Una decisión histórica en el Palacio de la Paz
El 19 de noviembre de 2026, la Corte Internacional de Justicia emitió una sentencia histórica en La Haya, al dictaminar que Myanmar cometió genocidio contra la minoría musulmana rohinyá durante las operaciones militares de 2017. La decisión marca la primera vez en los ochenta años de historia del máximo órgano judicial de las Naciones Unidas que un Estado soberano es considerado responsable del delito de genocidio. El caso, titulado formalmente Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, fue presentado por la nación de África Occidental de Gambia en noviembre de 2019 con el respaldo de los 57 Estados miembros de la Organización de Cooperación Islámica. El juez presidente Yuji Iwasawa leyó la decisión en el Gran Salón de la Justicia, concluyendo una batalla jurídica que abarcó siete años de procedimientos e involucró intervenciones de once Estados diferentes, incluidos Canadá, Francia, Alemania y el Reino Unido.
Contenido
- Una decisión histórica en el Palacio de la Paz
- Lo que descubrió la Corte Mundial en el Estado Rakáin
- Las voces de los supervivientes y la realidad de los refugiados
- Reacciones internacionales y conmociones diplomáticas
- Cronología del histórico recorrido jurídico
- Desafíos de cumplimiento y perspectivas de futuro
- Lo esencial
El tribunal examinó exhaustivas pruebas sobre las campañas militares lanzadas en el norte del Estado Rakáin. Los jueces determinaron por nueve votos a favor y seis en contra que las fuerzas de seguridad de Myanmar llevaron a cabo actos prohibidos por la Convención sobre el Genocidio de 1948 con la intención específica de destruir una parte sustancial de la población rohinyá. El tratado, adoptado tras el Holocausto, define el genocidio mediante actos específicos cometidos contra un grupo protegido, entre ellos la matanza de miembros, la lesión grave a la integridad física o mental y el sometimiento intencional a condiciones de existencia calculadas para provocar su destrucción física. El panel judicial concluyó que la escala y la naturaleza sistemática de la violencia superaron con creces cualquier respuesta legítima de contrainsurgencia.
Lo que descubrió la Corte Mundial en el Estado Rakáin
Los jueces detallaron desgarradores hallazgos sobre las operaciones militares iniciadas en agosto de 2017 tras los ataques de la Arakan Rohingya Salvation Army contra puestos fronterizos. El tribunal aceptó estimaciones de que al menos 10.000 civiles rohinyás fueron asesinados violentamente, incluidos bebés y niños pequeños. Las pruebas presentadas durante el proceso demostraron actos generalizados de violaciones en grupo y masivas, violencia extrema contra los niños y la quema metódica de aldeas enteras y tierras de cultivo. Según los registros judiciales, aproximadamente el 40 por ciento de los asentamientos en tres municipios del norte del Estado Rakáin fueron destruidos mediante incendios y el uso de excavadoras, a menudo con bases de las fuerzas de seguridad construidas posteriormente sobre la tierra arrasada.
El tribunal examinó cómo las políticas estatales agravaron la violencia física al atacar la existencia misma de la comunidad rohinyá. Los jueces señalaron que se impusieron restricciones a los permisos de matrimonio y límites al tamaño de las familias para reprimir las tasas de natalidad entre el grupo minoritario. Asimismo, la sentencia abordó décadas de negación sistemática de la identidad rohinyá. Los sucesivos gobiernos de Myanmar han calificado a la población como migrantes bengalíes ilegales y les han despojado de su estatus legal en virtud de la Ley de Ciudadanía de 1982. La Corte Mundial rechazó esta premisa, afirmando que los rohinyás constituyen un grupo étnico distinto protegido por el derecho internacional.
