Un colapso que fue más allá de las patrullas
Los comandantes del Ejército australiano permitieron que la autoridad sobre el Regimiento del Servicio Aéreo Especial (SAS) en Afganistán se desplazara hacia sargentos y cabos, según un resumen recién publicado de una investigación oficial. El documento, de 22 páginas, describe una «inversión de la autoridad» en la que los comandantes de patrulla ganaron poder, mientras que algunos oficiales se mostraron reacios o incapaces de dirigirlos.
Contenido
- Un colapso que fue más allá de las patrullas
- Qué determinó la investigación anterior
- Cómo descendió la autoridad en la jerarquía
- Las señales de alerta que los comandantes pasaron por alto
- Prisioneros, armas colocadas y versiones falsas
- Qué significa la responsabilidad para los altos mandos
- Dos soldados afrontan procesos penales
- Cómo se desarrollaron las investigaciones
- Puntos clave
La revisión del Inspector General de las Fuerzas de Defensa de Australia amplía el escrutinio de las fallas de liderazgo relacionadas con presuntos homicidios ilegales. Describe a un grupo de suboficiales influyentes como una «banda de motociclistas» y afirma que los altos mandos no actuaron eficazmente ante señales de alerta, entre ellas el aumento de las muertes de afganos sin un incremento correspondiente de las bajas australianas.
El resumen no menciona a ninguna persona. Su principal conclusión se refiere a la gestión de la organización: los oficiales desdibujaron los límites profesionales, la supervisión se debilitó y pequeños equipos obtuvieron libertad para elegir y llevar a cabo misiones con poca supervisión efectiva.
La revisión describe la pérdida de control como un proceso gradual:
«El colapso del mando se produjo de forma progresiva a lo largo de un período prolongado».
También identifica fallas por encima del nivel de las patrullas:
«Algunos integrantes de los altos mandos parecen haber advertido señales de un deterioro más amplio. Que no hubiera una intervención eficaz y que se permitiera que este deterioro continuara sugiere una falta de liderazgo efectivo en distintos niveles».
Para las familias afganas que buscan respuestas y el personal australiano sometido a escrutinio, las conclusiones sitúan dos formas de rendición de cuentas una junto a la otra: los procesos penales por muertes concretas y la responsabilidad institucional por permitir que continuaran prácticas peligrosas.
Qué determinó la investigación anterior
El Ministerio de Defensa encargó la investigación original sobre Afganistán en 2016, tras rumores y denuncias de posibles infracciones del derecho de los conflictos armados. Estas normas rigen la conducta durante la guerra e incluyen la protección de civiles y personas capturadas.
La página de la investigación sobre Afganistán del Ministerio de Defensa indica que la pesquisa abarcó la conducta del Grupo de Trabajo de Operaciones Especiales entre 2005 y 2016. Se llevó a cabo de forma independiente de la cadena de mando de las Fuerzas de Defensa de Australia y del Gobierno. El jefe de las Fuerzas de Defensa recibió el informe el 6 de noviembre de 2020 y anunció las conclusiones el 19 de noviembre.
La investigación, dirigida por el mayor general Paul Brereton, encontró información creíble que implicaba a 25 miembros actuales o antiguos del personal de defensa en delitos graves, incluida su presunta participación como cómplices. Recomendó que la policía investigara a 19 soldados por el presunto asesinato de 39 prisioneros y civiles y el trato cruel a otras dos personas. Recomendó remitir 36 incidentes a la Policía Federal Australiana.
Las 25 personas identificadas y los 19 soldados cuya investigación policial se recomendó son grupos distintos dentro de las conclusiones de la investigación. Las conclusiones se basaron en información creíble que debía investigarse; los cargos penales se deciden mediante un proceso judicial independiente.
Durante una investigación que duró cuatro años y medio, los investigadores entrevistaron a 423 testigos y examinaron más de 20.000 documentos y más de 25.000 imágenes.
Cómo descendió la autoridad en la jerarquía
Los comandantes de las patrullas del SAS solían ser sargentos al frente de equipos de cuatro a seis soldados. Los suboficiales, incluidos sargentos y cabos, aportan experiencia de liderazgo en las unidades militares, mientras que los oficiales con comisión tienen responsabilidades formales de mando.
