Doce casos ponen bajo escrutinio a la fiscalía y a la presidencia
La Asamblea Nacional de Corea del Sur abrió el debate el 5 de noviembre de 2026 sobre un proyecto de ley que autoriza una investigación por presuntos procesos judiciales fabricados durante el gobierno del expresidente Yoon Suk Yeol. El fiscal especial propuesto podría dirigir un equipo de hasta 309 personas y trabajar durante 200 días. La mitad de los 12 casos que abarcaría la investigación involucran al presidente Lee Jae-myung.
Contenido
- Doce casos ponen bajo escrutinio a la fiscalía y a la presidencia
- Cómo llegó el proyecto de ley al pleno de la Asamblea
- Por qué los dos partidos tienen visiones distintas
- ¿Qué casos involucran a Lee?
- Pagos a Corea del Norte y gastos provinciales
- Por qué se suspendieron los juicios de Lee
- ¿Aún podrían retirarse los cargos?
- Un equipo amplio con facultades de investigación controvertidas
- ¿Quién elegiría al investigador?
- Puntos clave
El presidente de la Asamblea, Cho Jeong-sik, presentó el proyecto de ley en una sesión plenaria, pese a las objeciones del opositor Partido del Poder Popular (PPP), que inició una obstrucción parlamentaria —conocida como filibusterismo— alrededor de las 16:00. El gobernante Partido Democrático (PD), que tiene mayoría parlamentaria, planeaba poner fin a esa táctica dilatoria tras 24 horas y someter el proyecto a votación el viernes 6 de noviembre.
La disputa central es si una investigación sobre la mala conducta de fiscales también podría abrir una vía para poner fin a causas penales contra el presidente. El PD eliminó una disposición explícita que permitía al fiscal especial anular acusaciones, pero una revisión de una comisión parlamentaria identificó una posible vía que aún podría aplicarse en virtud de la ley de procedimiento penal.
El proyecto investigaría acusaciones de que fiscales fabricaron pruebas, indujeron testimonios falsos o abusaron de su autoridad de otras maneras para perseguir a opositores políticos. Su alcance también incluye presuntos abusos del Servicio Nacional de Inteligencia y de la Junta de Auditoría e Inspección, el organismo gubernamental que examina el gasto y la administración públicos.
Para Lee, están en juego casos relacionados con proyectos inmobiliarios, donaciones a un club de fútbol, pagos a Corea del Norte y gastos de la provincia. Para los fiscales, la investigación propuesta centraría la atención en cómo reunieron las pruebas y llevaron adelante esos casos. Tanto las acusaciones penales de fondo como las denuncias de mala conducta durante las investigaciones siguen siendo objeto de controversia.
Cómo llegó el proyecto de ley al pleno de la Asamblea
El Partido Democrático presentó la propuesta por primera vez en abril. Una subcomisión y la Comisión de Legislación y Justicia de la Asamblea Nacional la aprobaron el 4 de noviembre, lo que permitió que la cámara en pleno debatiera el proyecto al día siguiente.
La obstrucción parlamentaria del PPP aplazó la votación prevista del jueves al viernes por la tarde. Esta táctica permite a los legisladores prolongar el debate para retrasar una decisión. El PD afirmó que recurriría a las normas parlamentarias pertinentes para ponerle fin tras 24 horas.
Las principales fechas del avance del proyecto son:
- Abril de 2026: El Partido Democrático presentó la propuesta para nombrar a un fiscal especial.
- 4 de noviembre: Una subcomisión y la Comisión de Legislación y Justicia aprobaron el proyecto de ley.
- 5 de noviembre: El presidente Cho Jeong-sik lo presentó ante la Asamblea en pleno y el PPP inició una obstrucción parlamentaria alrededor de las 16:00.
- 6 de noviembre: El PD planeaba poner fin a la obstrucción y celebrar una votación por la tarde.
El PPP también planeaba una gran protesta al aire libre. En el momento descrito aquí, no se había anunciado la aprobación parlamentaria ni se había fijado una fecha de inicio para la investigación propuesta.
Por qué los dos partidos tienen visiones distintas
La oficina presidencial presentó la propuesta como una forma de investigar a fiscales que, de otro modo, podrían tener que examinar la conducta de sus propios colegas. Hong Ihk-pyo, secretario presidencial sénior para Asuntos Políticos, explicó esa postura durante una reunión de la comisión parlamentaria de presupuesto:
«El propósito del proyecto de ley es que un fiscal especial investigue las acusaciones de que los fiscales abusaron de su autoridad y realizaron investigaciones por motivos políticos durante el gobierno anterior, dada la dificultad que tienen para investigar a sus propios colegas», dijo.
El PPP sostuvo que la investigación ayudaría a retirar los cargos penales contra Lee y presionaría a los tribunales que tramitan los casos. Su líder parlamentario, Jeong Jeom-sig, formuló esa objeción en una reunión del partido celebrada ese mismo día:
«El proyecto de ley para nombrar a un fiscal especial con facultades para anular acusaciones es el peor golpe anticonstitucional contra el Parlamento en la historia constitucional», dijo.
