Un fallo histórico en La Haya
El presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Khalilur Rahman, viajó el viernes 21 de noviembre de 2026 a Ukhiya, en el vasto territorio de los asentamientos de refugiados en Bangladés, y declaró que el camino a casa había comenzado para la minoría desplazada. Su visita se produjo apenas un día después de que la Corte Internacional de Justicia dictara una sentencia histórica en el caso presentado por Gambia. El máximo tribunal de la ONU determinó por primera vez en sus 80 años de historia que un Estado soberano cometió genocidio. Los jueces concluyeron que Birmania incurrió en responsabilidad por violar las obligaciones estipuladas en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de la ONU de 1948 durante las operaciones militares de limpieza en el norte del estado de Rakáin en 2017.
Contenido
- Un fallo histórico en La Haya
- Los refugiados responden al veredicto
- Cuatro prioridades para la implementación
- Cronología de los acontecimientos clave
- Reacciones internacionales y posturas diplomáticas
- El camino a seguir para la repatriación y la aplicación
- Llamados a sanciones y rendición de cuentas
- En síntesis
La sentencia se decidió por nueve votos a favor y seis en contra en un panel de 15 magistrados, lo que refleja una profunda división en el tribunal respecto a cómo inferir la intencionalidad genocida a partir de pruebas circunstanciales. La corte examinó una amplia evidencia sobre las operaciones militares y concluyó que las fuerzas de seguridad cometieron asesinatos en masa, violencia sexual generalizada —incluida la violación en grupo— y violencia extrema contra los niños. Los jueces determinaron que al menos 10.000 rohingyas fueron asesinados durante la represión, mientras que aproximadamente 750.000 personas huyeron a través de la frontera hacia Bangladés, según datos de la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR. La batalla legal comenzó el 11 de noviembre de 2019, cuando Gambia presentó su demanda en el Palacio de la Paz de La Haya con el respaldo de la Organización de Cooperación Islámica, compuesta por 57 miembros. Once Estados intervinieron en el procedimiento para ofrecer interpretaciones sobre las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional humanitario.
En su discurso dirigido directamente a una multitud masiva de refugiados en el campo de fútbol del Campamento 4 en Kutupalong, Ukhia, el viernes por la mañana, el señor Rahman reflexionó sobre la importancia del momento. Al menos 35.000 rohingyas de diferentes campamentos asistieron a la concentración, que comenzó a las 9:30 a.m. después de que los asistentes empezaran a llegar a las 8 a.m. Los líderes locales dieron la bienvenida al alto funcionario de la ONU, a quien acompañaron la coordinadora residente interina de la ONU, Carol Flore-Smereczniak, y el comisionado de socorro y repatriación de refugiados, Mohammad Mizanur Rahman. Antes de convertirse en ministro de Asuntos Exteriores de Bangladés y posteriormente en presidente de la Asamblea, el señor Rahman ejerció como el principal enviado de su país para los rohingyas y visitó los campamentos en numerosas ocasiones.
Ayer, en La Haya, el tribunal más alto de las Naciones Unidas habló. Habló en nombre de ustedes: los rohingyas. Su identidad importa, y la corte reconoció a los rohingyas como un grupo étnico distinto cuyos vínculos con Birmania se remontan a generaciones. El fallo del tribunal es inequívoco. Y aunque ninguna sentencia puede devolver la vida a los muertos ni sanar todas las heridas, la verdad es donde comienza la justicia.
Los refugiados responden al veredicto
En los atestados asentamientos de Cox's Bazar, el veredicto generó una mezcla de profundo alivio y optimismo prudente. Para muchos refugiados, la resolución representó un momento poco común de reconocimiento formal tras años de apatridia, desplazamiento e incertidumbre. Los refugiados siguieron las transmisiones desde La Haya en pantallas gigantes y celebraron lo que los líderes comunitarios calificaron como un paso vital hacia la justicia.
Mohammad Rofik, un líder comunitario rohingya, calificó la sentencia de victoria porque reconoció formalmente el genocidio y el sufrimiento padecido por la comunidad. Otro líder comunitario, Sayed Ullah, describió el fallo como histórico debido a que reconoció a los rohingyas como un grupo étnico distinto, desafiando la prolongada negativa de Birmania a reconocer su identidad. Mohammad Zubair, presidente de la Sociedad de Arakan Rohingya por la Paz y los Derechos Humanos, afirmó que el fallo cumplió con una larga demanda de la comunidad. En el estado de Rakáin, Pyay Lynn, un rohingya de 31 años, coincidió en que la repatriación debe llevarse a cabo, aunque reconoció que el regreso de los refugiados desplazados a su patria devastada por la guerra conlleva riesgos significativos debido al conflicto civil en curso.