La nueva revisión afirma que esa relación se invirtió. Su descripción de los oficiales subalternos es contundente:
«Esto hizo que los oficiales subalternos quedaran, en la práctica, subordinados a los suboficiales y ocuparan una posición que se puede describir mejor como de “indefensión aprendida”».
Algunos oficiales subalternos buscaron aceptación mediante la «camaradería» y una familiaridad excesiva con los soldados que debían comandar. Beber juntos, llamarse por el nombre de pila y permitir el acceso irrestricto al alcohol debilitaron los límites jerárquicos. Algunos oficiales también percibían que no recibían apoyo de los altos mandos.
Los comandantes de patrulla ganaron margen para elegir y ejecutar sus propias misiones. La revisión afirma que las evaluaciones de inteligencia carecían de objetividad y que los abogados militares simpatizaban con los equipos. También describe una influencia excesiva de las fuerzas especiales estadounidenses y británicas y de otras agencias gubernamentales, incluidos los servicios de inteligencia.
Las señales de alerta que los comandantes pasaron por alto
Los combates se intensificaron hacia 2009, cuando los equipos del SAS se centraron cada vez más en perseguir a dirigentes talibanes, a quienes estaban autorizados a matar si no era posible capturarlos. Los talibanes también llevaron a cabo asesinatos, a menudo contra civiles que trabajaban para el Gobierno afgano.
Los altos mandos disponían de datos que mostraban un aumento del número de personas registradas como combatientes enemigos muertos, con algunos repuntes repentinos. La revisión también señala que la falta de insurgentes heridos y de bajas australianas eran patrones que requerían atención.
Algunos comandantes advirtieron las cifras y escucharon rumores de irregularidades. Otros no. La revisión afirma que no hay indicios de que los comandantes que conocían los rumores fueran cómplices, aunque califica de extraordinaria la falta de medidas eficaces.
El resumen también alude a una «aparente ausencia de intervención del CA» respecto de los soldados del SAS autorizados a regresar a Afganistán sin superar los controles obligatorios de salud mental. CA significa jefe del Ejército. El teniente general Ken Gillespie ocupó ese cargo entre 2008 y 2011, aunque el resumen no menciona a ninguna persona.
En conjunto, las conclusiones describen fallas en varios puntos donde debería haber habido supervisión: decidir quién estaba en condiciones de desplegarse, aprobar operaciones, verificar la inteligencia y examinar los patrones de muertes.
Prisioneros, armas colocadas y versiones falsas
La investigación de Brereton encontró información creíble de que algunos soldados subalternos recibieron de los comandantes de patrulla la orden de matar prisioneros para conseguir su primera muerte, una práctica conocida como «bautismo de sangre». También examinó el uso de armas, radios y otros equipos colocados junto a los cuerpos para hacer parecer que las personas muertas habían sido objetivos legítimos.
Brereton explicó cómo evolucionó el uso de esos objetos:
«Pero su uso evolucionó hasta servir para ocultar homicidios deliberados e ilegales».
La investigación también encontró interpretaciones amplias de las circunstancias en las que alguien podía considerarse participante directo en las hostilidades y, por tanto, ser objeto de un ataque. En el caso de los civiles, esa clasificación puede determinar si un soldado considera lícito el uso de fuerza letal.
Brereton afirmó que los casos señalados para una posible investigación penal involucraban a personas cuyo estatus de protección debería haber sido evidente:
«Los casos en los que se determinó que existía información creíble sobre un crimen de guerra son aquellos en los que era, o debería haber sido, evidente que la persona muerta no era combatiente».
La investigación describió una comunidad de fuerzas especiales muy unida, en la que el secretismo y la lealtad dificultaban obtener testimonios veraces. Las versiones falsas y los equipos colocados junto a los cuerpos también obstaculizaban las comprobaciones que debían realizarse tras una muerte.
Qué significa la responsabilidad para los altos mandos
La nueva revisión se realizó después de la investigación de Brereton y aborda una cuestión central del debate público: cómo los oficiales podían conservar el mando formal mientras los jefes de patrulla ejercían tanto control práctico.
La investigación anterior no atribuyó a los oficiales responsabilidad directa por los presuntos homicidios, pero sí identificó una responsabilidad indirecta por la cultura que los rodeaba. Brereton se refirió a la responsabilidad de quienes, dentro del regimiento, promovieron una cultura guerrera y de los influyentes suboficiales que la difundieron.
