Noventa familias fueron reubicadas en terrenos situados por debajo de un dique de protección
Un proyecto filipino de control de inundaciones, respaldado por dos contratos por un valor total de 157 millones de pesos filipinos, trasladó a 90 familias de la isla de Pulo a un antiguo estanque de piscicultura, donde la calle principal está aproximadamente 1,9 metros por debajo de un dique de protección, señaló Human Rights Watch en unos hallazgos publicados el 12 de octubre de 2026. Cuatro años después de la reubicación, los residentes describen inundaciones durante todo el año, dificultades para llegar al trabajo y acceder a servicios, y la partida de familiares que esperaban mantener unida a la comunidad.
Contenido
- Noventa familias fueron reubicadas en terrenos situados por debajo de un dique de protección
- Por qué las autoridades querían retirar la isla de Pulo
- Hubo reuniones, pero los residentes afirman que no pudieron elegir
- Las advertencias sobre la isla no se basaron en una evaluación compartida
- La compensación total dependía de demoler las viviendas
- El lugar de destino se inunda pese a las promesas de elevarlo
- Las inundaciones afectan el trabajo y los vínculos familiares
- El proceso careció de supervisión en materia de vivienda
- Hay una investigación pendiente y otro proyecto en el delta
- Puntos clave
Las familias fueron trasladadas en 2022 desde el río Pampanga a Barangay Candelaria, en Macabebe, provincia de Pampanga. Los hallazgos sobre la reubicación en Pampanga de Human Rights Watch denuncian deficiencias en la consulta, el acceso a la información y la selección de un lugar adecuado para las viviendas. El Departamento de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano ha expresado preocupación por la ubicación, mientras que la Comisión de Derechos Humanos afirma que investigará el caso.
Los hallazgos se basan en entrevistas realizadas entre julio y agosto de 2026 a 35 residentes, nueve autoridades locales y especialistas en clima, además de imágenes satelitales y mediciones obtenidas a partir de fotografías. Human Rights Watch también publicó un video sobre viviendas inundadas que documenta la situación de la comunidad.
Lian Buan, investigador de Human Rights Watch para el Sudeste Asiático, afirmó que la reubicación había socavado la seguridad que debía brindar:
"Las autoridades filipinas de Pampanga han puesto en peligro la seguridad y los medios de subsistencia de los residentes de la isla de Pulo al reubicarlos en una zona baja como parte de un proyecto deficiente de control de inundaciones".
La controversia tiene que ver tanto con la decisión de retirar a la población de la isla como con lo ocurrido después. Ingenieros de obras públicas sostienen que retirar la isla aumentaría la capacidad del río y protegería a las comunidades. Los residentes afirman que el lugar al que fueron trasladados los dejó expuestos a inundaciones persistentes, sin una posibilidad real de elegir dónde vivir.
Por qué las autoridades querían retirar la isla de Pulo
Los ingenieros Tomas Edison Olalia y Alvin Diaz, del Departamento de Obras Públicas y Carreteras (DPWH, por sus siglas en inglés), dijeron a Human Rights Watch que la fallecida alcaldesa de Macabebe, Anette Balgan, solicitó el dragado y la reubicación. El dragado consiste en retirar tierra, sedimentos y otros materiales para crear más espacio para el flujo del agua. Los ingenieros afirmaron que retirar la isla de Pulo ayudaría a prevenir inundaciones y mejoraría la seguridad de sus residentes y de otras comunidades a lo largo del río.
El departamento adjudicó dos contratos en 2019 y 2020, por un total de 157 millones de pesos filipinos, o alrededor de 2,6 millones de dólares, para retirar la isla mediante su programa anual de mitigación de inundaciones. Las labores de dragado y reubicación se extendieron de 2020 a 2023.
En cartas intercambiadas entre la entonces alcaldesa, el departamento y los residentes, se describía a la comunidad como familias de asentamientos informales que vivían en una zona de peligro. Los ingenieros dijeron que Balgan solicitó que se actuara en virtud de una política de 2017 que ordenaba a los gobiernos locales retirar construcciones ilegales de zonas peligrosas, como riberas, costas y cursos de agua, donde las viviendas ponen en riesgo a sus habitantes o a la comunidad en general.
La propuesta tenía una historia mucho más larga. A principios de la década de 1990, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón financió la Fase I del Proyecto de Desarrollo del Delta de Pampanga, que contemplaba reubicar a 1.851 hogares. El proyecto nunca se completó. Los residentes de Pulo se opusieron a la reubicación y se quedaron, y Olalia y Diaz afirmaron que el plan anterior ya proponía retirar la isla.
