La votación en el Senado abre un debate sobre quién puede conectarse a internet
El Senado de Filipinas aprobó el proyecto de ley del Senado n.º 2424, la Ley de Acceso Seguro a los Medios y Uso Responsable de la Tecnología para Niños en Espacios Digitales (SMART KIDS), el 8 de octubre de 2026, con 16 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención. La propuesta impediría que los menores de 18 años creen o utilicen cuentas en servicios digitales clasificados como de alto riesgo para los niños y expondría a las plataformas incluidas a multas de entre 5 millones y 20 millones de pesos filipinos por infracción.
Contenido
- La votación en el Senado abre un debate sobre quién puede conectarse a internet
- ¿Qué servicios y cuentas quedarían incluidos?
- Verificación de edad, multas a las plataformas y obligaciones de los padres
- Cómo llegarían las denuncias a las plataformas
- La Cámara propone un límite diferente
- Por qué Hontiveros se opuso a la restricción general
- Organizaciones de derechos y salud mental cuestionan el enfoque
- La violencia escolar genera preocupación, pero no se ha esclarecido su causa
- Australia ilustra las dificultades de aplicación
- Qué falta por hacer
- Puntos clave
La medida aún no es ley. Su aprobación en tercera y última lectura completa la etapa en el Senado, pero la Cámara de Representantes impulsa un enfoque diferente. El proyecto de ley de la Cámara n.º 11566, aprobado en segunda lectura el 6 de octubre, permitiría cierto acceso a los adolescentes mayores, con medidas de protección, en lugar de excluir a todas las personas menores de 18 años.
La diferencia plantea ante el Congreso la decisión política central: si proteger a los niños exige mantenerlos fuera de las plataformas incluidas hasta que sean adultos, o permitirles acceder a edades más tempranas mientras se restringen las funciones perjudiciales, el contacto con adultos y las prácticas comerciales. El desacuerdo no se limita a la edad mínima: también abarca cómo pueden trabajar los niños, comunicarse con familiares en el extranjero, denunciar abusos y aprender a desenvolverse en los espacios en línea.
El senador Robinhood Padilla presentó la medida del Senado. La senadora Risa Hontiveros fue la única que votó en contra y defendió protecciones graduales en lugar de una prohibición general. Posteriormente, el presidente Ferdinand Marcos Jr. dijo que el Gobierno aún estudiaba una prohibición general y que necesitaba comprender mejor los factores psicológicos detrás de la violencia en la que participan jóvenes.
El anuncio oficial de la aprobación del Senado registra la votación el jueves 8 de octubre. Los informes difieren sobre la fecha: uno indica el 9 de octubre y, al mismo tiempo, describe la sesión como celebrada el jueves; otro señala que la aprobación tuvo lugar el miércoles. Según el registro oficial del Senado, la aprobación final se produjo el 8 de octubre.
¿Qué servicios y cuentas quedarían incluidos?
La propuesta del Senado establecería un marco para identificar los servicios digitales que podrían representar riesgos para los niños. En su anuncio oficial menciona como ejemplos a Meta Platforms, Roblox y Gorebox. Los servicios incluidos tendrían que impedir que cualquier persona menor de 18 años cree o acceda a una cuenta y actuar contra las cuentas existentes cuando haya motivos razonables para determinar que pertenecen a un menor, son gestionadas por un menor o son utilizadas por uno.
Las medidas requeridas podrían incluir la suspensión, restricción, desactivación o eliminación de las cuentas. La referencia a cuentas utilizadas por menores es importante: la restricción propuesta no se limitaría a las cuentas registradas a nombre de un niño. Sin embargo, el anuncio del Senado no explica los procedimientos concretos para determinar quién es titular de una cuenta o quién la utiliza.
La propuesta no abarca todas las actividades en línea. El Senado enumera excepciones para el correo electrónico, la mensajería privada, las plataformas educativas, los servicios de noticias, las plataformas de colaboración profesional y los juegos en línea que no se utilizan principalmente para establecer redes sociales. La descripción inicial de la medida también limita la excepción para la mensajería a las aplicaciones sin funciones públicas o grupales.
