Los bombardeos y las redadas no logran detener la maquinaria de estafas en la frontera de Myanmar

Dentro de la ofensiva fronteriza que sacudió Mae Sot y Myawaddy

Después del anochecer del 24 de octubre, los habitantes de una aldea tailandesa a orillas del río Moei oyeron una serie de explosiones al otro lado del agua. El ejército de Myanmar había comenzado a bombardear KK Park, un extenso complejo a las afueras de Myawaddy al que se acusa de albergar una de las mayores operaciones de fraude cibernético del mundo. Durante varias noches, las explosiones y las detonaciones secundarias hicieron que el humo se elevara sobre las orillas cubiertas de bosques. Cayeron escombros en el lado tailandés y dañaron casas en Mae Sot. El pánico se extendió por los complejos. Los trabajadores comenzaron a huir.

En los días siguientes, más de 1.500 personas cruzaron el río poco profundo hacia Tailandia para escapar. Algunas flotaron sobre cajas de espuma; otras vadearon el río con bolsas sobre la cabeza. Soldados tailandeses y policías fronterizos las condujeron a refugios improvisados para interrogarlas y hacerles controles de salud. Llevaban pasaportes de al menos 28 países. Muchas eran de India, China y Filipinas. Otras procedían de Vietnam, Pakistán y países africanos como Etiopía y Kenia. Las autoridades tailandesas examinaron a quienes llegaban para determinar quiénes habían sido víctimas de trata y quiénes habían cruzado ilegalmente para trabajar. Algunas personas murieron al intentar escapar.

KK Park se convirtió en símbolo de una vasta economía criminal arraigada en una frontera remota. A lo largo de los 2.400 kilómetros de frontera entre Myanmar y Tailandia, más de 40 complejos fortificados llevan a cabo estafas por internet dirigidas a víctimas de todo el mundo. Estas estafas generan miles de millones de dólares al año. Están vinculadas al lavado de dinero, las apuestas ilegales y redes que reclutan y trasladan mano de obra bajo amenazas. En 2023, investigadores de la ONU estimaron que al menos 120.000 personas en Myanmar estaban atrapadas en trabajos relacionados con estafas tras recibir falsas ofertas laborales. La policía tailandesa y funcionarios chinos creen que solo en los centros de la zona de Myawaddy todavía trabajan entre 50.000 y 100.000 personas.

Aunque los generales de Myanmar anuncian detenciones y muestran imágenes de edificios destruidos, el negocio continúa. Analistas que estudian los sindicatos criminales afirman que KK Park pudo haber albergado a 25.000 trabajadores en su momento de mayor actividad. Sacar a unos miles de personas de las localidades fronterizas debilita por un tiempo los centros más visibles. Pero no desmantela las redes que contratan, trasladan y explotan a los trabajadores. Los complejos trasladan al personal tierra adentro, añaden edificios lejos de las carreteras principales o se desplazan al otro lado de las fronteras cuando aumenta la presión. Los teléfonos y los guiones de trabajo siguen circulando.

Cómo funcionan los complejos de estafas y por qué es difícil desmantelarlos

Desde afuera, los complejos más grandes parecen parques tecnológicos. KK Park ocupa cientos de hectáreas. Tiene dormitorios, villas, restaurantes, una clínica e incluso un banco. Dentro de sus muros, filas de salas de llamadas y oficinas abiertas están llenas de equipos que llevan a cabo estafas de inversión, engaños románticos y fraudes con criptomonedas. La táctica más común se conoce como «matanza del cerdo». Los reclutadores se ocultan tras perfiles atractivos en aplicaciones de mensajería, se ganan la confianza de sus víctimas durante semanas y luego las conducen a una plataforma de inversión de aspecto sofisticado que vacía sus depósitos en cuentas controladas por la banda.

Los trabajadores que intentan irse suelen enfrentarse a multas o golpizas. Los testimonios de quienes lograron escapar describen castigos con bastones eléctricos, horas extra forzadas y su reventa de un operador a otro dentro de la misma localidad. Las empresas recompensan con primas y beneficios a quienes obtienen mejores resultados. Quienes no alcanzan las metas se arriesgan a sufrir violencia. Los guardias restringen los movimientos y se quedan con los pasaportes. Hay cámaras de seguridad en todos los pasillos. Torres de vigilancia y vallas rodean el perímetro.

