Un líder militar, varias vías hacia la justicia
Un juez argentino emitió órdenes de arresto contra 25 funcionarios militares y civiles de Myanmar el 13 de febrero de 2025, incluido el líder militar Min Aung Hlaing, por presuntas atrocidades contra los rohinyás. En la Corte Penal Internacional, sigue pendiente otro proceso: el 27 de noviembre de 2024, la fiscalía solicitó su arresto por presuntos crímenes de lesa humanidad de deportación y persecución.
Contenido
- Un líder militar, varias vías hacia la justicia
- Qué pide el fiscal de la CPI a los jueces
- Por qué Bangladesh ofrece una base jurídica a la CPI
- Argentina ha emitido órdenes de arresto, pero aún no ha comenzado ningún juicio
- Cómo se desarrollaron las iniciativas judiciales
- En qué situación se encuentran las otras cinco iniciativas nacionales
- Los testimonios de los sobrevivientes conectan los procesos
- ¿Quién ejecutaría realmente un arresto?
- El acceso diplomático y el sufrimiento de la población civil continúan
- Puntos clave
Estos dos procedimientos forman parte de una red más amplia de iniciativas judiciales en seis países: Argentina, Alemania, Indonesia, Filipinas, Turquía y Reino Unido. Su avance es muy desigual. Argentina ha emitido órdenes de arresto, la policía británica ha iniciado investigaciones amplias para recopilar pruebas y las iniciativas en Alemania, Indonesia y Filipinas se han topado con negativas.
Los casos también abarcan distintos períodos y víctimas. Algunos se refieren a las operaciones militares que obligaron a los rohinyás a huir del estado de Rakáin hacia Bangladesh en 2016 y 2017. Otros buscan que se rindan cuentas por presuntas torturas, asesinatos y ataques contra comunidades después de que los militares tomaran el poder en febrero de 2021.
Para los sobrevivientes, la cuestión central es si las pruebas recopiladas a través de las fronteras podrán llevar algún día ante un tribunal a altos funcionarios. Para Min Aung Hlaing, los procedimientos suponen presión judicial, además de sus esfuerzos por consolidar su autoridad política en el país y mantener relaciones con los gobiernos vecinos.
Por tanto, la situación práctica es más compleja que la idea de que seis países están procesando el mismo caso. Una denuncia pide a las autoridades que actúen; una investigación recopila pruebas; una orden de arresto autoriza medidas para detener a una persona; y un juicio determina la responsabilidad penal. Los procesos relacionados con Myanmar se encuentran en distintos puntos de esa secuencia.
Qué pide el fiscal de la CPI a los jueces
El expediente del caso Bangladesh/Myanmar de la CPI indica que la solicitud del fiscal Karim Khan está pendiente ante la Sala de Cuestiones Preliminares I. Se refiere a presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Myanmar y, en parte, en Bangladesh, y no a todo el abanico de presuntos abusos militares en Myanmar.
La solicitud se centra en hechos ocurridos entre el 25 de agosto y el 31 de diciembre de 2017. Los crímenes de lesa humanidad son actos graves, como la deportación forzada o la persecución, cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.
Khan, el fiscal de la CPI que presentó la solicitud, explicó la conclusión de su oficina en una declaración difundida por las Naciones Unidas:
«Mi oficina ha concluido que existen motivos razonables para creer que el general en jefe y presidente interino Min Aung Hlaing tiene responsabilidad penal por los crímenes de lesa humanidad de deportación y persecución de los rohinyás, cometidos en Myanmar y, en parte, en Bangladesh».
Los jueces de la CPI deben evaluar si las pruebas cumplen el umbral legal necesario para emitir una orden de arresto. No se ha anunciado una fecha para una decisión pública. El fiscal también dijo que se presentarían otras solicitudes contra altos funcionarios de Myanmar, pero no fijó un calendario.
Por qué Bangladesh ofrece una base jurídica a la CPI
Myanmar no es miembro de la CPI, pero Bangladesh sí. La jurisdicción de la Corte en esta investigación se basa en que parte de los presuntos crímenes tuvo lugar en territorio bangladesí, en particular el cruce forzado de una frontera internacional.
