Un vuelo previsto sitúa a familias afganas en el centro de un llamamiento al Congreso
Sesenta y seis miembros del Congreso de Estados Unidos han instado al Gobierno de Trump a detener los vuelos de deportación que afectarían a más de 150 afganos, mientras la declaración jurada de un funcionario de inmigración describe un vuelo chárter a Pakistán previsto para el 3 de noviembre de 2026, seguido de un traslado por tierra a Afganistán.
Contenido
- Un vuelo previsto sitúa a familias afganas en el centro de un llamamiento al Congreso
- Qué dice la declaración sobre el vuelo
- Los recursos judiciales han tenido distintos resultados
- ¿Quiénes corren mayor peligro?
- Por qué importa el trayecto posterior
- Las respuestas de Washington no aclaran los acuerdos
- Pakistán ya es un lugar de espera precario
- La operación prevista supera una cifra de referencia reciente
- Los legisladores relacionan la disputa con futuras alianzas de Estados Unidos
- Puntos clave
El grupo bipartidista, encabezado por el representante demócrata Scott Peters, de California, envió el lunes 2 de noviembre su llamamiento al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. Los legisladores advirtieron que familiares de antiguos colaboradores de las fuerzas militares estadounidenses, opositores políticos de los talibanes y otras personas vulnerables podrían sufrir persecución, tortura o morir.
Su petición abarca los vuelos de deportación de afganos o iraníes, ya sea directamente a sus países de origen o a través de otro país. En el caso de los afganos detenidos en Luisiana, la principal preocupación es lo que ocurriría después de que el avión llegue a Pakistán: el viaje previsto continuaría hasta territorio controlado por los talibanes.
Un funcionario estadounidense describió planes que afectarían a casi 200 ciudadanos afganos, mientras que el llamamiento del Congreso mencionó a más de 150. El funcionario dijo que los preparativos aún podían cambiar. Algunos detenidos habían servido en las fuerzas de seguridad afganas o trabajado con personal estadounidense; otros tienen vínculos familiares que, según los defensores de sus derechos, podrían exponerlos a represalias.
Los legisladores fundamentaron su petición en el compromiso con quienes apoyaron a las fuerzas militares estadounidenses durante sus 20 años en Afganistán. En su carta, escribieron:
«Nuestro país prometió no abandonar nunca a los afganos que sacrificaron su propia seguridad y la de sus familias para apoyar a los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses».
El Gobierno no ha anunciado públicamente la operación. Pakistán tampoco ha confirmado públicamente que haya acordado recibir a los detenidos y organizar su traslado posterior.
Qué dice la declaración sobre el vuelo
Sergio Aguilar, funcionario supervisor de detención y deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), describió la ruta en una declaración jurada del 30 de octubre presentada en el caso Sadat contra Mullin. Dijo que al principio entendió que el vuelo chárter aterrizaría en Afganistán, pero después supo que su destino sería Pakistán.
La declaración de Aguilar decía:
«El destino final del avión sería Pakistán, y desde allí se realizaría un traslado posterior a Afganistán».
La declaración se refería a Said Mansor Sadat, un afgano de 30 años asignado a un vuelo chárter especial que debía partir de Alexandria, Luisiana. El juez federal de distrito Michael Nachmanoff había ordenado a las autoridades federales que explicaran si el avión viajaría directamente a Afganistán o haría escala en Pakistán.
Human Rights First dijo que había un vuelo programado de Alexandria a Pakistán para el martes 3 de noviembre. Descripciones anteriores situaban la posible salida tan pronto como el 2 de noviembre. La declaración jurada señaló el 3 de noviembre como fecha prevista; la partida no se había confirmado públicamente.
Estados Unidos suspendió las operaciones en su embajada en Kabul en 2021 y no mantiene relaciones diplomáticas formales con las autoridades talibanes. Estas circunstancias complican los acuerdos directos para los retornos a Afganistán y ayudan a explicar el papel previsto para Pakistán.
