Cinco órdenes de detención chinas, dos hombres fuera de prisión
Tailandia afirma que China debe recurrir a un proceso formal de extradición para solicitar el retorno de cinco hombres uigures detenidos desde 2014. Sus casos serán presentados ante los tribunales tailandeses, mientras grupos de derechos humanos advierten que podrían sufrir tortura y desaparición forzada en China.
Contenido
- Cinco órdenes de detención chinas, dos hombres fuera de prisión
- En qué consistiría el proceso de extradición
- Se ha designado a un abogado, pero hay discrepancias sobre el acceso
- Los hombres han pedido que no los devuelvan
- Cómo transcurrieron más de 12 años de detención
- ¿Qué ocurrió con los 40 hombres devueltos en 2025?
- La legislación tailandesa sitúa la protección contra la tortura en el centro
- China defiende la cooperación con Tailandia
- Para un destino seguro se necesitaría otro gobierno
- Puntos clave
Chaiyapruek Duangprapat, secretario general del Consejo de Seguridad Nacional, dijo el 4 de noviembre de 2026 que los cinco tienen órdenes de detención emitidas por China y que ninguno cuenta con la condición de refugiado. Dos recibieron un indulto real el 21 de octubre y fueron trasladados de la prisión a un centro de detención migratoria en Bangkok. A los otros tres les queda aproximadamente un año de condena por un intento de escapar del centro de detención.
La preocupación inmediata es el destino de los dos hombres indultados. Su salida de prisión los dejó bajo custodia migratoria, sin libertad para marcharse. Ambos han pedido que no los devuelvan a China, donde temen sufrir abusos.
Chaiyapruek dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia evaluaría las órdenes de detención chinas y cualquier solicitud de extradición antes de que el asunto pasara a los tribunales. Los hombres podrían designar abogados y oponerse a su retorno. El funcionario describió este procedimiento como distinto de la deportación de 40 uigures a China realizada por el gobierno en febrero de 2025.
El comunicado de noviembre de Amnistía Internacional añade una cuestión jurídica crucial: el artículo 13 de la Ley de Prevención y Represión de la Tortura y las Desapariciones Forzadas de Tailandia prohíbe la deportación cuando existen motivos fundados para prever tortura, tratos crueles o desaparición forzada. La ley está en vigor desde 2023.
Por tanto, el caso de los dos hombres abarca tanto el procedimiento para examinar las demandas de China como la obligación de Tailandia de proteger a las personas frente a abusos graves.
En qué consistiría el proceso de extradición
Tailandia y China firmaron su tratado de extradición en 1993, que entró en vigor en 1999. La extradición es el proceso jurídico por el que un país pide a otro que entregue a una persona para someterla a un proceso penal. La deportación es una medida migratoria para expulsar a alguien de un país.
Chaiyapruek dijo que los casos de los cinco hombres pasarían por el sistema judicial y no serían decididos por su organismo como una cuestión de política. Un tribunal tailandés examinaría si puede procederse a la entrega solicitada, y los hombres tendrían derecho a impugnarla.
Chaiyapruek, en su calidad de jefe del Consejo de Seguridad Nacional, describió el posible resultado:
«Pero si el tribunal falla en su contra, serán extraditados de conformidad con el tratado. Este es el proceso judicial».
La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, no dijo si Pekín había presentado una solicitud formal de extradición. No se anunció ninguna fecha de audiencia ni un calendario para tomar una decisión.
Un fallo favorable a los hombres dejaría pendiente otra decisión práctica: adónde podrían ir. Chaiyapruek dijo que su reasentamiento dependería de que otro país aceptara recibirlos.
Se ha designado a un abogado, pero hay discrepancias sobre el acceso
El portavoz del gobierno Ekkapob Pianpises dijo que se había designado un abogado para los dos hombres y que podrían impugnar la extradición ante los tribunales. Su declaración aborda una preocupación central para quienes están bajo custodia migratoria: si pueden preparar una defensa jurídica antes de que los expulsen.
Amnistía Internacional, sin embargo, dijo que las autoridades habían negado a los hombres el acceso a sus abogados desde su traslado el 21 de octubre. También afirmó que se había bloqueado el acceso de organizaciones de la sociedad civil y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tailandia.
La declaración del gobierno se refiere a la designación de representación legal; la denuncia de Amnistía se refiere a si los representantes pueden realmente reunirse con sus clientes. Los hombres necesitan contactar con sus abogados para explicar sus temores, examinar el caso en favor de su retorno y presentar objeciones.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, pidió que se les permitiera acceder a asesoría jurídica y se les ofreciera un destino seguro:
«Las autoridades tailandesas deben permitirles ahora acceder al abogado que elijan y, junto con la comunidad internacional, encontrar urgentemente una solución segura y voluntaria en un tercer país para ellos y los demás uigures que siguen detenidos en Tailandia».