Hubo reuniones, pero los residentes afirman que no pudieron elegir
Las autoridades comenzaron a reunirse con las familias afectadas en 2018, a veces en kapampangan, el idioma local. Sin embargo, los residentes entrevistados por Human Rights Watch dijeron que sus preocupaciones no influyeron de manera significativa en la decisión. Ninguno sintió que le hubieran dado la opción de mudarse o quedarse.
La diferencia es importante: celebrar reuniones no demuestra por sí solo que los residentes recibieran información comprensible, pudieran proponer alternativas o vieran consideradas sus objeciones. Funcionarios del DPWH reconocieron que su personal no realizó consultas detalladas y describieron su función como asistencia técnica.
Los residentes dijeron que conocieron el lugar propuesto para la reubicación en 2021 y cuestionaron de inmediato si era adecuado. Afirmaron que las autoridades no presentaron soluciones alternativas. Muchos terminaron aceptando porque las autoridades dijeron que el nuevo lugar permitiría que su comunidad, estrechamente vinculada, permaneciera unida.
Mary Grace Liguid, residente de 38 años, describió la presión que rodeó el traslado:
"No teníamos opción. Simplemente llegó gente a medir nuestras casas y nuestros terrenos. No tuvimos más remedio que aceptar, porque no podían dejarnos allí".
Los acuerdos de demolición distribuidos en 2021 estaban en inglés, que no era el idioma preferido de los residentes. Algunos dijeron que no recibieron ayuda de un abogado ni de otro asesor para entender los formularios. Human Rights Watch concluyó que la combinación de información limitada y la percepción de que la decisión ya estaba tomada no cumplió los requisitos de una consulta significativa.
Las advertencias sobre la isla no se basaron en una evaluación compartida
Los residentes dijeron que escucharon distintas explicaciones sobre los motivos de su traslado. Los documentos oficiales indicaban que la isla obstruía el flujo del río. Los miembros de la comunidad también recordaron que les dijeron que tenía forma de cono, se estaba erosionando por debajo y podía derrumbarse.
Olalia y Diaz afirmaron que la advertencia sobre la erosión bajo la isla no procedía de su oficina. El actual ingeniero municipal de Macabebe dijo que el gobierno local no tenía capacidad para elaborar una evaluación de ese tipo. Los residentes no recordaban haber hablado con las autoridades de una evaluación de riesgos ni haber considerado medidas que les hubieran permitido quedarse.
El análisis satelital de Human Rights Watch encontró que la superficie de la isla disminuyó de 25 hectáreas en 1984 a 23,7 hectáreas en 2020: una pérdida de 1,3 hectáreas, o el 5,2 %, en 36 años. Esa medición describe los cambios en la superficie visible. Por sí sola, no demuestra cuáles eran las condiciones bajo la isla ni determina si podía derrumbarse.
Por tanto, la falta de información es más específica que un desacuerdo sobre si las inundaciones eran peligrosas. Los residentes afirman que no recibieron información accesible para comparar los riesgos de quedarse con los de trasladarse al lugar propuesto.
La compensación total dependía de demoler las viviendas
El proceso de compensación exigía que los residentes entregaran sus viviendas antes de recibir el pago completo del valor tasado. Tras firmar los formularios de demolición, las familias podían recibir el 70 % del valor tasado si viajaban a Metro Manila para cobrar los cheques. El 30 % restante dependía de que presentaran fotografías y videos que demostraran que las viviendas habían sido demolidas.
Human Rights Watch afirmó que se esperaba que los residentes demolieran sus viviendas inmediatamente después de recibir el pago inicial. Muchos dijeron que se sintieron apurados porque circulaban rumores de que los fondos asignados podían agotarse. Esos temores se propagaron sin que las autoridades ofrecieran información suficiente; los hallazgos no demuestran que los fondos estuvieran realmente a punto de agotarse.
Esmeralda Tubig, maestra de guardería de 46 años, describió cómo el mecanismo de pago agravó la incertidumbre sobre la vivienda y los ingresos:
"Entramos en pánico. Primero, había que demoler la casa sin recibir el pago completo; además, teníamos que pensar en el día a día. No sabíamos de dónde sacaríamos nuestros ingresos y, de pronto, tampoco sabíamos dónde viviríamos".
Pocas familias eran propietarias del terreno bajo sus casas. Muchas eran arrendatarias agrícolas: aportaban la mano de obra, mientras los propietarios aportaban el capital, y ambos compartían la cosecha. Los residentes pagaban impuestos locales sobre la propiedad residencial, en lugar de un alquiler. Human Rights Watch señaló que la Ley filipina sobre derechos de vía contempla compensaciones por las estructuras pertenecientes a personas que no tienen derechos legales sobre el terreno.