La distinción relativa a los juegos es especialmente importante porque Roblox y Gorebox figuran entre los ejemplos de servicios que podrían quedar incluidos. Los juegos no están sujetos a una excepción incondicional. La clasificación de un servicio como una plataforma utilizada principalmente para establecer redes sociales podría determinar cómo se lo trata. Los informes también señalan una excepción para las plataformas educativas que cumplan los requisitos y estén certificadas por los organismos pertinentes, sujetas a medidas de protección infantil.
Verificación de edad, multas a las plataformas y obligaciones de los padres
Los proveedores incluidos tendrían que implantar medidas de verificación de edad para determinar si los usuarios cumplen la edad mínima. La verificación de edad es un término general que abarca los controles que confirman o calculan la edad de una persona. El anuncio oficial no especifica qué tecnología sería obligatoria, qué información tendrían que proporcionar los usuarios ni cómo podrían impugnar una evaluación incorrecta.
Las plataformas que infringieran la ley propuesta podrían recibir multas de entre 5 millones y 20 millones de pesos filipinos por cada infracción, además de 100.000 pesos por cada día de incumplimiento continuado. A esa tasa diaria, 30 días sumarían 3 millones de pesos a la sanción inicial. Este cálculo ilustra el posible costo de las infracciones persistentes, aunque el anuncio no explica cómo se contabilizarían las infracciones por separado.
Los padres o tutores legales que ayuden a sabiendas a los niños a eludir los mecanismos de verificación de edad podrían recibir una multa de hasta 50.000 pesos, realizar servicio comunitario y asistir obligatoriamente a programas de crianza digital y seguridad infantil. Un informe señala que las multas para los padres oscilarían entre 5.000 y 50.000 pesos; el anuncio oficial especifica el máximo, pero no establece ese límite inferior.
Es importante que la asistencia tenga que ser deliberada. La descripción oficial apunta a la ayuda intencional para eludir los controles, en lugar de afirmar simplemente que se multaría a todos los padres cuyo hijo consiga una cuenta. Los informes también indican que los proveedores internacionales que operen en Filipinas tendrían que designar a un representante local y cooperar con las autoridades filipinas.
Cómo llegarían las denuncias a las plataformas
Si la medida se convierte en ley, el Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DICT) supervisaría su aplicación. También crearía y mantendría una plataforma pública accesible para denunciar presuntas infracciones de forma gratuita.
Las denuncias sobre contenido perjudicial que requiera medidas inmediatas se remitirían o escalarían con prioridad al servicio digital correspondiente. Esto establecería una vía para las denuncias urgentes, distinta de la tarea más amplia de comprobar si hay menores con cuentas prohibidas.
El anuncio del Senado no fija un plazo de respuesta para esas remisiones urgentes ni explica cómo determinaría el departamento qué denuncias reúnen los requisitos. También deja sin respuesta varias cuestiones operativas, entre ellas los criterios detallados para clasificar los servicios, el tratamiento de las evaluaciones de edad impugnadas y el proceso para restablecer una cuenta eliminada por error.
Los objetivos declarados van más allá de eliminar contenido perjudicial. El proyecto busca reducir las distracciones causadas por los dispositivos móviles y electrónicos, apoyar el desarrollo de los niños y promover un entorno de aprendizaje seguro. Por tanto, su aplicación abarcaría tanto controles de acceso como un esfuerzo más amplio por limitar los riesgos asociados al uso de medios digitales.
La Cámara propone un límite diferente
El proyecto de ley de la Cámara n.º 11566, la Ley para un Entorno Seguro y Amigable para los Niños en Espacios Digitales, superó la segunda lectura el 6 de octubre. Su enfoque distingue a los niños más pequeños de los adolescentes mayores, pero los informes discrepan sobre el tratamiento exacto de quienes tienen 13 años.
