La investigación ampliada supera una etapa parlamentaria clave
El Comité de Legislación y Justicia del Parlamento de Corea del Sur aprobó el 4 de noviembre de 2026 un proyecto de ley que crearía una fiscalía especial con hasta 309 integrantes y un plazo de 200 días para investigar denuncias de investigaciones y acusaciones fabricadas durante el mandato del expresidente Yoon Suk Yeol. La propuesta revisada abarca 12 grupos de casos, incluidos procesos penales contra el presidente Lee Jae Myung y asuntos incorporados recientemente relacionados con el gobierno del expresidente Moon Jae In.
Contenido
- La investigación ampliada supera una etapa parlamentaria clave
- ¿Qué cambió en las facultades de la fiscalía?
- Por qué la revisión no eliminó una advertencia jurídica
- Doce grupos de casos y más denuncias
- ¿Quién elegiría al investigador?
- Cómo avanzó el proyecto en el Parlamento
- Un equipo numeroso en medio de la escasez de personal
- Independencia judicial e investigaciones que se solapan
- La próxima votación podría retrasar otros proyectos
- Puntos clave
El gobernante Partido Democrático hizo aprobar la medida en una tarde en una subcomisión, un comité de conciliación y el pleno del comité. Los legisladores del Partido del Poder Popular abandonaron la sesión antes de las votaciones. Argumentaron que la ley permitiría a Lee elegir a un investigador para examinar a los fiscales responsables de los casos en su contra.
Los demócratas eliminaron el texto que permitía al fiscal especial decidir si debían continuar los procesos, así como una disposición que le permitía exigir el traspaso de casos. Sin embargo, un especialista jurídico parlamentario advirtió que otra disposición aún podría permitir retirar acusaciones en virtud de la Ley de Procedimiento Penal.
El Partido Democrático tenía previsto solicitar una votación en el pleno de la Asamblea Nacional el 5 de noviembre. El Partido del Poder Popular amenazó con recurrir a una obstrucción parlamentaria, un debate prolongado que se utiliza para retrasar una votación, y dijo que su respuesta podría extenderse a todos los proyectos de ley incluidos en el orden del día de esa sesión.
¿Qué cambió en las facultades de la fiscalía?
La propuesta original de abril asignaba al fiscal especial la responsabilidad de investigar los casos, presentar cargos, mantener las acusaciones y decidir si debían continuar. La revisión del comité eliminó el texto sobre esa decisión final, pero mantuvo las funciones de investigación, acusación y procesamiento.
El legislador del Partido Democrático Kim Eui-kyeom dijo que los cambios también eliminaron la disposición que permitía al fiscal especial exigir casos a otros fiscales. Sus críticos habían sostenido que, en conjunto, esas facultades podrían permitir al nuevo investigador asumir un proceso existente y luego ponerle fin.
Kim, quien presidió la subcomisión encargada de revisar el proyecto, explicó la revisión a los periodistas:
«Se eliminaron todas las cláusulas relacionadas con la anulación de las acusaciones».
El líder del Partido Democrático en el pleno, Han Byung-do, dijo que el partido había eliminado tanto las disposiciones relativas a la anulación de acusaciones como las que podían producir el mismo efecto. El presidente del comité, Seo Young-kyo, también rechazó la descripción de la oposición, que calificó la medida como un proyecto de ley para anular los procesos contra el presidente.
El desacuerdo restante se refiere al efecto jurídico del texto revisado. Retirar una acusación significa que el fiscal deja de perseguir ese cargo ante los tribunales. Para los acusados cuyos casos ya están ante los jueces, la facultad de tomar esa decisión es un aspecto central de la disputa.
Por qué la revisión no eliminó una advertencia jurídica
Choi Gi-do, asesor especialista del comité judicial, identificó otra vía por la que el fiscal especial podría conservar la facultad de retirar acusaciones. En su revisión de la propuesta de abril, señaló una cláusula que aplica al fiscal especial las disposiciones de la Ley de Procedimiento Penal que rigen a los fiscales.
El artículo 255 de esa ley se refiere al retiro de acusaciones. Según la evaluación de Choi, podría interpretarse que el fiscal especial tiene esa facultad en virtud de la cláusula de aplicación general, incluso sin una disposición específica que se la otorgue. Esa cláusula se mantuvo en el proyecto revisado por el comité.