Los residentes dijeron que no recibieron ninguna otra compensación, tampoco por los cultivos. Una persona convirtió árboles en carbón vegetal para obtener dinero antes de mudarse. El Marco Nacional de Políticas de Reasentamiento también establece una vía para obtener seguridad de tenencia en el lugar de destino, por ejemplo, mediante un contrato de arrendamiento u otro derecho reconocido de uso de la propiedad. Los hallazgos no determinan si todas las familias reubicadas obtuvieron esa seguridad.
El lugar de destino se inunda pese a las promesas de elevarlo
Los residentes dijeron que las autoridades locales prometieron elevar el antiguo estanque de piscicultura hasta la altura de la carretera sobre el dique contiguo. El dique es una barrera elevada que busca impedir que las crecidas del río lleguen a las viviendas cercanas, y la carretera que pasa por encima es la principal vía de la comunidad para llegar a la ciudad.
Según Human Rights Watch, las obras de terraplén nunca elevaron el lugar de reubicación hasta ese nivel. Un ingeniero que participó en el proyecto dijo que el diseño del dique no permitía elevar el terreno hasta la misma altura. Esto deja sin resolver un conflicto central entre lo que, según los residentes, se les prometió y lo que el ingeniero afirma que permitía el diseño.
Human Rights Watch utilizó fotogrametría, un método para obtener mediciones a partir de fotografías, y estimó que la calle principal del lugar está unos 1,9 metros por debajo de la carretera sobre el dique. Durante una visita con lluvia ligera, midió 20 centímetros de agua en esa calle.
La organización también describió agua que alcanzaba entre las rodillas y los muslos durante la marea alta en su visita del 12 al 14 de julio. Estas observaciones corresponden a condiciones distintas y no deben interpretarse como una única profundidad de inundación uniforme. Los investigadores observaron a niños vadeando el agua y a personas mayores incapaces de salir de las viviendas inundadas. Los residentes dijeron que con frecuencia tenían que atravesar el agua para llegar a la carretera.
Las inundaciones afectan el trabajo y los vínculos familiares
Se suponía que el traslado preservaría una comunidad en la que muchas familias están emparentadas. Sin embargo, según Human Rights Watch, las inundaciones persistentes han llevado a algunos familiares a marcharse debido a sus efectos en la vida cotidiana y los medios de subsistencia.
El acceso forma parte del problema de vivienda. Una casa puede seguir en pie, pero el agua entre la puerta y la carretera puede impedir que sus habitantes lleguen al trabajo o accedan a servicios. Los testimonios sobre personas mayores confinadas en sus casas y familias que vadean el agua para llegar al dique muestran por qué, para evaluar un lugar de destino, no basta con revisar las viviendas.
Human Rights Watch describe a Pampanga, en Luzón, como la provincia que sufre las inundaciones más graves del país, agravadas por las tormentas, el aumento del nivel del mar y la capacidad limitada de las represas. Macabebe se encuentra en el delta de Pampanga, una zona de tierras bajas y pantanosas que se extiende por partes de Pampanga, Bulacán y Bataán.
La organización cita a 6,6 millones de personas desplazadas por inundaciones y el aumento del nivel del mar en Filipinas entre 2015 y 2025. Esa cifra nacional sitúa la reubicación de Pulo en un desafío mucho más amplio, pero no determina si este lugar de destino en particular era seguro. Su conclusión central es que alejar a las personas de un lugar expuesto no debe dejarlas ante riesgos previsibles en otro.
El proceso careció de supervisión en materia de vivienda
El Departamento de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano y la Autoridad Nacional de Vivienda suelen dirigir las reubicaciones planificadas, evaluar si los lugares de destino son viables y ofrecer financiación para nuevas viviendas. Human Rights Watch concluyó que otras agencias con responsabilidades en materia de vivienda y derechos no participaron en el proyecto de Pulo.
Las directrices del Departamento del Interior también prevén que la Comisión Presidencial para los Pobres Urbanos supervise los casos que afectan a colonos informales, junto con la supervisión de un comité local integrado por varias agencias o de una junta local de vivienda. La Comisión de Derechos Humanos también tiene responsabilidades de supervisión relativas a una vivienda adecuada y un trato digno.
Ferdinand Zambrano, responsable de desarrollo de proyectos de la oficina local de asentamientos humanos, describió la ausencia de mecanismos de control:
"No hubo controles ni contrapesos".