Los recursos judiciales han tenido distintos resultados
Según su abogado, Sadat fue retirado posteriormente de la lista de pasajeros y liberado de la custodia del ICE, después de que un juez concluyera que su detención continuada vulneraba sus derechos al debido proceso. El debido proceso significa que el Gobierno debe seguir procedimientos legales justos cuando restringe la libertad de una persona.
Otros detenidos han tenido menos éxito al solicitar medidas urgentes. En Texas, la jueza federal de distrito Kathleen Cardone rechazó la petición de Basir Ahmad Ahmadi para detener su deportación, al concluir que su tribunal de distrito carecía de jurisdicción, es decir, de autoridad legal para resolver esa petición.
Los acontecimientos judiciales y políticos se desarrollaron a lo largo de varias semanas:
- 15 de octubre: Cardone dejó constancia de que el ICE había propuesto a Ahmadi para una operación de deportación a Afganistán, prevista provisionalmente para principios de noviembre.
- 29 de octubre: Cardone rechazó la petición urgente de Ahmadi por motivos de jurisdicción.
- 30 de octubre: Aguilar presentó su declaración, en la que describió la ruta por Pakistán. Una jueza de Luisiana también rechazó una petición urgente del detenido afgano Khaled Khaleeq; después se presentaron solicitudes de reconsideración.
- 2 de noviembre: Los 66 legisladores enviaron su petición a Rubio y Mullin.
- 3 de noviembre: El vuelo chárter descrito en la declaración de Aguilar tenía prevista su salida.
¿Quiénes corren mayor peligro?
Entre los detenidos hay personas cuyas actividades, familiares o circunstancias personales podrían hacer peligroso su retorno. Los legisladores mencionaron el presunto apoyo al antiguo Gobierno afgano o a las fuerzas estadounidenses, las críticas a los talibanes y las identidades que entran en conflicto con las políticas talibanes.
Un afgano identificado como Mohammad, de 47 años, dijo que lo habían trasladado de un centro de detención en Oklahoma a Luisiana para deportarlo. Es gay y se casó con un estadounidense en 2020. Su familia huyó de Afganistán como refugiada en 1981, cuando él tenía dos años. Tras pasar décadas en Estados Unidos, perdió la residencia permanente después de ser condenado por dos delitos graves cometidos cuando tenía poco más de 20 años.
Los documentos judiciales de otro detenido describen su detención y tortura por los talibanes en 2023 debido a los vínculos de su esposa con el antiguo Gobierno afgano. Ella había servido en el ejército afgano y en la policía de mujeres, y había colaborado con las fuerzas estadounidenses. Él entró en Estados Unidos sin autorización en 2024, permaneció bajo custodia de inmigración y vio rechazada su solicitud de asilo.
Estos antecedentes muestran las distintas circunstancias que las autoridades de inmigración deben considerar en la operación prevista. Algunos detenidos entraron legalmente; otros cruzaron la frontera sin autorización y algunos tienen antecedentes penales. Los abogados presentan recursos individuales basados en la trayectoria migratoria de cada persona y en sus temores de regresar.
Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes dicen que algunos detenidos han tenido dificultades para impugnar su deportación por no contar con representación legal. Simon Sandoval-Moshenberg, que representa a Sadat y a otro afgano que afronta la deportación, dijo que a ambos clientes les habían comunicado por separado que los llevarían en avión a Pakistán y luego por tierra hasta la frontera afgana. El lunes por la noche, su segundo cliente aún esperaba una decisión sobre una petición urgente.
Por qué importa el trayecto posterior
La carta del Congreso sostiene que la responsabilidad de Estados Unidos va más allá del país donde aterriza un avión de deportación. Los legisladores dijeron que Washington debe impedir que las personas sean devueltas a lugares donde corren el riesgo de sufrir tortura, incluso cuando otro Gobierno realiza el traslado final.
Instaron al Gobierno a comunicar a Pakistán que Estados Unidos no aceptaría su participación en la entrega de deportados a los talibanes. En su petición, expresaron directamente esa exigencia:
«No entreguen a los talibanes, ni directamente ni a través de Pakistán, a quienes estuvieron junto a nuestras tropas».
