Siete años de proceso llegan a un momento decisivo
La Corte Internacional de Justicia emitirá su fallo el 19 de noviembre de 2026 sobre si Myanmar violó la Convención sobre el Genocidio de 1948 en su trato a los rohinyás. La decisión llega siete años después de que Gambia presentara el caso y más de nueve años después de que una campaña militar obligara a más de 740.000 rohinyás a huir a Bangladesh.
Contenido
- Siete años de proceso llegan a un momento decisivo
- ¿Qué llevó a Myanmar ante la corte?
- ¿Por qué pudo Gambia presentar el caso?
- ¿Cómo determinan los jueces si hubo genocidio?
- Los testimonios de sobrevivientes y la violencia sexual son centrales
- ¿Qué medidas de protección y reparaciones se solicitan?
- Por qué un fallo no puede permitir un regreso inmediato
- La vida en los campamentos hace más difícil la espera
- La aplicación del fallo afronta presiones políticas
- Las fechas que marcaron el caso
- Puntos clave
El registro oficial del caso de la corte fija la sesión pública para las 10:00 en La Haya, es decir, las 09:00 GMT, en el Palacio de la Paz. Está previsto que el presidente de la CIJ, el juez Yuji Iwasawa, lea el fallo, que será vinculante para las partes y no podrá ser apelado.
Para los aproximadamente 1,2 millones de refugiados rohinyás que viven actualmente en Bangladesh, lo que está en juego incluye el reconocimiento de su sufrimiento, una indemnización, la restitución de sus derechos y la posibilidad de regresar a sus hogares. Unos 520.000 rohinyás permanecen en Myanmar, donde los combates y las restricciones siguen poniendo en peligro su seguridad.
Los jueces deben resolver varias cuestiones: si Myanmar cometió genocidio, si no lo previno o castigó, y si cumplió las medidas de protección dictadas en 2020. Gambia también solicita reparaciones y garantías de que no se producirán nuevas violaciones.
El fallo será la tercera decisión de fondo de la CIJ en un caso de genocidio, después de los procesos relacionados con Bosnia y Croacia. Los fundamentos de la decisión podrían orientar otros procedimientos, incluido el caso de Sudáfrica, que acusa a Israel de genocidio en Gaza, algo que Israel niega. Sin embargo, los sobrevivientes rohinyás buscan, ante todo, una respuesta sobre lo que les ocurrió a sus familias y comunidades.
¿Qué llevó a Myanmar ante la corte?
El ejército de Myanmar inició operaciones en el norte del estado de Rakáin el 25 de agosto de 2017, tras los ataques del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán, o ARSA, contra puestos de seguridad. Las acusaciones ante la corte se refieren a operaciones que comenzaron en 2016 y se intensificaron en agosto de 2017.
Los sobrevivientes relataron asesinatos, violaciones y aldeas incendiadas hasta quedar arrasadas. Una misión de investigación de Naciones Unidas concluyó en 2018 que había pruebas suficientes para justificar una investigación contra altos mandos militares por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Myanmar rechazó las acusaciones de genocidio y describió sus operaciones como una respuesta a ataques armados.
Los rohinyás son una minoría étnica predominantemente musulmana con raíces de larga data en el estado de Rakáin. Gobiernos sucesivos de Myanmar los han tratado como inmigrantes de Bangladesh, mientras que una ley de ciudadanía de 1982 dejó a la mayoría sin nacionalidad. Su exclusión del reconocimiento legal es central en las demandas de los refugiados de regresar en condiciones seguras.
Hasina Khatun, de 34 años, perdió a su esposo y a su hermano en la masacre de Inn Din. Ahora cría a sus tres hijos en Cox's Bazar, Bangladesh, en un refugio construido con bambú y láminas de plástico. Describió lo que espera del fallo:
«Esperamos que nos haga justicia y allane el camino para nuestro regreso a casa. Queremos volver a Myanmar con dignidad, seguridad, ciudadanía y todos nuestros derechos».
¿Por qué pudo Gambia presentar el caso?
Gambia presentó su solicitud el 11 de noviembre de 2019, con el respaldo de la Organización de Cooperación Islámica, integrada por 57 miembros. Tanto Gambia como Myanmar son partes de la Convención sobre el Genocidio, que establece la obligación de los países de prevenir y castigar el genocidio.
El artículo IX de la convención permite que las controversias entre los Estados parte sobre su interpretación y aplicación, incluida la responsabilidad de un Estado por genocidio, sean sometidas a la CIJ. Gambia sostuvo que estas obligaciones compartidas le daban derecho a actuar, aunque los presuntos crímenes hubieran ocurrido lejos de su territorio.
