Presuntas provocaciones con drones y una fallida apuesta por la ley marcial
El expresidente surcoreano destituido Yoon Suk Yeol ha sido acusado de ayudar a un Estado enemigo y de abuso de poder por un presunto plan para enviar drones militares a Corea del Norte a finales de 2024. Según un fiscal especial, los vuelos tenían como objetivo provocar a Pyongyang y crear la apariencia de una crisis de seguridad nacional que pudiera justificar la declaración de ley marcial de emergencia de Yoon el 3 de diciembre. El decreto de ley marcial se desmoronó en cuestión de horas tras un tenso enfrentamiento en la Asamblea Nacional; después llegaron la destitución, el arresto y la salida del cargo en abril.
Contenido
- Presuntas provocaciones con drones y una fallida apuesta por la ley marcial
- Qué dicen los fiscales que ocurrió
- El memorando en el centro del caso
- Cómo se desarrolló el intento de imponer la ley marcial en diciembre
- Por qué importan los drones en el pulso entre las dos Coreas
- Los cargos y las personas imputadas
- Las cuestiones jurídicas que debe resolver el tribunal
- Qué implica para los aliados y la seguridad regional
- En síntesis
Los fiscales sostienen que el caso se basa ahora en una serie de notas de planificación recuperadas del teléfono móvil de un exjefe de contrainteligencia, junto con testimonios de denunciantes dentro de la unidad militar de drones. Los memorandos describen un plan para provocar inestabilidad mediante provocaciones que incluían incursiones de drones en Pyongyang y otros lugares sensibles. Corea del Norte había acusado al Sur de lanzar panfletos desde drones en tres ocasiones en octubre y publicó imágenes de una aeronave no tripulada estrellada que, según dijo, pertenecía al Sur. Los investigadores afirman que los documentos coinciden con esas denuncias y apuntan a la intención de provocar una respuesta de Kim Jong Un.
Yoon niega haber ordenado incursiones con drones o haber intentado una insurrección. Ha dicho que su decisión de imponer la ley marcial buscaba proteger al país de fuerzas contrarias al Estado y sacar a la luz irregularidades de sus rivales políticos. El exministro de Defensa Kim Yong hyun y el entonces jefe de contrainteligencia militar, Yeo In hyung, fueron imputados junto con él. Los tres ya afrontan un juicio separado por insurrección, delito que puede acarrear cadena perpetua o pena de muerte. La nueva acusación añade cargos de ayuda a un Estado enemigo y de perjuicio a los intereses militares de Corea del Sur.
Qué dicen los fiscales que ocurrió
El fiscal especial, nombrado tras la destitución de Yoon, sostiene que él y altos asesores buscaron desencadenar un ciclo de enfrentamientos de baja intensidad que hiciera parecer necesaria la ley marcial. Un memorando fechado en octubre menciona la creación de inestabilidad e identifica objetivos ante los que una reacción norcoreana sería prácticamente inevitable, entre ellos el centro de Pyongyang y la ciudad portuaria de Wonsan. Otra anotación enumera provocaciones por tipo y destaca las palabras drones y ataque quirúrgico entre las opciones.
El memorando en el centro del caso
Los fiscales afirman que el memorando fue recuperado del teléfono de Yeo In hyung, entonces jefe del Mando de Contrainteligencia de Defensa. En él se plantea forzar a Pyongyang a perder prestigio y aprovechar cualquier oportunidad que pudiera surgir de un aumento de las tensiones.
Los investigadores afirman que las notas pedían «crear una situación inestable» y elegir «objetivos como Pyongyang... para que una respuesta fuera inevitable».
Los investigadores también rastrearon los preparativos para una emergencia nacional hasta una reorganización militar de octubre de 2023. El fiscal especial sostiene que estos registros, junto con la información sobre los vuelos proporcionada por denunciantes del Mando de Operaciones con Drones, conforman un patrón que vincula las incursiones de octubre y noviembre de 2024 con la planificación de la ley marcial.
El general retirado y legislador Kim Byung joo dijo a sus colegas que le habían informado de que drones cruzaron a Corea del Norte el 3 de octubre, nuevamente entre el 8 y el 9 de octubre y el 13 de noviembre. Según dijo, el objetivo descrito por los denunciantes era provocar una represalia que pudiera justificar el estado de emergencia. Los responsables de Defensa de Corea del Sur negaron inicialmente la denuncia del Norte y después afirmaron que el Ejército no podía confirmar si esos vuelos habían tenido lugar, una postura habitual cuando se trata de operaciones de reconocimiento sensibles.
