La riqueza del poder militar en Myanmar, bajo el escrutinio del GAFI: investigaciones, incautaciones y controles bancarios

La prueba financiera va más allá de los cargos civiles en Myanmar

El plan de acción contra el lavado de dinero de Myanmar, aún sin concluir, data de febrero de 2020, antes de que los militares tomaran el poder, y su plazo venció en septiembre de 2021. Años después, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sigue exigiendo pruebas de que las autoridades investigan el patrimonio sospechoso, procesan casos acordes con los riesgos delictivos del país y confiscan las ganancias ilícitas.

En su declaración de febrero de 2026, el organismo mantuvo a Myanmar bajo vigilancia reforzada, lo que implica controles más estrictos de las operaciones financieras. Indicó que consideraría aplicar contramedidas si el país no lograba nuevos avances antes de junio de 2026. Aquí no se documenta ninguna decisión posterior que resuelva esa advertencia, por lo que el resultado de esa revisión sigue siendo incierto.

El escrutinio financiero coincide con los esfuerzos de Min Aung Hlaing por obtener reconocimiento como presidente, tras encabezar el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021. Su elección por un Parlamento dominado por los militares cambió el cargo que ocupa; las cuestiones económicas, en cambio, se refieren a quién controla los bancos, quién se beneficia del alza de los precios inmobiliarios y si los investigadores pueden seguir el rastro del dinero hasta las personas poderosas.

Para los hogares comunes, esas cuestiones son inmediatas. Tres meses después del golpe, un banco de Sittwe solo permitía retirar su propio dinero a 50 clientes al día. Desde entonces, los precios de los condominios de Yangón se han duplicado aproximadamente, en parte porque los compradores buscaban protegerse de la inflación. Los ahorradores que tienen dificultades para acceder a su efectivo y los propietarios que ven subir el valor de sus inmuebles han vivido versiones muy distintas de una misma economía.

Qué exige la lista negra a los bancos

Myanmar ingresó en la lista del GAFI de jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción el 21 de octubre de 2022, después de una sesión plenaria celebrada en París los días 20 y 21 de octubre. Se sumó a Irán y Corea del Norte, aunque las medidas financieras aplicadas a los tres países son distintas.

La declaración del GAFI de febrero de 2026 pide aplicar contramedidas a Irán y Corea del Norte. Myanmar sigue en la categoría que exige una diligencia debida reforzada. Los bancos que operan con Myanmar deben intensificar la vigilancia para detectar actividades inusuales o sospechosas y ajustar la intensidad de los controles al nivel de riesgo.

La diligencia debida reforzada puede implicar más preguntas sobre la identidad del cliente, el origen de los fondos, el propósito de un pago y las personas que son, en última instancia, propietarias de una empresa. Las contramedidas son una respuesta más contundente y pueden incluir restricciones a las relaciones financieras. La declaración de febrero deja sin decidir cualquier paquete futuro de medidas para Myanmar.

Un análisis de la Fundación Asia Pacífico sobre la designación de 2022 explicó que el mayor escrutinio y las obligaciones de informar podrían disuadir a empresas e instituciones financieras de hacer negocios en Myanmar. También consignó la respuesta del banco central, que sostuvo que la situación de Myanmar era distinta de la de Irán y Corea del Norte.

El análisis de la fundación indicó que Yangón y Ayeyarwady recibieron el 70 por ciento de las inversiones que entraron en Myanmar durante la primera parte de ese año fiscal. Esa concentración ayuda a explicar por qué las restricciones financieras pueden tener efectos desiguales en el país, donde las inversiones y el acceso a la banca formal ya están distribuidos de forma desigual.

Cómo han cambiado los plazos

El proceso del GAFI comenzó con las deficiencias detectadas en la evaluación mutua de Myanmar de 2018. Las autoridades acordaron un plan de acción en febrero de 2020, durante el mandato del Gobierno electo, pero el plan seguía sin concluir cuando venció el plazo, en septiembre de 2021.

En su declaración de octubre de 2025, publicada el 24 de octubre tras la sesión plenaria del 22 al 24 de ese mes, el organismo reconoció que Myanmar había mejorado la gestión de los activos incautados para preservar su valor hasta que fueran confiscados. Calificó los avances de lentos y advirtió que podría considerar contramedidas en febrero de 2026. Posteriormente, la declaración de febrero trasladó esa advertencia a junio.