Choi recomendó debatir la exclusión explícita de esa facultad si los legisladores consideraban injusto que un fiscal especial nombrado por el presidente pudiera retirar cargos en un caso en el que ese presidente es el acusado.
La decisión práctica consiste en eliminar el texto que otorga expresamente una facultad o redactar una disposición que la prohíba de manera explícita. Los demócratas afirmaron que sus eliminaciones resolvían la preocupación. El análisis de Choi señaló un motivo por el que el debate jurídico podría continuar tras esos cambios. El comité aprobó el proyecto sin resolver esa interpretación.
Doce grupos de casos y más denuncias
El proyecto revisado mantiene 12 categorías de casos, pero aumenta el número de denuncias incluidas en ellas. Los legisladores agruparon varios asuntos de desarrollo inmobiliario y corrupción relacionados con Lee y añadieron investigaciones vinculadas con el gobierno de Moon. El caso del tiroteo contra un funcionario surcoreano en el mar Amarillo ya figuraba en la propuesta anterior; la revisión lo agrupó con la repatriación forzada de pescadores norcoreanos.
El mandato ampliado abarca la manera en que los fiscales y otros organismos estatales investigaron o procesaron los siguientes asuntos:
- Presunto abuso de confianza relacionado con los proyectos de desarrollo inmobiliario de Daejang-dong, Wirye y Baekhyeon-dong, junto con denuncias relacionadas con Kim Yong, exsubdirector del Instituto de Investigación Democrática.
- Presuntas infracciones de la ley electoral vinculadas con los proyectos de desarrollo de Daejang-dong y Baekhyeon-dong.
- Denuncias de que se indujo a Kim Jin-seong a prestar falso testimonio.
- Presuntos pagos a Corea del Norte a través del grupo Ssangbangwool.
- Presuntos sobornos relacionados con el patrocinio del Seongnam FC.
- Presunto uso indebido de tarjetas corporativas y abuso de confianza durante el mandato de Lee como gobernador de Gyeonggi.
- Presuntos informes falsos destinados a difamar a Yoon.
- Presunta manipulación de estadísticas durante el gobierno de Moon.
- El tiroteo contra un funcionario surcoreano en el mar Amarillo y la repatriación forzada de pescadores norcoreanos.
- Denuncias de soborno relacionadas con un empleo obtenido por el exyerno de Moon.
- Presuntas filtraciones de información clasificada sobre el sistema de defensa antimisiles THAAD.
- Presunta manipulación de la evaluación económica del reactor nuclear número 1 de Wolsong.
La repatriación de los pescadores, el asunto laboral relacionado con la familia de Moon, las denuncias sobre el THAAD y la evaluación de Wolsong se añadieron durante la revisión del comité. El THAAD es un sistema diseñado para interceptar misiles en vuelo. El asunto de Wolsong se refiere a una evaluación de la conveniencia económica de mantener en funcionamiento el reactor.
El proyecto investigaría presuntas irregularidades de la Fiscalía, el Servicio Nacional de Inteligencia, la Junta de Auditoría e Inspección y otros organismos estatales durante el mandato de Yoon. Se centraría en la forma en que esas instituciones trataron los casos enumerados, incluidas las denuncias de investigaciones selectivas, pruebas distorsionadas y cargos fabricados.
¿Quién elegiría al investigador?
El procedimiento de nombramiento no cambió. El Partido Democrático, el Partido del Poder Popular y el Partido de Reconstrucción de Corea recomendarían un candidato cada uno. Después, Lee nombraría a uno de los tres como fiscal especial.
El legislador del Partido del Poder Popular Yoon Sang-hyun sostuvo que este mecanismo creaba un conflicto porque Lee es acusado en casos cuyo tratamiento sería objeto de investigación. En la reunión del pleno del comité, Yoon acusó al comité judicial de haberse convertido en una oficina jurídica del presidente y describió el procedimiento de nombramiento como un uso privado del poder público.
Kim Eui-kyeom respondió que ampliar la investigación y eliminar las disposiciones relacionadas con la anulación de procesos había reducido gran parte del conflicto asociado con la función del presidente en el nombramiento. Dijo que el objetivo era abordar las investigaciones coercitivas, selectivas y políticas durante el mandato de Yoon.