La protección de Estados Unidos contra el retorno a lugares donde una persona pueda sufrir persecución o tortura depende de sus circunstancias y de las conclusiones jurídicas aplicables. No se ha hecho pública la situación de protección de todas las personas incluidas en esta operación, y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha especificado si Pakistán ofreció garantías de seguridad que abarquen tanto el traslado como el trato posterior en Afganistán.
Los legisladores también citaron la recomendación de viaje de nivel 4 del Departamento de Estado, que insta a no viajar a Afganistán. Señalaron que antiguos colaboradores afganos se ocultaron tras la evacuación de 2021, sufrieron persecución o fueron asesinados. Su argumento relaciona las deportaciones previstas con los riesgos que Washington ya describe para las personas que están en Afganistán.
Las respuestas de Washington no aclaran los acuerdos
El Departamento de Seguridad Nacional se negó a confirmar futuras operaciones de deportación, alegando motivos de seguridad operativa y protección del personal. Defendió su práctica general de enviar a migrantes a países distintos del suyo y afirmó que las personas afectadas reciben aviso y que el ICE obtiene garantías diplomáticas sobre su seguridad.
Un portavoz del DHS también afirmó:
«Cuando una persona deja de estar bajo custodia del ICE, el ICE deja de ser responsable de ella».
Esta postura contrasta con la exigencia de los legisladores de que Washington impida un traslado posterior previsible que exponga a las personas al peligro. Sandoval-Moshenberg dijo que a sus clientes no les habían informado quién los trasladaría por Pakistán ni cómo se realizaría el viaje.
Tras las primeras informaciones sobre posibles deportaciones, el Departamento de Estado había dicho que no tenía planes de trasladar a migrantes afganos a Pakistán. La declaración posterior del ICE describe una operación prevista que utilizaría esa ruta. Cuando le preguntaron por las deportaciones previstas en una rueda de prensa del 31 de octubre, Rubio remitió la pregunta al DHS.
El Gobierno tiene acuerdos con al menos 35 países para que reciban a migrantes deportados como parte de su campaña más amplia de control migratorio. En el caso de los afganos mencionados aquí, la cuestión práctica es si Pakistán les permitiría quedarse o sería un punto de tránsito hacia Afganistán.
Pakistán ya es un lugar de espera precario
Los afganos que buscan protección de Estados Unidos llevan años enfrentándose a la incertidumbre en Pakistán. Las deportaciones previstas se producen después de los preparativos de deportación anteriores descritos en octubre, cuando se comunicó a afganos detenidos y a sus abogados que esperaran un vuelo, sin dar detalles públicos sobre los acuerdos con el país receptor.
AfghanEvac, una organización que apoya a antiguos colaboradores afganos de Estados Unidos, afirma que un entendimiento alcanzado en el otoño de 2023 buscaba proteger a un grupo documentado que esperaba la tramitación de sus casos migratorios en Estados Unidos. Washington procesaría sus casos, mientras Pakistán se abstendría de acosarlos durante ese periodo.
La organización afirma que ese acuerdo dejó de funcionar después de que se suspendiera el procesamiento de refugiados en Estados Unidos en enero de 2025. Posteriormente, los afganos que esperaban en Pakistán sufrieron acoso, detenciones y deportaciones a Afganistán. Por tanto, una persona deportada desde Estados Unidos necesitaría tanto un permiso seguro para quedarse como protección frente a una nueva deportación.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de los talibanes dijo el lunes que estaba dispuesto a dialogar de manera constructiva con Washington sobre el retorno de ciudadanos afganos. Pidió que se los tratara de forma responsable y advirtió a terceros países que no negociaran con ciudadanos afganos a cambio de concesiones políticas temporales.