El último resumen ofrece un relato más detallado de las fallas de mando, entre ellas la supervisión deficiente, las relaciones desdibujadas y la ausencia de una intervención eficaz. Sitúa la responsabilidad por la gestión de la organización junto a la investigación de actos individuales.
El general Angus Campbell, jefe de las Fuerzas de Defensa cuando se hicieron públicas las conclusiones de 2020, pidió disculpas por las irregularidades cometidas por soldados australianos. Describió las denuncias en términos directos:
«Se alega que algunas patrullas se tomaron la justicia por su mano, infringieron las normas, inventaron relatos, mintieron y mataron prisioneros».
Campbell anunció que el segundo escuadrón del SAS sería retirado del orden de batalla del Ejército, su lista formal de unidades militares. Dijo que el jefe del Ejército crearía un escuadrón sustituto con un nuevo nombre y una nueva cultura. La investigación de Brereton también recomendó que el Gobierno indemnizara a las familias de las víctimas antes de que concluyeran los procesos judiciales.
Dos soldados afrontan procesos penales
Oliver Schulz y Ben Roberts-Smith han sido acusados de crímenes de guerra. Ambos niegan los cargos.
Está previsto que el juicio de Schulz por asesinato comience en febrero. Sus abogados han indicado que pretende argumentar que actuaba siguiendo órdenes. Roberts-Smith está acusado de ejecutar u ordenar la ejecución de cinco prisioneros y ha dicho que siguió su formación y las normas aplicables a los soldados australianos en Afganistán.
El año previsto para el juicio de Schulz en febrero y la fecha de publicación de la nueva revisión del mando no se especifican en el relato que anuncia las conclusiones.
Los casos penales examinarán denuncias individuales. La revisión del mando aborda el entorno más amplio en el que los soldados fueron desplegados y operaron, incluidas las instrucciones, la supervisión y el escrutinio que recibieron.
Cómo se desarrollaron las investigaciones
El examen de la conducta de las fuerzas especiales australianas abarca operaciones en tiempo de guerra, una investigación independiente y el posterior escrutinio del liderazgo. Las fechas principales muestran durante cuánto tiempo se han examinado la conducta y la respuesta:
- De 2005 a 2016: período cubierto por la investigación original sobre Afganistán, relativa a la conducta del Grupo de Trabajo de Operaciones Especiales.
- Desde alrededor de 2009: los combates se intensificaron y las operaciones del SAS se centraron cada vez más en dirigentes talibanes, según la revisión del mando.
- 2016: el Ministerio de Defensa encargó la investigación independiente del Inspector General sobre Afganistán.
- 6 de noviembre de 2020: el jefe de las Fuerzas de Defensa recibió el informe de la investigación.
- 19 de noviembre de 2020: se anunciaron públicamente las conclusiones de la investigación.
- Después de la investigación de Brereton: el Ministerio de Defensa encargó un examen adicional de las fallas de mando, descrito ahora en un resumen público.
Para las familias de los afganos presuntamente asesinados, la recomendación de la investigación de otorgar indemnizaciones ofrecía una respuesta que podía concretarse antes de que terminaran los procesos penales. Para el Ejército, las nuevas conclusiones centran la atención en las tareas cotidianas de mando: verificar los informes sobre operaciones, cuestionar los patrones inusuales de bajas y garantizar que los soldados experimentados sigan rindiendo cuentas ante sus oficiales.
Puntos clave
- Un resumen de 22 páginas del Inspector General de las Fuerzas de Defensa de Australia afirma que los líderes del Ejército australiano permitieron que el control efectivo de las operaciones del SAS pasara a comandantes de patrulla influyentes.
- La revisión identifica una supervisión deficiente, límites jerárquicos desdibujados y fallas a la hora de actuar ante los datos sobre bajas y los rumores.
- La investigación de Brereton encontró información creíble sobre el presunto asesinato de 39 personas y recomendó investigar a 19 soldados.
- La investigación original abarcó el período de 2005 a 2016 y examinó testimonios de 423 testigos.
- Oliver Schulz y Ben Roberts-Smith afrontan cargos por crímenes de guerra. Ambos niegan las acusaciones.
- Las conclusiones amplían el escrutinio de los presuntos delitos individuales a los oficiales y altos mandos responsables del mando.