El propio Lee había pedido cambios en una rueda de prensa en septiembre. Solicitó a los legisladores que eliminaran las disposiciones sobre el traspaso o la resolución de casos y se concentraran en esclarecer los hechos. La solicitud precedió a la revisión del comité en noviembre, aunque se mantuvo la facultad del presidente para realizar el nombramiento definitivo.
La disputa se produce tras la victoria de Lee en las elecciones anticipadas de junio de 2025, que siguió a la destitución de Yoon tras la crisis de la ley marcial. Lee asumió el cargo con casos penales pendientes, lo que convirtió la relación entre el poder presidencial y esos procesos en un asunto político persistente.
Cómo avanzó el proyecto en el Parlamento
El legislador del Partido Democrático Cheon Jun-ho presentó la propuesta en abril. Más adelante, el partido adoptó su aprobación como posición oficial en una reunión de sus legisladores el 3 de noviembre y completó las etapas del comité al día siguiente.
Las principales etapas fueron:
- Abril de 2026: Cheon presentó el proyecto para crear una fiscalía especial.
- Septiembre de 2026: Lee pidió eliminar las disposiciones sobre traspaso y resolución de casos, y centrarse en esclarecer los hechos.
- 3 de noviembre de 2026: Los legisladores del Partido Democrático adoptaron la aprobación del proyecto como política del partido.
- 4 de noviembre de 2026: El proyecto fue aprobado por la subcomisión de revisión, el comité de conciliación y el pleno del comité judicial.
- 5 de noviembre de 2026: Los demócratas tenían previsto solicitar una votación en el pleno de la Asamblea Nacional.
El Partido del Poder Popular solicitó la intervención del comité de conciliación, que puede examinar un proyecto controvertido durante un máximo de 90 días. Ese plazo es un límite máximo, no un período de espera obligatorio. Cuatro de sus seis integrantes pueden aprobar la devolución de un proyecto al comité permanente para una decisión inmediata.
Este comité estaba integrado por tres demócratas, dos legisladores del Partido del Poder Popular y un legislador del Partido Progresista. Los demócratas y el integrante del Partido Progresista apoyaron la medida tras cerca de una hora de debate. El texto revisado por la subcomisión volvió entonces al pleno del comité y fue aprobado.
Un equipo numeroso en medio de la escasez de personal
El proyecto permite un equipo de hasta 309 personas, incluidos 20 fiscales en comisión de servicio, hasta 70 investigadores especiales y hasta 210 funcionarios públicos de otros organismos en comisión de servicio. Establece 20 días para la preparación y 180 días para la investigación, lo que suma un máximo de 200 días.
En comparación con la propuesta inicial, el número de fiscales bajó de 30 a 20, y el límite de investigadores especiales pasó de 150 a 70. La cantidad permitida de otros funcionarios públicos aumentó de 170 a 210. Estos cambios reducen dos grupos de especialistas y aumentan el personal procedente de otros organismos gubernamentales.
Lee Jin-soo, viceministro de Justicia en funciones como ministro interino, pidió reducir aún más el número de fiscales, por debajo de 20, durante el debate de la subcomisión. Su recomendación no se incluyó en la revisión. También instó a mejorar las disposiciones que permiten presentar objeciones cuando el fiscal especial actúa fuera de sus funciones asignadas.
El debate sobre el personal se produce mientras se acumulan los casos ordinarios. A finales de septiembre de 2026, las fiscalías de todo el país tenían 186.207 casos pendientes, frente a 164.822 un mes antes. El aumento fue de 21.385 casos, cerca del 13 % en un mes.
La Agencia de Investigación de Delitos Graves comenzó a operar con unos 1.900 empleados, frente a una plantilla autorizada de 2.874, lo que dejó 974 puestos vacantes. Otro equipo de fiscales especiales que investiga la gestión electoral recibió 18 de los 20 fiscales asignados. La contratación para una nueva investigación supondría una exigencia adicional para instituciones que ya funcionan por debajo de su capacidad prevista.
Independencia judicial e investigaciones que se solapan
La investigación propuesta sería la séptima operación de una fiscalía especial durante el gobierno de Lee si el proyecto se convierte en ley. También sería la primera creada tras las reformas que sustituyeron el antiguo servicio fiscal por una oficina centrada en procesar casos, mientras que la investigación se asignó a otros organismos.