Cuatro prioridades para la implementación
Al dirigirse a la multitud masiva en Ukhiya, el señor Rahman estableció cuatro prioridades inmediatas para traducir el fallo en acciones concretas. La primera prioridad es la justicia. Birmania debe investigar a quienes sean sospechosos razonables de haber cometido actos prohibidos por la Convención sobre el Genocidio y, cuando las pruebas lo respalden, procesarlos y castigarlos, además de reformar su legislación nacional. La corte señaló específicamente que Birmania incumplió su obligación derivada de una orden previa del 23 de enero de 2020 de prevenir la destrucción y garantizar la preservación de las pruebas. Si bien el tribunal determinó que Birmania no incitó directa y públicamente a particulares a cometer genocidio, responsabilizó al Estado por las atrocidades generalizadas.
La segunda prioridad es un retorno seguro, voluntario y digno. La corte ordenó a Birmania que posibilite el regreso de los rohingyas a su hogar. El señor Rahman enfatizó que nadie debe ser enviado de vuelta al peligro. Cualquier retorno debe ir acompañado de garantías reales de seguridad, libertad de discriminación, libertad de movimiento y una voz para los rohingya en las decisiones que afecten su futuro. La protección contra la discriminación incluye específicamente el acceso a la ciudadanía, abordando así una queja central derivada de una ley de 1982 que dejó a la mayoría de los rohingyas apátridas.
La tercera prioridad son las reparaciones. El tribunal ordenó a Birmania que compense a las víctimas por los daños materiales y que informe en un plazo de dos años sobre las medidas de restitución. El señor Rahman reconoció las limitaciones de la compensación financiera.
El dinero no puede reemplazar la vida. El dinero no puede reemplazar a los seres queridos que han perdido. Pero las reparaciones reales pueden ayudar a los sobrevivientes a recuperar un sentido de seguridad, esperanza, dignidad y ciudadanía.
La cuarta prioridad es la prevención mediante la reforma legal, la capacitación de las fuerzas de seguridad y un control civil genuino sobre estas. El señor Rahman se comprometió a trabajar con los Estados miembros de la ONU para garantizar que se cumpla la sentencia y prometió transmitir las voces de los jóvenes, las mujeres y los sobrevivientes rohingyas a los 193 Estados miembros de la ONU en Nueva York.
Cronología de los acontecimientos clave
- 1948: Las Naciones Unidas adoptan la Convención sobre el Genocidio tras los tratados de la posguerra.
- Agosto de 2017: El ejército de Birmania lanza operaciones de limpieza en el norte del estado de Rakáin, lo que obliga a más de 740.000 rohingyas a huir a Bangladés.
- 11 de noviembre de 2019: Gambia presenta su demanda por genocidio contra Birmania ante la Corte Internacional de Justicia.
- 23 de enero de 2020: La CIJ emite medidas provisionales en las que ordena a Birmania preservar las pruebas y prevenir actos genocidas.
- Enero de 2026: La corte escucha los argumentos orales y examina una amplia evidencia durante tres semanas de audiencias.
- 19 de noviembre de 2026: La CIJ dicta su fallo histórico en el que determina que Birmania es responsable de genocidio por nueve votos contra seis.
- 20 de noviembre de 2026: La portavoz presidencial birmana Khaing Khaing Soe califica el fallo de injusto durante una conferencia de prensa en Naipyidó.
- 21 de noviembre de 2026: El presidente de la Asamblea General de la ONU, Khalilur Rahman, visita los campamentos de refugiados rohingyas en Ukhiya, Cox's Bazar, e insta a una acción global.
Reacciones internacionales y posturas diplomáticas
Las reacciones de los gobiernos de todo el mundo variaron drásticamente tras el veredicto. La portavoz presidencial birmana, Khaing Khaing Soe, declaró a los periodistas en Naipyidó que la decisión de nueve a seis no fue unánime y calificó el veredicto de injusto. Birmania argumentó que sus acciones iban dirigidas contra insurgentes armados después de que una serie de ataques dejara una decena de miembros de las fuerzas de seguridad muertos, pero el tribunal desestimó esta defensa contrainsurgente al afirmar que las fuerzas militares no distinguieron entre civiles y combatientes. Asimismo, la portavoz afirmó que Gambia no tenía nada que ver con Birmania.
India y Bangladés acogieron con satisfacción la sentencia por considerarla un paso importante hacia una solución. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, Randhir Jaiswal, afirmó que Nueva Delhi apoya el regreso seguro, rápido y sostenible de los rohingyas desplazados, y señaló la asistencia humanitaria proporcionada a través de la Operación Insaniyat en cinco tramos, así como el apoyo al Programa de Desarrollo del Estado de Rakáin. Bangladés, que acoge a aproximadamente 1,2 millones de refugiados rohingyas en campamentos superpoblados que enfrentan desafíos como saneamiento deficiente, brotes de enfermedades y riesgos de incendios, considera que la repatriación es la única solución viable.
China expresó su preocupación por el exceso judicial tras el fallo. Daniel Forti, director de asuntos de la ONU del International Crisis Group, señaló que cualquier posible medida de aplicación en el Consejo de Seguridad de la ONU probablemente sería bloqueada por China y Rusia, ambos miembros permanentes con poder de veto. El Reino Unido solicitó consultas a puerta cerrada en el Consejo de Seguridad programadas para el próximo miércoles y una reunión privada el 7 de diciembre. Por su parte, Malasia anunció planes para reasentar a 10.000 migrantes rohingyas en Turquía mediante un programa estructurado de formación profesional, con el fin de hacer frente a una afluencia de solicitantes de asilo extranjeros que incluye a aproximadamente 133.400 refugiados registrados en el país.