Varios informes describen una prohibición para los niños menores de 13 años, con acceso para quienes tienen entre 13 y 17 años sujeto al consentimiento de los padres y a medidas de protección adicionales. Otro señala que la prohibición se aplicaría a los niños de 13 años o menos, y que los adolescentes mayores tendrían acceso restringido. Estas formulaciones no son equivalentes: sitúan a una persona de 13 años a distintos lados del límite. Será necesario aclarar el corte exacto a medida que avance el proyecto en la Cámara.
Las medidas de protección propuestas por la Cámara abarcarían la publicidad perjudicial, las transmisiones en directo, los videos breves seleccionados por algoritmos, las funciones similares a los juegos de azar, el contacto con adultos desconocidos y ciertas funciones de inteligencia artificial. Un algoritmo es un conjunto de reglas automatizadas que, por ejemplo, determina qué publicaciones o videos verá después una persona.
El representante de Pasig Roman Romulo, promotor del proyecto de la Cámara, explicó por qué se propone tratar de manera diferente a los niños más pequeños y a los adolescentes:
«Los niños más pequeños necesitan un límite de edad mínimo claro, mientras que los adolescentes necesitan un marco que reconozca su creciente capacidad de independencia sin ignorar los riesgos a los que siguen expuestos», dijo Romulo.
La diferencia entre ambas cámaras es sustancial, no meramente procedimental. En general, el Senado excluiría a los menores de las cuentas en los servicios incluidos; el enfoque de la Cámara permitiría cierto acceso a los adolescentes, sujeto a restricciones. Las dos versiones deben conciliarse antes de que pueda enviarse un proyecto definitivo al presidente.
Por qué Hontiveros se opuso a la restricción general
Hontiveros reconoció riesgos como el ciberacoso, el abuso y la explotación sexual, el acoso con fines de abuso sexual, el contenido perjudicial y el extremismo violento. Su objeción era que se aplicara la misma regla de acceso a niños que se encuentran en etapas de desarrollo muy distintas.
Al explicar su voto en contra, la senadora distinguió entre la mayoría de edad legal y la capacidad de decisión en desarrollo de los niños:
«Los 18 años son el umbral legal para la edad adulta. Pero, desde luego, no son un umbral de desarrollo», dijo Hontiveros.
Citó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y su reconocimiento de la evolución de las capacidades infantiles. Su alternativa consistiría en establecer protecciones más estrictas para los adolescentes más jóvenes y permitir gradualmente una mayor independencia a los adolescentes mayores. Propuso una edad mínima de 15 años, después de haber sugerido anteriormente los 13.
Sus ejemplos mostraron qué actividades podrían verse interrumpidas. Entre ellos estaban los de una estudiante de 17 años que trabaja y obtiene ingresos mediante ventas en TikTok y como asistente virtual de personalidades de las redes sociales; un niño que se comunica con su madre, que trabaja en el extranjero; y un menor sobreviviente de abuso que encontró apoyo en comunidades en línea. También citó el caso de un estudiante cuyo relato público de presunto acoso llevó a una escuela a examinar una denuncia que antes había desestimado.
Hontiveros defendió una configuración de privacidad predeterminada más estricta, límites más rigurosos al contacto con adultos, restricciones a la publicidad segmentada y la elaboración de perfiles, y una mayor supervisión de padres y centros educativos. La elaboración de perfiles consiste en utilizar información sobre una persona para deducir sus intereses o su comportamiento, a menudo con el fin de seleccionar anuncios o contenido.
También pidió regular los algoritmos y los diseños que fomentan el uso excesivo. Sus propuestas de alfabetización digital incluían enseñar a los niños cómo se recopilan los datos, cómo se difunde la desinformación y cómo funciona el acoso con fines de abuso sexual, así como reconocer estafas, denunciar abusos y responder al ciberacoso. Señaló que los filipinos pueden votar en las elecciones del Sangguniang Kabataan y trabajar legalmente a partir de los 15 años, con sujeción a las normas laborales, por lo que el acceso a la información y a las oportunidades económicas es pertinente para el debate sobre la edad.
Organizaciones de derechos y salud mental cuestionan el enfoque
La Red por los Derechos del Niño criticó la votación del Senado por considerarla un retroceso para los derechos de los niños. La organización sostuvo que restringir el acceso de los niños desplaza la responsabilidad por los daños en línea de las plataformas y sus autores hacia los jóvenes.
