Trece muertes, cinco médicos y registros médicos cuestionados
MANILA, Filipinas: Trece personas cuyos cuerpos presentaban heridas de bala fueron registradas como fallecidas por enfermedades, entre ellas neumonía, accidente cerebrovascular y septicemia, según las conclusiones señaladas por la patóloga forense Raquel Fortun. Las discrepancias llevaron a la Comisión de la Verdad de la sociedad civil a solicitar una investigación sobre cinco médicos y ofrecer asistencia jurídica a las familias afectadas.
Contenido
- Trece muertes, cinco médicos y registros médicos cuestionados
- Por qué importa la causa de muerte
- Qué puede hacer el regulador médico
- La disciplina profesional y los cargos penales siguen vías distintas
- El caso de Baylon muestra cuánto puede tardar una corrección
- Los investigadores tendrían que determinar quién hizo qué
- Las familias afrontan gastos, temor y documentos faltantes
- Cómo podrían influir los registros en el caso contra Duterte
- Puntos clave
Los casos corresponden a muertes ocurridas en Caloocan y Ciudad Quezón durante la campaña contra las drogas ilegales del expresidente Rodrigo Duterte. Los cuerpos fueron exhumados y examinados por Fortun, miembro de la comisión, quien detectó diferencias entre las lesiones y las causas consignadas en los certificados de defunción.
Uno de los cinco médicos ha fallecido. Ese médico y otro trabajaron como funcionarios médicos en los departamentos de salud de Caloocan y Ciudad Quezón. Las acusaciones se refieren a personas que recibieron disparos en la cabeza, el torso, el brazo o el cuello, pero cuyos documentos atribuyeron sus muertes a enfermedades.
La comisión prevé ponerse en contacto con las familias, revisar sus registros y presentar los certificados de defunción y los documentos justificativos ante la Comisión de Regulación Profesional (PRC). También tiene previsto escribir a la Asociación Médica de Filipinas (PMA) para solicitar una investigación.
Carlos Conde, portavoz de la Comisión de la Verdad, dijo que la asistencia dependería de las acciones que las familias quisieran emprender.
«Y si quieren presentar una petición, sin duda las ayudaremos», dijo.
Neri Colmenares, abogado que representa a las familias de las víctimas y exrepresentante de Bayan Muna, dijo que por el momento las familias no tienen previsto emprender acciones contra los médicos. Sostuvo que los fiscales del Gobierno deberían asumir la responsabilidad de investigar posibles delitos, en lugar de dejar esa carga en manos de los familiares.
Por qué importa la causa de muerte
Un certificado de defunción es un registro oficial que puede convertirse en una prueba importante cuando una familia solicita una investigación o presenta un caso. Si se consigna una enfermedad cuando la muerte se produjo por disparos, los familiares pueden verse obligados a impugnar el registro médico mientras intentan determinar quién mató a su ser querido.
Ephraim Cortez, presidente de la Unión Nacional de Abogados de los Pueblos (NUPL), dijo que algunos casos presentaban un conflicto directo entre los informes policiales y la documentación médica: los informes describían muertes ocurridas durante operaciones presentadas como legítimas, mientras que los certificados de defunción indicaban causas naturales.
Cortez dijo que muchas familias no podían costear una autopsia o un informe médico elaborado para un proceso judicial. Una autopsia examina un cuerpo para determinar cómo murió una persona; sus conclusiones pueden ayudar a los investigadores a relacionar las lesiones con la muerte.
Las familias que no cuentan con esas conclusiones afrontan un problema práctico difícil. Pueden saber que dispararon a su familiar, pero el documento oficial que deben presentar registra una enfermedad. Obtener más pruebas médicas y corregir el registro puede requerir dinero, asistencia jurídica y tiempo.
Colmenares describió las consecuencias para las familias y pidió investigar una posible colaboración entre médicos y policías.
«El impacto de esta certificación errónea no es insignificante. Se trata de acciones muy graves; el médico debe ser investigado y quienes hayan actuado en connivencia con la policía deben ir a prisión», dijo.
Qué puede hacer el regulador médico
La PRC reconoció el pedido de medidas y dijo que su Junta Reguladora Profesional de Medicina evaluaría las pruebas. La entidad citó la Ley de Modernización Profesional de 2000 y señaló que las juntas profesionales tienen autoridad para investigar presuntas infracciones cometidas por profesionales.
