Nuevas demandas de justicia ante el aumento de las reclamaciones por salarios impagos y abusos
Unos 100 trabajadores bangladesíes que habían trabajado en Malasia se congregaron frente al Ministerio de Bienestar de los Expatriados y Empleo en el Extranjero, en Daca, para exigir el pago de salarios adeudados, una indemnización justa y el fin de lo que describen como abusos generalizados. La protesta, coordinada por la Red de Bienestar de los Migrantes, centró la atención en dos empresas malasias, Mediceram y Kawaguchi Manufacturing, y en los compradores multinacionales vinculados a sus fábricas. Los organizadores afirman que se negó el salario legal y la protección básica a 431 trabajadores bangladesíes mientras realizaban labores manufactureras que contribuyen a las cadenas de suministro mundiales.
Contenido
- Nuevas demandas de justicia ante el aumento de las reclamaciones por salarios impagos y abusos
- Quiénes son los trabajadores y qué exigen
- El caso de Kawaguchi muestra el costo del robo de salarios
- Mediceram, los guantes y una denuncia relacionada con Ansell
- Por qué las tarifas de contratación empujan a los migrantes a la servidumbre por deudas
- La respuesta de las cadenas de suministro y los gobiernos
- Lo que hay que saber
La protesta combinó las quejas individuales con un llamamiento más amplio a exigir responsabilidades. Los trabajadores y sus defensores quieren que las autoridades malasias hagan cumplir las resoluciones de los tribunales laborales, obliguen a los empleadores a pagar lo adeudado y permitan a los migrantes cambiar de empleo sin demora cuando los empleadores cierren o infrinjan la ley. También instaron a los compradores, incluidas marcas de Japón y Australia, a participar directamente en la reparación. Los migrantes describieron meses sin cobrar, la confiscación de pasaportes, viviendas precarias y presiones que les hacían temer la detención o la deportación si alzaban la voz. Muchos han regresado a Bangladesh endeudados y sin haber recibido compensación alguna.
La mano de obra migrante impulsa grandes sectores de la economía malasia, desde la electrónica y los plásticos hasta los guantes, las plantaciones y la construcción. Los empleadores suelen contratar a personas de Bangladesh, Nepal y Myanmar para puestos que los trabajadores locales rechazan por los bajos salarios y las difíciles condiciones. Esa dependencia, sumada a los elevados costos de contratación y a la débil aplicación de la ley, ha dejado a muchos migrantes atrapados entre las deudas y la amenaza de perder el empleo. También ha vinculado las condiciones en las fábricas de Malasia con la reputación de las marcas internacionales que adquieren allí piezas y productos.
Quiénes son los trabajadores y qué exigen
Los manifestantes en Daca afirman que dos situaciones reflejan un patrón más amplio. La primera es un conflicto salarial en Kawaguchi Manufacturing que afectó a cientos de empleados bangladesíes. La segunda es la de un grupo de trabajadores de Mediceram que denuncia irregularidades tanto en el pago de salarios como en los permisos de trabajo, pese a una resolución favorable de un tribunal laboral malasio. La red que los apoya exige el pago íntegro de los salarios adeudados, una indemnización por los perjuicios sufridos y un plan formal de reparación que evite que los abusos se repitan.
Muchos de los asistentes a la protesta ya habían regresado a su país. Afirman que se fueron de Malasia tras prolongados períodos sin cobrar y el deterioro de las condiciones. Las deudas contraídas para conseguir trabajo en el extranjero, a menudo con intereses elevados, agravaron sus dificultades cuando dejaron de recibir su salario. Su mensaje iba dirigido a las empresas y a las autoridades de ambos países, así como a los compradores internacionales cuyos pedidos son la principal fuente de ingresos de las fábricas.
Un dirigente sindical deportado recientemente, identificado por los organizadores como Nironjan, dijo que el grupo había pedido un trato conforme a la ley y que fue castigado por ello. Explicó que alzar la voz implicaba riesgos personales.
Pedimos que se respetaran nuestros derechos humanos, pero nos trataron como animales. Alzar la voz provocó nuestra deportación y acoso, pero seguiremos luchando por la justicia.