Cómo se desarrolló el intento de imponer la ley marcial en diciembre
La noche del 3 de diciembre, Yoon anunció la ley marcial de emergencia, afirmó que fuerzas contrarias al Estado se habían infiltrado en el Gobierno y ordenó el despliegue de tropas en los alrededores de la Asamblea Nacional. Vehículos blindados y soldados se movilizaron para asegurar lugares clave, mientras altos funcionarios intentaban detener la actividad parlamentaria.
Los legisladores se reunieron durante la noche y votaron para rechazar el decreto. Organizaciones de la sociedad civil se manifestaron frente al Parlamento. Las unidades militares desplegadas alrededor del complejo no llegaron a efectuar detenciones en su interior. Por la mañana, el Gobierno revocó la orden. En las semanas siguientes, los fiscales iniciaron acciones contra altos asesores. En enero, Yoon fue acusado de dirigir una rebelión. En abril, el Tribunal Constitucional confirmó su destitución y lo apartó del cargo.
Yoon ha insistido en que nunca pretendió imponer un régimen militar. Sostiene que actuó para proteger la democracia y sacar a la luz lo que describe como elementos contrarios al Estado dentro de la oposición. Un comunicado de su equipo legal calificó la nueva acusación de parcial y afirmó que el expresidente no fue informado de ningún vuelo de drones. El exministro de Defensa Kim también afronta cargos relacionados. Yeo ha dicho que lamenta no haber impugnado la orden.
Por qué importan los drones en el pulso entre las dos Coreas
Las incursiones de drones a través de la frontera entre las dos Coreas son peligrosas porque son difíciles de detectar y fáciles de negar. Las aeronaves no tripuladas que vuelan a baja altura pueden eludir los radares y utilizarse para reconocimiento, guerra electrónica o para lanzar cargas pequeñas, como panfletos. Una incursión en el espacio aéreo del centro de Pyongyang sería considerada por el Norte una grave violación de su soberanía.
El armisticio que puso fin a los combates en 1953 creó una zona desmilitarizada y estableció normas que ambas partes ponen a prueba con frecuencia. No existe un tratado de paz. Según el armisticio, las aeronaves militares están sujetas a estrictas restricciones cerca de la frontera. Si las fuerzas surcoreanas autorizaron vuelos de drones sobre Pyongyang, eso habría vulnerado el espíritu del acuerdo y el Norte podría considerarlo un acto de guerra.
Las tensiones por los drones aumentaron después de que unidades norcoreanas enviaran varios a espacio aéreo surcoreano en diciembre de 2022, incluida una pequeña aeronave que llegó a las afueras de Seúl. Corea del Sur respondió con disparos de advertencia, el despegue de cazas y sus propios vuelos de reconocimiento al norte de la frontera. Es poco frecuente que se reconozcan públicamente estas operaciones, por lo que los investigadores han recurrido al análisis forense de dispositivos y a los testimonios de denunciantes para reconstruir lo ocurrido en octubre de 2024.
Kim Byung joo, el general retirado que ocupa un escaño en la Asamblea Nacional, advirtió del peligro de un error de cálculo.
«Fue una suerte que Corea del Norte no respondiera militarmente. La situación podría haber desembocado en un conflicto», dijo.
Los analistas afirman que la decisión de Pyongyang de cortar las conexiones ferroviarias y viales y destruir dos carreteras después de los presuntos vuelos de octubre expresó su enojo sin provocar un enfrentamiento. Algunos creen que el despliegue de tropas norcoreanas en Rusia y otras prioridades operativas pudieron moderar su reacción. Los vuelos de drones de cualquiera de las partes conllevan el riesgo de desencadenar una rápida cadena de represalias que los líderes podrían tener dificultades para controlar.
Los cargos y las personas imputadas
La nueva acusación imputa a Yoon ayuda a un Estado enemigo, abuso de poder y perjuicio a los intereses militares de Corea del Sur. Los fiscales presentaron los mismos cargos contra Kim Yong hyun, exministro de Defensa, y Yeo In hyung, exjefe de contrainteligencia militar. Ambos ya estaban detenidos por el caso de la ley marcial.