El departamento de asentamientos humanos dijo a Human Rights Watch que las características físicas descritas planteaban dudas sobre la idoneidad del lugar para viviendas permanentes, a la espera de nuevas evaluaciones en el terreno. Esa respuesta es una advertencia, no una determinación técnica definitiva.
Human Rights Watch afirmó que la reubicación no se ajustó a las normas internacionales recogidas en las Directrices de las Naciones Unidas sobre la protección de las personas frente a los desastres y el cambio ambiental mediante la reubicación planificada. Las directrices consideran la reubicación un último recurso para proteger la vida y la salud, exigen una participación comunitaria significativa y buscan preservar la cohesión social y los vínculos familiares.
Las obligaciones de Filipinas en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales incluyen proteger los derechos relacionados con la vivienda y los medios de subsistencia. Human Rights Watch sostiene que esas obligaciones también requieren proteger a las personas frente a riesgos climáticos razonablemente previsibles. Sus hallazgos son una evaluación institucional, no un fallo judicial.
Hay una investigación pendiente y otro proyecto en el delta
La Comisión de Derechos Humanos dijo que realizaría una investigación y que una remisión anterior podría haber ayudado a garantizar las salvaguardias adecuadas. Los hallazgos del 12 de octubre no señalan un calendario para la investigación, una evaluación del lugar ya concluida ni una solución acordada.
Human Rights Watch envió cartas en las que solicitaba respuestas el 21 de septiembre. El departamento de asentamientos humanos y la comisión de derechos humanos respondieron. El DPWH, la oficina municipal de Macabebe y la Comisión Presidencial para los Pobres Urbanos no respondieron, aunque los ingenieros de obras públicas habían hablado durante la investigación.
El actual alcalde, Leonardo Flores, hermano de Balgan, remitió las consultas al responsable de reducción del riesgo de desastres, Jomel Cruz, quien había sido administrador municipal durante el proyecto. Cruz dijo que los archivos entregados por la administración anterior no contenían documentos relacionados con el proyecto. Esa declaración no demuestra si hay registros en otros lugares.
La secuencia de decisiones y acciones pendientes es la siguiente:
- 2018: Las autoridades comenzaron a reunirse con las familias de Pulo.
- 2019 y 2020: El DPWH adjudicó dos contratos para retirar la isla, por un total de 157 millones de pesos filipinos.
- 2021: Los residentes conocieron el lugar de destino y recibieron los acuerdos de demolición.
- 2022: Se reubicó a 90 familias; el dragado continuó hasta 2023.
- Julio y agosto de 2026: Human Rights Watch realizó entrevistas e investigaciones en el lugar.
- 12 de octubre de 2026: Se publicaron los hallazgos y se prometió una investigación sobre los derechos humanos.
La propuesta de la Fase II del Proyecto de Desarrollo del Delta de Pampanga está en estudio de viabilidad y Macabebe se encuentra dentro del área del proyecto. Human Rights Watch afirma que podría afectar aún más el lugar de reubicación, pero los hallazgos no determinan qué obras se llevarían a cabo allí ni si sería necesario otro traslado.
El caso también se enmarca en un gasto nacional considerable. Human Rights Watch cita 1,93 billones de pesos filipinos destinados al control de inundaciones desde 2011, incluidos 545.000 millones entre julio de 2022 y mayo de 2025. Esta última cifra equivale aproximadamente al 28,2 % del total citado. Aunque al menos 45 funcionarios han sido procesados por otros proyectos contra inundaciones, los ingenieros entrevistados no fueron implicados y Human Rights Watch no investigó posibles actos de corrupción en el proyecto de Pulo.
La organización pide a las autoridades que elaboren una solución mejor junto con los residentes y a los donantes para asuntos climáticos que exijan el cumplimiento de las normas de derechos humanos. Todavía no se ha acordado ninguna solución.
Puntos clave
- En 2022, 90 familias de la isla de Pulo fueron reubicadas en un antiguo estanque de piscicultura en Macabebe.
- Human Rights Watch afirma que el proceso careció de una consulta significativa, información adecuada y un lugar de destino apropiado.
- La calle principal está unos 1,9 metros por debajo de la carretera sobre el dique y los residentes denuncian inundaciones durante todo el año.
- Las familias recibieron el 70 % de la compensación tasada antes de la demolición y el 30 % restante después de demostrar que sus viviendas habían sido demolidas.
- El departamento de vivienda ha expresado dudas sobre la idoneidad del lugar y la Comisión de Derechos Humanos ha prometido investigar.
- No se ha señalado una solución acordada ni un plazo para la investigación; otro proyecto de desarrollo del delta sigue en estudio de viabilidad.
