El activista hongkonés se enfrenta a una posible cadena perpetua
Joshua Wong, uno de los activistas prodemocracia más conocidos de Hong Kong, se declaró culpable de un cargo de colusión con entidades extranjeras en virtud de la Ley de Seguridad Nacional de la ciudad. El delito conlleva una pena máxima de cadena perpetua.
Contenido
- El activista hongkonés se enfrenta a una posible cadena perpetua
- Qué dicen los fiscales que hizo Wong
- Por qué importa la Ley de Seguridad Nacional
- Del Movimiento de los Paraguas a la cárcel
- Un segundo caso de seguridad mientras Wong está en prisión
- Sus partidarios piden una sentencia leve
- Qué revela el caso sobre el clima político de Hong Kong
- El costo más amplio para la política de oposición
- En resumen
El activista, de 29 años, ya cumple una condena de cuatro años y ocho meses tras ser declarado culpable de subversión, otro delito contemplado en la misma ley, a finales de 2024. Un tribunal examinó el último caso el martes y anunció que dictará sentencia más adelante. Está previsto que su condena actual termine a principios del próximo año.
El caso añade una nueva amenaza judicial para una figura que alcanzó notoriedad internacional durante las protestas masivas por la democracia en Hong Kong. También muestra cómo las acciones de activistas fuera de Hong Kong, incluidas las peticiones de sanciones extranjeras, pueden considerarse delitos contra la seguridad nacional en virtud de la ley que Pekín impuso en 2020.
Unas 40 personas, entre ellas activistas y amigos cercanos, asistieron a la audiencia. Wong compareció con una camisa azul oscuro y gafas de montura oscura. No refutó las acusaciones y se le vio sonreír y asentir cuando algunas personas del público lo llamaron.
Qué dicen los fiscales que hizo Wong
El cargo se refiere a hechos ocurridos entre julio y finales de noviembre de 2020, el año en que China introdujo la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong. Los fiscales acusan a Wong de colaborar con otros activistas, entre ellos el exactivista y legislador Nathan Law, para pedir a gobiernos y organizaciones extranjeros que impusieran sanciones u otras restricciones a Pekín.
El tribunal escuchó que Wong y Law participaron en numerosas ocasiones en actividades de presión internacional. Entre ellas hubo visitas a Estados Unidos, Alemania e Italia, donde buscaron apoyo para tomar medidas contra funcionarios chinos y hongkoneses.
Los fiscales también aludieron a la Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong, una ley estadounidense que entró en vigor en noviembre de 2019, durante el primer mandato de Donald Trump. La ley exige que el Gobierno de Estados Unidos considere imponer sanciones a funcionarios de China continental y Hong Kong considerados responsables de abusos contra los derechos humanos en Hong Kong.
La fiscalía afirmó que Wong siguió buscando apoyo internacional incluso después de que se disolviera Demosistō, el partido prodemocracia que ayudó a fundar. Los fiscales sostuvieron que mantuvo su postura política y siguió trabajando para promover la presión extranjera sobre China.
La declaración de culpabilidad de Wong significa que el tribunal se centrará en la sentencia, en lugar de celebrar un juicio completo sobre las acusaciones. La pena máxima es la cadena perpetua, aunque el castigo definitivo dependerá de la valoración que haga el tribunal de los hechos y de otros factores del caso.
Por qué importa la Ley de Seguridad Nacional
China impuso la Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong en junio de 2020, tras meses de grandes protestas en 2019. La ley creó delitos relacionados con la secesión, la subversión, el terrorismo y la colusión con potencias extranjeras. También permite que algunos casos relacionados con delitos contra la seguridad nacional se juzguen sin jurado y que ciertos casos se remitan a China continental.
Quienes respaldan la ley, entre ellos las autoridades de Pekín y Hong Kong, afirman que restableció el orden tras un período de disturbios y protegió la seguridad nacional. Rechazan las acusaciones de que haya destruido la autonomía de Hong Kong y sostienen que los derechos políticos deben ejercerse dentro de los límites de la soberanía nacional.
