Fiscales con experiencia pierden sus puestos mientras los nombrados por los talibanes asumen sus funciones
Al menos 200 fiscales que trabajaron bajo el Gobierno anterior de Afganistán fueron destituidos en el transcurso de un mes, según al menos seis fiscales en ejercicio y antiguos fiscales. Las autoridades talibanes están reemplazando al personal que aún quedaba por personas vinculadas al movimiento. Los despidos afectan a una institución responsable de supervisar los centros de detención y hacer cumplir las órdenes del líder talibán, Hibatullah Akhundzada.
Contenido
- Fiscales con experiencia pierden sus puestos mientras los nombrados por los talibanes asumen sus funciones
- Notificaciones de despido sin explicaciones por escrito
- Cómo se transformó la Fiscalía General
- Un siglo de historia institucional y luego un cambio acelerado
- ¿Quién selecciona a los reemplazos?
- Los relatos sobre las destituciones mencionan casos de corrupción
- Los jueces tramitan ahora casos sin fiscales públicos
- Supervisión de los centros de detención y riesgos para antiguos empleados
- Las mujeres y las personas vulnerables pierden instituciones especializadas
- Puntos clave
Los fiscales dijeron que las destituciones se aceleraron en Kabul y las provincias tras una orden verbal de Akhundzada. Algunos de los despedidos habían seguido trabajando después del regreso de los talibanes al poder, en agosto de 2021, en la institución que reemplazó a la Fiscalía General.
Un fiscal estimó que se estaban produciendo entre 50 y 60 destituciones por semana y dijo que unos 700 fiscales de la antigua república habían permanecido en sus puestos. Farooq Aleem, un antiguo fiscal, dio una cifra más amplia: más de 700 fiscales con experiencia destituidos, sin especificar el período que abarcaba su recuento.
Las autoridades talibanes no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las últimas destituciones, la supuesta orden de Akhundzada ni las cualificaciones y el proceso de selección de los reemplazos. El último relato no precisa las fechas del mes al que se refiere.
Los cambios de personal prolongan una transformación más profunda: una oficina que antes investigaba delitos y presentaba casos se ha convertido en una dirección centrada en hacer cumplir las instrucciones del líder talibán. Para quienes buscan justicia, el cambio afecta a quién examina las pruebas, quién supervisa las condiciones de detención y quién puede cuestionar la conducta de los funcionarios.
Notificaciones de despido sin explicaciones por escrito
Un fiscal que trabajó en la institución sustituta dijo que el personal supo que perdería su empleo cuando anunciaron sus nombres en la oficina. Afirmó que no recibió una notificación por escrito ni el salario de un mes.
El fiscal recordó cómo le comunicaron a él y a varios colegas que terminaría su relación laboral:
«Un día estaba en la oficina cuando, sin notificación oficial por escrito, anunciaron mi nombre y los de varios fiscales más, y nos dijeron que no debíamos volver al trabajo a partir del mes siguiente. Además, no nos pagaron un mes de salario».
Otro fiscal describió una secuencia planificada de destituciones, que comenzaría por el personal de la república y continuaría con otras categorías de empleados. Su relato indica que las destituciones actuales forman parte de una revisión de personal en curso.
Un relato relacionado, fechado el 24 de octubre de 2026, describe una carta en la que consta la destitución de 11 fiscales en seis provincias: Daikundi, Bamyan, Nangarhar, Kapisa, Nuristán y Maidan Wardak. Un antiguo fiscal citado en ese relato calculó que un comité destituía a entre 40 y 50 antiguos empleados por semana, frente a los entre 50 y 60 fiscales mencionados en el último relato.
Cómo se transformó la Fiscalía General
Rawadari, una organización de derechos humanos, documentó el cambio institucional en su comunicado del 24 de marzo de 2023. La organización dijo que Akhundzada había emitido un decreto verbal para convertir la Fiscalía General en la Dirección General de Supervisión y Seguimiento de Decretos e Instrucciones.
También se describe a la institución sustituta como la Dirección General de Supervisión y Procesamiento de Decretos y Órdenes. Rawadari dijo que el cambio redujo las funciones de la oficina a seguir las instrucciones de los líderes talibanes y limitó su autoridad para combatir la delincuencia, garantizar la justicia y respaldar los derechos fundamentales.
Algunas competencias que antes ejercía la Fiscalía General se transfirieron a los tribunales y los organismos de inteligencia talibanes. Antiguos empleados dijeron que al menos 4.000 personas perdieron su empleo tras el decreto de reestructuración. Esa cifra corresponde a la reorganización institucional anterior, mientras que la cifra más reciente, de al menos 200, se refiere a un mes de destituciones entre los fiscales que aún quedaban.