El caso de Kawaguchi muestra el costo del robo de salarios
Kawaguchi Manufacturing, proveedora de piezas de plástico para importantes marcas japonesas, cerró su fábrica de Port Klang tras meses de turbulencias. Los trabajadores afirman que se les retuvieron los salarios durante siete u ocho meses antes del cierre, a finales del año pasado. Posteriormente, un tribunal laboral malasio confirmó que se adeudaban más de 3 millones de ringgit en salarios atrasados y otros conceptos, pero los trabajadores dicen que solo han recibido una pequeña parte. El cierre se produjo después de que compradores clave suspendieran sus pedidos en respuesta a las denuncias de abusos, lo que eliminó la principal fuente de ingresos de la fábrica.
Las autoridades trasladaron a muchos de los trabajadores afectados a otros centros de trabajo o plantaciones con condiciones precarias. Otros esperaron meses para obtener permiso para cambiar de empleo. Varios regresaron a Bangladesh aún endeudados con reclutadores o prestamistas. Afirman que, después de que dejaran de cobrar sus salarios, la empresa a veces les pagaba pequeñas cantidades con la etiqueta de ayuda para alimentos, hasta que esos pagos también cesaron por completo cuando el cierre se hizo inminente.
Omar Faruk, exempleado de Kawaguchi que se fue de Malasia tras el cierre, relató cómo vivieron esos meses él y sus compañeros de trabajo.
Sufrimos durante meses sin comida ni salario. Cuando cerró la empresa, nos quedamos sin nada.
Las marcas japonesas vinculadas al proveedor han tomado medidas que van más allá de las auditorías. Sony, Panasonic y Daikin aceptaron ayudar a reembolsar a los trabajadores las tarifas de contratación, en un compromiso estimado de alrededor de 1,3 millones de dólares. Las empresas afirman que estos programas buscan reducir la carga de las deudas contraídas antes de que los trabajadores llegaran a la fábrica. Los defensores de los trabajadores valoran el reembolso de esas tarifas, pero subrayan que no resuelve el impago de salarios ni los intereses adeudados a los prestamistas. Los trabajadores piden a los compradores que ayuden a garantizar el pago íntegro y rápido de los salarios atrasados reconocidos por los tribunales.
Mediceram, los guantes y una denuncia relacionada con Ansell
Un grupo de exempleados de Mediceram afirma que todavía se les deben salarios y que su situación migratoria quedó en riesgo cuando la empresa demoró la renovación de sus permisos. Según la Red de Bienestar de los Migrantes, algunos de quienes reclamaron fueron deportados. Los trabajadores afirman que el Tribunal Laboral de Malasia ordenó a Mediceram pagar 1.000 ringgit al mes para saldar los atrasos, pero la empresa hizo un solo pago y luego dejó de pagar. También se han presentado denuncias por presunto trabajo forzoso relacionado con un cliente clave, el fabricante australiano de guantes Ansell, que compraba productos a Mediceram.
Harun Or Rasid Liton, quien trabajó en la fábrica de guantes, explicó cómo la orden judicial les dio esperanza, que pronto se desvaneció cuando se interrumpieron los pagos.
El tribunal resolvió que la empresa pagaría 1.000 ringgit al mes, pero la empresa hizo solo el primer pago y luego dejó de pagar.
La producción de guantes es un pilar de la economía exportadora de Malasia. El sector creció rápidamente durante la pandemia y ha sido objeto de reiteradas críticas por las condiciones laborales. Varias empresas del sector se han enfrentado anteriormente a restricciones comerciales en mercados extranjeros después de que las autoridades fronterizas señalaran indicios de trabajo forzoso. Los defensores de los trabajadores afirman que la aplicación sistemática de la ley, canales accesibles para presentar quejas y la posibilidad de cambiar de empleo son fundamentales para evitar que los abusos se repitan.
Por qué las tarifas de contratación empujan a los migrantes a la servidumbre por deudas
La migración laboral de Bangladesh a Malasia es una de las rutas más costosas del mundo. Las tarifas oficiales indican costos inferiores a 700 dólares. Los trabajadores describen costos reales cercanos a los 5.000 dólares una vez incluidos los pagos a reclutadores e intermediarios. Las familias suelen pedir préstamos para cubrir esas sumas, ofreciendo tierras como garantía o aceptando créditos con intereses elevados. Esa deuda puede atar a los trabajadores a un empleador incluso cuando los salarios se retrasan o las condiciones son peligrosas. También puede disuadirlos de denunciar, porque las ausencias sin sueldo o el despido hacen imposible devolver el dinero.