• 2018: Una evaluación mutua detectó deficiencias en las salvaguardias financieras de Myanmar.
• Febrero de 2020: Myanmar se comprometió a cumplir un plan de acción.
• 1 de febrero de 2021: Los militares derrocaron al Gobierno electo.
• Septiembre de 2021: Venció el plazo del plan de acción.
• 21 de octubre de 2022: Myanmar fue incluido en la lista de países de alto riesgo del GAFI.
• 24 de octubre de 2025: El GAFI mantuvo los controles reforzados y advirtió que podría aplicar contramedidas en febrero de 2026.
• 13 de febrero de 2026: Continuaron los controles reforzados y se señaló junio de 2026 como el próximo plazo para considerar una posible escalada de las medidas.

Según el GAFI, Myanmar debe completar todo el plan de acción para salir de la lista de países sujetos a un llamado a la acción. Por tanto, la revisión se centra en el trabajo pendiente, no en un cambio de título del Gobierno.

Mejorar las normas y aplicarlas eficazmente son tareas distintas

Myanmar ha mejorado algunos aspectos de su marco jurídico y regulatorio. La página del GAFI que presenta el informe de seguimiento de 2024 registra siete recomendaciones calificadas como conformes, 19 como mayormente conformes y 14 como parcialmente conformes.

Estas cifras sitúan 26 de las 40 recomendaciones, es decir, el 65 por ciento, en las dos categorías más altas. Dos recomendaciones, las número 7 y 25, pasaron de no conformes a parcialmente conformes. Estas calificaciones evalúan el cumplimiento técnico, incluido si existen las normas e instituciones necesarias.

El plan de acción de febrero de 2026 exige resultados concretos en cuatro áreas: un mayor uso de la inteligencia financiera; investigaciones y procesos judiciales acordes con los riesgos de lavado de dinero; cooperación internacional en casos que cruzan fronteras, y un aumento de la congelación, incautación y confiscación de activos de origen delictivo.

La inteligencia financiera consiste en examinar información, como los informes sobre transacciones sospechosas, para detectar posibles actividades delictivas. La congelación impide que un activo se traslade o venda; la incautación lo pone bajo control oficial; y la confiscación lo retira de forma permanente mediante un proceso judicial.

Las autoridades de Myanmar han afirmado que completaron 13 de los 15 puntos del plan de acción. Sin embargo, la declaración del GAFI de febrero sigue señalando las cuatro áreas pendientes. La cuestión central para bancos e investigadores es si las transacciones sospechosas dan lugar a investigaciones y si estas conducen a recuperar las ganancias del delito.

El poder militar ha transformado repetidamente la riqueza privada

Los problemas financieros de Myanmar se enmarcan en una historia mucho más larga de control militar sobre la vida económica. El general Ne Win tomó el poder el 2 de marzo de 1962 y arrestó al primer ministro electo y a líderes de minorías étnicas que se reunían en Rangún para debatir propuestas de una unión federal.

La anulación de billetes en 1987 eliminó de golpe un 80 por ciento estimado del dinero en circulación. Las familias que tenían esos billetes perdieron sus ahorros de forma abrupta, una muestra de cómo las decisiones de las altas esferas podían destruir la riqueza de los hogares.

Durante el mandato del general Than Shwe se vendieron 782 empresas estatales por debajo de su valor de mercado, en su mayoría a familias de militares y empresarios vinculados con ellas. Bajo Min Aung Hlaing, 55 de las 107 fábricas de un departamento ministerial se han transferido a compradores privados, entre ellos conglomerados militares. Esto representa algo más de la mitad de las fábricas de ese departamento.

Entre 1988 y 2011, los gobiernos militares solían destinar más del 40 por ciento del presupuesto a defensa y apenas entre el 1 y el 2 por ciento a educación. Esas decisiones dirigían los recursos públicos a las fuerzas armadas y dejaban a las escuelas una proporción mucho menor.

La preocupación económica recurrente es concreta: controlar los activos públicos, el crédito bancario y el gasto estatal puede dar a los propietarios vinculados al poder oportunidades que no están al alcance de los ciudadanos comunes. Por eso, rastrear quiénes son los verdaderos propietarios de las empresas y de los bienes involucrados en las transacciones inmobiliarias es fundamental para entender adónde ha ido la riqueza.

