Los centros de estafas en Myanmar se adentran en la selva mientras las redadas no logran frenar su expansión

Dentro de Shunda Park, un rescate deja al descubierto una industria que sigue creciendo

Unas 3.000 personas trabajaban en Shunda Park cuando el Ejército de Liberación Nacional Karen entró en el complejo residencial fortificado, en el estado de Karen, en Myanmar, tras recuperar territorio de manos de una milicia. Detrás de la vegetación selvática y las alambradas de púas, las tropas encontraron miles de teléfonos, tarjetas SIM y discos duros, además de manuales que enseñaban a los trabajadores a cometer estafas románticas. Los supervivientes describieron cadenas, encierros y palizas como castigo por no robar suficiente dinero.

El hallazgo dejó al descubierto más de una operación abusiva. Los investigadores que siguen la actividad en las zonas fronterizas de Myanmar afirman que los negocios de estafas se están extendiendo a instalaciones más pequeñas y remotas, aunque las autoridades anuncian redadas y demoliciones en lugares más conocidos. Internet por satélite, los generadores y la energía solar permiten a los operadores alejarse de la frontera con Tailandia sin perder el acceso a víctimas de todo el mundo.

Un informe de Derechos Humanos de la ONU publicado el 20 de febrero de 2026 documenta torturas, abusos sexuales, abortos forzados, privación de alimentos y confinamiento en régimen de aislamiento en toda la industria. Las entrevistas abarcan a supervivientes de nueve países que fueron víctimas de trata y trasladados a operaciones en cinco países entre 2021 y 2025.

Shunda Park muestra cómo esos abusos se traducen en el trabajo cotidiano. Cameron, trabajador humanitario de Free Burma Rangers que utiliza un seudónimo por motivos de seguridad, ayudó a prestar asistencia médica tras la toma del complejo. Describió a trabajadores abandonados a la intemperie cerca del río y salas de castigo en las plantas inferiores del edificio.

Ivan, un superviviente malasio víctima de trata que fue trasladado a Myanmar a través de Tailandia, dijo que no alcanzar los objetivos de fraude acarreaba castigos severos:

«Cuando no alcanzábamos los objetivos de estafar a suficientes personas, nos colgaban con cadenas y nos encerraban en habitaciones oscuras».

El problema central es ahora la brecha entre sacar a las personas de determinados edificios y desmantelar las redes que las captan, encarcelan y explotan. Un complejo puede ser tomado mientras sus operadores, su dinero y su protección armada sobreviven en otros lugares.

¿Cuál es la magnitud de la economía de las estafas?

El análisis de las estafas fronterizas de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime sobre las estafas en la frontera calcula que la Fuerza de Guardia Fronteriza, también conocida como Ejército Nacional Karen, y el Ejército Benevolente Democrático Karen se asocian con grupos criminales chinos para operar unos 40 complejos a lo largo de 200 kilómetros de la frontera entre Myanmar y Tailandia. Según las estimaciones, esos lugares albergan en conjunto entre 50.000 y 100.000 personas.

Estas cifras describen una red fronteriza concreta, no todo Myanmar. Una estimación de la ONU ampliamente citada calcula que al menos 120.000 personas en Myanmar están en situaciones en las que podrían ser obligadas a cometer estafas por internet. Otra estimación sitúa en más de 100.000 el número de personas en circunstancias similares en Camboya. Una estimación regional más amplia calcula que unos 300.000 trabajadores están en complejos de Myanmar, Camboya y Laos, sin determinar que todos sean víctimas de trata.

Las estimaciones financieras también miden cosas distintas. Un informe de abril de 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito calcula que cientos de grandes centros de estafas generan beneficios anuales de poco menos de 40.000 millones de dólares. El Instituto de Paz de Estados Unidos calcula que los grupos criminales radicados en el sudeste asiático roban más de 43.800 millones de dólares al año, casi el 40 por ciento del producto interno bruto formal combinado de Laos, Camboya y Myanmar.

Otras estimaciones del robo anual en la región del bajo Mekong oscilan entre 18.000 millones y más de 40.000 millones de dólares. Estas cifras no deben tratarse como un único total preciso: los beneficios no son lo mismo que el dinero robado y la cobertura geográfica varía. Sin embargo, indican que se trata de una industria de tamaño suficiente para mantener protección armada, rutas de trata y amplios servicios financieros.