Los hombres han pedido que no los devuelvan
Los dos hombres expresaron sus temores en cartas difundidas por Kannavee Suebsang, exparlamentario tailandés y fundador de la Fundación por los Derechos y la Paz, que los representa. Su petición es personal y directa: quieren que se les proteja para que no los envíen de vuelta a China.
Uno de los hombres escribió en inglés sobre su temor a regresar. En la carta difundida por Kannavee, dijo:
«Cada vez nos preocupa que China nos lleve de vuelta».
El mismo hombre rechazó que China describa a los detenidos como terroristas:
«No somos terroristas».
Los dos hombres están recluidos en el centro de detención migratoria de Suan Phlu, en Bangkok. Amnistía afirma que llevan más de 12 años bajo custodia tailandesa, desde que fueron detenidos en marzo de 2014.
Los cinco fueron encarcelados en 2020 por intentar escapar del centro de detención migratoria. La legislación tailandesa solo permite deportar a extranjeros encarcelados cuando terminan sus condenas. Esto explica por qué los dos hombres indultados afrontan ahora una posibilidad más inmediata de expulsión, mientras los otros tres siguen en prisión.
Cómo transcurrieron más de 12 años de detención
Amnistía sitúa la detención inicial del grupo el 13 de marzo de 2014. Más de 300 uigures que habían huido de China fueron detenidos en el sur de Tailandia, cerca de la frontera con Malasia. Los uigures son un grupo étnico túrquico, mayoritariamente musulmán, originario de Xinjiang, en el noroeste de China.
Posteriormente, Tailandia envió a distintos destinos a varios grupos. Se permitió viajar a Turquía a mujeres y niños, mientras que grandes grupos de hombres fueron devueltos a China pese a las objeciones de organizaciones de derechos humanos y funcionarios internacionales.
- 13 de marzo de 2014: las autoridades tailandesas detuvieron a más de 300 uigures, según Amnistía Internacional.
- Junio de 2015: Tailandia permitió que 173 mujeres y niños viajaran a Turquía. En 2015 también deportó a China al menos a 109 uigures.
- 2020: cinco hombres fueron encarcelados por intentar escapar del centro de detención migratoria.
- 7 de enero de 2025: la embajada china solicitó la repatriación de 45 hombres uigures, según un documento obtenido por Amnistía.
- Febrero de 2025: Tailandia deportó a 40 uigures a China; cinco quedaron cumpliendo penas de prisión.
- 21 de octubre de 2026: dos de los cinco recibieron un indulto real y fueron trasladados a un centro de detención migratoria.
- 4 de noviembre de 2026: funcionarios tailandeses dijeron que la extradición requeriría un proceso judicial.
La carta de la embajada de enero de 2025 vincula los casos actuales con la deportación anterior: China solicitó a 45 hombres, Tailandia devolvió a 40 y cinco permanecieron en prisión. Estos cinco son ahora objeto de las órdenes de detención mencionadas por el jefe de seguridad tailandés.
¿Qué ocurrió con los 40 hombres devueltos en 2025?
Tailandia deportó a los 40 hombres en febrero de 2025 pese a las peticiones de los propios hombres, de parlamentarios tailandeses y de funcionarios de Naciones Unidas. Antes de la operación, el gobierno tailandés había negado que tuviera previsto enviarlos a China.
Más tarde, funcionarios tailandeses dijeron que los hombres habían firmado formularios en chino en los que aceptaban regresar voluntariamente. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tailandia dijo que los funcionarios implicados no presentaron pruebas de ese consentimiento ni garantías sobre la seguridad de los hombres.
Amnistía afirma que las autoridades tailandesas visitaron Xinjiang en febrero y marzo de 2025 por invitación de China. Organizaciones que siguen el caso dijeron que los visitantes pudieron reunirse con menos de 10 deportados. Algunos medios tailandeses seleccionados también participaron en una visita oficial, pero no tuvieron acceso independiente para entrevistar a los hombres devueltos.
No se ha podido determinar el paradero ni el estado de los 40 hombres. Kannavee dijo que no recibió respuesta a las consultas oficiales que hizo mientras era parlamentario. Añadió que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia y otros también intentaron hacer un seguimiento; el ministerio declinó hacer comentarios.
Elaine Pearson, directora para Asia de Human Rights Watch, advirtió sobre el trato recibido por personas devueltas en operaciones anteriores:
«Gobiernos tailandeses anteriores mantuvieron a uigures en condiciones inhumanas de detención durante años y luego acataron las exigencias de Pekín de enviarlos a China, donde fueron víctimas de desaparición forzada».
La desaparición forzada ocurre cuando una persona es detenida y las autoridades ocultan o se niegan a reconocer su destino o paradero, lo que la deja fuera de la protección jurídica habitual.