En su declaración, la red expresó así su objeción:
«Esto no es protección. Es un castigo. No se debe castigar a los niños por el fracaso de los adultos a la hora de mantenerlos a salvo», dijo el grupo.
La red también cuestionó las deliberaciones del Senado y las contrastó con los debates de la Cámara, que describió como más inclusivos y consultivos. Señaló que las organizaciones de derechos del niño tuvieron la oportunidad de incorporar las opiniones de los niños al proceso de la Cámara. Por separado, Hontiveros dijo que su postura coincidía con los pedidos del Consejo para el Bienestar de los Niños, el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo y los defensores de los derechos del niño, que reclaman medidas de protección más estrictas para las plataformas en lugar de una prohibición general.
La Asociación Filipina de Salud Mental también rechazó que una prohibición general fuera una respuesta suficiente a la violencia juvenil. Su directora ejecutiva nacional, la doctora Carolina Uno-Rayco, pidió una estrategia de prevención más amplia:
«Para prevenir la violencia se necesita un enfoque integral que incluya apoyo a la salud mental, entornos escolares seguros, plataformas en línea responsables y la identificación e intervención tempranas», dijo Uno-Rayco.
Uno-Rayco defendió que la seguridad esté integrada en los servicios en línea, así como la alfabetización digital y el apoyo a los jóvenes para que reconozcan conductas perjudiciales y busquen ayuda. Estas objeciones no niegan la existencia de daños en línea. Cuestionan si excluir a los menores aborda sus causas y si otras medidas de protección llegarían a los niños de manera más eficaz.
La violencia escolar genera preocupación, pero no se ha esclarecido su causa
La votación del Senado se produjo tras la preocupación por los tiroteos en escuelas de la ciudad de Tacloban, la ciudad de Zamboanga y Cotabato del Sur. Un informe describe tres tiroteos mortales entre junio y septiembre de 2026. El presidente del Senado, Sherwin Gatchalian, vinculó la legislación con la alarma por la seguridad digital de los niños, incluido el presunto acoso con fines de abuso sexual en línea relacionado con actos de violencia.
El líder de la mayoría en el Senado, Juan Miguel Zubiri, describió la propuesta como una medida histórica y sostuvo que las redes sociales requieren orientación y regulación. Padilla dijo que su aprobación era un paso importante para proteger a los niños en línea. El senador Joel Villanueva afirmó que las plataformas tienen responsabilidades porque pueden obtener beneficios de conductas perjudiciales.
Estas preocupaciones explican la urgencia de la votación, pero no demuestran que las redes sociales causaran cada incidente ni que prohibir una cuenta lo hubiera evitado. La asociación de salud mental señaló que la violencia juvenil obedece a múltiples factores, además de la actividad digital.
En un foro con medios filipinos en Singapur el 11 de octubre, Marcos dijo que se seguía estudiando una prohibición general y que tomar esa decisión sería difícil. Pidió asesoramiento a psicólogos y psiquiatras especializados en la salud mental infantil, además de medidas de seguridad escolar, participación de los padres y atención al bienestar psicológico de los niños.
El presidente explicó por qué no consideraba suficiente ninguna medida por sí sola:
«No hay una solución única para esto. Hay que combinar muchas, muchas cosas», dijo Marcos.
Los líderes religiosos también han pedido un uso responsable de la tecnología. El arzobispo Rex Andrew Alarcon, presidente de la Comisión Episcopal de Comunicaciones Sociales de la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas, pidió que la tecnología se utilice de manera responsable, eficaz, segura y significativa. Esta postura destaca la importancia de la orientación de los adultos, aunque por sí sola no resuelve el límite de edad legislativo.
Australia ilustra las dificultades de aplicación
La restricción de Australia a las cuentas de redes sociales para menores de 16 años entró en vigor en diciembre de 2025. Las cifras difundidas y atribuidas a su comisionado para la seguridad electrónica indican que el uso entre los menores de 16 años descendió del 85,9% antes de la restricción al 81,5% tres meses después.