Las redadas y los rescates no han frenado el reclutamiento

La trata del actor chino Wang Xing a principios de 2025 generó una intensa presión pública para que se actuara. Reclutadores criminales utilizaron lo que parecía una oferta legítima para actuar en una película y lo atrajeron a Tailandia antes de trasladarlo a Myanmar. La campaña pública de su novia ayudó a desencadenar su rescate y una respuesta más amplia de las autoridades.

Varios acontecimientos posteriores muestran tanto el alcance de esa respuesta como sus límites:

• Principios de 2025: El rescate de Wang Xing impulsó una mayor presión de China y restricciones de Tailandia al suministro de electricidad, internet y combustible para las operaciones fronterizas.
• Marzo de 2025: China estableció con Tailandia y Myanmar un mecanismo de cooperación ministerial para combatir las redes de estafas fronterizas.
• 13 de abril de 2025: Más de 270 personas liberadas de complejos de estafas intentaron salir de un centro de detención en Myanmar tras largas demoras para regresar a sus hogares.
• Junio de 2025: Zhong Haobin, modelo de 25 años, fue víctima de trata y trasladado a Myawaddy mediante un esquema de reclutamiento similar, según la Global Initiative.
• Octubre de 2025: El ejército de Myanmar anunció la toma de KK Park, incluidos cientos de edificios y equipos de internet por satélite.
• 20 de febrero de 2026: La Oficina de Derechos Humanos de la ONU publicó nuevas pruebas de abusos generalizados y pidió que se proteja a las víctimas de trata en lugar de castigarlas.

La Global Initiative calcula que, tras el caso de Wang Xing, las milicias trasladaron a centros de detención a cerca del 10 por ciento de las personas retenidas en sus complejos. Después, varios miles de personas de 38 países esperaron a ser repatriadas, mientras la mayoría de quienes seguían dentro de las operaciones permaneció allí y continuaron llegando nuevos reclutas.

La demolición no implica necesariamente el cierre

El ejército de Myanmar y las autoridades tailandesas han publicitado medidas contra Shwe Kokko y KK Park, dos complejos mucho mayores que Shunda Park. Las estimaciones sugieren que KK Park llegó a albergar hasta 25.000 personas que cometían estafas, aunque funcionarios tailandeses advirtieron que la cifra real podría haber sido mayor.

Según el anuncio del ejército, la toma de KK Park que afirmó haber realizado en octubre de 2025 incluyó unos 200 edificios, más de 2.000 detenidos y 30 terminales de Starlink. Se trató de una afirmación sobre una operación concreta, no de una prueba de que todo el complejo o la red de estafas de la zona hubiera dejado de funcionar de manera permanente.

Los informes difieren sobre el alcance del cierre. El ejército presentó las redadas y demoliciones como prueba del desmantelamiento de las operaciones. Posteriormente, investigadores describieron edificios que seguían funcionando y negocios que se trasladaban a otros lugares. Mechelle Moore, especialista en la lucha contra la trata de Global Alms Inc., describió la destrucción como una «demolición para la galería», en la que se dañaron edificios visibles mientras el negocio subyacente sobrevivía.

Jason Tower, analista sénior de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, describió así el cambio general:

«El problema no está desapareciendo, está mutando».

La historia de Shwe Kokko ayuda a explicar por qué puede no bastar con detener a un inversor destacado. El proyecto comenzó con un acuerdo de 2016 a 2017 entre Yatai International Holdings y Saw Chit Thu, comandante de la Fuerza de Guardia Fronteriza. Promocionado como un proyecto de desarrollo de 15.000 millones de dólares, se convirtió en un centro de casinos y fraudes por internet. Pekín rechazó en 2020 las afirmaciones de que formara parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China.

She Zhijiang, figura de Yatai, fue arrestado en Bangkok en agosto de 2022 y posteriormente extraditado a China. La actividad que continuó en torno a Myawaddy indica que su salida no eliminó a los demás inversores, socios armados y proveedores de servicios que respaldaban la industria.