La conectividad es el sustento de las salas de estafas. Cuando las autoridades tailandesas cortaron las líneas eléctricas y los servicios de internet que cruzaban la frontera, los complejos recurrieron a internet satelital. La policía tailandesa afirma que interceptó cargamentos de terminales Starlink destinados a esos lugares. Posteriormente, las tropas de Myanmar incautaron decenas de terminales durante las redadas. Empresas del sector espacial afirman que desactivaron miles de unidades cerca de presuntos centros de estafas. Los complejos instalaron antenas satelitales en los tejados para mantener el flujo de mensajes cuando se cortaba la conexión por cable.

Una sobreviviente de Filipinas, quien dijo que la atrajo un anuncio de trabajo por internet que prometía un puesto en atención al cliente, recordó las cuotas diarias y las amenazas. Pidió que no se revelara su nombre por motivos de seguridad.

«Todos los días tenía que enviar mensajes a cientos de personas. Si no alcanzaba las metas, me abofeteaban y me daban descargas eléctricas. Cuando les rogué que me dejaran ir, me vendieron a otro equipo y aumentaron la deuda que decían que yo tenía».

Esta combinación de apariencia sofisticada y coerción hace que los complejos sean resistentes. Están diseñados para funcionar como ciudades cerradas, con suministros de alimentos, viviendas y acceso propio a la red. Esa estructura permite a los operadores reanudar rápidamente sus actividades incluso después de una redada.

Quiénes se benefician y quiénes manejan los hilos

La economía de las estafas en las fronteras de Myanmar no surgió por casualidad. Creció en una zona de guerra donde el Estado central y las fuerzas étnicas compiten por el territorio y los ingresos. Tras el golpe de Estado de 2021, el ejército recurrió cada vez más a milicias aliadas y clanes empresariales para mantener el control del territorio. Los intermediarios locales del poder autorizaron negocios criminales a cambio de dinero, empleos y una parte de las ganancias. En la frontera tailandesa, esto tuvo un resultado visible: se abrieron grandes complejos con inversionistas y administradores chinos en zonas de alto el fuego o territorios controlados por grupos alineados con el ejército.

El ejército niega cualquier papel en la protección de los centros de actividades criminales y ha culpado a la Unión Nacional Karen y a otras fuerzas étnicas. Un portavoz de alto rango ha afirmado que dirigentes de ese grupo karen participaron en proyectos de estafa en la zona de Myawaddy. Los investigadores responden que los centros más grandes suelen estar en zonas donde las milicias aliadas del ejército o los grupos que operan bajo acuerdos de alto el fuego actúan sin obstáculos. Gobiernos occidentales han sancionado a varios operadores vinculados a complejos en Myanmar y Camboya.

Jason Tower, analista que lleva años siguiendo esta industria, afirma que las redadas que acaparan titulares aún no han apuntado a los financiadores ni a las redes de protección que hacen funcionar el modelo. Sostiene que las demoliciones parciales y las detenciones públicas buscan satisfacer la presión extranjera, al tiempo que preservan las relaciones comerciales que benefician al Estado y a sus aliados.

En una entrevista este mes, lo expresó sin rodeos.

«La ofensiva es teatro político. El ejército controla los complejos y no hay un esfuerzo real por procesar a quienes los dirigen».

Las pruebas sobre el terreno respaldan esa interpretación. Aunque las tropas han detenido a miles de personas e incautado equipos, los operadores suelen trasladarse a un edificio cercano. En todo el país, la salida de diez mil trabajadores apenas ha reducido una fuerza laboral que supera las cien mil personas. El resultado es una rotación, no el cierre.

Detenciones, demoliciones y lo que muestran las cifras

Los medios estatales de Myanmar informaron que los soldados allanaron KK Park en octubre y detuvieron a más de dos mil personas. Los funcionarios enumeraron 148 edificios dentro del complejo, desde dormitorios hasta un gimnasio y una sala de karaoke. Afirman que más de cien han sido demolidos y que el resto está a la espera de demolición. Las tropas exhibieron pilas de dispositivos satelitales, teléfonos y computadoras. Unidades tailandesas en el río informaron que las explosiones continuaron durante días mientras los equipos de demolición detonaban cargas.

Las imágenes satelitales analizadas por expertos independientes muestran daños más limitados. Las fotografías tomadas después de las redadas revelan que alrededor de una cuarta parte del lugar parece haber sido destruida o dañada, mientras que amplias zonas centrales construidas en los últimos meses permanecen intactas. Vallas y portones todavía rodean gran parte de la propiedad. Cerca de allí, otros complejos se han expandido y han añadido muelles y nuevos almacenes junto al río.