Los expertos jurídicos habían seguido de cerca los procedimientos debido al grave obstáculo probatorio requerido para demostrar la intención genocida, ya que los gobiernos rara vez documentan planes para exterminar a una población. La mayoría de los jueces infirió esta intención específica a partir de un mosaico de factores circunstanciales, que incluyeron el patrón sistemático de abusos, la selección deliberada de civiles y la destrucción de los cimientos culturales. Este enfoque integral contrastó marcadamente con las opiniones de seis jueces disidentes, incluido el juez ad hoc de Myanmar, quienes argumentaron que las inferencias alternativas sobre la necesidad militar podían explicar los acontecimientos. A pesar de la división en el tribunal, este también dictaminó de forma abrumadora, por trece votos a favor y dos en contra, que Myanmar incumplió sus deberes de prevenir el genocidio y castigar a los responsables.
Las voces de los supervivientes y la realidad de los refugiados
Lejos de los argumentos jurídicos presentados en los Países Bajos, el veredicto provocó profundas reacciones emocionales en los extensos campamentos de refugiados al otro lado de la frontera, en Bangladesh. Más de un millón de rohinyás viven actualmente en precarios refugios de bambú y lona en Cox's Bazar tras huir de la represión militar de 2017. Cientos de residentes se congregaron alrededor de pantallas gigantes para seguir la transmisión del juicio, y muchos rompieron a llorar abiertamente mientras se leía el veredicto. Sayed Ullah, líder principal y ex presidente del Consejo Unido de Rohinyás, expresó su profundo agradecimiento a las coaliciones internacionales que apoyaron su causa a lo largo de años de exilio.
Los supervivientes compartieron testimonios que subrayaron el costo humano de las atrocidades. Mohammed Osman, un refugiado de 20 años cuyos padres y cuatro hermanos murieron durante la violencia, explicó la naturaleza agridulce del momento. Sus sentimientos fueron secundados por una sobreviviente de violencia sexual de 23 años que pidió un castigo riguroso para quienes perpetraron agresiones contra las mujeres. Mohammed Mizanur Rahman, comisionado de socorro y repatriación de refugiados de Bangladesh, señaló que la comunidad había esperado años para que se reconociera oficialmente su sufrimiento. Aunque los refugiados celebraron la validación formal de su calvario, las organizaciones humanitarias advirtieron que las condiciones en los campamentos siguen siendo terribles, agravadas por recortes recientes en la financiación que redujeron las raciones de alimentos.
Reacciones internacionales y conmociones diplomáticas
Los gobiernos y las organizaciones internacionales respondieron con rapidez al histórico fallo. La Unión Europea exigió el cumplimiento inmediato por parte de Myanmar, mientras que el Reino Unido demostró cambios concretos en su política al ordenar la expulsión del agregado de defensa de Myanmar y solicitar una sesión urgente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estados Unidos emitió una declaración en la que expresó su profunda preocupación por las violaciones de los derechos humanos contra los rohinyás, a pesar de no reconocer formalmente la jurisdicción de la corte internacional. Por el contrario, el gobierno respaldado por los militares de Myanmar desestimó el fallo a través de declaraciones emitidas por el portavoz presidencial Khaing Khaing Soe, quien calificó la decisión de injusta y señaló que carecía de unanimidad entre los jueces.
En el Sudeste Asiático, la sentencia complicó los compromisos diplomáticos liderados por los organismos regionales. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático había prohibido previamente la participación de los líderes militares de Myanmar en cumbres de alto nivel debido al incumplimiento del plan de paz del bloque. Apenas unos días antes de la decisión judicial, el bloque regional mantuvo su suspensión durante una cumbre en Manila. Malasia se enfrentó a un escrutinio nacional e internacional en relación con su trayectoria política bajo el mandato del primer ministro Anwar Ibrahim, quien recientemente había recibido al líder de Myanmar, Min Aung Hlaing. Posteriormente, el Ministerio de Exteriores de Malasia afirmó su respeto por la sentencia y declaró que Kuala Lumpur colaboraría con las organizaciones internacionales para abordar la prolongada crisis de los aproximadamente 193.000 refugiados acogidos en su territorio.
