La revisión de 527 entidades podría transformar las empresas estatales
Sri Lanka prepara una legislación que permitirá vender, fusionar y reestructurar empresas estatales. El viceministro de Finanzas y Planificación, Anil Jayantha, afirmó que un proyecto de ley cuya aprobación se preveía inicialmente para 2026 podría llegar al Parlamento recién en 2027. El Gobierno planea conservar la propiedad de servicios públicos estratégicos, como los del sector energético, y dejar de participar en actividades comerciales ordinarias, como el comercio y la gestión de hoteles.
Contenido
- La revisión de 527 entidades podría transformar las empresas estatales
- Las ventas, fusiones y cierres tienen distintos objetivos
- Una sociedad matriz cambiaría la forma de ejercer la propiedad
- El Tesoro propuso una estructura similar en 2023
- Las pérdidas en el sector energético explican la presión financiera
- La deuda conecta los servicios públicos, las aerolíneas y los bancos estatales
- La propiedad estatal y la competencia pueden coexistir
- La inversión y los salarios compiten por los recursos públicos
- El calendario legislativo sigue sin definirse
- Puntos clave
En un foro del sector organizado por la Comisión de Valores y la Bolsa de Colombo, Jayantha dijo que se había designado un comité para examinar las empresas públicas y recomendar estrategias de reestructuración. Sus declaraciones, fechadas el 28 de octubre de 2026, describen un cambio propuesto tanto en lo que posee el Estado como en la gestión de sus empresas.
Jayantha dijo que solo un pequeño número de los 527 organismos clasificados como empresas estatales son verdaderas empresas comerciales. Muchos cumplen funciones administrativas establecidas por requisitos legales específicos. Por ello, la revisión va más allá de un programa de venta de empresas: también implica decidir qué instituciones deberían agruparse y qué funciones debe seguir prestando el Gobierno.
El presidente Anura Kumara Dissanayake también informó que un comité del Ministerio de Finanzas está estudiando el cierre o la fusión de 34 empresas estatales. Anunció esa revisión en la 100.ª conferencia anual de la Asociación de Agrimensores del Gobierno. Las 34 instituciones son un grupo específico bajo examen, mientras que la cifra de 527 de Jayantha abarca el conjunto mucho más amplio de organismos clasificados como empresas estatales.
Las ventas, fusiones y cierres tienen distintos objetivos
Jayantha expuso varios posibles resultados de la revisión. La desinversión consiste en que el Gobierno venda una parte o la totalidad de su participación en una empresa. Una fusión integra varias organizaciones, mientras que un cierre pone fin a las operaciones de una institución y obliga a decidir qué hacer con sus responsabilidades, activos y deudas pendientes.
Jayantha, viceministro de Finanzas, describió las opciones en el foro del sector:
«Algunas de estas empresas estatales realmente se pueden vender; en ocasiones, quizá tengamos que fusionarlas».
El objetivo declarado del Gobierno es reducir las distorsiones comerciales y centrarse en la regulación y el apoyo a la actividad económica. Para una empresa que compite con el sector privado, esto podría implicar un cambio de propiedad o de gestión. Para un organismo administrativo, podría significar que sus responsabilidades se integren en otra institución.
Los anuncios no especifican qué empresas se venderán, fusionarán o cerrarán, ni detallan las medidas para los trabajadores afectados. Esas decisiones determinarán las consecuencias concretas para los empleados, los clientes y los servicios públicos que prestan algunas de estas instituciones.
Una sociedad matriz cambiaría la forma de ejercer la propiedad
La ley propuesta sobre empresas estatales permitiría que estas tuvieran una gestión independiente y se reorganizaran bajo una sociedad matriz. Jayantha dijo que las organizaciones se constituirían como sociedades de responsabilidad limitada y tendrían más libertad para responder a las condiciones del mercado.
Una sociedad matriz posee acciones de otras empresas. Según el modelo propuesto, el Estado podría ejercer la propiedad a través de esa organización central, mientras cada empresa operativa tendría su propia gestión. La constitución como sociedad de responsabilidad limitada otorga a una empresa una estructura jurídica diferenciada, con activos, obligaciones y procesos de toma de decisiones propios.
Jayantha dijo que las empresas estatales comerciales y los bancos estatales pasarían de los controles burocráticos tradicionales a modelos corporativos competitivos. El objetivo es que la dirección pueda responder con mayor rapidez a las necesidades de las empresas, en lugar de tratar una empresa comercial como si fuera un departamento gubernamental.
Algunas empresas reestructuradas podrían cotizar más adelante en la Bolsa de Colombo para atraer a inversionistas privados nacionales y extranjeros. Una cotización permite a los inversionistas comprar acciones que se negocian en una bolsa. La participación que conserve el Gobierno dependerá de las condiciones de cualquier futura venta de acciones.