En los pasos fronterizos, el movimiento de personas cuenta su propia historia. Funcionarios tailandeses afirman que más de mil personas cruzaron a Mae Sot en un período de tres días durante el punto álgido del éxodo. Tailandia ha sacado a más de cinco mil personas de centros de estafas desde febrero y ha ayudado a repatriar a más de tres mil a sus países de origen. Entre los grupos más numerosos están los ciudadanos chinos, indios y filipinos. Muchas otras personas esperan en refugios a que se tramiten sus documentos y vuelos.

El general de división Zaw Min Tun, portavoz del ejército de Myanmar, ha presentado las operaciones como una campaña necesaria para mantener el orden público y combatir los sindicatos criminales. También ha acusado a dirigentes karen de estar implicados. Organizaciones de derechos humanos e investigadores de la región señalan los límites de esa campaña, que deja intactos a los principales operadores mientras apunta contra edificios específicos y empleados de bajo rango.

Víctimas, trabajadores voluntarios y la zona gris

Las operaciones fronterizas han reavivado un debate complejo: quiénes son víctimas dentro de los complejos y quiénes participan en actividades criminales. Investigadores tailandeses afirman que las primeras entrevistas indican que cientos de personas fueron a Myawaddy voluntariamente en busca de mejores salarios, pero luego quedaron atrapadas en trabajos relacionados con estafas. Otras llegaron para trabajar en apuestas por internet o en soporte técnico y fueron obligadas a incorporarse a equipos de fraude.

El general de policía tailandés Thatchai Pitaneelaboot, quien dirige las operaciones en los alrededores de Mae Sot, ha pedido a colegas de varios países que ayuden a evaluar los casos con cuidado. Quiere identificar a las verdaderas víctimas para prestarles apoyo y a los sospechosos de delitos para procesarlos, y luego acelerar la repatriación para que las unidades locales puedan mantener la presión sobre los centros.

Su mensaje es directo.

«Necesitamos investigaciones cuidadosas para distinguir a los delincuentes de las víctimas, y tenemos que ayudar a la gente a regresar pronto a casa para poder seguir presionando a las bandas», dijo.

India ha repatriado en avión a cientos de sus ciudadanos que huyeron de KK Park y de complejos cercanos. Un vuelo de la fuerza aérea transportó a 270 personas y otros vuelos llegaron días después. En total, esa semana se repatrió desde Mae Sot a unos 465 ciudadanos indios. Desde entonces, otros vuelos han llevado de regreso a casi 200 personas más que aparecieron después de las primeras redadas. A quienes regresan se les pregunta por los reclutadores y quienes los controlaban, y muchos recibirán apoyo como víctimas de trata.

Los perfiles son diversos. A graduados universitarios de Asia y África les prometieron puestos de atención al cliente en Tailandia. A trabajadores calificados de tecnología los atrajeron ofertas de salarios altos, vivienda y visas. Algunos llegaron a Tailandia sin visa y luego fueron trasladados por el río de noche. Les quitaron los documentos de identidad. Las primeras semanas solían incluir jornadas largas y multas por errores menores. En las siguientes, llegaban las amenazas si se negaban a escribir a nuevos objetivos.

Respuesta regional y lucha legal

Los gobiernos de la región están probando nuevas medidas para interrumpir el negocio. Tailandia cortó el suministro eléctrico, el combustible y las conexiones a internet que abastecían discretamente a complejos del lado de Myanmar. La policía ha incautado terminales satelitales en puestos de control y almacenes fronterizos. Empresas del sector espacial afirman que desactivaron más de dos mil dispositivos satelitales cerca de lugares sospechosos después de enterarse de que se estaban utilizando indebidamente.

China ha presionado con firmeza para que se tomen medidas, a medida que más ciudadanos de ese país son víctimas. Funcionarios chinos coordinaron acciones con la policía tailandesa tras el secuestro de un actor chino en enero, un incidente que convirtió a los centros de estafas en un tema destacado en las redes sociales. Desde entonces, decenas de miles de ciudadanos chinos vinculados a los centros han sido repatriados desde Myanmar, ya sea como sospechosos o como trabajadores rescatados de los complejos.