«Es la peor investigación de un fiscal especial que interfiere en los juicios y presiona al poder judicial para que dicte una absolución, después de dar por sentado que las acusaciones en casos que en su mayoría ya están en juicio fueron fabricadas», afirmó.
La discrepancia va más allá de si los fiscales deben ser investigados. Se refiere a quién los investigará, qué facultades tendrá esa persona y cómo podrían afectar sus conclusiones a los procesos penales contra el presidente que nombra al fiscal especial.
¿Qué casos involucran a Lee?
Seis de los 12 casos del proyecto de ley se refieren a Lee, la mitad del total de casos que abarcaría la investigación. Se originan, en su mayoría, en sus períodos como alcalde de Seongnam y gobernador de la provincia de Gyeonggi, antes de convertirse en presidente.
Los asuntos incluyen acusaciones relacionadas con los proyectos inmobiliarios de Daejang-dong, Wirye y Baekhyeon-dong; presuntas declaraciones falsas sobre proyectos urbanísticos; presuntos sobornos a terceros relacionados con Seongnam FC; pagos a Corea del Norte vinculados al grupo Ssangbangwool; presunta instigación al perjurio en un caso que involucra a Kim Jin-seong; y presunto uso indebido de la tarjeta de crédito corporativa de la provincia de Gyeonggi.
En los casos de los proyectos inmobiliarios, los fiscales alegaron que Lee favoreció a promotores privados cuando era alcalde de Seongnam. La acusación por el proyecto de Baekhyeon-dong sostuvo que provocó pérdidas de 20.000 millones de wones a la Corporación de Desarrollo de Seongnam, la empresa pública de desarrollo de la ciudad.
El caso de Seongnam FC se refiere a un presunto intercambio distinto. Los fiscales acusaron a Lee de conceder beneficios administrativos a empresas a cambio de donaciones por 13.350 millones de wones al club de fútbol. La cuestión jurídica es si las decisiones oficiales se vincularon indebidamente con dinero entregado a un tercero, en este caso, el club.
El fiscal especial propuesto examinaría si los fiscales abusaron de sus facultades al preparar estos casos. Así, la conducta de los investigadores se sumaría a las decisiones financieras y administrativas que ocupan el centro de las acusaciones existentes.
Pagos a Corea del Norte y gastos provinciales
El caso de Ssangbangwool se refiere a las acusaciones de que Kim Seong-tae, expresidente de la empresa, transfirió 8 millones de dólares a Corea del Norte. Los fiscales dividieron los pagos presuntos en 5 millones destinados a un proyecto de granja inteligente de Gyeonggi y 3 millones relacionados con una visita propuesta de Lee cuando era gobernador provincial.
El caso de la tarjeta corporativa se refiere al presunto uso de recursos provinciales con fines personales entre julio de 2018 y octubre de 2021. Los fiscales acusaron a Lee de usar en privado un vehículo oficial y cargar al presupuesto provincial gastos como comida y lavandería. Según la acusación, el monto malversado fue de 106,53 millones de wones.
Estas acusaciones se refieren a distintos usos de la autoridad pública: decisiones sobre proyectos inmobiliarios, relaciones con empresas, pagos al extranjero y gastos cotidianos del gobierno. El proyecto de ley los incluye en una sola investigación centrada en los métodos y motivos de los investigadores.
Por qué se suspendieron los juicios de Lee
Los juicios penales de Lee se suspendieron después de que asumiera la presidencia en junio de 2025. El artículo 84 de la Constitución de Corea del Sur exime al presidente en ejercicio de ser procesado penalmente, salvo en casos de insurrección o traición. Las suspensiones se atribuyeron a esa protección constitucional.
Su victoria en las elecciones anticipadas se produjo tras la crisis política desatada por el intento de Yoon de imponer la ley marcial en diciembre de 2024 y su posterior destitución. Lee llegó a la presidencia mientras el Partido Democrático también controlaba la Asamblea Nacional, lo que daba a su partido los votos necesarios para impulsar leyes mientras sus procesos penales estaban suspendidos.
El caso de instigación al perjurio ya había llegado a una etapa procesal distinta de la de los casos que esperaban un primer fallo. Lee fue absuelto en el juicio y el caso seguía en fase de apelación. Una apelación solicita que un tribunal superior revise una sentencia anterior.
Esta distinción es importante en la disputa sobre la retirada de cargos. Un caso que aún no ha recibido su primera sentencia se encuentra en una etapa jurídica distinta de otro en el que un tribunal ya ha dictado una absolución y la apelación sigue pendiente.
¿Aún podrían retirarse los cargos?
El PD buscó inicialmente otorgar al fiscal especial facultades explícitas para anular acusaciones. Eliminó esa cláusula tras recibir críticas dentro y fuera del partido. Una acusación formal es el cargo que lleva un caso penal ante un tribunal.