Myanmar impugnó ese derecho y argumentó, entre otras cosas, que Gambia actuaba como representante de la Organización de Cooperación Islámica. El 22 de julio de 2022, la corte rechazó las objeciones preliminares de Myanmar, confirmó su jurisdicción en virtud del artículo IX y determinó que la solicitud de Gambia era admisible.
El fallo permitió que el caso pasara de los argumentos sobre si la corte podía examinarlo al análisis de las presuntas violaciones. El cambio de gobierno en Myanmar no puso fin al proceso. Aung San Suu Kyi defendió personalmente al país en diciembre de 2019; las autoridades militares continuaron con su defensa tras derrocar a su gobierno en febrero de 2021.
¿Cómo determinan los jueces si hubo genocidio?
La Convención sobre el Genocidio exige que exista la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Los jueces deben examinar tanto los actos cometidos como su propósito. Esta intención específica es el principal punto de disputa jurídica en el caso de Myanmar.
La convención identifica cinco categorías de actos que pueden constituir genocidio cuando se cometen con esa intención:
- Matar a miembros del grupo.
- Causar daños graves a la integridad física o mental.
- Imponer deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física.
- Imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo.
- Trasladar por la fuerza a niños del grupo a otro grupo.
La intención puede establecerse mediante declaraciones u órdenes, o deducirse de un patrón de conducta. Gambia se apoya en el criterio ya establecido por la corte: la intención de destruir al grupo debe ser la única inferencia que pueda extraerse razonablemente de los actos en cuestión.
Gambia señala la brutalidad y el patrón reiterado de los ataques, la tolerancia oficial de la retórica de odio y la falta de investigación de los abusos. Myanmar afirma que sus fuerzas atacaron a combatientes y simpatizantes del ARSA, cuestiona la fiabilidad de las pruebas de organismos de la ONU y otras organizaciones, y sostiene que las pruebas no demuestran una intención genocida.
Los jueces también examinarán las obligaciones de prevenir y castigar el genocidio. En 2007, la CIJ determinó que Serbia no había impedido el genocidio de Srebrenica ni cumplido sus obligaciones de castigo, aunque concluyó que no era directamente responsable de cometer genocidio. En 2015, rechazó las acusaciones de genocidio en el caso de Croacia.
Los testimonios de sobrevivientes y la violencia sexual son centrales
La corte celebró audiencias sobre el fondo del caso del 12 al 29 de enero de 2026, con interrogatorios a testigos y presentación de pruebas periciales. Sobrevivientes rohinyás viajaron desde los campamentos de Bangladesh para declarar en sesiones a puerta cerrada.
Gambia se centró en los ataques contra tres aldeas: Min Gyi, Chut Pyin y Maung Nu. Sostuvo que la violencia sexual fue una parte integral de la campaña y constituyó una prueba de la intención de destruir a los rohinyás, junto con los asesinatos, los daños graves y las medidas destinadas a impedir los nacimientos.
Antonia Mulvey, fundadora de Legal Action Worldwide, que representa a cientos de sobrevivientes rohinyás, describió la secuencia reiterada que su organización identificó en los relatos de los sobrevivientes:
«Los ataques a las aldeas se producían de la misma manera», dijo. «Atacaban a la población civil, quemaban las aldeas, separaban a hombres y mujeres, cometían actos de violencia sexual… y luego, mientras huían, seguían matándolos».
Human Rights Watch documentó las experiencias de 52 mujeres y niñas rohinyás en una investigación de 2017, entre ellas 29 sobrevivientes de violación. La activista rohinyá Yasmin Ullah ha pedido que se preste atención a estas sobrevivientes, mientras el debate se centra cada vez más en las repercusiones del fallo para otros conflictos.
El ministro de Justicia de Gambia, Dawda Jallow, también puso a la comunidad en el centro de su presentación ante la corte:
«Se trata de personas reales, historias reales y un grupo real de seres humanos», dijo Jallow. «Los rohinyás de Myanmar. Han sido objeto de una campaña para destruirlos».
¿Qué medidas de protección y reparaciones se solicitan?
El 23 de enero de 2020, la CIJ ordenó a Myanmar prevenir los actos de genocidio, garantizar que sus fuerzas armadas y otras fuerzas de seguridad no los cometieran, preservar las pruebas e informar periódicamente sobre la aplicación de las medidas. Esas órdenes establecieron obligaciones vinculantes de protección mientras avanzaba el caso.
