Grupos indígenas demandan al Gobierno de Indonesia por su respuesta a los incendios forestales mientras el humo se extiende a otros países

Una demanda judicial por las alertas, el humo y la responsabilidad del Estado

Representantes indígenas y grupos de la sociedad civil de Kalimantan Occidental llevan al Gobierno de Indonesia ante los tribunales por los recurrentes incendios forestales. Piden que se declare una catástrofe nacional, se refuercen las medidas de prevención y se brinde atención médica a quienes respiran el humo. La demanda se presenta mientras las cifras de infecciones respiratorias rondan las 175.000, la policía investiga a 96 empresas y los equipos de rescate trasladan orangutanes en peligro lejos de los hábitats afectados por el fuego.

Los demandantes acusan a las autoridades de negligencia grave y argumentan que se había pronosticado una sequía prolongada asociada a El Niño antes de la estación seca. Su principal argumento es que una crisis que se repite casi todos los años debería haber motivado preparativos anticipados, en lugar de una respuesta centrada en combatir los incendios después de que las comunidades ya estuvieran expuestas.

El caso se tramita en Pontianak, capital de Kalimantan Occidental, en Borneo. Los reportes difieren en dos datos procesales básicos: una versión sitúa la primera audiencia el 7 de octubre y menciona 10 demandados, mientras que otra indica que fue el 8 de octubre y señala que se acusa a 27 personas y organismos. El presidente Prabowo Subianto aparece en ambas versiones. Es necesario consultar el expediente judicial para confirmar la lista exacta de demandados y la fecha de la primera audiencia.

Ambas versiones indican que ninguno de los demandados asistió y que el proceso se aplazó hasta el 21 de octubre. No se ha informado de ningún fallo sobre las acusaciones de negligencia. La ausencia en la primera audiencia no demuestra que las acusaciones contra el Gobierno sean ciertas.

La disputa va más allá de los tribunales. El humo ha alterado las clases, el transporte y la vida cotidiana en Indonesia, y ha cruzado a Malasia y Singapur. La neblina también ha llegado a Filipinas. El Gobierno de Indonesia afirma que sus prioridades siguen siendo proteger a las comunidades y contener los incendios, mientras que los demandantes quieren que el Estado aborde conjuntamente la prevención, la aplicación de la ley y la recuperación.

Qué piden los demandantes al Gobierno

La coalición se llama Nafas Kalbar, que significa «Aliento de Kalimantan Occidental». Entre los cuatro demandantes figuran representantes juveniles indígenas y religiosos, un representante de la fundación de turberas Lembaga Gemawan y Sisilius Rami, identificado como el único demandante independiente del grupo.

Entre las medidas solicitadas figuran declarar una emergencia o catástrofe nacional, reforzar la mitigación de incendios, ofrecer atención médica gratuita a los grupos vulnerables, procesar a los responsables y organizar la rehabilitación de las comunidades afectadas. Estas exigencias amplían el alcance del caso más allá de una queja por las operaciones inmediatas de extinción.

Tono, líder de la Alianza de Pueblos Indígenas de Kalimantan Occidental, describió la demanda como un esfuerzo para que el Estado cumpla con su responsabilidad de proteger a las personas y el medioambiente. Glorio Sanen, coordinador jurídico de Nafas Kalbar y abogado de los demandantes, dijo que el grupo estaba preparado para respaldar sus acusaciones con pruebas.

Sanen cuestionó que la previsión de una amenaza meteorológica no hubiera dado lugar a una mayor preparación:

«Nos resulta un poco extraño, porque El Niño se había pronosticado mucho antes de que comenzara esta estación seca», dijo. «Sin embargo, parece que no estábamos preparados para afrontar esta sequía prolongada».

Su argumento distingue entre las condiciones meteorológicas que agravaron el riesgo de incendios y la obligación del Gobierno de prepararse. El pronóstico de una sequía, por sí solo, no demuestra negligencia jurídica. El tribunal deberá examinar qué sabían las autoridades, qué medidas adoptaron y si esas medidas cumplieron con sus responsabilidades.

Cómo evolucionaron la crisis y la demanda

Los reportes indican que los incendios llevan más de tres meses activos y que el brote actual comenzó en julio. Las fechas disponibles muestran cómo se fue agravando la emergencia, seguida de medidas de control, una demanda judicial y conversaciones diplomáticas.