El camino a seguir para la repatriación y la aplicación
Convertir la victoria legal en cambios tangibles sobre el terreno se enfrenta a graves obstáculos logísticos y políticos. El ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Bangladés, Humaiun Kobir, ofreció un calendario provisional de repatriación de uno a año y medio, y señaló que Daca ejercerá presión multilateral para garantizar un paso seguro. Sin embargo, la realidad sobre el terreno en Birmania complica estas perspectivas. Tras el golpe de Estado militar de 2021 que derrocó al gobierno electo, una guerra civil ha sumido al país en el caos, causando la muerte de más de 100.000 personas según las estimaciones del monitor de conflictos ACLED. En el estado de Rakáin, el grupo insurgente Ejército de Arakán ha arrebatado el control de casi todo el territorio al ejército y domina las zonas a las que regresarían los refugiados.
Analistas independientes señalan que las condiciones de seguridad en el estado de Rakáin siguen siendo volátiles. Birmania verificó en agosto que 308.797 personas en los campamentos de Bangladés eran antiguos residentes de Rakáin, pero sostiene que la repatriación solo comenzará cuando mejoren las condiciones de seguridad. Antes del éxodo de 2017, aproximadamente 1,1 millones de rohingyas vivían en Birmania, mientras que hoy en día solo quedan unos 600.000 en el estado de Rakáin, incluidos 140.000 confinados en campamentos de desplazados internos. Las organizaciones de derechos humanos enfatizan que la seguridad genuina, los derechos de ciudadanía y la libertad de movimiento siguen siendo condiciones previas esenciales para cualquier retorno.
Llamados a sanciones y rendición de cuentas
Organizaciones de derechos humanos y activistas instaron a la comunidad internacional a adoptar medidas punitivas firmes contra la cúpula de Birmania. La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, instó a los gobiernos a detener todas las transferencias de armas, equipos de seguridad y asistencia militar a Birmania, y pidió un embargo mundial de armas junto con la remisión de toda la situación a la Corte Penal Internacional. La alta asesora jurídica internacional de Human Rights Watch, Maria Elena Vignoli, instó a los gobiernos interesados a presionar a la junta de Birmania para que cumpla con la sentencia y garantice retornos seguros.
Justice for All, una organización estadounidense de derechos humanos, pidió sanciones dirigidas contra el sector del petróleo y el gas de Birmania, así como contra las redes de suministro de armas, y abogó por el apoyo a un fondo de reparaciones para los rohingyas. La activista por los derechos de los rohingyas Yasmin Ullah pidió sanciones específicas contra el presidente Min Aung Hlaing, el exlíder militar que comandó la represión de 2017 y que fue instalado como presidente civil tras unas elecciones restringidas a principios de año. Si bien la Fiscalía de la Corte Penal Internacional había solicitado previamente una orden de arresto contra Min Aung Hlaing a finales de 2024 por crímenes de lesa humanidad, los fiscales señalaron que el fallo sobre la responsabilidad del Estado dictado por la CIJ no tiene relación directa con los asuntos penales individuales ante el tribunal penal.
La financiación para sostener a la población de refugiados en Bangladés sigue bajo una fuerte presión, y la ONU informa que solo se ha cubierto alrededor del 69 por ciento de los 710 millones de dólares necesarios para la financiación humanitaria en 2026. El presidente de la Asamblea General de la ONU, Khalilur Rahman, enfatizó que la crisis exige esfuerzos globales coordinados en lugar de aislamiento, y recordó a los Estados miembros que defender el derecho internacional requiere una aplicación activa. A medida que los refugiados continúan enfrentando dificultades diarias en Cox's Bazar, el jefe de la Asamblea, Khalilur Rahman, recalcó que la comunidad internacional debe mantener la presión para garantizar que la vindicación legal se transforme en seguridad y dignidad reales.
En síntesis
- La Corte Internacional de Justicia dictaminó el 19 de noviembre de 2026 que Birmania cometió genocidio contra los rohingyas en 2017.
- La histórica decisión fue aprobada por nueve votos contra seis, lo que marca la primera vez que la CIJ halla a un Estado responsable de genocidio.
- El presidente de la Asamblea General de la ONU, Khalilur Rahman, visitó los campamentos de refugiados rohingyas en Ukhiya, Bangladés, el 21 de noviembre de 2026.
- Los funcionarios del gobierno de Birmania descartaron el fallo por considerarlo injusto y no unánime, y aludieron a operaciones contrainsurgentes.
- El ministro de Estado de Bangladés, Humaiun Kobir, esbozó un calendario provisional de repatriación de uno a año y medio mediante la presión multilateral.
- Organizaciones de derechos humanos, incluidas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, exigieron embargos globales de armas y sanciones económicas.