Los críticos afirman que la ley ha reducido drásticamente el espacio para los partidos de oposición, las campañas independientes y las protestas públicas. Desde su entrada en vigor, destacados políticos, activistas, periodistas y figuras de la sociedad civil han sido detenidos, encarcelados, sometidos a restricciones o forzados al exilio.
La colusión con entidades extranjeras es una categoría amplia en virtud de la ley. Puede incluir pedir sanciones, incitar al odio contra el Gobierno central o el de Hong Kong, o proporcionar información confidencial a instituciones extranjeras. La ley ha hecho que el contacto con gobiernos de otros países entrañe riesgos particulares para activistas que antes consideraban la labor de incidencia internacional una parte normal de su actividad política.
Del Movimiento de los Paraguas a la cárcel
Wong llamó por primera vez la atención internacional durante el Movimiento de los Paraguas de 2014, cuando estudiantes y otros manifestantes ocuparon las principales calles para exigir un sistema más abierto para elegir al jefe del Ejecutivo de Hong Kong. Entonces era adolescente y se convirtió en una de las figuras más visibles de la campaña.
Más adelante, en abril de 2016, ayudó a fundar Demosistō junto a otros jóvenes activistas, entre ellos Nathan Law. El grupo reclamaba una mayor democracia y sostenía que los residentes de Hong Kong debían tener más voz en el futuro político de la ciudad. Wong y Law también se presentaron a las elecciones de ese año al Consejo Legislativo.
Demosistō se disolvió en junio de 2020, poco después de la entrada en vigor de la ley de seguridad. Sin embargo, según los fiscales, Wong siguió apoyando las actividades de presión internacional y criticando públicamente las políticas de Pekín.
Wong fue una de las principales figuras vinculadas a las enormes manifestaciones prodemocracia que se extendieron por Hong Kong en 2019. Las protestas comenzaron por un proyecto de ley de extradición y se convirtieron en un movimiento más amplio que exigía reformas democráticas, una investigación sobre la actuación policial y la dimisión del entonces jefe del Ejecutivo de Hong Kong.
En su momento de mayor auge, las manifestaciones llevaron a millones de personas a las calles, mientras que los enfrentamientos entre manifestantes y policías provocaron graves alteraciones. El movimiento terminó tras la promulgación de la ley de seguridad y el inicio de su aplicación contra muchos de sus principales organizadores.
Un segundo caso de seguridad mientras Wong está en prisión
El último caso de Wong ha llamado la atención porque ya cumple una larga condena de prisión. Su condena anterior por subversión estaba relacionada con unas elecciones primarias no oficiales organizadas por grupos de oposición en 2020. Las autoridades afirmaron que la votación formaba parte de un plan para obtener la mayoría legislativa y utilizarla para obligar al Gobierno a aceptar demandas políticas.
La acusación en ese caso se basó en las disposiciones sobre subversión de la Ley de Seguridad Nacional. Wong y otros acusados fueron señalados por conspirar para socavar al Gobierno, aunque sus partidarios describieron las primarias como un intento de coordinar a los candidatos antes de unas elecciones previstas.
La presentación de otro cargo cuando ya estaba entre rejas ha aumentado la preocupación de los partidarios de Wong. El activista Louis Lee dijo que las personas cercanas a Wong estaban desalentadas por la apertura de otro caso de seguridad mientras cumplía su condena actual.
Lee dijo que Wong había seguido buscando maneras de aprovechar su tiempo en prisión, entre ellas aprender a tocar la guitarra y hacer ejercicio. También afirmó que esperaba que otras personas pudieran aprender de la determinación de Wong.
Sus partidarios piden una sentencia leve
Durante la audiencia, los partidarios llamaron a Wong desde el público. El tribunal escuchó a un integrante del grupo gritar palabras de aliento mientras el acusado respondía con una sonrisa y un gesto de asentimiento.
Tsang Kin Shing, exintegrante de la ya disuelta Liga de los Socialdemócratas, dijo que esperaba que el tribunal impusiera una sentencia leve. Tsang aludió al tiempo que Wong había pasado bajo custodia y señaló que el activista llevaba más de 2.000 días en prisión.
¡Resiste, Joshua!