• De enero a julio: Según cifras oficiales citadas en los reportes, ardieron alrededor de 202.000 hectáreas en Indonesia.
• Desde julio: Los incendios forestales y de tierras extendieron el humo por provincias indonesias afectadas y países vecinos.
• Agosto y septiembre: Las infecciones respiratorias llegaron a unas 175.000; durante ese periodo también se llevaron a cabo rescates de orangutanes.
• Septiembre: Según los reportes, Nafas Kalbar presentó su demanda en Pontianak.
• 7 u 8 de octubre: Los reportes dan fechas distintas para la primera audiencia, aplazada después de que los demandados no asistieran.
• 9 de octubre: El recuento de un responsable local de conservación llegó a 46 orangutanes rescatados de las amenazas de los incendios.
• 10 de octubre: Syahganda Nainggolan, jefe de comunicación del Gobierno, habló públicamente de los incendios y de las preocupaciones planteadas por Malasia y Singapur.
• 21 de octubre: El tribunal fijó la reanudación del proceso.
• Noviembre: Las autoridades advirtieron que los incendios podrían continuar hasta ese mes, cuando se esperaba la llegada de la estación lluviosa a gran parte de Indonesia.

La advertencia sobre noviembre no garantiza que los incendios terminen para entonces. Se refiere al periodo meteorológico previsto; la evolución inmediata del fuego también depende de las lluvias locales, las reservas de agua y los esfuerzos para extinguir los incendios en las turberas.

El humo entra en las viviendas e interrumpe las clases

Las cifras del Ministerio de Salud de Indonesia sitúan en torno a 175.000 las infecciones respiratorias asociadas a los incendios. Los reportes presentan el total de distintas maneras: casi 175.000 entre agosto y septiembre, o al menos 175.000 desde agosto. Sin el comunicado original con fecha, estas cifras deben considerarse una medida aproximada de la carga sanitaria y no un recuento único y exacto.

Los residentes describen una exposición que continúa incluso en interiores. Arniyanti, residente de Pontianak y directora de Lembaga Gemawan, explicó cómo entra el humo en su vivienda:

«Nos cuesta respirar dentro de nuestras casas, porque el humo entra por la ventilación».

El demandante independiente Sisilius Rami dijo que le ardían los ojos cada vez que salía y que usaba mascarilla a diario. Su testimonio muestra por qué la petición de atención médica es central en la demanda: las personas pueden seguir expuestas incluso si evitan las actividades al aire libre.

Sanen dijo que las escuelas de Kalimantan Occidental llevaban unos dos meses cerradas. También se habían visto afectados cientos de vuelos. Algunos estados de Malasia cerraron temporalmente las escuelas por la mala calidad del aire, incluido Johor, mientras que Singapur anunció planes de cierre si su Índice de Normas de Contaminación entraba en niveles insalubres.

Estas alteraciones generan costos que van más allá de las enfermedades. El cierre prolongado de las escuelas interrumpe la educación y la cancelación de vuelos restringe los viajes y el acceso a servicios. Los demandantes piden medidas de rehabilitación para responder a esos efectos persistentes, aunque aún no se ha decidido el alcance ni la financiación de ninguna medida.

La sequía y la tala de tierras, dos explicaciones en disputa

El Niño, un calentamiento del Pacífico tropical que modifica los patrones meteorológicos, puede reducir las lluvias en Indonesia. El episodio de intensidad inusual descrito en los reportes ha prolongado las condiciones secas y ha aumentado la probabilidad de que ardan la vegetación y las turberas.

La turba está formada por materia vegetal parcialmente descompuesta que se acumula en terrenos húmedos. Cuando se drena, puede volverse combustible y arder bajo la superficie. Esto ayuda a explicar por qué un incendio puede continuar después de que desaparezcan las llamas visibles y por qué los bomberos necesitan grandes cantidades de agua para controlarlo.

El desafío ya era evidente durante las labores de extinción de incendios en las turberas en septiembre, cuando voluntarios combatieron fuegos subterráneos que podían reavivarse después de parecer extinguidos. Una operación de respuesta a los incendios en agosto también describió la escasez de agua, las dificultades de acceso y el fortalecimiento de las condiciones de El Niño.

Los grupos ecologistas señalan que la quema de vegetación para preparar terrenos destinados a plantaciones y otras actividades agrícolas es una de las principales causas de los incendios recurrentes. Indonesia es el mayor productor mundial de aceite de palma, y Arniyanti dijo que las turberas dañadas y desecadas asociadas a los cultivos de monocultivo eran especialmente vulnerables.