La junta podría considerar una investigación motu proprio, es decir, una investigación que inicia por iniciativa propia. La Comisión de la Verdad también podría presentar una denuncia administrativa respaldada por los certificados cuestionados y otras pruebas.
La PRC describió en un comunicado el primer paso previsto por la junta.
«La Comisión, a través de la Junta Reguladora Profesional de Medicina, evaluará las pruebas disponibles para determinar las medidas adecuadas y establecer si existen motivos suficientes para iniciar una investigación motu proprio», indicó.
Los médicos a quienes se les demuestre, mediante pruebas sustanciales, que infringieron las leyes profesionales, la ética médica u otras normas aplicables podrían enfrentarse a la suspensión o revocación de su licencia para ejercer la medicina. La PRC dijo que cualquier investigación se llevaría a cabo conforme a la ley y respetando los derechos de los profesionales implicados.
La disciplina profesional y los cargos penales siguen vías distintas
Theodore Te, presidente interino del Grupo de Asistencia Jurídica Gratuita, dijo que la PRC era la entidad mejor situada para evaluar si los médicos actuaron conforme a las normas profesionales y éticas. También planteó la posible responsabilidad por negligencia profesional.
Un proceso disciplinario profesional examina si un médico incumplió las normas que rigen la práctica de la medicina. Un proceso penal determina si alguien cometió un delito sancionado por la ley penal. Una misma conducta puede dar lugar a ambos tipos de examen, pero las pruebas requeridas y las posibles sanciones son distintas.
Te dijo que la responsabilidad penal dependería de las pruebas, incluido si una anotación inexacta fue resultado de negligencia o de una intención deliberada de engañar. Señaló que la falsificación de documentos públicos podría ser un cargo posible si se demostrara un engaño intencional, y mencionó la posibilidad de conspiración si las pruebas mostraran la participación en un plan más amplio.
Los tribunales penales exigen pruebas más allá de toda duda razonable, un umbral probatorio más alto que el estándar de prueba sustancial que la PRC describió para la disciplina profesional. Te dijo que esto dificultaría la presentación de cargos penales.
Colmenares sostuvo que los médicos que falsificaron deliberadamente registros para proteger a los responsables deberían ser investigados como posibles cómplices de los delitos subyacentes. Se trata de una vía jurídica propuesta que requiere pruebas sobre las acciones y los conocimientos de cada persona.
El caso de Baylon muestra cuánto puede tardar una corrección
La muerte de Lenin Baylon ilustra las dificultades que pueden afrontar las familias al impugnar un registro oficial. Baylon tenía nueve años cuando murió por una bala perdida en diciembre de 2016. Colmenares describió a unos hombres armados y enmascarados que presuntamente perseguían a sospechosos de delitos relacionados con las drogas.
La familia de Baylon dijo que la obligaron a firmar una renuncia en la que aceptaba la bronconeumonía como causa de muerte antes de entregarles el cuerpo. Cortez dijo que la familia no podía costear una autopsia.
Cortez citó una decisión del Tribunal de Apelaciones de 2022 que ordenó corregir el certificado. Colmenares dijo que la corrección se realizó casi nueve años después de la muerte de Baylon. El fallo y la corrección posterior corresponden a distintas etapas del esfuerzo de la familia por modificar el registro.
- Diciembre de 2016: Lenin Baylon, de nueve años, murió por un disparo, mientras que su certificado de defunción consignó bronconeumonía.
- 2022: El Tribunal de Apelaciones ordenó corregir el certificado de defunción, según Cortez.
- Casi nueve años después de la muerte: Colmenares dijo que se corrigió el certificado.
Cortez dijo que las familias pueden solicitar a un tribunal una orden para modificar un certificado de defunción, pero describió ese proceso como prolongado. Por tanto, para los familiares, cambiar una anotación médica puede convertirse en una lucha legal en sí misma, además de cualquier intento de investigar la muerte.
Los investigadores tendrían que determinar quién hizo qué
Conde dijo que la comisión solo podía especular sobre los motivos por los que los cinco médicos firmaron los certificados. Las preguntas sobre la intención, las presiones, la responsabilidad y una posible coordinación requerirían una investigación.
Conde mencionó las circunstancias de la campaña contra las drogas como un posible factor.
«El contexto es la guerra contra las drogas y solo Dios sabe qué presiones o coacciones pudieron haber sufrido muchas personas», dijo.