En términos sencillos, los fiscales sostienen que la deportación comenzó cuando las personas fueron expulsadas de sus hogares en Myanmar y continuó cuando cruzaron a Bangladesh. Esa conexión otorga a la CPI autoridad para investigar los crímenes que cumplen los requisitos, aunque Myanmar no se haya adherido al Estatuto de Roma, el tratado por el que se creó la Corte.
Los jueces autorizaron la investigación el 14 de noviembre de 2019, después de que el fiscal la solicitara el 4 de julio de ese año. La autorización abarca los crímenes que cumplen los requisitos y que se cometieron desde el 1 de junio de 2010, cuando el Estatuto de Roma entró en vigor para Bangladesh, así como los crímenes futuros suficientemente vinculados con la misma situación.
La actual solicitud de arresto se concentra en las operaciones de 2017. Otros presuntos crímenes, incluidas atrocidades recientes en el estado de Rakáin, se examinan mediante iniciativas de recopilación de pruebas con un mandato más amplio.
Argentina ha emitido órdenes de arresto, pero aún no ha comenzado ningún juicio
Desde el punto de vista procesal, el caso de Argentina ha avanzado más que las demás iniciativas nacionales descritas aquí. Según la actualización jurídica de febrero de 2025 del Global Justice Center, la jueza María Romilda Servini de Cubría concedió órdenes de arresto contra 25 personas, entre ellas Min Aung Hlaing y el segundo al mando de las fuerzas armadas, Soe Win. Un informe posterior cifró el total en 24.
Las órdenes se refieren a presuntos actos de genocidio y otros crímenes contra los rohinyás, entre ellos asesinato agravado, abuso sexual y tortura. El genocidio consiste en determinados actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso protegido.
La Organización Rohinyá Birmana del Reino Unido, conocida como BROUK, presentó su denuncia en noviembre de 2019. Argentina aceptó el caso en noviembre de 2021. El fiscal federal Guillermo Marijuán solicitó el arresto, la captura internacional y el interrogatorio de 25 funcionarios el 28 de junio de 2024, y la jueza concedió la solicitud en febrero de 2025.
Argentina aplica el principio de jurisdicción universal, que permite a las autoridades nacionales perseguir determinados crímenes internacionales graves cometidos en el extranjero, aunque las víctimas y los sospechosos sean extranjeros. El caso argentino sigue en fase de investigación y no ha sido enviado a juicio.
El caso también menciona a los exdirigentes civiles Aung San Suu Kyi y Htin Kyaw. BROUK dijo que solo solicitó órdenes de arresto contra funcionarios militares y que no presentó pruebas contra esos dos dirigentes. El fiscal los incluyó por iniciativa propia, y el tribunal rechazó la solicitud de BROUK de reconsiderar su inclusión teniendo en cuenta la situación política de Myanmar.
Cómo se desarrollaron las iniciativas judiciales
La cronología muestra cómo las denuncias de los sobrevivientes, las investigaciones internacionales y las decisiones de tribunales nacionales han avanzado por distintas vías durante varios años.
- De agosto a diciembre de 2017: período cubierto por la solicitud de arresto del fiscal de la CPI, tras las operaciones militares contra los rohinyás en el estado de Rakáin.
- Noviembre de 2019: BROUK presentó su denuncia en Argentina y los jueces de la CPI autorizaron la investigación sobre Bangladesh/Myanmar.
- Noviembre de 2021: Argentina aceptó el caso bajo el principio de jurisdicción universal.
- Marzo de 2022: el Myanmar Accountability Project presentó una denuncia por tortura en Turquía.
- 2023: se impulsaron denuncias o peticiones en Alemania, Indonesia y Filipinas, pero todas se toparon con una negativa.
- 27 de noviembre de 2024: Khan solicitó a la CPI una orden de arresto contra Min Aung Hlaing.
- 13 de febrero de 2025: la jueza argentina emitió órdenes de arresto contra 25 funcionarios.
- 10 de noviembre de 2025: los jueces de la CPI aprobaron una norma que, por lo general, establece la confidencialidad de las solicitudes de arresto y las decisiones relacionadas.
El último cambio afecta la cantidad de información que el público podrá conocer sobre futuros procesos de la CPI. Conforme a la norma 23 ter, las solicitudes y las decisiones relacionadas suelen clasificarse como secretas o mantenerse bajo reserva, salvo que los jueces decidan lo contrario. Los jueces pueden confirmar públicamente una orden de arresto si consideran que hacerlo podría ayudar a prevenir crímenes o aumentar las posibilidades de detener a la persona.