Arniyanti atribuyó más del 70 por ciento de los focos de incendio a concesiones empresariales, según las conclusiones de su grupo. Se trata de una acusación que debe investigarse: detectar un incendio dentro de una concesión permite ubicarlo, pero no demuestra por sí solo quién lo inició ni si una empresa tiene responsabilidad jurídica.

Syahganda Nainggolan, jefe de la Agencia de Comunicación del Gobierno de Indonesia, ofreció otra explicación el 10 de octubre:

«Esperamos que nuestros vecinos entiendan que esto escapa al error humano; se debe realmente a la naturaleza», dijo.

Esa interpretación contrasta con las propias investigaciones del Gobierno sobre presuntos responsables de iniciar los incendios y la participación de empresas. El clima seco puede facilitar la propagación del fuego, pero las actividades humanas aún pueden provocarlo. La demanda judicial busca determinar si las autoridades gestionaron adecuadamente esos riesgos.

Las cifras de las investigaciones y de la extinción miden aspectos distintos

La policía identificó a 196 personas sospechosas de iniciar incendios forestales e investigó a 96 empresas en relación con fuegos que afectaron a más de 25.000 hectáreas. Los reportes difieren sobre el momento de este anuncio: uno lo sitúa en agosto y otro señala que se hizo el mes anterior a las audiencias de octubre.

Las autoridades también anunciaron sanciones administrativas contra 26 empresas, entre ellas la suspensión o revocación de permisos y órdenes de restauración de tierras dañadas. Las sanciones administrativas son distintas de las condenas penales. Las investigaciones sobre la participación de empresas seguían en curso y los posibles cargos podían conllevar penas de hasta 15 años de prisión.

La Agencia de Comunicación del Gobierno afirmó que las operaciones de extinción habían tratado unas 467 hectáreas en seis provincias prioritarias, frente a una meta de alrededor de 654 hectáreas. Esto equivale aproximadamente al 71 por ciento de la meta anunciada, lo que deja unas 187 hectáreas sin tratar según ese indicador concreto.

Estas cifras operativas no deben interpretarse como una estimación nacional de la superficie quemada. Las cifras oficiales sitúan en alrededor de 202.000 hectáreas la superficie que ardió entre enero y julio. Organizaciones no gubernamentales calcularon que después se quemaron al menos otras 600.000 hectáreas, pero no se había publicado una cifra nacional oficial posterior.

Sumar ambas cifras daría al menos 802.000 hectáreas, pero supondría combinar un recuento oficial con una estimación independiente. El resultado no es un total oficial verificado por el Gobierno. Del mismo modo, las 25.000 hectáreas vinculadas a las investigaciones policiales corresponden a un ámbito distinto del de las cifras nacionales de incendios.

La agencia afirmó que más de 69.000 militares, policías, trabajadores de gestión de desastres, voluntarios y participantes del sector privado apoyaban las operaciones conjuntas. Describió labores coordinadas por tierra y aire, centradas en los focos activos, los incendios subterráneos en turberas y las zonas con poca agua o de difícil acceso.

Países vecinos ofrecen ayuda

Malasia y Singapur han manifestado su disposición a ayudar a Indonesia mientras el humo cruza sus fronteras. El primer ministro malasio Anwar Ibrahim planteó sus preocupaciones al presidente Prabowo; según Syahganda, también hubo conversaciones entre los ministerios de Relaciones Exteriores de los países.

Grace Fu, ministra de Sostenibilidad y Medioambiente de Singapur, dijo que se había puesto en contacto con sus homólogos indonesios para ofrecer apoyo. Funcionarios indonesios acogieron con satisfacción la disposición de ambos países vecinos a ayudar.

Berton Panjaitan, portavoz interino de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia, dijo que se prefería el despliegue de personal terrestre al uso de aeronaves, porque la baja visibilidad podía obstaculizar las operaciones aéreas. Esta limitación práctica muestra cómo la neblina puede dificultar la respuesta a los incendios que la generan.

La Agencia de Comunicación del Gobierno también dijo que respetaba el derecho de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil a emprender acciones judiciales. Su portavoz explicó la posición del Gobierno:

«Ahora que el asunto está ante los tribunales, el Gobierno responderá a las cuestiones planteadas mediante el proceso judicial y permitirá que el procedimiento siga su curso».

La oferta de ayuda regional y el caso judicial abordan distintos aspectos de la crisis. El personal adicional podría ayudar a contener los incendios activos, mientras que la demanda busca decisiones sobre la preparación, la protección de la población y la rendición de cuentas.