El breve intercambio reflejó la limitada forma de apoyo público que aún es posible expresar a las figuras de la oposición de Hong Kong. Las grandes manifestaciones y las organizaciones políticas que antes daban al movimiento una plataforma pública han desaparecido en gran medida, mientras que muchos activistas viven ahora en el extranjero o afrontan cargos penales en su país.
La declaración de culpabilidad de Wong también significa que el caso avanzará directamente hacia la sentencia. El tribunal no ha anunciado la fecha de esa audiencia ni ha indicado qué castigo podría imponer.
Qué revela el caso sobre el clima político de Hong Kong
El procesamiento de actividades de presión en el extranjero en virtud de la ley de seguridad ilustra el amplio alcance del sistema jurídico de Hong Kong posterior a 2020. Antes de que se introdujera la ley, los activistas viajaban con frecuencia al extranjero, se reunían con legisladores extranjeros y pedían a los gobiernos que se pronunciaran sobre los derechos políticos de Hong Kong. Ahora, esas mismas actividades pueden presentarse ante un tribunal como prueba de colaboración con fuerzas externas.
El caso también sitúa la disputa sobre las actividades de incidencia internacional de Hong Kong en el centro de un proceso judicial. Los partidarios de Wong consideran que las sanciones y la presión diplomática son herramientas pacíficas para defender las libertades civiles. Las autoridades chinas y hongkonesas ven esas peticiones como intentos de involucrar a gobiernos extranjeros en los asuntos internos de China.
El desacuerdo ha afectado las relaciones entre Hong Kong y los gobiernos occidentales. Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea y otros gobiernos han criticado la ley de seguridad e impuesto sanciones o restricciones de visado a determinados funcionarios. Pekín ha condenado esas medidas por considerarlas una injerencia y, en algunos casos, ha respondido con sus propias sanciones.
Para los activistas, los riesgos van más allá de las protestas públicas. La recaudación de fondos, la comunicación con grupos extranjeros, los viajes y las actividades de incidencia política pueden quedar bajo un escrutinio más estricto cuando las autoridades creen que están vinculados a presiones extranjeras. Por eso, el caso de Wong forma parte de una disputa más amplia sobre hasta qué punto Hong Kong puede conservar una identidad política propia dentro del marco jurídico y político nacional de China.
El costo más amplio para la política de oposición
Hong Kong conserva tribunales propios, una moneda propia y un sistema comercial distinto del de China continental. El marco constitucional de la ciudad también promete un alto grado de autonomía en virtud del principio conocido como «un país, dos sistemas». Pekín afirma que ese acuerdo sigue vigente, mientras que los críticos sostienen que la autonomía política se ha reducido considerablemente.
Desde la introducción de la ley de seguridad, legisladores de la oposición han sido destituidos o inhabilitados, grupos políticos han cerrado y organizaciones independientes han sufrido presiones. También se modificaron las normas electorales para garantizar que los candidatos considerados leales a Pekín dominen el poder legislativo.
La actividad de Wong en años anteriores lo convirtió en un símbolo del movimiento juvenil de Hong Kong. Su procesamiento muestra ahora el costo personal que afrontan los activistas que siguieron haciendo campaña después del cambio del sistema político. La posible cadena perpetua es el castigo más severo permitido por la disposición sobre colusión con entidades extranjeras, aunque el tribunal decidirá la sentencia efectiva tras examinar el caso.
Se prevé que los partidarios de Wong sigan pendientes del proceso, mientras que muchos de sus antiguos compañeros permanecen en el extranjero. Su caso se ha convertido en otra prueba importante de cómo aplican las autoridades de Hong Kong la ley de seguridad a las actividades políticas internacionales.
En resumen
- Joshua Wong se declaró culpable de colusión con entidades extranjeras en virtud de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong.
- El cargo conlleva una pena máxima de cadena perpetua.
- Los fiscales vincularon el caso a actividades de presión para conseguir sanciones y otras medidas extranjeras contra Pekín en 2020.
- Wong ya cumple una condena de cuatro años y ocho meses por subversión en virtud de la misma ley.
- El tribunal aún no ha anunciado la fecha ni los términos de la sentencia.
- Sus partidarios afirman que el caso refleja la reducción del espacio para la política de oposición y el activismo internacional en Hong Kong.