Kim Yong dae, quien dirigía el Mando de Operaciones con Drones, fue acusado de delitos relacionados, entre ellos obstrucción de funciones oficiales y falsificación, pero no fue arrestado. Los investigadores afirman que limitaron los cargos de conspiración a los funcionarios cuya intención estaba clara y que no encontraron pruebas de que los oficiales de menor rango entendieran que los vuelos de drones estuvieran relacionados con un plan para imponer la ley marcial.
Park Ji young, portavoz del fiscal especial, dijo que la presunta estrategia aumentó el peligro de un conflicto armado y perjudicó los intereses del país. Park también señaló que algunos detalles siguen siendo clasificados porque los memorandos y archivos operativos contienen secretos militares.
Park dijo que los acusados «conspiraron para crear las condiciones necesarias para declarar la ley marcial, aumentar el riesgo de un conflicto armado y socavar los intereses militares nacionales».
Las cuestiones jurídicas que debe resolver el tribunal
Para obtener una condena por ayuda a un Estado enemigo, los fiscales deben demostrar que determinadas acciones beneficiaron a Corea del Norte o que se llevaron a cabo con esa intención. Se espera que la defensa sostenga que las presuntas provocaciones buscaban reforzar la seguridad de Corea del Sur, no beneficiar a Pyongyang, y que Yoon nunca ordenó una incursión de drones.
El cargo de insurrección se centra en la intención y la dirección del intento de tomar el poder el 3 de diciembre. Los jueces analizarán si Yoon y sus asesores coordinaron el despliegue de tropas contra las instituciones constitucionales y si la orden constituyó un ataque contra el sistema democrático. La legislación surcoreana permite imponer la ley marcial en caso de guerra o de graves disturbios repentinos, pero la Constitución exige que se informe a la Asamblea Nacional y concede a los legisladores la facultad de revocar la orden. Eso fue lo que ocurrió la noche del 3 de diciembre.
Si es condenado por los cargos más graves, Yoon podría afrontar cadena perpetua o la pena de muerte. Corea del Sur mantiene la pena capital en su legislación, aunque no ha ejecutado a nadie desde 1997. La sentencia dependerá de las conclusiones del tribunal sobre la intención, la responsabilidad de mando y el grado de planificación reflejado en las notas incautadas.
Qué implica para los aliados y la seguridad regional
La alianza de Seúl con Estados Unidos se basa en una estrecha coordinación militar y un estricto control civil de las fuerzas armadas. Si se demuestra que hubo un intento de fabricar una crisis de seguridad para obtener beneficios políticos internos, esto generaría preocupación en Washington y Tokio, tanto por el riesgo de escalada como porque difumina la frontera entre la planificación de la defensa y la política.
El caso también se produce en un momento de rápidos cambios en la tecnología militar de la región. Los drones, los sensores de bajo costo y las armas de precisión reducen el tiempo del que disponen los líderes para tomar decisiones durante una crisis. Las suposiciones equivocadas sobre una pequeña aeronave no tripulada pueden desencadenar una espiral de movilizaciones y contramedidas. El peligro aumenta en la península de Corea, donde ambos Gobiernos siguen siendo enemigos sobre el papel y la población vive en medio de tensiones periódicas.
En síntesis
- El fiscal especial acusa al expresidente Yoon Suk Yeol de ayudar a un Estado enemigo y abusar de su poder por presuntas provocaciones con drones
- Los fiscales citan memorandos hallados en un teléfono y testimonios de denunciantes que describen planes para crear inestabilidad y apuntar a Pyongyang
- Corea del Norte denunció en tres ocasiones el lanzamiento de panfletos desde drones en octubre de 2024 y después cortó las conexiones ferroviarias y viales
- Yoon declaró la ley marcial de emergencia el 3 de diciembre de 2024, pero los legisladores la revocaron en cuestión de horas
- Yoon fue destituido en abril de 2025 por el Tribunal Constitucional y sigue afrontando un juicio por insurrección
- El exministro de Defensa Kim Yong hyun y el exjefe de contrainteligencia Yeo In hyung fueron acusados de los mismos nuevos cargos
- Los investigadores afirman que no acusan a los oficiales de menor rango de participar en ningún complot
- Una condena podría acarrear cadena perpetua o la pena de muerte según la legislación surcoreana