Los centros más pequeños se alejan de la vigilancia fronteriza

Nathan Ruser, analista del Instituto Australiano de Política Estratégica que vigila los complejos mediante imágenes satelitales, afirma que han aparecido nuevas instalaciones mientras las autoridades promovían medidas en otros lugares. Cameron también dijo que vio varios probables complejos de estafas en construcción cuando viajaba a Shunda Park.

La Global Initiative identifica traslados de entre 100 y 200 kilómetros desde las fronteras con China y Tailandia, en los estados de Shan y Karen. La mejora de internet por satélite y la energía solar hacen que esa distancia sea menos problemática. En lugar de depender por completo de suministros que cruzan una frontera internacional, los operadores pueden obtener energía y conexión por distintas vías.

Las restricciones tailandesas al combustible también generaron una presión imprevista sobre las comunidades locales. Según la Global Initiative, milicias y redes criminales recurrieron a los mercados internos, lo que contribuyó a aumentos de precios en los estados de Karen, Mon y Shan. Restringir un canal de suministro no eliminó la demanda ni la capacidad de pago de los operadores.

Tai Chang, también escrito Taichang Park, ilustra la nueva geografía. Las imágenes satelitales sugieren que el lugar apareció en 2024, mientras que grupos de derechos humanos recibieron solicitudes de ayuda que describían tratos brutales en su interior. La Global Initiative lo identifica como un lugar asociado a la tortura de nuevos reclutas y a la exigencia de pagos de rescate.

Ruser sostiene que los centros aislados dependen más de trabajadores víctimas de trata y cuentan con menos atención médica e infraestructura. Tower describe un modelo emergente de operaciones móviles en la selva, con estructuras temporales, muros portátiles, generadores y conexiones por satélite. Estos centros pueden montarse y trasladarse con mayor facilidad que los extensos complejos visibles desde Tailandia.

El cambio tecnológico importa porque una superficie física más pequeña no necesariamente significa menos posibles víctimas de fraude. El acceso a internet conecta un lugar de trabajo oculto con personas en el extranjero, mientras que el aislamiento puede dificultar la fuga, la vigilancia y la asistencia médica.

Las víctimas de fraude y los trabajadores forzados están unidos por la coacción

Muchas personas que envían mensajes fraudulentos son a su vez víctimas de trata, aunque algunos trabajadores participan voluntariamente. El reclutamiento suele empezar con una oferta de trabajo aparentemente creíble en traducción, atención al cliente o tecnología, seguida del traslado a través de una frontera, la confiscación de documentos y la exigencia de cometer fraudes.

Lin, un superviviente taiwanés identificado con un seudónimo, dijo que una oferta de trabajo como traductor lo llevó a Bangkok antes de que fuera víctima de trata y trasladado a Myanmar. Afirmó que fue castigado después de ponerse en contacto con la policía taiwanesa y enviar por correo electrónico su ubicación. En una solicitud de ayuda dirigida a organizaciones humanitarias, describió el encierro:

«Me encerraron en una jaula y me obligaban a permanecer de pie, esposado y bajo el sol durante horas todos los días».

El método de fraude conocido a menudo como «matanza del cerdo» consiste en establecer una falsa amistad o relación romántica antes de persuadir a alguien para que invierta. Al principio, los delincuentes pueden devolver pequeñas sumas para que una plataforma de inversión falsa parezca legítima; después, solicitan depósitos mucho mayores. Las transferencias de criptomonedas pueden ayudar a mover el dinero obtenido, pero el engaño esencial consiste en inventar una relación y una oportunidad de inversión.

Los supervivientes de Shunda Park dijeron que los principales objetivos eran estadounidenses, aunque también contactaban a australianos. Cameron describió plantas superiores reservadas para los trabajadores que generaban ingresos considerables, mientras que los trabajadores que no tenían éxito eran encerrados abajo en salas de aislamiento con acceso a internet, para que pudieran seguir estafando y ganarse la libertad.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU encontró formas similares de coacción en distintos países. Un superviviente tailandés dijo que debía alcanzar una meta diaria de fraude de unos 9.500 dólares, y que no lograrlo podía acarrearle multas, palizas o el traslado a un complejo con condiciones más duras. Todos los supervivientes entrevistados sufrieron deducciones salariales y ninguno recibió el sueldo íntegro que le habían prometido. Haber recibido parte del salario no significaba que trabajaran voluntariamente.