En el momento de la reestructuración, el portavoz talibán Zabihullah Mujahid dijo que la nueva institución emplearía a antiguos trabajadores. Los fiscales afirmaron entonces que no habían recibido información sobre ese acuerdo. La continuidad laboral de algunos antiguos fiscales, seguida de las destituciones más recientes, muestra que los cambios de personal se han producido por etapas.
Un siglo de historia institucional y luego un cambio acelerado
La Asociación de Fiscales de Afganistán se opuso a la disolución y describió la Fiscalía General como una institución neutral, creada en 1921 durante el reinado del rey Amanullah Khan. Advirtió de que su abolición borraría valores judiciales.
Las principales fechas muestran el paso de un servicio de fiscalía a una institución centrada en los decretos del líder talibán:
- 1921: Se creó la Fiscalía General bajo el reinado del rey Amanullah Khan, según la Asociación de Fiscales de Afganistán.
- 15 de agosto de 2021: Los talibanes regresaron al poder y comenzaron a desmantelar o reemplazar las instituciones de la antigua república.
- 24 de marzo de 2023: Rawadari publicó un comunicado sobre el decreto verbal que cambió la Fiscalía General y redujo sus responsabilidades.
- 24 de octubre de 2026: Un relato describió la continuidad de las destituciones, la creación de un comité de revisión de personal y una carta con los nombres de 11 fiscales destituidos en seis provincias.
El desmantelamiento práctico de la labor de fiscalía comenzó tras la toma del poder en 2021. El comunicado de Rawadari documenta la posterior reestructuración formal, en 2023. En conjunto, estos acontecimientos explican por qué los relatos sitúan la disolución de la oficina en distintas etapas del gobierno talibán.
¿Quién selecciona a los reemplazos?
Antiguos fiscales describieron a un comité que revisaba los expedientes laborales y reemplazaba a los empleados por miembros talibanes. En el relato fechado el 24 de octubre de 2026, identificaron como su presidente a Shah Mohammad Shahid, subdirector de Finanzas y Administración de la dirección.
También señalaron como miembros del comité a Ezatullah Haqqani, subdirector civil, al subdirector militar y al jefe de Personal. Antiguos empleados dijeron que la revisión iba más allá de los despidos e incluía restricciones a futuras contrataciones.
Algunos candidatos dijeron que aprobaron un examen de selección, pero luego fueron rechazados al descubrirse que habían trabajado anteriormente en la Fiscalía General. Según su versión, el personal les dijo que Akhundzada había ordenado que no se contratara a antiguos fiscales.
Un antiguo fiscal citado en el último relato también cuestionó la formación de los reemplazos. Afirmó que algunos de los nombrados habían cursado seis meses de estudios religiosos, considerados equivalentes a una maestría, pese a carecer de los conocimientos y la experiencia profesionales necesarios para ejercer como fiscales. La descripción de esos cursos y su equivalencia procede del fiscal.
Los fiscales deben evaluar testimonios, examinar documentos y decidir si las pruebas respaldan una acusación. Reemplazar al personal con experiencia modifica la capacidad de la institución para realizar esas tareas, especialmente cuando los nombramientos dependen de la afiliación y el servicio en el antiguo Gobierno se convierte en motivo de exclusión.
Los relatos sobre las destituciones mencionan casos de corrupción
Antiguos fiscales relacionaron las destituciones con las quejas de altos funcionarios talibanes sobre las investigaciones a miembros del movimiento. Afirmaron que responsables de inteligencia y de la justicia dijeron a Akhundzada en Kandahar que los fiscales del antiguo Gobierno fabricaban casos contra miembros talibanes.
Un fiscal destituido acusó a Aminullah Obaid, identificado como gobernador de Kabul y antiguo gobernador de Daikundi, de desviar 8,1 millones de afganis en ayuda de la Media Luna Roja Afgana. El fiscal dijo que la asistencia incluía harina, aceite de cocina, tiendas de campaña y mantas, y que los investigadores habían preparado un expediente y lo habían enviado a Kabul.
El relato fechado el 24 de octubre de 2026 también afirmó que al menos 50 toneladas de trigo y ayuda humanitaria transportadas en 20 camiones, destinadas a los residentes de Daikundi, se habían asignado a amigos y familiares de Obaid en Kabul, Ghor, Maidan Wardak, Farah y Uruzgan. Se trata de acusaciones atribuidas a antiguos fiscales y a las informaciones sobre la distribución de la ayuda.
Las versiones contrapuestas se refieren a una misma responsabilidad delicada: investigar acusaciones contra personas con poder. Antiguos fiscales describen represalias por investigar la corrupción; las quejas atribuidas a funcionarios talibanes los acusan de utilizar sus cargos contra el movimiento.
