Estalla la indignación en Filipinas ante las denuncias de corrupción en los fondos para el control de inundaciones

Por qué el escándalo del control de inundaciones desató la indignación en las calles

El barro salpicado en las puertas, las paredes pintadas con las palabras ladrón y corrupto, y los globos llenos de agua sucia lanzados contra un edificio gubernamental se convirtieron en las imágenes emblemáticas de un creciente movimiento contra la corrupción en Filipinas. Los primeros objetivos fueron las oficinas del Departamento de Obras Públicas y Carreteras en Manila. Después, los manifestantes se dirigieron a la Cámara de Representantes, mientras los legisladores debatían el presupuesto. La policía bloqueó la entrada. Los manifestantes, entre ellos familias que vieron cómo las inundaciones de julio anegaban sus hogares, pintaron el complejo de Batasan y marcharon hacia propiedades de contratistas acusados de desviar fondos públicos.

La indignación se resume en una pregunta sencilla que miles de víctimas de las inundaciones se hacen ahora: ¿cómo pudo desaparecer tanto dinero mientras este año las calles volvían a convertirse en ríos? Desde 2022, el Estado ha gastado unos 545.000 millones de pesos en control de inundaciones, según datos oficiales. Una auditoría ordenada por el Gobierno, cuyos resultados dio a conocer el presidente Ferdinand Marcos Jr., detectó proyectos sin terminar, de calidad inferior a la prevista, mal documentados o inexistentes sobre el terreno. Los investigadores señalaron contratos con costos idénticos pese a corresponder a lugares distintos. La auditoría también indicó que un pequeño grupo de contratistas acaparó una gran parte del dinero: solo 15 de más de 2.000 empresas acreditadas concentraron alrededor del 20 por ciento del presupuesto, informó Reuters.

La conmoción por esos hallazgos coincidió con pérdidas reales. Las inundaciones de julio en Metro Manila y las provincias cercanas, causadas por las lluvias monzónicas y las tormentas, dejaron al menos 26 muertos y decenas de miles de desplazados, según medios locales e internacionales. Los daños superaron los 6.120 millones de pesos. Los manifestantes sostienen que los fondos destinados a proteger a las comunidades de las inundaciones enriquecieron, en cambio, a aliados políticos y contratistas favorecidos. Esa acusación está ahora en el centro de las investigaciones legislativas y las protestas callejeras.

Cómo las inundaciones de julio dejaron al descubierto un sistema deficiente

Filipinas afronta alrededor de 20 ciclones tropicales cada año. Metro Manila se encuentra en llanuras inundables de baja altitud conectadas con los ríos Marikina y Pasig, y la bahía de Manila. El agua de escorrentía de las zonas altas fluye rápidamente hacia ríos sedimentados y desagües obstruidos. En los barrios costeros, el terreno se hunde, mientras que el crecimiento urbano no planificado estrecha los cursos de agua y bloquea las salidas naturales. El control de inundaciones solo funciona cuando la capacidad de las infraestructuras se corresponde con el volumen y la velocidad del agua que llega durante las lluvias intensas. Cuando los proyectos no existen o están mal construidos, las calles pueden convertirse en canales en cuestión de minutos.

El gasto en control de inundaciones abarca una amplia variedad de obras. Las entidades financian el dragado de ríos, estaciones de bombeo, diques y muros de contención costeros, cuencas de retención que almacenan temporalmente el agua de lluvia, puentes más altos que no actúan como presas y el ensanchamiento de cauces con protección de hormigón. Estas obras dependen de estudios topográficos precisos, modelos hidrológicos y una supervisión estricta. Incluso los errores pequeños pueden hacer que falle todo el sistema. Una bomba dimensionada para lluvias moderadas no resistirá el pico del monzón. Un canal construido sin una salida adecuada se convertirá en un estanque estancado que se desbordará hacia las viviendas. Si se incumplen las normas de construcción, los muros de protección se agrietan y vuelve la erosión.

