puede continuar sus estudios y si una mujer puede formarse para ejercer una profesión, ganarse la vida o circular libremente. Para alguien que regresa de Francia, la seguridad implica, por tanto, tanto la posibilidad de sufrir abusos directos como las restricciones que rigen la vida diaria.
Abbasi dijo que los funcionarios franceses no habían ofrecido garantías concretas para las personas que corren un riesgo particular, entre ellas las mujeres. A Human Rights Watch le preocupa cómo se protegería a las personas con esas vulnerabilidades en un acuerdo de retorno negociado con las autoridades talibanas.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados también ha advertido que en Afganistán persisten importantes riesgos de protección, en particular para las mujeres y las niñas. Su llamamiento a los países para que respeten la protección frente a retornos peligrosos sitúa en el centro de la decisión el trato que recibirá cada persona.
Los contactos europeos se han desarrollado durante varios años
Las conversaciones de Francia siguen a contactos en otras partes de Europa. La visita a Bruselas en junio de 2026 reunió a representantes talibanes y funcionarios europeos para conversar sobre políticas migratorias y el retorno de migrantes. Alemania también ha mantenido contactos directos con las autoridades talibanas y ha avanzado en la ampliación de las deportaciones a Afganistán.
Human Rights Watch cifró en 263 el número de afganos deportados por Alemania desde el año anterior. La cifra muestra que ya se han producido retornos en otras partes de Europa, mientras que el caso francés se refiere a conversaciones destinadas a organizar expulsiones.
Las principales fechas permiten seguir la evolución de la controversia actual:
- Agosto de 2021: Los talibanes volvieron al poder en Afganistán, tras lo cual impusieron amplias restricciones a mujeres y niñas y surgieron denuncias de abusos contra otros grupos.
- 8 de julio y 9 de septiembre de 2025: La Corte Penal Internacional emitió cuatro órdenes de detención por la presunta persecución cometida por altos cargos talibanes. La existencia de las dos primeras órdenes se hizo pública el 8 de julio de 2025.
- Junio de 2026: Una delegación talibana visitó Bruselas para conversar con funcionarios de la Unión Europea sobre política migratoria y retornos.
- 13 de octubre de 2026: Human Rights Watch publicó su llamamiento para que Francia reconsiderara los retornos forzosos.
- 5 de octubre de 2026: La Sala de Cuestiones Preliminares II de la corte hizo públicas las cuatro órdenes y publicó un anuncio con detalles de las acusaciones.
Los contactos europeos vinculan las decisiones migratorias adoptadas en Francia, Alemania y Bruselas con las condiciones en Afganistán. En su llamamiento, Human Rights Watch pide a esos gobiernos que sopesen el trato que recibirán las personas deportadas junto con sus motivos internos para solicitar expulsiones.
Los procedimientos judiciales intensifican la preocupación
Human Rights Watch también señaló los procedimientos de la Corte Penal Internacional relacionados con dirigentes talibanes. En un comunicado oficial de la corte publicado el 5 de octubre de 2026, la Sala de Cuestiones Preliminares II dijo que había hecho públicas cuatro órdenes de detención emitidas el 8 de julio y el 9 de septiembre de 2025 contra el líder supremo talibán, Haibatullah Akhundzada, Abdul Hakim Haqqani, Habibullah Agha y Neda Mohammad Nadim. La existencia de las dos primeras órdenes ya se había hecho pública el 8 de julio de 2025.
La Sala concluyó que había motivos razonables para creer que los cuatro sospechosos tenían responsabilidad penal por haber ordenado, instigado o solicitado el crimen de lesa humanidad de persecución, contemplado en el artículo 7(1)(h) del Estatuto de Roma. Las acusaciones se refieren a la persecución por motivos de género de niñas, mujeres y otras personas que no se ajustan a la política talibana sobre género, identidad o expresión de género, así como a la persecución por motivos políticos de personas percibidas como "aliadas de niñas y mujeres". Los presuntos crímenes se cometieron en Afganistán desde la toma del poder por los talibanes, el 15 de agosto de 2021, hasta al menos el 20 de enero de 2025. Esto vincula los procedimientos judiciales con los grupos cuya seguridad, según Human Rights Watch, Francia debe tener en cuenta al hablar de retornos.