Lee Jin-soo vinculó sus preocupaciones sobre el personal con esa separación. Sostuvo que destinar fiscales a la investigación del fiscal especial podría suscitar dudas sobre la imparcialidad y contradecir el objetivo de separar la investigación del procesamiento. La fiscalía especial propuesta ejercerá ambas funciones.
Cha Jin-a, profesora de Derecho en la Universidad de Corea, criticó el proyecto por considerarlo una amenaza para la democracia y el Estado de derecho. En círculos jurídicos preocupa que una nueva investigación de gran alcance sobre la gestión de casos que ya están ante los tribunales pueda presionar a fiscales y jueces mientras esos procesos continúan. Los jueces conservan la responsabilidad de determinar la culpabilidad y decidir si las pruebas se obtuvieron legalmente.
El mandato del fiscal especial también se solapa con el de la comisión de derechos humanos y reforma futura de la Fiscalía. Ambas examinarían asuntos relacionados con los pagos de Ssangbangwool a Corea del Norte, los proyectos de desarrollo de Daejang-dong, Wirye y Baekhyeon-dong, el uso de tarjetas corporativas y el patrocinio del Seongnam FC.
La comisión quizá tenga que reducir o suspender el trabajo sobre los casos que se solapan, o evaluar recomendaciones después de que el fiscal especial anuncie sus conclusiones. No se anunció ninguna decisión sobre cómo dividirían el trabajo ambos organismos. El reto práctico será asignar la responsabilidad de examinar las mismas investigaciones y, al mismo tiempo, gestionar el personal limitado.
La próxima votación podría retrasar otros proyectos
Jeong Jeom-sik, líder del Partido del Poder Popular en el pleno, dijo que su partido se negaría a participar en la sesión plenaria del 5 de noviembre si el proyecto de la fiscalía especial figuraba en el orden del día. El partido también anunció planes para recurrir a obstrucciones parlamentarias contra todos los proyectos de ley que se presentaran en esa sesión.
Una obstrucción parlamentaria recurre a un debate prolongado para retrasar la actividad legislativa. Al extender esa respuesta más allá de la propuesta sobre la fiscalía especial, la oposición podría obstaculizar otras medidas que los demócratas esperaban aprobar, entre ellas proyectos sobre el reconocimiento a los activistas por la democracia, la renovación urbana y el parque Yongsan.
El enfrentamiento también coincide con el examen del presupuesto propuesto por el gobierno, de 820,9 billones de wones para el año siguiente. Los demócratas apoyaron mantener la propuesta, mientras que el Partido del Poder Popular pidió recortes sustanciales. La disputa sobre la fiscalía especial añade así otro punto de conflicto a un período ya marcado por controversias legislativas y presupuestarias.
La decisión inmediata es si el pleno de la Asamblea aprueba el proyecto revisado por el comité. La principal cuestión jurídica pendiente es si eliminar las disposiciones explícitas sobre el retiro de procesos deja esa facultad disponible en virtud del artículo 255. La principal cuestión política es quién debería elegir a un investigador que examine cómo se presentaron los casos contra el presidente en ejercicio.
Puntos clave
- El comité judicial aprobó el proyecto ampliado para crear una fiscalía especial el 4 de noviembre de 2026; se pidió una votación en el pleno de la Asamblea para el 5 de noviembre.
- El proyecto mantiene 12 grupos de casos e incorpora denuncias relacionadas con el gobierno de Moon, información sobre el THAAD y el reactor número 1 de Wolsong.
- Los demócratas eliminaron las disposiciones explícitas sobre las decisiones de mantener los procesos y las exigencias de traspaso de casos.
- Un especialista jurídico del comité advirtió que el artículo 255 aún podría servir de fundamento para retirar acusaciones.
- Tres partidos propondrían un candidato cada uno y el presidente Lee haría el nombramiento.
- El equipo propuesto podría contar con hasta 309 personas y trabajar durante un máximo de 200 días, incluido el período de preparación.
- El Partido del Poder Popular amenazó con recurrir a obstrucciones parlamentarias y boicotear la sesión plenaria.