Qué encontraron los investigadores en los proyectos

El presidente Marcos dio a conocer los resultados de una auditoría interna que sorprendieron incluso a grupos de vigilancia con larga trayectoria, según Reuters. De los aproximadamente 545.000 millones de pesos gastados en control de inundaciones desde 2022, los auditores detectaron patrones que apuntan a graves abusos. Miles de proyectos fueron señalados por ser de calidad inferior a la prevista, estar mal registrados o no existir sobre el terreno. Algunas propuestas y contratos tenían precios idénticos pese a corresponder a lugares distintos. Es una señal de alerta clásica de documentación hecha con plantillas y supervisión deficiente.

Otro hallazgo alimentó la indignación pública. Un grupo muy reducido de contratistas obtuvo una gran parte del presupuesto. Solo quince empresas, de más de dos mil contratistas acreditados, acapararon aproximadamente una quinta parte del dinero. Otros informes, incluidos los citados por medios regionales, describieron contratos para carreteras y canales que no existen. El panorama que surgió fue el de proyectos solo en el papel, pagos apresurados y fondos públicos que no se tradujeron en una protección real contra las inundaciones.

Estos hallazgos desencadenaron audiencias en ambas cámaras del Congreso y una avalancha de denuncias en un nuevo sitio web gubernamental creado para recibir alertas. Miles de ciudadanos presentaron informes sobre irregularidades en sus localidades. Para las comunidades que han tenido que sacar sus muebles de aguas que les llegaban a la cintura demasiadas veces, la auditoría convirtió años de rumores en un registro que podían señalar.

Nombres, comisiones ilegales y negaciones

Las acusaciones se intensificaron cuando el matrimonio formado por los contratistas Pacifico y Sarah Discaya declaró en una investigación del Senado televisada a nivel nacional. La pareja afirmó que al menos 17 miembros de la Cámara de Representantes exigieron comisiones ilegales de alrededor del 25 por ciento por cada proyecto aprobado para ayudarlos a obtener contratos. Dijeron a los senadores que llevaban registros de los sobornos y que temían por su seguridad, informó Associated Press. La mayoría de las demás empresas constructoras entrevistadas por los investigadores negó haber pagado sobornos.

El presidente de la Cámara de Representantes, Martin Romualdez, mencionado por la pareja, negó las acusaciones. Los Discaya ya habían llamado la atención pública por su flota de automóviles de lujo. La policía ha incautado decenas de vehículos de alta gama como parte de la investigación, según medios locales. Líderes religiosos pidieron procesamientos penales y la devolución de la riqueza robada, mientras que organizaciones cívicas y empresariales reclamaron una investigación independiente con potestad para presentar cargos.

La Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas planteó el escándalo en términos morales. El cardenal Pablo Virgilio David advirtió sobre los efectos de la corrupción en un país.

«La corrupción ahoga el futuro de la nación e impide construir una sociedad resiliente».

La respuesta del Gobierno y sus promesas

Las consecuencias llegaron al Departamento de Obras Públicas y Carreteras. El secretario Manuel Bonoan dimitió. Su sucesor, Vince Dizon, suspendió todas las licitaciones de proyectos de control de inundaciones financiados con fondos locales, pidió la renuncia protocolaria de los funcionarios de Obras Públicas y prometió incluir de forma permanente en una lista negra a las empresas involucradas en obras fraudulentas, según Reuters y Rappler. La Junta Filipina de Acreditación de Contratistas revocó las licencias de empresas vinculadas a la familia Discaya.

El presidente Marcos dijo que crearía una comisión independiente para investigar y presentar cargos. Ya está activo un sitio web público para denunciar irregularidades, que ha recibido miles de quejas, informó Associated Press. El Palacio de Malacañang pidió calma. La portavoz de prensa Claire Castro dijo que el Gobierno no quiere disturbios como los de Indonesia y destacó la importancia del debido proceso mientras las fuerzas del orden intentan evitar enfrentamientos.