Los casos legales también comienzan a llegar a los tribunales. En Tailandia, los jueces aprobaron la extradición de She Zhijiang, un empresario chino acusado de dirigir grandes operaciones de fraude y trata desde localidades fronterizas de Myanmar. Estados Unidos, Canadá y Reino Unido impusieron sanciones coordinadas a empresas y personas que facilitan las actividades de los centros. Los investigadores también han intentado seguir el rastro del dinero. Agentes estadounidenses han incautado criptomonedas por valor de millones de dólares vinculadas a estafas románticas y de inversión, y siguen los fondos a través de proveedores de servicios de pago y bancos en el extranjero.

Estas medidas han generado dificultades para las bandas, pero también han provocado que se adapten. Los operadores trasladan temporalmente a la gente a Laos o Camboya y luego regresan a Myanmar cuando disminuye la presión local. Algunos construyen más adentro del estado Karen para evitar la vigilancia fácil desde el otro lado del río. Otros dividen sus equipos en instalaciones más pequeñas y trasladan los equipos con frecuencia. Las detenciones en un lugar dejan un vacío que pronto se llena en otro.

Qué podría frenar el negocio

Es probable que una reducción duradera requiera ejercer una presión sostenida al mismo tiempo sobre las personas y el dinero. El primer elemento es proteger a los trabajadores para que puedan presentarse sin temor. Eso implica ofrecer refugios temporales, agilizar los trámites y establecer una vía clara para que quienes fueron víctimas de trata puedan regresar a casa. También significa garantizar juicios justos a quienes realmente dirigieron estafas o maltrataron a trabajadores.

El segundo elemento es privar a los centros de dinero y comunicaciones. Los proveedores de telecomunicaciones y servicios satelitales pueden reforzar los controles, detectar grupos sospechosos de terminales y suspender el servicio cuando haya pruebas claras de uso indebido. Las empresas de pagos y las plataformas de criptomonedas pueden ampliar los controles de conocimiento del cliente, detectar rápidamente patrones de «matanza del cerdo» y bloquear transferencias vinculadas a las plataformas conocidas. Los bancos de la región pueden compartir información sobre cuentas mula y retiros frecuentes. Las advertencias públicas sobre falsas ofertas laborales deben llegar a jóvenes que buscan trabajo en India, China, Filipinas, Vietnam y otros lugares.

Por último, las medidas deben centrarse en quienes están por encima de los jefes de las salas de estafas. Los financiadores, reclutadores, transportistas y patrocinadores de seguridad que reciben una parte de las ganancias son quienes hacen posible el negocio. Las sanciones selectivas, la congelación de activos y las investigaciones conjuntas con los países vecinos de Myanmar pueden aumentar los costos para esos actores. Sin ese enfoque, las demoliciones públicas en la frontera seguirán generando titulares mientras los guiones de estafas y los rastros del dinero continúan en otros lugares.

Lo que debe saber

• Myanmar bombardeó partes de KK Park, cerca de Myawaddy, después del 24 de octubre, lo que provocó la huida de más de 1.500 personas hacia Tailandia. Los escombros dañaron casas en Mae Sot y algunas personas murieron al cruzar el río.
• Funcionarios tailandeses tramitaron la llegada de personas de al menos 28 países. Durante el punto álgido, más de 1.000 personas cruzaron en tres días.
• Los medios estatales informaron de 2.198 detenciones en KK Park y de planes para demoler 148 edificios. Las imágenes satelitales indican que alrededor de una cuarta parte del complejo fue destruida o dañada.
• Las estimaciones indican que entre 50.000 y 100.000 personas todavía trabajan en la zona de Myawaddy. Una evaluación de la ONU de 2023 calculó que al menos 120.000 personas en todo Myanmar estaban atrapadas en trabajos relacionados con estafas.
• Los analistas afirman que los centros más grandes están en zonas de alto el fuego o áreas vinculadas a milicias aliadas del ejército. Jason Tower califica las redadas de teatro político que deja intactas las redes.
• Tailandia cortó el suministro eléctrico, el combustible y las conexiones a internet a través de la frontera. Las autoridades incautaron terminales satelitales y empresas desactivaron miles de dispositivos en las inmediaciones de lugares sospechosos.
• India repatrió en avión a unos 465 ciudadanos en una semana y más tarde llevó de regreso a casi 200 más. China coordinó la repatriación masiva de sus ciudadanos tras casos de gran repercusión.
• Los tribunales y los gobiernos persiguen a quienes facilitan estas actividades. Un tribunal tailandés aprobó la extradición del empresario She Zhijiang. Las sanciones occidentales y las incautaciones de criptomonedas apuntan a los operadores y los flujos de dinero.