El rescate de orangutanes pone de manifiesto la pérdida de hábitats seguros

Las autoridades indonesias y la fundación de rehabilitación de fauna silvestre YIARI trasladaron a ocho orangutanes a la Reserva Forestal Protegida de Batu Nyambu, en Kalimantan Occidental. El grupo estaba formado por tres madres con sus crías y dos machos adolescentes, rescatados en agosto y septiembre de lugares amenazados o dañados por los incendios.

La reserva tiene 23.000 hectáreas de bosque primario y secundario. Argitoe Ranting, director de operaciones de YIARI, dijo que se eligió por la disponibilidad de alimento y agua y por su conexión con otros bosques. Antes del traslado, los conservacionistas comprobaron la salud de los animales.

El viaje duró seis horas en automóvil, una hora en barco y otras dos a pie; las jaulas se transportaron sobre varas de bambú. Murlan Dameria Pane, jefe de la agencia local de recursos naturales, dijo que las autoridades y YIARI habían rescatado a 46 orangutanes de las amenazas de los incendios entre agosto y el 9 de octubre.

Karmele Llano Sanchez, directora ejecutiva de YIARI, explicó por qué el traslado se vuelve necesario cuando la protección del hábitat es insuficiente:

«La protección de los hábitats siempre será una prioridad para garantizar que los orangutanes sigan teniendo bosques seguros donde vivir. Sin embargo, mientras su hábitat siga amenazado, el rescate es una de las mejores opciones para ayudarlos a sobrevivir», dijo Sanchez.

WWF estima que quedan alrededor de 104.000 orangutanes en Borneo y Sumatra, frente a más de 230.000 hace un siglo. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza advirtió que los incendios ardían en hábitats donde vive el 52 por ciento de la población de orangutanes de Borneo. Esa cifra se refiere a la población que habita en zonas afectadas, no al número de animales muertos o heridos directamente.

Aumenta la presión pública, pero las medidas judiciales aún no se han decidido

La crisis ha suscitado llamamientos de artistas indonesios, además de las comunidades afectadas. Teuku Wisnu llamó la atención sobre los incendios que seguían activos en Kalimantan y Sumatra. Nana Mirdad criticó la respuesta oficial ante el humo que afectaba a las ciudades, mientras que Denny Sumargo pidió ayuda al presidente, al secretario del gabinete y al ministro de Bosques.

Luna Maya solicitó donaciones para los bosques y la fauna silvestre de Kalimantan. Estas campañas amplían la atención pública, pero no demuestran las acusaciones que examina el tribunal ni sustituyen un programa de recuperación gubernamental con financiación.

Los demandantes también enfrentan un historial jurídico desigual. En 2016, siete residentes presentaron una demanda por la respuesta del Gobierno a la crisis de incendios de 2015, durante la presidencia de Joko Widodo. Un tribunal de distrito falló inicialmente a su favor, pero la decisión fue revocada en 2022. Otra demanda presentada en Sumatra Meridional en 2025 fue desestimada.

Sanen dijo que los demandantes actuales estaban preparados y contaban con pruebas. El caso sigue sin resolverse, incluida la cuestión de si el tribunal ordenará declarar una catástrofe, ofrecer atención médica, reforzar la mitigación u otras medidas de rehabilitación. La próxima audiencia está prevista para el 21 de octubre. La consulta del expediente judicial también permitiría aclarar las versiones contradictorias sobre la fecha de la primera audiencia y el número de demandados.

Lo que hay que saber

• Nafas Kalbar acusa a las autoridades indonesias de negligencia al prepararse para los incendios recurrentes y responder a ellos.
• Los demandantes solicitan que se declare una catástrofe nacional, se refuerce la mitigación y se ofrezcan atención médica y rehabilitación.
• Los reportes discrepan sobre la fecha de la primera audiencia y el número de demandados; ambos indican que la próxima audiencia será el 21 de octubre.
• Las cifras del Ministerio de Salud sitúan en torno a 175.000 las infecciones respiratorias vinculadas a los incendios.
• La policía identificó a 196 personas sospechosas de iniciar incendios e investigó a 96 empresas; 26 empresas recibieron sanciones administrativas.
• Malasia y Singapur ofrecieron ayuda mientras la neblina alteraba las clases, los viajes y la vida cotidiana.
• Ocho orangutanes rescatados fueron trasladados a un bosque protegido; hasta el 9 de octubre se había rescatado a 46 de las amenazas de los incendios.
• No se ha informado de ningún fallo sobre las actuales acusaciones de negligencia.