El resumen del caso de Human Rights Watch señala que Myanmar presentó 12 informes de cumplimiento. Myanmar mencionó directivas presidenciales, la preservación de pruebas, medidas contra el discurso de odio, un organismo de investigación y medidas de repatriación y asistencia humanitaria. Gambia cuestionó la suficiencia de esas acciones y pide a la corte que determine que Myanmar incumplió sus obligaciones.
Las reparaciones solicitadas por Gambia van más allá de una compensación económica. Incluyen el regreso seguro y digno a los antiguos lugares de residencia, la restitución o sustitución de bienes, la reunificación familiar, la rehabilitación, la búsqueda de personas desaparecidas y la recuperación y el nuevo entierro de las personas asesinadas.
Las solicitudes también incluyen protección contra la discriminación, libertad de circulación, acceso al trabajo y reconocimiento del derecho a identificarse como rohinyá. Cuando la restitución sea imposible, Gambia pide una indemnización u otras reparaciones. Myanmar cuestiona el derecho de Gambia a exigir reparaciones para las víctimas.
Se autorizó a 11 países a intervenir en cuestiones limitadas de interpretación de la convención: Bélgica, Canadá, Dinamarca, la República Democrática del Congo, Francia, Alemania, Irlanda, Maldivas, Países Bajos, Eslovenia y Reino Unido. No participaron en las audiencias sobre el fondo celebradas en enero. Una presentación conjunta del Reino Unido y otros cinco Estados instó a considerar el conjunto completo de los hechos, incluida la violencia sexual, el desplazamiento y los daños a los niños.
Por qué un fallo no puede permitir un regreso inmediato
Mohammad Mizanur Rahman, comisionado de Ayuda y Repatriación de Refugiados de Bangladesh, ha advertido que la aplicación de las medidas y el regreso exigirán acciones adicionales:
«La repatriación no se producirá de inmediato como consecuencia directa del fallo. Pero podría reforzar la posición de los rohinyás y generar mayor presión internacional para su regreso».
El estado de Rakáin ha cambiado drásticamente durante el proceso. El Ejército de Arakán, que lucha por la autonomía, controla ahora la mayor parte del estado. Human Rights Watch describe abusos contra los rohinyás tanto por parte del ejército de Myanmar como del Ejército de Arakán, incluidos el reclutamiento ilegal, los asesinatos, el trabajo forzado y la detención arbitraria.
El ejército de Myanmar ha reclutado por la fuerza a hombres rohinyás, mientras que grupos armados rohinyás lucharon junto a él contra el Ejército de Arakán en 2024. Estos acontecimientos han deteriorado las relaciones entre las comunidades y han complicado las negociaciones sobre el regreso. Thomas Kean, del International Crisis Group, ha instado a Bangladesh a mantener el diálogo con el Ejército de Arakán sobre repatriación, seguridad, comercio y ayuda.
Su Mon, analista sénior para Asia-Pacífico de ACLED, describió las condiciones en Rakáin en 2024:
«Estas condiciones impiden cualquier regreso seguro, voluntario y digno de los refugiados rohinyás. Todas las comunidades del estado de Rakáin afrontan una grave inseguridad alimentaria, falta de ayuda, colapso económico y un conflicto incesante».
La vida en los campamentos hace más difícil la espera
Bangladesh restringe la circulación de los refugiados y su acceso al empleo formal, lo que deja a muchas familias dependiendo de la ayuda humanitaria. Los recortes de la ayuda extranjera han debilitado los servicios de registro, asistencia jurídica, atención sanitaria, educación y protección infantil, según un estudio de un organismo de la ONU para los refugiados.
Nurul Amin, de 25 años, que trabaja con organizaciones humanitarias en los campamentos, describió el costo emocional del desplazamiento:
«Son 24 horas de depresión. Sentimos que hemos perdido nuestro mundo, como si el mundo nos hubiera abandonado».
Algunos refugiados intentan escapar por mar hacia Malasia e Indonesia. ACNUR calcula que 3.135 personas han muerto o desaparecido en el mar desde 2022, incluidas 900 muertes en 2025, el año más mortífero del que se tiene registro.
Sayed Ullah, primer presidente del Consejo Unido de los Rohinyás, dijo que los refugiados planeaban proyectar el fallo en una pantalla grande en el campamento de Jamtholi. El refugiado Nur Kamal dijo que esperaba la decisión, aunque no anticipaba cambios inmediatos en su vida cotidiana.