La reducción es de 4,4 puntos porcentuales, o alrededor del 5,1% en relación con la tasa inicial del 85,9%. Más de ocho de cada diez niños del grupo estudiado seguían usando las redes sociales. Sin embargo, estas cifras se refieren al uso y no permiten determinar si mejoró la exposición a contenido perjudicial u otros indicadores de seguridad.
Entre los ejemplos difundidos de elusión de la restricción figuraban la creación de cuentas nuevas, el uso de dispositivos alternativos y la ayuda de adultos. También se informó que la estimación de edad facial clasificó a algunos adolescentes como mayores de 16 años y a algunos adultos como menores. Un experto que participó en la prueba australiana de verificación de edad atribuyó algunos fallos a una aplicación desigual por parte de las plataformas.
El activista británico por la seguridad en línea Ian Russell, cuya hija Molly murió por suicidio a los 14 años en 2017, ha sostenido que las prohibiciones no abordan los algoritmos perjudiciales ni el diseño de las plataformas. Una investigación judicial concluyó que el contenido perjudicial en línea contribuyó a su muerte. Su postura vincula el debate sobre el acceso con otra pregunta: qué cambios deben hacer los proveedores en el contenido y las funciones a las que se enfrentan los usuarios.
En Filipinas, la aplicación también tiene una dimensión jurisdiccional. Marcos señaló las dificultades para tratar con proveedores que no tienen presencia física en el país. El requisito propuesto de contar con un representante local responde a esa preocupación, aunque aún no se han definido sus modalidades prácticas ni su eficacia.
Qué falta por hacer
La secuencia legislativa muestra por qué la aprobación del Senado no debe confundirse con una prohibición ya vigente:
- 6 de octubre de 2026: La Cámara aprobó el proyecto de ley n.º 11566 en segunda lectura.
- 8 de octubre de 2026: El Senado registró la aprobación final del proyecto de ley n.º 2424, por 16 votos contra uno y ninguna abstención.
- 11 de octubre de 2026: Marcos dijo en un foro con medios en Singapur que se seguía estudiando una prohibición general.
- Próximos pasos: Deben completarse el resto del proceso en la Cámara y la conciliación de las versiones de ambas cámaras antes de que un proyecto definitivo pueda llegar al presidente.
No se ha especificado ninguna fecha para la votación final en la Cámara, la conciliación, la decisión presidencial o la aplicación de la medida. Por tanto, aún no se han definido la edad mínima definitiva, las actividades permitidas a los adolescentes, las medidas de protección para las plataformas ni los procedimientos de aplicación.
La decisión no tiene por qué reducirse a determinar si existen riesgos en línea. Tanto quienes apoyan la medida como quienes se oponen a ella señalan peligros graves. La cuestión pendiente es qué combinación de límites de acceso, diseños de plataformas más seguros, rendición de cuentas, educación y apoyo protegerá a los niños sin privarlos innecesariamente de conexiones y oportunidades útiles.
Puntos clave
- El Senado aprobó el proyecto SMART KIDS el 8 de octubre de 2026, por 16 votos contra uno. Todavía no es ley.
- La propuesta del Senado restringiría las cuentas de los menores de 18 años en servicios clasificados como de alto riesgo para los niños.
- Se establecen excepciones para el correo electrónico, la mensajería privada, la educación, las noticias, la colaboración profesional y los juegos que no se utilizan principalmente para establecer redes sociales.
- Las plataformas incluidas podrían recibir multas de entre 5 millones y 20 millones de pesos filipinos por infracción, además de 100.000 pesos diarios por incumplimiento continuado.
- La Cámara favorece un acceso gradual para los adolescentes, pero los informes discrepan sobre si el grupo excluido de menor edad incluye a los niños de 13 años.
- Hontiveros, los defensores de los derechos del niño y los defensores de la salud mental prefieren medidas de protección y apoyo más estrictas en lugar de una prohibición general.
- Las versiones de ambas cámaras aún deben conciliarse, y Marcos ha dicho que la prohibición general sigue bajo estudio.