La legislación tailandesa sitúa la protección contra la tortura en el centro
Tailandia no es parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Naciones Unidas. Sin embargo, está obligada por la Convención contra la Tortura y por el principio internacional de no devolución, que prohíbe enviar a personas a lugares donde afronten un riesgo real de sufrir abusos graves específicos.
El artículo 13 de la Ley de Prevención y Represión de la Tortura y las Desapariciones Forzadas de Tailandia establece esa protección en el derecho nacional. Amnistía afirma que la disposición prohíbe la deportación cuando existen motivos fundados para creer que una persona sufriría tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, o desaparición forzada.
La declaración de Chaiyapruek de que los cinco no tienen condición de refugiados debe entenderse junto con estas obligaciones. La protección frente a la devolución a un lugar donde exista riesgo de tortura se aplica a quienes afrontan ese peligro, hayan sido reconocidos formalmente como refugiados o no.
Sasinan Thamnithinan, parlamentaria del opositor Partido del Pueblo, dijo que Tailandia tenía obligaciones tanto en virtud del derecho nacional como del internacional. En un comunicado, instó al gobierno a anteponerlas a la conveniencia diplomática:
«Mantener las relaciones internacionales es importante, pero no debe prevalecer sobre los derechos humanos y el Estado de derecho. Nadie debe ser enviado de vuelta a una situación de peligro simplemente porque el gobierno quiera poner fin a un problema».
China defiende la cooperación con Tailandia
Pekín ha reclamado en repetidas ocasiones el retorno de los uigures y ha descrito como terroristas a integrantes del grupo detenido. El Ministerio de Seguridad Pública de China calificó de migrantes irregulares a los 40 hombres deportados en 2025.
Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, defendió la cooperación con Tailandia al ser consultada sobre los casos recientes:
«La cooperación entre China y Tailandia para combatir los delitos transfronterizos, incluida la migración irregular, se ajusta a las leyes de ambos países, así como al derecho internacional y a las prácticas internacionales».
China niega las acusaciones de abusos en Xinjiang y afirma que sus políticas han impulsado el desarrollo económico y combatido el extremismo. Organizaciones de derechos humanos y Naciones Unidas han acusado a Pekín de cometer graves abusos contra los uigures y otras comunidades mayoritariamente musulmanas, incluidos la detención masiva y el trabajo forzado.
Una investigación de Amnistía publicada en 2021 documentó encarcelamientos, tortura y persecución, que describió como crímenes de lesa humanidad. Una evaluación de Naciones Unidas publicada en agosto de 2022 señaló que los abusos en Xinjiang podrían constituir crímenes de lesa humanidad. El término describe determinados actos graves cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.
Esas conclusiones respaldan las advertencias de los grupos de derechos humanos sobre los cinco hombres. Callamard dijo que las garantías de China no pueden prevalecer sobre la obligación de Tailandia de proteger a las personas frente a un riesgo real de tortura u otras violaciones graves.
Para un destino seguro se necesitaría otro gobierno
Amnistía Internacional y Human Rights Watch instan a Tailandia a permitir que los dos hombres indultados viajen a un tercer país seguro. Ese acuerdo requeriría que otro gobierno los aceptara y un proceso que les permitiera salir de la custodia tailandesa de forma segura.
Tailandia ya permitió que integrantes del grupo original salieran hacia Turquía. Amnistía cifra en 173 las mujeres y los niños que viajaron en junio de 2015. En el caso de los cinco hombres que siguen en Tailandia, el jefe de seguridad ha señalado que la aceptación por parte de otro país sería una condición para un posible reasentamiento si el fallo judicial les fuera favorable.
Las decisiones inmediatas se refieren al acceso a los abogados, la gestión de la solicitud de China y la aplicación de las protecciones tailandesas contra el retorno a situaciones de abuso grave. Para los dos hombres ya indultados, esas decisiones determinarán si el fin de sus condenas los conduce a la seguridad en otro lugar o a su traslado a China.
Puntos clave
- Tailandia afirma que las solicitudes de China relativas a cinco hombres uigures deben tramitarse en su sistema judicial.
- Dos hombres recibieron indultos reales el 21 de octubre de 2026, pero siguen en un centro de detención migratoria en Bangkok.
- El gobierno afirma que se ha designado un abogado; Amnistía dice que las autoridades han negado el acceso a los representantes legales.
- La legislación tailandesa prohíbe la deportación cuando existen motivos fundados para prever tortura, tratos crueles o desaparición forzada.
- Se desconoce el paradero y el estado de los 40 uigures deportados a China en febrero de 2025.
- Grupos de derechos humanos piden que se encuentre un país seguro para reasentar a los hombres que siguen detenidos en Tailandia.