Nay San Lwin, cofundador de la Coalición por la Libertad de los Rohinyás, describió la justicia como una combinación de reconocimiento, derechos y un futuro seguro:
«Para nosotros, la justicia verdadera no consiste simplemente en un fallo judicial», dijo. «Significa el reconocimiento de nuestra identidad, la restitución de nuestros derechos, justicia para cada víctima y la oportunidad de regresar de forma segura a nuestra tierra, reconstruir nuestras vidas y vivir en paz y dignidad».
La aplicación del fallo afronta presiones políticas
La CIJ resuelve controversias entre Estados. No tiene fuerza policial ni medios propios para hacer cumplir un fallo. Si Myanmar no cumple, Gambia puede solicitar medidas al Consejo de Seguridad de la ONU en virtud del artículo 94 de la Carta de la ONU. El Consejo nunca ha ejercido esa facultad discrecional para hacer cumplir fallos, y cualquier miembro permanente puede vetar una medida.
El fallo se aproxima en medio de advertencias sobre posibles sanciones de Estados Unidos contra jueces de la CIJ. Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante la ONU, ha acusado al proceso de buscar un criterio de genocidio que más adelante podría aplicarse a soldados estadounidenses o de países aliados. Según informes, los jueces han solicitado asesoramiento para proteger sus activos ante posibles sanciones. Aún no se ha decidido si habrá una respuesta de ese tipo a este fallo.
Washington había determinado, bajo la dirección del secretario de Estado Antony Blinken, que Myanmar cometió genocidio contra los rohinyás. Las objeciones políticas actuales se centran en cómo la corte podría evaluar la intención y en cómo ese razonamiento podría afectar otros casos, en particular el proceso iniciado por Sudáfrica contra Israel.
Otros procesos penales buscan establecer la responsabilidad individual. En noviembre de 2024, el fiscal de la Corte Penal Internacional solicitó una orden de arresto contra Min Aung Hlaing por presuntas deportaciones y persecuciones; hasta el informe de Human Rights Watch del 3 de noviembre, los jueces no habían emitido una decisión pública sobre esa solicitud. En febrero de 2025, Argentina emitió órdenes de arresto contra 25 personas en virtud de la jurisdicción universal, que permite procesar ciertos crímenes graves cometidos en el extranjero. Ullah también es la denunciante principal en una iniciativa rohinyá en Indonesia, representada por Themis Indonesia con el apoyo del Proyecto de Rendición de Cuentas de Myanmar.
Las fechas que marcaron el caso
El proceso abarca cambios de gobierno, medidas urgentes de protección y años de argumentos jurídicos por escrito. Estos son los principales hitos:
- 25 de agosto de 2017: Myanmar inicia operaciones en el norte de Rakáin tras ataques contra puestos de seguridad; después se produce un éxodo masivo hacia Bangladesh.
- 27 de agosto de 2018: Investigadores de la ONU piden que se investigue y procese a altos mandos militares por genocidio y otros crímenes internacionales.
- 11 de noviembre de 2019: Gambia presenta su solicitud ante la CIJ.
- 23 de enero de 2020: La corte ordena medidas de protección y la preservación de pruebas.
- 1 de febrero de 2021: El ejército de Myanmar derroca al gobierno civil.
- 22 de julio de 2022: La corte rechaza las objeciones preliminares de Myanmar.
- Julio de 2024 y julio de 2025: La corte admite intervenciones que elevan a 11 el número total de Estados.
- Del 12 al 29 de enero de 2026: Los jueces escuchan argumentos, testimonios y pruebas periciales sobre el fondo.
- 19 de noviembre de 2026: Está previsto que la corte emita su fallo a las 10:00 en La Haya.
El siguiente paso será la decisión de los jueces sobre la responsabilidad de Myanmar y las reparaciones que se ordenen. Para los refugiados, la prueba práctica será si los gobiernos convierten el fallo en protección, restitución de derechos y condiciones que permitan un regreso seguro.
Puntos clave
- La CIJ se pronunciará el 19 de noviembre sobre las obligaciones de Myanmar en virtud de la Convención sobre el Genocidio.
- El caso trata sobre la responsabilidad del Estado, mientras que otros procesos buscan establecer la responsabilidad de personas concretas.
- La intención genocida, la violencia sexual y los patrones de conducta militar son cuestiones centrales.
- Gambia solicita reparaciones, un regreso seguro, la restitución de bienes y garantías contra nuevas violaciones.
- Unos 1,2 millones de refugiados rohinyás siguen en Bangladesh, mientras el conflicto continúa en Rakáin.
- El fallo será vinculante y no podrá apelarse, pero su aplicación exigirá acciones adicionales.






