Los sobrevivientes piden que se actúe sobre una denuncia presentada en 2023
Cinco personas de la comunidad chin de Myanmar han pedido al Tribunal de Apelaciones de Filipinas que ordene a los fiscales actuar ante una denuncia por crímenes de guerra presentada el 25 de octubre de 2023 contra el líder militar Min Aung Hlaing y otros oficiales de la junta. Su petición, presentada el 3 de noviembre, solicita una investigación preliminar sobre las acusaciones de que soldados incendiaron su localidad y mataron a residentes que intentaban apagar las llamas.
Contenido
- Los sobrevivientes piden que se actúe sobre una denuncia presentada en 2023
- Lo que dicen los sobrevivientes que ocurrió en el estado de Chin
- Qué se pide al Tribunal de Apelaciones
- Cómo llegó la denuncia al tribunal de apelaciones
- Por qué una ley filipina es fundamental en un caso sobre Myanmar
- La disputa sobre la Sección 17
- Por qué la demora importa a los denunciantes
- Puntos clave
Los sobrevivientes piden al tribunal de apelaciones que ordene al Departamento de Justicia (DOJ) registrar formalmente la denuncia y resolver una solicitud de reconsideración que está pendiente desde el 11 de abril de 2024. Invocan la Ley de la República n.º 9851, la ley filipina sobre delitos contra el derecho internacional humanitario, genocidio y otros crímenes de lesa humanidad.
El paso procesal consiste en una petición para que los jueces intervengan en la tramitación de la denuncia. En las informaciones sobre la presentación no se ha anunciado ninguna decisión del Tribunal de Apelaciones que conceda esa solicitud ni autorice un proceso penal.
El caso plantea una pregunta concreta ante los jueces filipinos: ¿pueden los sobrevivientes de presuntas atrocidades cometidas en el extranjero exigir a los fiscales filipinos que investiguen cuando tanto las víctimas como los oficiales militares son ciudadanos extranjeros y estos últimos están fuera de Filipinas?
Lo que dicen los sobrevivientes que ocurrió en el estado de Chin
Los denunciantes describen ataques en el estado de Chin, en el oeste de Myanmar, tras el golpe militar que derrocó al Gobierno de Aung San Suu Kyi en 2021. Según sus acusaciones, los soldados tomaron represalias contra la resistencia a la junta incendiando su localidad. Los residentes que intentaban apagar las llamas fueron tiroteados y asesinados.
Ling Ling, uno de los peticionarios, dijo que la destrucción afectó a la localidad de origen que comparten los denunciantes. Describió a una comunidad que respalda la acción judicial:
«Contamos con el respaldo de toda una comunidad y la gente quiere justicia. Todos los que estamos aquí, mis colegas y yo, nos hemos visto afectados. Nuestra localidad de origen, de donde todos venimos, quedó completamente destruida», dijo Ling Ling.
Ling Ling también afirmó que más de 10.000 personas habían sido desplazadas o habían muerto. Su cifra combina a las personas obligadas a abandonar sus hogares con quienes murieron; no dio cifras por separado para ambos grupos.
Qué se pide al Tribunal de Apelaciones
La presentación del 3 de noviembre es una petición de mandamus y certiorari conforme a la Regla 65 del Reglamento de los Tribunales de Filipinas. Estos términos jurídicos describen dos solicitudes distintas de intervención judicial.
El mandamus pide a un tribunal que ordene a un funcionario público cumplir un deber establecido por la ley. En este caso, los sobrevivientes quieren que se actúe sobre su solicitud de reconsideración, que se registre formalmente la denuncia y que se abra una investigación preliminar. El certiorari pide a un tribunal que revise un ejercicio de autoridad presuntamente ilegal. Los peticionarios buscan anular una carta del DOJ de febrero de 2024 y actuaciones posteriores que describen como denegaciones implícitas.