La Sala dijo que los sospechosos, actuando en nombre de los talibanes, habían aplicado una política gubernamental que provocó graves violaciones de derechos y libertades fundamentales, relacionadas con asesinatos, encarcelamientos, torturas, violaciones y desapariciones forzadas. Señaló que se habían privado gravemente los derechos de niñas y mujeres a la educación, la privacidad y la vida familiar, así como sus libertades de circulación, expresión, pensamiento, conciencia y religión. También concluyó que la persecución por motivos de género comprende formas sistémicas e institucionalizadas de daño, incluidas normas sociales discriminatorias, y que las personas percibidas como contrarias a las políticas, incluso de forma pasiva o por omisión, fueron señaladas como opositoras políticas.
En un comunicado de prensa fechado el 6 de octubre de 2026, la Fiscalía de la corte dijo que había solicitado órdenes de detención contra Akhundzada y Haqqani el 23 de enero de 2025, y contra Habibullah Agha, ministro de Educación en funciones, y Neda Mohammad Nadim, ministro de Educación Superior en funciones, el 6 de marzo de 2025. La fiscal adjunta Nazhat Shameem Khan dijo que las órdenes adicionales reivindicaban los derechos de las mujeres y las niñas afganas, en particular su derecho a la educación.
Una orden de detención es una decisión judicial que solicita la detención de una persona para que las acusaciones puedan abordarse mediante un proceso legal. Los procedimientos citados por Human Rights Watch se refieren a la presunta responsabilidad de altos dirigentes por el trato que reciben las personas bajo el gobierno talibán.
En el debate sobre las deportaciones, la cuestión central sigue siendo qué condiciones afrontará cada persona que sea devuelta. Human Rights Watch cita los procedimientos judiciales como parte de su descripción de las autoridades con las que Francia está negociando un proceso de retorno.
La norma que prohíbe devolver a las personas al peligro
La agencia de la ONU para los refugiados ha instado a los gobiernos a respetar el principio de no devolución. El término describe la norma que prohíbe devolver a alguien a un lugar donde corra un riesgo real de persecución, tortura u otros daños graves. En pocas palabras, exige que los gobiernos evalúen el peligro en el lugar de destino antes de enviar allí a una persona.
Human Rights Watch sostiene que las deportaciones propuestas por Francia violarían sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Abbasi pidió que se suspendieran los planes y dijo que la cooperación migratoria no debe convertirse en un medio para devolver a personas a un peligro grave:
"Francia debe suspender cualquier plan de deportación, y la cooperación en materia de control migratorio no debe utilizarse como instrumento para devolver a personas a un país donde correrían un riesgo real de persecución o algo peor", dijo.
Francia ha indicado a quiénes quiere expulsar, mientras que Human Rights Watch ha señalado los motivos de preocupación en materia de protección que, según afirma, siguen sin respuesta. La discrepancia inmediata es si puede seguir adelante un acuerdo de retorno mientras persistan esos riesgos bajo el gobierno talibán.
Puntos clave
- Human Rights Watch instó a Francia el 13 de octubre de 2026 a suspender los planes de retorno forzoso a Afganistán.
- Francia dice que sus conversaciones con las autoridades talibanas se refieren a afganos que viven ilegalmente en Francia y son considerados un riesgo para la seguridad nacional.
- HRW advierte que las personas deportadas podrían sufrir persecución, detención, tortura y otros abusos graves.
- Las mujeres y las niñas afrontan restricciones a la educación, el empleo, la circulación y la vida pública bajo el gobierno talibán.
- Una delegación talibana conversó sobre migración y retornos con funcionarios europeos en Bruselas en junio de 2026.
- Según HRW, Alemania ha deportado a 263 afganos desde el año anterior.
- La agencia de la ONU para los refugiados ha instado a los países a respetar la norma que prohíbe devolver a las personas a situaciones de peligro grave.
- La CPI anunció el 5 de octubre de 2026 que había hecho públicas cuatro órdenes contra altos cargos talibanes por el presunto crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género y políticos, contemplado en el artículo 7(1)(h) del Estatuto de Roma.