En qué situación se encuentran las otras cinco iniciativas nacionales
Alemania recibió en enero de 2023 una denuncia presentada por Fortify Rights y 16 personas de Myanmar. La denuncia pedía investigar presuntos actos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, tanto durante las operaciones contra los rohinyás en 2016 y 2017 como en los abusos cometidos después del golpe de Estado. La denuncia se basó en entrevistas con más de 1.000 sobrevivientes.
En noviembre de 2023, la fiscalía federal alemana se negó a abrir una investigación, en parte porque no había sospechosos en Alemania. La legislación alemana permite una jurisdicción universal amplia, pero deja a los fiscales margen de decisión en casos sin conexión con el país.
En abril de 2023, el Tribunal Constitucional de Indonesia rechazó una petición que buscaba eliminar una restricción por nacionalidad en la Ley de Tribunales de Derechos Humanos. Los demandantes Marzuki Darusman, Muhammad Busyro Muqoddas y la Alianza de Periodistas Independientes habían impugnado una disposición que limita la jurisdicción pertinente a crímenes cometidos por ciudadanos indonesios.
En Filipinas, cinco víctimas chin y sus familias presentaron en octubre de 2023 una denuncia contra diez funcionarios militares, entre ellos Min Aung Hlaing. Alegaron asesinatos, mutilaciones, la quema de cientos de viviendas, la destrucción de iglesias y el uso de la ayuda como arma en el estado de Chin. Se basaron principalmente en la Ley de la República n.º 9851, la legislación filipina sobre genocidio, crímenes de lesa humanidad y violaciones del derecho internacional humanitario. La petición fue rechazada y los demandantes planeaban apelar.
La denuncia en Turquía se refiere a presuntas torturas en el centro militar de interrogatorios Yay Kyi Ai, en el municipio de Mingaladon, en Yangón. Según la actualización jurídica de febrero de 2025, las autoridades turcas aún no se habían pronunciado.
La Policía Metropolitana de Londres ha abierto investigaciones estructurales sobre situaciones que están siendo investigadas por la CPI, incluida la de Bangladesh/Myanmar. Estas investigaciones recopilan pruebas sobre patrones de crímenes, en lugar de comenzar con un solo sospechoso o incidente, y pueden preparar el terreno para casos posteriores.
Los testimonios de los sobrevivientes conectan los procesos
La magnitud de la presunta violencia de 2017 se refleja en las estimaciones de muertes, desplazamientos y destrucción. Un informe de las Naciones Unidas describe el asesinato sistemático de unos 10.000 rohinyás y la quema de más de 300 aldeas; otra estimación ampliamente citada sitúa el número de muertos en al menos 6.700. Más de 740.000 personas fueron expulsadas durante la operación de 2017, mientras que el éxodo más amplio de rohinyás hacia Bangladesh superó el millón.
El Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar de la ONU, conocido como IIMM, se creó en 2018 para recopilar y preservar pruebas de crímenes internacionales graves cometidos en Myanmar desde 2011. Su mandato va más allá de los casos de los rohinyás e incluye presuntos crímenes contra otras comunidades.
La explicación del IIMM sobre su cooperación con la CPI señala que ha compartido numerosas pruebas y análisis con los fiscales. Sus investigadores también han entrevistado conjuntamente con la CPI a víctimas de violencia sexual y de crímenes contra niños.
El séptimo informe del IIMM, publicado en julio de 2025, describió una colección de 28 millones de elementos informativos, de los cuales se habían compartido más de 1,2 millones. Los testimonios de personas con información privilegiada, los documentos, el material científico y las pruebas visuales también forman parte del caso del fiscal de la CPI.
El dirigente de BROUK, Tun Khin, ha contado que llevó a mujeres rohinyás desde Bangladesh para que declararan en Argentina. Sus testimonios muestran cómo los sobrevivientes que viven lejos del país donde se tramitan los procesos pueden contribuir directamente a una investigación.
¿Quién ejecutaría realmente un arresto?
La CPI no tiene una fuerza policial. Depende de las autoridades nacionales para ejecutar sus órdenes de arresto; el IIMM señala que 125 Estados miembros conforman la red de ejecución de la Corte. Por tanto, las detenciones y entregas requieren la cooperación de los gobiernos y sus fuerzas del orden.