Pese a ello, la revisión de la Comisión de Legislación y Justicia señaló que la Ley de Procedimiento Penal aún podría interpretarse como una autorización para retirar una acusación antes del primer fallo judicial. La revisión recomendó considerar la exclusión explícita de esa facultad en los casos en que el presidente sea el acusado.
El PPP planteó una segunda posibilidad: que el Ministerio de Justicia o la fiscalía usaran las conclusiones del fiscal especial para retirar los cargos. Por tanto, sus objeciones abarcan tanto las facultades directas del fiscal especial como las decisiones que otras autoridades podrían tomar tras recibir los resultados de la investigación.
La eliminación de la cláusula explícita de anulación acotó el texto del proyecto, pero dejó abierta la discusión sobre cómo se aplicarían las disposiciones restantes junto con la legislación vigente. Para los acusados, los fiscales y los tribunales, la cuestión práctica es qué autoridad podría actuar a partir de las conclusiones y en qué etapa de un caso.
Un equipo amplio con facultades de investigación controvertidas
El equipo del fiscal especial podría incluir hasta 309 personas, entre ellas 20 fiscales asignados temporalmente desde sus puestos habituales y 210 funcionarios públicos. Ambos grupos sumarían 230 puestos, cerca de tres cuartas partes del equipo máximo.
El Ministerio de Justicia cuestionó la asignación de fiscales porque las reformas de la Ley de Procedimiento Penal les habían retirado sus facultades de investigación. El proyecto incluye una disposición complementaria que permite a los fiscales asignados ejercer facultades de investigación y supervisión con arreglo a la ley anterior.
Esta disposición daría a la investigación especial acceso a facultades que los fiscales habían ejercido anteriormente, pese a los cambios más amplios en sus funciones. Por tanto, la disputa sobre el personal también es una disputa sobre la autoridad legal: quién puede reunir pruebas, dirigir el trabajo de investigación y supervisar a otras personas.
El período máximo de funcionamiento sería de 200 días: 20 días de preparación y hasta 180 días de investigación. La preparación representaría una décima parte del período total. El plazo obligaría al equipo a organizar al personal y examinar 12 casos en un tiempo limitado, aunque los casos difieren considerablemente en cuanto a su tema y su historial procesal.
¿Quién elegiría al investigador?
Lee elegiría al fiscal especial entre tres candidatos propuestos por el Partido Democrático, el Partido del Poder Popular y el minoritario Partido para la Reconstrucción de Corea. El proceso incluiría tanto al partido gobernante como a los partidos de oposición, y el presidente tomaría la decisión final.
Este mecanismo sitúa a Lee en dos papeles centrales en la controversia: como presidente responsable de elegir al investigador y como acusado en seis de los casos que este examinaría. Por ello, el proceso de nombramiento forma parte del debate sobre la independencia de la investigación, junto con las facultades legales del fiscal especial.
Los otros seis casos se refieren, en su mayoría, a hechos ocurridos durante el gobierno del expresidente Moon Jae-in. Incluyen acusaciones relacionadas con la contratación del exyerno de Moon, el asesinato a tiros de un funcionario surcoreano en el mar Amarillo y la repatriación de pescadores norcoreanos durante la presidencia de Moon.
Por tanto, el proyecto extendería el escrutinio más allá de los procesos contra Lee, a investigaciones sobre decisiones y personas vinculadas con el anterior gobierno del Partido Democrático. También ampliaría el alcance más allá de la fiscalía, al incluir a las autoridades de inteligencia y auditoría.
Si se aprobara y luego se nombrara a un fiscal especial, la propuesta daría lugar a la séptima investigación independiente desde que Lee asumió el cargo. Las investigaciones anteriores examinaron asuntos como el fallido intento de Yoon de imponer la ley marcial, presuntos actos de corrupción relacionados con su esposa y la escasez de papeletas durante las elecciones locales de junio.
El siguiente paso inmediato previsto era la votación del 6 de noviembre. La disputa de fondo se centraba en si la ley definitiva otorgaría a los investigadores un mandato suficientemente claro y resolvería las posibles vías controvertidas para retirar los cargos contra el presidente.
Puntos clave
- La Asamblea Nacional comenzó a debatir el proyecto de ley para nombrar a un fiscal especial el 5 de noviembre de 2026. La votación estaba prevista para el 6 de noviembre, tras una obstrucción parlamentaria del PPP.
- La investigación propuesta abarca 12 casos: seis relacionados con el presidente Lee Jae-myung y seis referidos, en su mayoría, al gobierno de Moon Jae-in.
- El PD eliminó la facultad explícita de anular acusaciones, pero una revisión parlamentaria identificó una posible vía en virtud de la Ley de Procedimiento Penal.
- Lee elegiría al fiscal especial entre tres candidatos propuestos por el PD, el PPP y el Partido para la Reconstrucción de Corea.
- El equipo podría tener hasta 309 personas y funcionar durante 200 días, incluidos 20 días de preparación.
- La oficina presidencial afirma que la investigación examinaría abusos de la fiscalía; el PPP sostiene que podría contribuir a poner fin a los procesos penales contra Lee.