Algunas inquietudes también se refieren a médicos de consulta privada que presuntamente no estaban autorizados para firmar los certificados en cuestión. Conde hizo referencia a la observación de Fortun de que familiares deseosos de enterrar a sus seres queridos pudieron haber recurrido a médicos privados para obtener la documentación necesaria.
Cortez dijo que los presuntos acuerdos implicaban no solo a médicos, sino también a funerarias. Su acusación amplía la investigación propuesta al proceso por el que se entregaban los cuerpos, se obtenían los certificados y se organizaban los entierros.
Una investigación tendría que determinar la función de cada participante, examinar los hallazgos médicos y comparar los certificados con los registros policiales y otros documentos. La presentación prevista de la comisión proporcionaría material a los reguladores para que lo evalúen antes de decidir cómo proceder.
Las familias afrontan gastos, temor y documentos faltantes
Colmenares dijo que la falta de acceso a los registros, la falta de cooperación policial y la ausencia de apoyo del Departamento de Justicia dificultaban que las familias presentaran casos. También dijo que los familiares tenían miedo porque los agentes de policía implicados seguían vivos.
Esos obstáculos ayudan a explicar la diferencia entre la oferta de asistencia de la comisión y la postura actual de las familias respecto a la presentación de denuncias. Contar con asistencia jurídica no elimina el costo de obtener pruebas ni el temor asociado a cuestionar a los agentes.
Colmenares dijo que las autoridades públicas deberían asumir la responsabilidad principal de investigar posibles delitos.
«Los fiscales, el Gobierno, son quienes tienen la principal responsabilidad de hacerlo», dijo.
Conde invitó a las familias cuyos certificados sean cuestionables a ponerse en contacto con la comisión para que esta pueda verificar la información y ayudarlas a considerar posibles medidas ante la PRC. Los procesos profesionales y una solicitud judicial para corregir un registro civil abordarían distintas partes de su problema: la conducta del médico y la exactitud del certificado.
Cómo podrían influir los registros en el caso contra Duterte
Cristina Palabay, secretaria general de Karapatan, describió los certificados cuestionados como pruebas de un encubrimiento de delitos cometidos durante el Gobierno de Duterte. Dijo que proteger de las sanciones a los responsables había sido una política declarada y señaló las garantías de protección que Duterte ofreció a los soldados y policías que mataran siguiendo sus órdenes.
Colmenares también sostuvo que los certificados falsificados podrían haber contribuido a proteger a los responsables al dificultar la investigación de las muertes. Dijo que una investigación podría aportar pruebas a los procesos ante la Corte Penal Internacional (CPI), donde Duterte se encuentra detenido en La Haya y afronta cargos por crímenes de lesa humanidad, incluido el asesinato.
Colmenares dijo que los médicos no fueron incluidos en los cargos, pero que su conducta podría aparecer en las pruebas y los testimonios. Relacionó la investigación propuesta con la tarea de los fiscales de establecer si las muertes formaron parte de un ataque generalizado o sistemático, es decir, llevado a cabo a gran escala o siguiendo un patrón organizado.
La cifra de muertes sigue siendo objeto de controversia: la cifra oficial más citada de la campaña es de al menos 6.000, mientras que las organizaciones de derechos humanos estiman que podría llegar a 30.000. Esas cifras ofrecen el contexto más amplio de una investigación centrada en 13 registros médicos cuestionados.
Se informó que el juicio de Duterte ante la CPI estaba previsto para el 30 de noviembre, aunque no se indicó el año ni se incluyó una confirmación del tribunal. En cuanto a las acusaciones relacionadas con los certificados, los próximos pasos inmediatos son la presentación prevista de documentos por parte de la comisión y la evaluación de la junta médica sobre si existen motivos para abrir una investigación.
Puntos clave
- Fortun señaló 13 muertes con heridas de bala cuyos certificados atribuyeron a enfermedades u otras causas naturales.
- Cinco médicos están implicados en las acusaciones; uno ha fallecido.
- La Comisión de la Verdad prevé presentar los registros ante los reguladores médicos y ayudar a las familias que quieran emprender acciones.
- La junta médica de la PRC podría considerar una investigación por iniciativa propia o una denuncia administrativa.
- Las posibles sanciones profesionales incluyen la suspensión o revocación de la licencia médica; los cargos penales requerirían una evaluación probatoria por separado.
- Las familias afrontan el costo de obtener pruebas médicas, procesos prolongados para corregir los registros y el temor a presentar casos.
- Colmenares sostiene que los fiscales del Gobierno deberían encabezar los esfuerzos para investigar posibles delitos.