Salir de un complejo puede conducir a otra forma de detención

El 13 de abril de 2025, más de 270 personas, en su mayoría de Etiopía y otros países africanos, intentaron salir a pie de un centro de detención en Myanmar tras pasar cerca de dos meses esperando el regreso a sus hogares. Los supervivientes dijeron que temían ser enviados de nuevo a las operaciones de estafas después de que los guardias sugirieran que podían obligarlos a volver a trabajar.

Salieron con sus pertenencias, pero se encontraron con soldados armados y finalmente regresaron tras unas conversaciones. Según ese relato, la milicia que los retenía era el Ejército Budista Democrático de Kayin. Se la nombró de manera distinta a la denominación Ejército Benevolente Democrático Karen, utilizada en otros relatos sobre el DKBA.

En ese momento, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia dijo que unas 7.200 personas, en su inmensa mayoría ciudadanos chinos, habían regresado a sus hogares, mientras que cerca de 1.700 seguían en Myanmar. Eso significaba que alrededor de una de cada cinco personas del total combinado de 8.900 seguía esperando. Muchas estaban retenidas en campamentos militares o en complejos de estafas reconvertidos.

Tailandia dijo que los nombres del grupo se añadirían a la lista oficial de repatriación. Etiopía informó de que 130 ciudadanos de un grupo anterior habían regresado y afirmó que se esperaban nuevas rondas en un plazo de 10 días. Esa era una previsión de abril de 2025, no una confirmación de que todas las personas detenidas hubieran llegado posteriormente a sus hogares.

La Global Initiative informó más adelante que en 2025 habían sacado de las redes de estafas de Myawaddy a más de 700 etíopes. También concluyó que las redes se dirigían a personas de países con recursos diplomáticos limitados. Por tanto, el rescate exige algo más que abrir una puerta: los supervivientes necesitan que se reconozca su identidad, autorización para cruzar fronteras, documentos de viaje, transporte y un lugar seguro adonde ir.

Los rescates generan un segundo mercado en torno al cautiverio

Las mismas redes pueden ganar dinero con familias que intentan conseguir la liberación de una persona. La Global Initiative calcula que más de 100 familias chinas pagaron en 2025 tarifas de extracción de entre 30.000 y 50.000 dólares cada una. A esas tarifas, los pagos de apenas 100 familias sumarían entre 3 y 5 millones de dólares.

Intermediarios con vínculos con grupos armados o figuras criminales han creado lo que la organización describe como una industria del rescate. Las familias que afrontan amenazas pueden tener pocas posibilidades de distinguir una vía auténtica para llegar a un lugar seguro de otro esquema de extorsión.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU documentó casos en los que traficantes utilizaron videollamadas para obligar a familiares a presenciar abusos y presionarlos para que pagaran rescates. También registró casos de supervivientes obligados a presenciar o infligir violencia a otros trabajadores. Estas prácticas convierten tanto los vínculos familiares como el miedo en instrumentos de control.

Las pruebas de Shunda Park llegan a investigadores internacionales

La toma de Shunda Park produjo pruebas que van más allá de los testimonios de los supervivientes. Personal del FBI trabajó con las autoridades tailandesas para examinar los teléfonos y discos duros recuperados, y entrevistar a antiguos trabajadores. Los investigadores identificaron a operadores chinos y ayudaron a preparar casos contra dos presuntos líderes.

Huang Xingshan habría actuado como gerente y encargado de imponer la disciplina, y habría participado personalmente en los castigos a trabajadores víctimas de trata. Jiang Wen Jie habría supervisado equipos que tenían como objetivo a estadounidenses. Los fiscales afirman que un trabajador bajo el mando de Jiang obtuvo más de 3 millones de dólares de una sola víctima mediante una plataforma de inversión falsa.

Ambos hombres fueron arrestados posteriormente en Tailandia cuando presuntamente intentaban viajar desde Camboya de regreso a Myanmar. Estas acusaciones no constituyen declaraciones de culpabilidad y, según los relatos del caso, no se ha fijado una fecha para el juicio ni se ha establecido un resultado definitivo.