El Tesoro propuso una estructura similar en 2023
La propuesta de crear una sociedad matriz tiene antecedentes documentados. En un discurso sobre la reforma del Tesoro pronunciado el 5 de septiembre de 2023, K M Mahinda Siriwardana, entonces secretario del Tesoro y del Ministerio de Finanzas, Estabilización Económica y Políticas Nacionales, describió los planes para crear una sociedad matriz estatal bajo la supervisión del Ministerio de Finanzas.
Siriwardana dijo que, con el tiempo, la sociedad asumiría la propiedad de los activos corporativos del Gobierno para fomentar una gestión profesional y un buen gobierno corporativo. También describió la legislación propuesta sobre empresas estatales y la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas como partes de un marco jurídico más amplio para gobernar las empresas públicas.
El programa de 2023 incluía la venta de activos comerciales ajenos a actividades estratégicas y la creación de una Unidad de Reestructuración de Empresas Estatales en el Tesoro General. Siriwardana dijo que el Gabinete había aprobado la venta de varias entidades y que se habían designado asesores para las transacciones.
Las declaraciones de Jayantha retoman esas ideas centrales: separar la propiedad de la gestión cotidiana, recurrir a una estructura de sociedad matriz y decidir qué activos comerciales debería conservar el Estado. El discurso de 2023 documenta los planes del Gobierno en ese momento; las declaraciones de Jayantha de octubre de 2026 describen una legislación que aún debe recibir autorización antes de presentarse al Parlamento.
Las pérdidas en el sector energético explican la presión financiera
El informe del Tesoro de 2023 cuantifica el costo de las dificultades financieras de las empresas. En 2022, la Junta de Electricidad de Ceilán registró pérdidas de 262.000 millones de rupias, mientras que la Corporación de Petróleo de Ceilán perdió 615.000 millones. En conjunto, las pérdidas sumaron 877.000 millones de rupias, de las cuales cerca del 70 % correspondió a la corporación petrolera.
Siriwardana atribuyó las pérdidas a los retrasos en los ajustes de precios, la deficiente gestión financiera y el fuerte aumento de los costos de importación. La rupia pasó de alrededor de 200 por dólar estadounidense a 365, mientras subían los precios mundiales de la energía. Por ello, las empresas que importaban combustible necesitaban muchas más rupias para pagar sus facturas.
Durante períodos prolongados, los precios minoristas no reflejaron plenamente esos costos. El Tesoro indicó que los precios del petróleo comenzaron a reflejar los costos en mayo de 2022, mientras que las tarifas eléctricas se ajustaron en agosto de 2022 y febrero de 2023; fueron los primeros aumentos de este tipo desde 2013.
El Tesoro tuvo que transferir fondos para respaldar a las dos empresas. Para la población, esas pérdidas generan demandas que compiten por los recursos del Gobierno: el dinero destinado a mantener operativa una empresa debe provenir de los ingresos públicos o del endeudamiento.
La deuda conecta los servicios públicos, las aerolíneas y los bancos estatales
El Tesoro también describió una cadena de facturas impagadas que conectaba a empresas públicas y bancos estatales. La junta eléctrica y SriLankan Airlines debían dinero a la corporación petrolera por el combustible. A su vez, la corporación petrolera dependía de la financiación bancaria, a menudo con un alto costo.
Estas conexiones explican por qué la reestructuración implica más que cambiar la gestión de una empresa. Cuando una empresa tiene dificultades para pagar, otra pierde el efectivo que necesita y los bancos que financian el sistema quedan más expuestos a problemas de pago.
La corporación petrolera también acumulaba una deuda considerable en moneda extranjera, aunque obtenía casi todos sus ingresos en rupias. La depreciación de la rupia aumentó el costo de esa deuda en moneda local. Siriwardana dijo que el Gobierno había incorporado a su propio balance los préstamos en moneda extranjera de la corporación garantizados por el Estado, así como la mayoría de los préstamos comparables de la junta eléctrica.
El ejercicio más amplio de reestructuración abarcaba la corporación petrolera, la junta eléctrica, SriLankan Airlines y la Autoridad de Desarrollo Vial. Trasladar al Gobierno la deuda garantizada cambia quién registra y atiende la obligación. Aun así, se necesitan recursos públicos para cubrirla, por lo que el endeudamiento futuro y la disciplina del gasto son aspectos centrales del programa de reforma.
La propiedad estatal y la competencia pueden coexistir
Jayantha dijo que el Gobierno conservaría la propiedad de empresas de servicios públicos en sectores estratégicos, como el energético, para evitar la manipulación del mercado por parte de empresas privadas. Esto establece un límite a la retirada propuesta de los negocios ordinarios: el Estado prevé mantener su participación en sectores donde considera necesario el control público.
El programa del Tesoro de 2023 también buscaba aumentar la competencia en el sector energético. Siriwardana dijo que Sinopec había iniciado operaciones comerciales en el sector minorista de petróleo la semana anterior. Describió planes para separar, en términos operativos y financieros, las actividades de generación y distribución de electricidad, con apoyo del Banco Asiático de Desarrollo.