Las reformas bancarias interrumpidas por el golpe

Sean Turnell, el economista que asesoró al Gobierno de la Liga Nacional para la Democracia de Aung San Suu Kyi, describió sin rodeos la relación entre los bancos privados y los grupos empresariales vinculados al poder.

poco más que cajas de efectivo corporativas

Los grandes prestatarios renovaban repetidamente préstamos respaldados por terrenos. A partir de 2017, el banco central, durante el gobierno civil, exigió a los bancos clasificar los préstamos según las normas internacionales, convertir los descubiertos recurrentes en préstamos con obligaciones de pago y mantener capital suficiente.

El capital bancario es el colchón financiero que absorbe las pérdidas cuando los prestatarios no devuelven el dinero. El Fondo Monetario Internacional advirtió que las reformas estaban dejando al descubierto un aumento de los préstamos morosos y un nivel de capital ya débil. La pandemia retrasó hasta 2023 el plazo para cumplir las normas.

El golpe interrumpió ese esfuerzo de reforma. Turnell fue detenido pocos días después y pasó 650 días en prisión. Más tarde dijo que creía que un núcleo de conglomerados vinculados al poder había sido cómplice de la toma del poder, una acusación que sitúa los intereses de los grandes prestatarios en el debate más amplio sobre quiénes se beneficiaron del golpe.

Para los depositantes, la preocupación práctica es si los bancos reconocen las pérdidas con transparencia y conservan recursos suficientes para atender los retiros. Las auditorías independientes ayudarían a determinar la situación de las carteras de préstamos y la exposición de los depósitos públicos a grandes prestatarios y a la financiación del Gobierno.

La inflación traslada la carga a los ahorradores

El Banco Mundial ha señalado que, desde 2021, los déficits de Myanmar se han financiado principalmente mediante la creación de dinero por parte del banco central y, más recientemente, con depósitos públicos en bancos comerciales. Estos mecanismos vinculan el gasto público con el valor del dinero y el uso de los ahorros de los hogares.

La inflación puede reducir el peso de una deuda fija mientras erosiona el poder adquisitivo del efectivo. El prestatario sigue debiendo la misma cantidad de kyats, pero esos kyats compran menos. El beneficio depende de los ingresos del prestatario y de su capacidad de pago; una empresa en dificultades aún puede quebrar.

Una comparación ilustrativa toma como ejemplo un préstamo de 10.000 millones de kyats, equivalente a unos 7,5 millones de dólares en 2020. Según los tipos de cambio utilizados en ese ejemplo, su valor cae a unos 4,8 millones de dólares al tipo oficial o a 2,2 millones al tipo de mercado, mientras que el terreno que lo garantiza casi duplica su precio. El ejemplo describe un mecanismo, no las cuentas de una empresa específica.

Las autoridades fijan el tipo de cambio oficial, mientras que el tipo de mercado refleja el precio disponible en las operaciones comerciales. La diferencia entre ambos explica por qué la misma deuda en kyats puede equivaler a cantidades muy distintas en dólares. El importe que debe pagarse en el país sigue siendo de 10.000 millones de kyats.

Los ahorradores, los trabajadores y los pensionistas afrontan el otro lado de la inflación. Los precios han subido cerca del 20 por ciento o más durante años, en un contexto de alzas del combustible, guerra y el terremoto de 2025. Se ha informado de que unos 16,4 millones de personas viven por debajo del umbral nacional de pobreza, mientras que los desplazamientos, que afectan a cerca de 3,5 millones de personas, han aumentado la presión sobre la vivienda en ciudades como Yangón.

Las autoridades también ampliaron una amnistía fiscal introducida en 2019, con un impuesto de apenas el 3 por ciento sobre el dinero no declarado utilizado para comprar propiedades o vehículos. Este tipo de acuerdos hace especialmente importantes los controles sobre el origen del dinero: pagar impuestos e investigar si los fondos proceden de actividades delictivas son tareas distintas.

Los centros de estafas ponen bajo escrutinio la aplicación de la ley

La economía de centros de estafas en las zonas fronterizas de Myanmar ofrece una prueba directa de las exigencias del GAFI en materia de investigaciones, cooperación internacional y recuperación de activos. El Ejército presentó como una operación contra la delincuencia la intervención de octubre de 2025 en KK Park, cerca de Myawaddy, seguida de la demolición de edificios.