Las investigaciones de China en el norte de Myanmar muestran otra escala de aplicación de la ley. Un documental producido conjuntamente por el Ministerio de Seguridad Pública de China y la televisión estatal afirma que las autoridades celebraron tres rondas de conversaciones con las familias Bai, Wei, Liu y Ming de Kokang antes de los arrestos de 2023. Las autoridades chinas dicen que operaciones conjuntas repatriaron a 59.000 sospechosos de fraude y que 15 miembros de alto rango de redes criminales fueron ejecutados.

Esas cifras corresponden a una zona y un proceso de aplicación de la ley distintos de la investigación sobre Shunda Park. No permiten establecer cuántas personas siguen cautivas cerca de Tailandia ni si todas las personas repatriadas como sospechosas participaron voluntariamente. La distinción importa cuando los investigadores deben diferenciar a los organizadores y participantes voluntarios de las personas obligadas a cometer delitos.

Perseguir a las redes y proteger a los supervivientes

La UNODC sostiene que la aplicación de la ley debe llegar a la infraestructura financiera que respalda los complejos. Su informe de abril de 2025 describe la banca clandestina, las transferencias de criptomonedas, los intermediarios de datos, el malware, las falsificaciones mediante tecnología deepfake y los servicios que utilizan inteligencia artificial. La banca clandestina mueve dinero al margen de los canales regulados habituales, lo que dificulta el rastreo de los fondos procedentes de delitos.

La agencia recomienda reforzar las investigaciones financieras, coordinar la inteligencia financiera y fomentar la cooperación internacional para recuperar activos. También documenta la expansión más allá del sudeste asiático, hacia África, el sur de Asia, Oriente Medio y las islas del Pacífico. Cerrar una operación fronteriza puede desplazar la actividad en lugar de eliminarla.

Tower sostiene que la Unión Nacional Karen, la organización política vinculada al Ejército de Liberación Nacional Karen, cuenta con conocimiento local y voluntad para enfrentarse a los complejos. Esa valoración requiere una precisión: informes anteriores rastrearon el desarrollo inicial de KK Park hasta un arrendamiento de 2020 bajo la autoridad de la Unión Nacional Karen. La operación de Shunda Park demuestra una intervención concreta, no una división sencilla entre todos los actores de la resistencia y todos los intereses de las milicias.

Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, pide que las leyes contra la trata reconozcan la criminalidad forzada y protejan de castigos a las víctimas por delitos que fueron obligadas a cometer. Expuso ese requisito de forma explícita:

«Las respuestas eficaces deben basarse en las leyes y normas de derechos humanos. Es fundamental reconocer explícitamente la criminalidad forzada en las leyes y reglamentos contra la trata y garantizar que las víctimas de trata no sean castigadas por los delitos que fueron obligadas a cometer».

Türk también pide rescates seguros, rehabilitación, garantías para evitar el retorno a situaciones de peligro, supervisión del reclutamiento y medidas contra la corrupción. Estas acciones abordan fallas visibles en toda esta historia: la contratación engañosa, el confinamiento abusivo, las demoras en la repatriación y la capacidad de los operadores criminales para conservar su protección.

Aún no se ha establecido el efecto duradero de la toma de Shunda Park. Los investigadores tienen pruebas y presuntos organizadores bajo custodia, pero siguen las nuevas construcciones y los traslados. No se ha fijado un calendario integral de cierres, y la guerra que continúa en Myanmar deja a rescatistas y supervivientes expuestos a nuevos combates en torno a los complejos.

Puntos clave

• Se encontraron unas 3.000 personas trabajando en Shunda Park, donde los supervivientes describieron torturas por no alcanzar los objetivos de fraude.
• La Global Initiative calcula que hay unos 40 complejos con entre 50.000 y 100.000 personas a lo largo de un corredor fronterizo de 200 kilómetros.
• Los operadores se están trasladando hacia el interior y utilizan internet por satélite, energía solar e instalaciones más pequeñas.
• Las redadas, demoliciones y detenciones han interrumpido las operaciones en lugares concretos, pero no han demostrado que las redes más amplias hayan dejado de funcionar.
• Los trabajadores liberados han afrontado detenciones prolongadas, demoras en la repatriación y temor a que los devuelvan a operaciones de estafas.
• Las pruebas recuperadas en Shunda Park respaldaron investigaciones sobre dos presuntos organizadores chinos.
• Organismos de la ONU piden medidas contra las redes financieras, cooperación internacional y protección frente a castigos para las víctimas de trata obligadas a cometer delitos.