La propiedad estatal y la competencia abordan aspectos distintos del mercado. Un Gobierno puede conservar una empresa energética y, al mismo tiempo, permitir que otros proveedores compitan con ella. Separar las actividades dentro de un sistema eléctrico también puede facilitar la identificación de costos y la evaluación del desempeño de cada operación.
Los consumidores se enfrentan a una cuestión relacionada: cómo pagar los servicios esenciales sin permitir que vuelvan a acumularse pérdidas. El enfoque del Tesoro consistía en cobrar precios que reflejaran los costos y ofrecer transferencias directas de efectivo a las personas identificadas como pobres o vulnerables, en lugar de mantener bajos los precios del combustible y la electricidad para todos los clientes.
La inversión y los salarios compiten por los recursos públicos
La revisión de 34 empresas anunciada por Dissanayake coincide con planes para aumentar considerablemente el gasto en desarrollo. Se prevé que el gasto de capital pase de 1,33 billones de rupias en 2026 a 2 billones en 2027. El aumento sería de 670.000 millones de rupias, alrededor del 50 %.
El presidente dijo que los proyectos de autopista entre Kurunegala y Galewela, Rambukkana y Galagedara, y Kahathuduwa e Ingiriya se financiarían con recursos internos del Tesoro, en lugar de recurrir al endeudamiento en dólares. También está previsto que en 2027 comience un proyecto de electrificación del ferrocarril del valle de Kelani, con un costo estimado de 600.000 millones de rupias.
La financiación nacional no elimina la necesidad de divisas cuando los proyectos requieren maquinaria, acero u otros materiales importados. Por tanto, el Gobierno debe gestionar tanto el costo de la construcción en rupias como los dólares necesarios para las importaciones.
Los salarios públicos representan otro compromiso constante. Dissanayake dijo que el aumento del salario básico en tres etapas previsto en el presupuesto de 2025 elevaría en 330.000 millones de rupias la masa salarial anual para 2027, en comparación con 2024. Indicó que el presupuesto de 2028 podría dar mayor prioridad a las asignaciones, ya que no está previsto otro aumento del salario básico.
Dissanayake también responsabilizó a los nombramientos políticos anteriores del exceso de personal en los niveles inferiores del servicio público y pidió profesionales competentes y cualificados. El programa de gobernanza anterior del Tesoro abordaba inquietudes relacionadas con la gestión mediante mejores nombramientos en las juntas directivas, estados financieros auditados periódicamente y controles más estrictos de las compras y el gasto de capital.
El calendario legislativo sigue sin definirse
Jayantha dijo que la acumulación de trabajo pendiente en el Departamento del Redactor Jurídico podría retrasar el proyecto de ley sobre empresas estatales. La meta inicial era que el Parlamento lo aprobara a finales de 2026, pero su nueva previsión contempla que se presente en 2027. La presentación es la etapa en que el Parlamento recibe un proyecto de ley; su aprobación requiere el visto bueno parlamentario.
Jayantha explicó que primero se necesita la autorización del departamento:
«Primero necesitamos que el Departamento del Redactor Jurídico lo autorice; si eso ocurre, al menos podremos presentarlo al Parlamento, quizá el próximo año», dijo.
El programa de reforma abarca ahora varios años y combina medidas financieras anteriores con cambios propuestos a la propiedad y la gestión:
- Mayo de 2022: Según el Tesoro, los precios del petróleo comenzaron a reflejar los costos.
- Agosto de 2022 y febrero de 2023: Se ajustaron las tarifas eléctricas para reflejar los costos.
- 5 de septiembre de 2023: El Tesoro presentó planes de desinversión, reestructuración de la deuda, legislación sobre gobernanza y una sociedad matriz estatal.
- 28 de octubre de 2026: Jayantha describió el marco propuesto para las empresas estatales y un posible retraso en la presentación del proyecto de ley.
- 2027: El proyecto podría presentarse al Parlamento, mientras están previstos aumentos del gasto de capital y el inicio de la electrificación del ferrocarril del valle de Kelani.
Para las empresas, los trabajadores y los clientes, los próximos avances concretos serán las disposiciones del proyecto de ley y las decisiones que se tomen sobre cada institución. Estas determinarán cuánta autonomía de gestión tendrán las empresas, qué activos cambiarán de propietario y cómo se seguirán prestando los servicios públicos.
Puntos clave
- Sri Lanka planea vender, fusionar y reestructurar algunas empresas estatales, y conservar la propiedad estatal en el sector energético estratégico.
- Jayantha dijo que solo un pequeño número de los 527 organismos clasificados son verdaderas empresas comerciales.
- Un comité del Ministerio de Finanzas estudia el cierre o la fusión de 34 empresas.
- La ley propuesta permitiría una gestión independiente, la creación de sociedades de responsabilidad limitada y una estructura de sociedad matriz.
- Según el Tesoro, la junta eléctrica y la corporación petrolera registraron pérdidas conjuntas de 877.000 millones de rupias en 2022.
- El proyecto de ley sobre empresas estatales podría llegar al Parlamento en 2027, más tarde que la meta inicial de aprobación en 2026.