Tras las demoliciones de KK Park, las estimaciones seguían situando entre 50.000 y 100.000 el número de personas en centros de estafas en los alrededores de Myawaddy. El Ejército había informado de 2.198 detenciones en KK Park y de planes para demoler 148 edificios, mientras los trabajadores huían a través del río Moei hacia Tailandia.

Las consecuencias internacionales quedaron de manifiesto cuando India comenzó a repatriar a ciudadanos que habían escapado el 6 de noviembre de 2025. Un primer vuelo trasladó a 270 personas desde Mae Sot. Formaban parte de los 465 titulares de pasaportes indios que habían llegado a Tailandia tras huir del centro.

Posteriormente, las autoridades de Myanmar dieron cifras más amplias para Myawaddy: 14.730 extranjeros detenidos y 13.553 deportados. Dijeron que 662 personas estaban siendo procesadas por cargos relacionados con inmigración y drogas. Estas cifras abarcan una operación más amplia que el recuento anterior de detenidos en KK Park.

La labor financiera exige identificar a los organizadores, rastrear los pagos y recuperar las ganancias ilícitas a través de las fronteras. Los investigadores también deben distinguir a quienes dirigen las redes de estafa de las personas víctimas de trata mediante falsas ofertas de empleo y obligadas a cometer fraudes.

Jay Kritiya, defensor de la lucha contra la trata de personas, describió las medidas de rendición de cuentas que se exigen para los responsables de esas redes.

«deben ser detenidos y procesados, y se deben incautar todos sus activos».

Proteger los pagos legítimos y perseguir el dinero del delito

El GAFI exige explícitamente proteger la asistencia humanitaria, las actividades legítimas de las organizaciones sin fines de lucro y las remesas, es decir, el dinero que las personas que trabajan en el extranjero envían a sus hogares. En su declaración de febrero, también destaca la ayuda para las víctimas del terremoto y advierte contra un escrutinio excesivo de los flujos financieros legítimos.

El GAFI, organismo intergubernamental que establece estas normas, señala que esos flujos deben protegerse cuando los países aplican controles reforzados.

ni interrumpidos ni desalentados

Para las familias, esa protección significa mantener abiertos los canales legales para recibir dinero destinado a alimentos, alquiler y atención médica. Para las organizaciones de ayuda, significa poder pagar al personal, comprar suministros y prestar asistencia, al tiempo que cumplen los controles financieros pertinentes.

Los llamados a adoptar medidas más firmes se han centrado en instituciones controladas por el régimen, entre ellas Myanma Foreign Trade Bank y Myanma Investment and Commercial Bank, sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2023. Otras propuestas piden revelar quiénes son los verdaderos propietarios de los inmuebles y de los acuerdos de concesión, realizar auditorías bancarias independientes y dar prioridad a la protección de los pequeños depositantes.

El diálogo diplomático avanza junto con estas exigencias. Durante la visita de Min Aung Hlaing a Malasia los días 7 y 8 de octubre de 2026, se reunió con el primer ministro Anwar Ibrahim y se dirigió a líderes empresariales. Malasia respaldó una participación más plena de Myanmar en la ASEAN mientras negociaba el retorno de ciudadanos de Myanmar.

El reconocimiento, las inversiones y el acceso a bancos extranjeros son importantes para los dirigentes y la élite empresarial de Myanmar. Las exigencias del GAFI siguen siendo concretas: investigar el lavado de dinero según el nivel de riesgo, cooperar internacionalmente, recuperar los activos de origen delictivo y preservar los pagos legítimos. Cumplirlas tendría consecuencias tanto para la seguridad del sistema financiero como para la supervivencia cotidiana de las personas que dependen de él.

Puntos clave

• Myanmar ingresó en la lista de países de alto riesgo del GAFI en octubre de 2022, tras no completar un plan de acción acordado en febrero de 2020.
• La declaración de febrero de 2026 mantuvo la diligencia debida reforzada y señaló junio de 2026 como plazo para considerar contramedidas.
• El GAFI pide más investigaciones y procesos judiciales, cooperación internacional y recuperación de activos de origen delictivo.
• La evaluación técnica de 2024 calificó 26 de las 40 recomendaciones como conformes o mayormente conformes.
• La inflación, los desplazamientos y el encarecimiento de la vivienda han presionado a los hogares, mientras algunos propietarios de inmuebles y prestatarios se han beneficiado.
• El GAFI exige salvaguardias para la ayuda humanitaria, las actividades legítimas de las organizaciones sin fines de lucro, las remesas y la asistencia por el terremoto.