Las deportaciones en la región continúan. El portavoz adjunto de los talibanes, Hamdullah Fitrat, dijo el 3 de noviembre que el día anterior habían sido devueltas por la fuerza 100 familias, integradas por 462 personas. Sus cifras de cruces fronterizos registraron a 203 personas en el puente de Silk, en Nimroz; 62 en Torkham; 27 en Spin Boldak, y 71 en Islam Qala. Esas cifras suman 363 personas, 99 menos que el total anunciado.
La operación prevista supera una cifra de referencia reciente
El Deportation Data Project, una iniciativa de investigación en la que participan la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de California en Los Ángeles, calculó que unos 97 ciudadanos afganos habían sido devueltos a Afganistán durante los cuatro años anteriores, a partir de registros migratorios obtenidos mediante solicitudes de acceso a documentos públicos.
Una operación prevista que afectara a más de 150 personas superaría en más de 53 personas, o alrededor de un 55%, esa cifra total de cuatro años. Esta comparación explica por qué los defensores de los derechos de los migrantes describen los preparativos como una ampliación considerable de las deportaciones y no como otra operación pequeña.
Más de 120.000 afganos fueron evacuados durante la retirada de 2021, y casi 79.000 fueron trasladados a Estados Unidos durante la evacuación de agosto. Muchos ingresaron bajo un permiso humanitario, que permite una estancia temporal, y después recibieron protección temporal mientras solicitaban un estatus migratorio permanente.
Los prolongados retrasos en los trámites migratorios han dejado a miles de personas a la espera de una decisión. Grupos afganos defensores de los derechos de los migrantes están instando al Congreso a restablecer la protección de quienes ayudaron a las fuerzas estadounidenses. La población más amplia de evacuados incluye a personas con trayectorias jurídicas distintas de las de quienes están detenidos ahora, pero la incertidumbre sobre su estatus permanente ha hecho que el debate sobre las deportaciones tenga consecuencias para muchas familias.
Los legisladores relacionan la disputa con futuras alianzas de Estados Unidos
El representante por Luisiana Troy Carter, cuyo estado alberga a los detenidos que esperan el vuelo previsto, calificó las deportaciones de vergonzosas y crueles. En un comunicado del domingo, advirtió que las familias afganas que trabajaron junto a las fuerzas estadounidenses podrían sufrir represalias o morir si regresaban.
La representante Sydney Kamlager-Dove dijo que abandonar a los aliados afganos debilitaría la confianza en futuras alianzas estadounidenses. Los senadores Chris Coons, Jeanne Shaheen, Tim Kaine y Richard Blumenthal también criticaron las deportaciones previstas y advirtieron del peligro para los antiguos colaboradores.
El llamamiento del Congreso plantea dos exigencias inmediatas: detener los vuelos y garantizar protección frente a una deportación posterior desde Pakistán. Los procesos judiciales avanzan caso por caso, mientras que los legisladores buscan una decisión del Gobierno que abarque toda la operación.
Para los afganos detenidos y sus familiares, esas decisiones determinarán dónde vivirán a continuación y si sus vínculos familiares con Estados Unidos serán una fuente de protección o los expondrán a represalias. La fecha prevista del vuelo, el 3 de noviembre, dio urgencia al llamamiento, mientras que los casos individuales ante los tribunales muestran que las listas de pasajeros pueden cambiar antes de la salida.
Puntos clave
- Sesenta y seis legisladores instaron a Rubio y Mullin a detener los vuelos de deportación que afectarían a afganos e iraníes.
- La declaración jurada de un funcionario del ICE describió un vuelo chárter a Pakistán previsto para el 3 de noviembre, seguido de un traslado a Afganistán.
- El llamamiento del Congreso mencionó a más de 150 afganos; un funcionario estadounidense describió planes que afectarían a casi 200.
- Entre las personas que afrontan la deportación hay familiares de antiguos colaboradores de las fuerzas militares estadounidenses y otras personas que temen la persecución de los talibanes.
- Sadat fue liberado y retirado de la lista del vuelo, mientras que otros detenidos siguieron presentando recursos judiciales urgentes.
- Pakistán no ha confirmado públicamente cuál será su papel y el DHS no ha revelado garantías de seguridad específicas para la operación.