El secretario de Justicia, Fredderick Vida, y el fiscal general, Richard Anthony Fadullon, figuran como autoridades públicas demandadas. Esto significa que se cuestiona la manera en que tramitaron la denuncia, mientras que los oficiales militares de Myanmar son las personas acusadas de los delitos subyacentes.
Una investigación preliminar es la etapa en la que los fiscales examinan si hay fundamentos suficientes para presentar cargos penales ante un tribunal. Para los sobrevivientes, lograr que se abra esa investigación permitiría que sus acusaciones pasaran a un proceso formal de evaluación de pruebas y determinación sobre la presentación de cargos.
Una de las informaciones indica que la denuncia menciona a Min Aung Hlaing y otros nueve oficiales de la junta, mientras que otra identifica a nueve militares en total, incluido él. Los nueve nombres enumerados son Min Aung Hlaing, Vung Suan Thang, Tay Zar Kyaw, Phyo Thant, Than Htike, Myo Htut Hlaing, Saw Thun, Myo Zin Tun y Nay Myo Oo.
Cómo llegó la denuncia al tribunal de apelaciones
La acción legal de los sobrevivientes pasó de una denuncia ante los fiscales a un cuestionamiento sobre si estos están obligados a actuar. Sus abogados describen una demora prolongada tras la respuesta inicial del DOJ.
- 25 de octubre de 2023: Los denunciantes chin presentaron su denuncia ante el DOJ de Filipinas al amparo de la Ley de la República n.º 9851.
- Febrero de 2024: El DOJ emitió una carta que los sobrevivientes ahora buscan anular.
- 11 de abril de 2024: Se presentó la solicitud de reconsideración que, según los peticionarios, sigue sin resolverse.
- 31 de julio: Los abogados presentaron una solicitud para que el DOJ resolviera el asunto.
- 3 de noviembre: Cinco denunciantes chin solicitaron al Tribunal de Apelaciones un mandamus y un certiorari.
La petición pide a los jueces que se pronuncien tanto sobre la postura del DOJ respecto de la jurisdicción como sobre el tiempo empleado en tramitar la denuncia. Ambos asuntos están relacionados: los sobrevivientes quieren una decisión sobre sus argumentos jurídicos y una vía para que se abra una investigación.
Por qué una ley filipina es fundamental en un caso sobre Myanmar
La Ley de la República n.º 9851 incorpora al derecho penal interno filipino los delitos contemplados en el derecho internacional humanitario, el genocidio y otros crímenes de lesa humanidad. El derecho internacional humanitario establece normas para los conflictos armados, incluidas protecciones para la población civil.
Los sobrevivientes invocan la jurisdicción universal, un principio que permite a las autoridades nacionales abordar ciertos delitos internacionales graves incluso cuando los hechos ocurrieron en el extranjero y estuvieron involucrados ciudadanos extranjeros. Su argumento es que la naturaleza de los presuntos delitos genera el deber de Filipinas de investigar y, si las pruebas justifican la presentación de cargos, procesar a los responsables.
Los peticionarios vinculan ese supuesto deber con la Sección 2(e) de la ley y con la prohibición de los crímenes de guerra en el derecho internacional, que, según sostienen, forma parte del derecho filipino por medio de la Constitución. Su postura permitiría a los fiscales comenzar a examinar las acusaciones aunque los oficiales militares se encuentren fuera del país.
Las razones que, según las informaciones sobre el caso, dio el DOJ para no continuar se refieren a esos vínculos territoriales y personales: los presuntos delitos ocurrieron en Myanmar, ni las víctimas ni los acusados son filipinos y los militares señalados no están en Filipinas.
Por tanto, antes de que pueda comenzar cualquier juicio, el litigio plantea ante el tribunal cuál es el alcance del derecho filipino. Los sobrevivientes dicen que la ley permite iniciar una investigación; la postura del DOJ limita esa posibilidad cuando los presuntos responsables están en el extranjero.