Entre las señales de alerta habituales que mencionaron los manifestantes en Daca figuran la confiscación de pasaportes, las jornadas prolongadas sin el pago debido de horas extras, las viviendas hacinadas o insalubres y los retrasos en la renovación de los permisos de trabajo. Según las normas mundiales establecidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), todas estas prácticas son indicadores reconocidos de trabajo forzoso, especialmente cuando van acompañadas de represalias o amenazas de deportación. Los trabajadores que llegan endeudados y luego pasan meses sin ingresos se ven rápidamente sumidos en una crisis. La falta de ahorros y de apoyo jurídico dificulta una recuperación temprana.
La respuesta de las cadenas de suministro y los gobiernos
Las marcas globales vinculadas a las fábricas afrontan una presión cada vez mayor para ofrecer reparación, no solo para supervisar a futuros proveedores. Sony, Panasonic y Daikin han intervenido para reembolsar las tarifas de contratación y han pedido a sus proveedores que corrijan las infracciones. Las empresas afirman que sus códigos de conducta prohíben prácticas como retener pasaportes y no pagar las horas extras. Los grupos de trabajadores sostienen que la reparación debe incluir el pago íntegro de los salarios adeudados, documentado por supervisores independientes, y un plan claro para evitar represalias contra quienes denuncien irregularidades.
Los defensores de los trabajadores también han presentado denuncias formales. Una denuncia ante las autoridades malasias apunta a presunto trabajo forzoso relacionado con Mediceram y con un importante comprador, Ansell. Por su parte, el Gobierno de Malasia se ha comprometido a eliminar para 2030 los indicadores de trabajo forzoso y ha publicado un Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso. Los avances dependen de inspecciones eficaces, del cobro rápido de las indemnizaciones fijadas por los tribunales y de que los trabajadores puedan cambiar de empleador. En un comunicado durante la protesta en Daca, la Red de Bienestar de los Migrantes destacó el costo humano que se esconde tras el lenguaje jurídico.
Estos trabajadores han construido las industrias de Malasia y han sostenido a Bangladesh con sus remesas. Merecen justicia, no deportación, deudas ni silencio.
Lo que hay que saber
- Unos 100 antiguos trabajadores bangladesíes se manifestaron en Daca para exigir salarios adeudados y un trato justo por parte de empleadores malasios.
- Los trabajadores y sus defensores afirman que 431 bangladesíes se vieron afectados en dos empresas malasias, Mediceram y Kawaguchi Manufacturing.
- Un tribunal laboral malasio reconoció más de 3 millones de ringgit en salarios atrasados para los empleados de Kawaguchi, pero solo se ha pagado una parte.
- Los trabajadores de Mediceram afirman que el plan ordenado por un tribunal para pagar 1.000 ringgit al mes se interrumpió tras el primer pago.
- Según la Red de Bienestar de los Migrantes, algunos trabajadores fueron deportados después de reclamar la renovación de sus permisos y el pago de lo adeudado.
- Las tarifas de contratación para llegar a Malasia pueden alcanzar unos 5.000 dólares, lo que genera servidumbre por deudas cuando se retrasan los salarios.
- Los compradores japoneses Sony, Panasonic y Daikin aceptaron reembolsar las tarifas de contratación, pero los trabajadores afirman que todavía no han cobrado los salarios atrasados.
- Una denuncia apunta a presunto trabajo forzoso relacionado con Mediceram y un comprador clave, la empresa australiana Ansell.
- Los defensores de los trabajadores piden que las resoluciones se hagan cumplir rápidamente, que los migrantes puedan cambiar de empleo de inmediato y que se sancione a los reclutadores abusivos.
- Las organizaciones de derechos advierten que la demanda de mano de obra migrante aumenta a medida que las fábricas se trasladan al Sudeste Asiático, lo que incrementa los riesgos si no se refuerzan las medidas de protección.