Los jueces tramitan ahora casos sin fiscales públicos
Abdul Malik Haqqani, vicejefe de Justicia talibán, ha descrito un sistema en el que los jueces se ocupan de las distintas etapas de un caso sin fiscales públicos. Según su explicación, la responsabilidad de examinar las acusaciones y dictar sentencia recae en el tribunal.
Haqqani explicó la postura talibana en una entrevista televisiva:
«Un juez no puede basar su decisión en las investigaciones de un fiscal. Estos son nuestros principios de la sharía».
Por lo general, un fiscal investiga un presunto delito y presenta pruebas para que el tribunal las examine. Después, un juez resuelve el caso. La separación de esas funciones permite que el tribunal evalúe el caso que se le presenta, en lugar de asumir por sí mismo la responsabilidad de todas las etapas.
Farid Hamidi, antiguo fiscal general de Afganistán, describió la disolución de la oficina como un golpe mortal para la justicia. Sostuvo que la búsqueda de decisiones rápidas estaba desplazando el examen minucioso de los casos.
Hamidi expresó su preocupación así:
«Están sacrificando la justicia por la rapidez».
Se informó de que los jueces talibanes resolvieron más de 200.000 casos durante los dos primeros años de su gobierno, incluidos casos que habían quedado pendientes bajo el Gobierno anterior. Los afganos frustrados por las demoras de los tribunales anteriores han acogido favorablemente las decisiones más rápidas. Para acusados y denunciantes, la cuestión práctica central es si una audiencia rápida aún permite disponer de tiempo suficiente para examinar las pruebas y escuchar a ambas partes.
Supervisión de los centros de detención y riesgos para antiguos empleados
La dirección sustituta mantiene responsabilidades que afectan directamente a las personas detenidas. Entre ellas figuran la supervisión de los centros de detención y la aplicación de los decretos de Akhundzada. Las descripciones de sus funciones también incluyen emitir órdenes de arresto conforme a las instrucciones del líder, trasladar presos desde el extranjero, extraditar sospechosos y preparar o modificar documentos talibanes.
En marzo de 2023, Rawadari advirtió que las detenciones arbitrarias, las investigaciones incompletas, las demoras en los casos y la detención indefinida estaban debilitando el acceso a la justicia. También afirmó que se había disuelto la Constitución y suspendido leyes como el Código Penal, lo que dejaba menos garantías legales publicadas para las personas que trataban con las autoridades.
Además de perder el empleo, los antiguos fiscales afrontan peligros personales. El organismo de derechos humanos de las Naciones Unidas informó de que las represalias de presos liberados en 2021 habían causado el asesinato de más de una decena de antiguos fiscales. Muchos de ellos habían preparado anteriormente casos contra insurgentes talibanes.
Por lo tanto, la destitución del personal que aún quedaba afecta tanto a los ingresos familiares como a la seguridad personal. Un fiscal que pierde su salario también puede perder su puesto institucional y, al mismo tiempo, seguir expuesto a hostilidades vinculadas con casos anteriores.
Las mujeres y las personas vulnerables pierden instituciones especializadas
Rawadari situó los cambios en la Fiscalía General dentro de un desmantelamiento más amplio de las instituciones tras el 15 de agosto de 2021. Entre las entidades disueltas mencionó la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, los organismos electorales y el Ministerio de Asuntos de la Mujer.
La organización también señaló la eliminación de tribunales especiales y unidades de fiscalía dedicadas a la violencia contra mujeres y niños. Esas unidades asignaban a funcionarios específicos la responsabilidad de investigar y tramitar esas denuncias.
Los talibanes también han excluido a las mujeres del empleo judicial, por lo que ya no hay juezas que atiendan disputas en las que las demandantes o acusadas son mujeres. La eliminación de unidades especializadas y de personal judicial femenino cambia las vías por las que las mujeres pueden presentar denuncias y solicitar una audiencia.
Las últimas destituciones prolongan ese cambio institucional. Se está apartando a los fiscales que aún quedaban de la antigua república de una organización cuyas funciones ya se centran en las órdenes del líder talibán, mientras los tribunales ejercen competencias que antes compartían con un servicio de fiscalía.
Puntos clave
- Al menos 200 fiscales del antiguo Gobierno fueron destituidos en el transcurso de un mes, según fiscales en ejercicio y antiguos fiscales.
- Los empleados dijeron que personas vinculadas a los talibanes reemplazaron al personal destituido tras una orden verbal atribuida a Hibatullah Akhundzada.
- Rawadari documentó en marzo de 2023 la reestructuración formal de la Fiscalía General.
- Antiguos empleados habían dicho que al menos 4.000 puestos se perdieron durante la reestructuración más amplia.
- La dirección sustituta supervisa los decretos y los centros de detención, mientras los tribunales talibanes funcionan sin fiscales públicos.
- Las autoridades talibanes no respondieron a las preguntas sobre las últimas destituciones, la supuesta orden ni los nombramientos de reemplazo.