Argentina puede solicitar notificaciones rojas de Interpol a partir de sus resoluciones judiciales. Una notificación roja pide a las autoridades de todo el mundo que localicen y detengan provisionalmente a una persona mientras se considera su extradición, entrega u otro proceso jurídico similar. Las autoridades nacionales deciden sobre el arresto conforme a la legislación aplicable.
Las autoridades militares de Myanmar rechazaron la autoridad de la CPI tras la solicitud de noviembre de 2024, alegando que el país no es miembro. China también cuestionó la jurisdicción de la Corte sobre un país que no forma parte del Estatuto de Roma. Los jueces de la CPI han basado la jurisdicción sobre Bangladesh/Myanmar en el componente transfronterizo de los presuntos crímenes.
El embajador de Myanmar ante la ONU, Kyaw Moe Tun, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, han pedido al Consejo de Seguridad que remita a la CPI la situación general de Myanmar. Esa medida ofrecería otra vía para abordar los presuntos crímenes más allá de la conexión actual con Bangladesh.
La Corte Internacional de Justicia opera por una vía distinta. El caso de genocidio de Gambia se refiere a la responsabilidad de Myanmar como Estado en virtud de la Convención sobre el Genocidio, mientras que los procesos de la CPI y de Argentina tratan sobre la responsabilidad penal de personas.
El acceso diplomático y el sufrimiento de la población civil continúan
Filipinas ha mantenido la exclusión de los altos mandos militares de Myanmar de las cumbres de la ASEAN. Su Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que Myanmar enviaría en su lugar al director de su departamento de asuntos de la ASEAN a la cumbre de Manila, prevista del 15 al 17 de noviembre. También se esperaba para el 19 de noviembre una decisión en el caso de Gambia ante la CIJ.
La ASEAN excluye de sus cumbres a los altos mandos militares desde octubre de 2021, alegando que no han cumplido el Consenso de Cinco Puntos acordado ese abril. El plan pide el cese inmediato de la violencia, el diálogo entre todas las partes y el nombramiento de un enviado especial de la ASEAN.
Sin embargo, algunos gobiernos han mantenido contactos con Min Aung Hlaing. Malasia y Tailandia defendieron haberlo recibido como una medida práctica para abordar la cuestión de los refugiados y los problemas a ambos lados de sus fronteras. Así, conserva cierto acceso diplomático, aunque el bloque regional limita su participación en las reuniones de sus líderes.
El número de víctimas civiles mantiene la urgencia de las iniciativas judiciales. Las cifras de la ONU citadas junto con la decisión sobre la cumbre registraron al menos 8.384 civiles muertos a manos de las fuerzas gubernamentales desde el golpe de Estado y más de cuatro millones de personas desplazadas. Human Rights Watch citó más de 32.000 detenciones por oponerse al régimen militar y al menos 2.300 muertes bajo custodia denunciadas.
Para las familias afectadas, las distintas vías judiciales abordan diferentes aspectos de ese sufrimiento. La investigación argentina abarca presuntos crímenes contra los rohinyás de forma más amplia que el caso de la CPI vinculado con Bangladesh. Las denuncias de Filipinas y Turquía buscan que se rindan cuentas por presuntos abusos cometidos después del golpe de Estado. Todas comparten una necesidad práctica: contar con un tribunal competente, pruebas utilizables y autoridades dispuestas a actuar.
Puntos clave
- Argentina emitió órdenes de arresto contra 25 funcionarios de Myanmar el 13 de febrero de 2025, incluido Min Aung Hlaing.
- La solicitud de arresto que el fiscal de la CPI presentó en noviembre de 2024 se refiere a la presunta deportación y persecución de los rohinyás durante 2017.
- Las iniciativas judiciales en seis países se encuentran en distintas etapas e incluyen investigaciones, órdenes de arresto y peticiones rechazadas.
- El caso argentino sigue en fase de investigación y aún no ha llegado a juicio.
- El IIMM comparte pruebas con organismos de justicia, incluidos testimonios de sobrevivientes y análisis.
- Los arrestos dependen de las autoridades nacionales, mientras la población civil sigue enfrentándose a la violencia, la detención y el desplazamiento.