Cronología del histórico recorrido jurídico
- Mayo de 2018: Los ministros de Asuntos Exteriores de la Organización de Cooperación Islámica se reúnen en Daca, donde se presenta una propuesta para crear un comité ministerial de rendición de cuentas.
- 11 de noviembre de 2019: Gambia presenta su solicitud formal contra Myanmar ante la Corte Internacional de Justicia en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948.
- Enero de 2026: El tribunal celebra audiencias sobre el fondo del asunto en La Haya, con alegatos de equipos jurídicos e intervenciones de once Estados partidarios.
- 19 de noviembre de 2026: La Corte Internacional de Justicia emite su sentencia definitiva y declara a Myanmar responsable de genocidio por nueve votos a favor y seis en contra.
- 22 de noviembre de 2026: El Ministerio de Exteriores de Malasia anuncia oficialmente su respeto por la decisión de la Corte Mundial y esboza planes para la cooperación regional.
Desafíos de cumplimiento y perspectivas de futuro
El peso práctico del fallo de la Corte Mundial sigue siendo incierto debido a que el órgano judicial no cuenta con un mecanismo independiente de ejecución. En virtud del Artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas, el cumplimiento recae en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde miembros permanentes como China y Rusia han protegido históricamente a los militares de Myanmar de resoluciones punitivas y les han suministrado armamento vital. Además, el panorama de seguridad dentro de Myanmar presenta importantes obstáculos operativos. La mayor parte del norte del Estado Rakáin está controlada actualmente por el Ejército de Arakán, un grupo armado étnico que no es parte en el caso y que se ha enfrentado a acusaciones de abusos contra los civiles que permanecen en la zona, lo que deja muchas aldeas originales completamente destruidas.
La sentencia impone medidas correctivas específicas que ponen a prueba los límites de la rendición de cuentas internacional. El tribunal ordenó a Myanmar prevenir futuros actos, investigar y procesar a los responsables, y presentar un informe exhaustivo en un plazo de dos años que detalle las medidas para la restitución, la restauración de la propiedad y el retorno seguro de las personas desplazadas. Si la restitución plena resulta materialmente imposible, el informe deberá establecer modalidades de compensación financiera. Los observadores señalan que estas obligaciones recaen precisamente sobre la cúpula militar que orquestó las operaciones de limpieza, incluido Min Aung Hlaing, quien pasó de comandante militar a presidente civil tras unas elecciones disputadas. Los expertos jurídicos también prevén que la metodología integral del tribunal para inferir la intención genocida influirá fuertemente en otros litigios internacionales pendientes, en particular el caso presentado por Sudáfrica que acusa a Israel de genocidio en Gaza.
Mientras la comunidad internacional lidia con las secuelas del veredicto, los defensores de los derechos humanos subrayan que la medida definitiva del éxito será si las familias desplazadas pueden recuperar con seguridad su ciudadanía, su dignidad y sus hogares. La batalla jurídica en el Palacio de la Paz ha alterado permanentemente la jurisprudencia internacional, pero cerrar la brecha entre el reconocimiento judicial y la asistencia real sigue siendo un desafío político constante para las naciones que abanderaron la causa.
Lo esencial
- La Corte Internacional de Justicia dictaminó que Myanmar cometió genocidio contra la minoría rohinyá durante las operaciones militares de 2017.
- La histórica decisión se adoptó por nueve votos a favor y seis en contra en un panel de quince jueces tras un proceso judicial de siete años iniciado por Gambia.
- El tribunal concluyó que las fuerzas de seguridad mataron al menos a 10.000 civiles, cometieron actos generalizados de violencia sexual y destruyeron numerosas aldeas con la intención de destruir al grupo.
- Se ordenó a Myanmar que evite futuras violaciones, castigue a los infractores, permita el retorno seguro de los refugiados e informe al tribunal en un plazo de dos años.
- El cumplimiento de este veredicto vinculante se enfrenta a grandes obstáculos debido a la falta de un ejército encargado de hacerlo cumplir y a los posibles vetos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.