La disputa sobre la Sección 17
La Sección 17 de la Ley de la República n.º 9851 está en el centro del desacuerdo. Aborda la jurisdicción y la entrega o extradición de personas sospechosas o acusadas que se encuentren en Filipinas a un tribunal internacional competente o a otro Estado, con sujeción a las leyes y los tratados aplicables.
Los peticionarios dicen que el DOJ interpretó esa disposición como un requisito de presencia física de los acusados en Filipinas para que las autoridades pudieran actuar. Sus abogados cuestionan que ese requisito se aplique en la etapa de investigación preliminar.
Su argumento se basa en parte en la diferencia entre una persona señalada en una investigación y una persona acusada. Durante una investigación preliminar, la persona investigada tiene la condición de denunciada. La condición de acusada se adquiere tras la presentación de cargos ante un tribunal. Los peticionarios sostienen que las disposiciones referidas a una persona acusada no deberían impedir que los fiscales investiguen a personas señaladas que se encuentran en el extranjero.
Gilbert Andres, abogado de los sobrevivientes, también ha comparado la invocación de la Sección 17 por parte de sus clientes con el uso que hizo el Gobierno filipino de esa disposición para detener y entregar al expresidente Rodrigo Duterte a la Corte Penal Internacional (CPI). Instó a las autoridades a aplicar la ley de manera coherente:
«Si la Sección 17 es lo bastante sólida para que el Estado la invoque en otros casos, no puede ser demasiado débil para que estas víctimas chin la invoquen en el suyo», dijo Andres.
Myanmar no es miembro de la CPI. Andres mencionó esa circunstancia al explicar por qué los sobrevivientes decidieron invocar la ley filipina. La solicitud actual está dirigida a los fiscales y jueces de Filipinas y se basa en una ley de ese país.
Por qué la demora importa a los denunciantes
Los sobrevivientes también invocan el artículo III, sección 16, de la Constitución de Filipinas, que garantiza el derecho a que los casos se resuelvan sin demoras indebidas. Sus abogados sostienen que la tramitación de la denuncia por parte del DOJ afecta tanto ese derecho como el debido proceso.
Romel Bagares, otro abogado de los peticionarios, describió la protección constitucional y el costo humano de la espera:
«El derecho a que los casos se resuelvan sin demoras indebidas no es una cortesía. Es una garantía consagrada en el artículo III, sección 16, de nuestra Constitución. Tres años de silencio no son neutralidad. Para una población desplazada cuyos testigos envejecen, cada mes de demora causa un perjuicio», dijo Bagares.
Para las personas que han perdido a familiares y sus hogares, el objetivo jurídico inmediato es obtener una decisión que dé paso a la investigación de la denuncia. En su petición, piden al tribunal de apelaciones que ordene a los fiscales tomar las medidas necesarias para examinar las acusaciones y determinar si se justifica presentar cargos penales.
Ahora el Tribunal de Apelaciones debe pronunciarse sobre la intervención solicitada en el proceso del DOJ. El caso de los sobrevivientes reúne la presunta destrucción de una comunidad chin, el alcance de una ley filipina sobre crímenes de guerra y la exigencia constitucional de que las denuncias reciban una respuesta oportuna.
Puntos clave
- Cinco denunciantes chin presentaron una petición ante el Tribunal de Apelaciones de Filipinas el 3 de noviembre por una denuncia de crímenes de guerra presentada en octubre de 2023.
- Solicitan que la denuncia se registre formalmente, que se abra una investigación preliminar y que se resuelva su solicitud de reconsideración pendiente.
- Las acusaciones se refieren al incendio de su localidad en Myanmar y al asesinato de residentes que intentaron apagar las llamas.
- El litigio se centra en si la Ley de la República n.º 9851 obliga a las autoridades filipinas a investigar presuntos delitos cometidos en el extranjero por ciudadanos extranjeros que siguen fuera del país.
- Los peticionarios también invocan el derecho constitucional a que los casos se resuelvan sin demoras indebidas.
- La novedad anunciada es la presentación de la petición; no se ha informado de una decisión judicial que la conceda.