Una alianza de 30 organizaciones empresariales y cívicas emitió una inusual declaración conjunta en la que pidió una investigación plenamente independiente sobre lo que describió como una corrupción excesiva en los proyectos de infraestructura, informó Reuters.

«Expresamos indignación, repulsa y decepción por los vergonzosos, incesantes, continuos y excesivos actos de soborno y corrupción de muchos funcionarios del Congreso, el Poder Ejecutivo y los gobiernos locales. Aunque tomamos nota del llamado del presidente a los funcionarios corruptos del Gobierno, nos preocupa que los culpables entre ellos sigan robando al pueblo y llenándose los bolsillos como si nada».

Marcos ha utilizado palabras contundentes para describir la magnitud de las irregularidades. Al referirse a la auditoría, calificó la situación de terrible y dijo que los responsables afrontarían cargos.

«Esto es terrible», dijo al anunciar planes para crear una comisión independiente y tomar medidas enérgicas contra los proyectos fraudulentos.

Qué exigen los manifestantes y los grupos cívicos

Las protestas han aumentado en Manila, Pasig, Cebú y otras ciudades. Frente al complejo de Batasan, los manifestantes lanzaron pintura y corearon consignas para que encarcelaran a los legisladores corruptos, mientras una comisión de la Cámara se reunía para revisar el presupuesto propuesto para 2026 del Departamento de Obras Públicas, que alcanzaría unos 881.000 millones de pesos. Grupos juveniles se manifestaron frente a la sede de un contratista en Pasig y denunciaron lo que llamaron proyectos fantasma, además de exigir que la familia Discaya y sus aliados en el Gobierno rindieran cuentas. Asociaciones empresariales, redes de trabajadores sociales y alianzas de la sociedad civil han presentado una lista concreta de medidas para el Gobierno y el Congreso.

• Crear un comité de revisión independiente para los proyectos de control de inundaciones desde 2022 hasta la actualidad, y publicar íntegramente sus conclusiones y los contratos.
• Acabar con las asignaciones poco transparentes que los legisladores incorporan a los presupuestos de Obras Públicas y divulgar todos los proyectos distritales antes de la aprobación definitiva del presupuesto.
• Publicar fotografías con geolocalización, presupuestos de cantidades, informes de avance y planos de obra terminada de cada proyecto para que los ciudadanos puedan verificar los trabajos.
• Congelar los activos de los contratistas sospechosos, aplicar una lista negra en todo el país y presentar causas penales y civiles para recuperar el dinero.
• Revisar el nivel de vida de los funcionarios que aprueban grandes proyectos y proteger de represalias a quienes denuncian irregularidades y a los testigos.
• Mejorar la supervisión comunitaria y destinar más fondos a la limpieza de desagües, la reparación de bombas y otras tareas de mantenimiento que alivien rápidamente los efectos durante la temporada del monzón.

Escarnio en internet y protestas callejeras

Gran parte de la movilización se ha desarrollado en internet. Una oleada de publicaciones y videos expuso vehículos de lujo y viviendas suntuosas que, según se afirma, pertenecen a contratistas y sus familiares. La periodista Karen Davila llamó a esta tendencia «escarnio a los corruptos», un llamado directo a revertir una cultura que celebra la riqueza obtenida de manera ilícita. Rolling Stone Philippines destacó su llamado a que el público avergüence, en lugar de admirar, a quienes exhiben riquezas vinculadas al dinero público.

«Ya es hora de que la gente deje de ver a los políticos corruptos como una inspiración y empiece a avergonzarlos por su ostentosa exhibición de riqueza», escribió Davila en una publicación en X.

Funcionarios y líderes locales han pedido que las protestas callejeras, que van en aumento, sean pacíficas. El alcalde de Pasig, Vico Sotto, instó a los manifestantes a evitar los disturbios por razones de seguridad y animó al público a seguir participando en las tareas de supervisión mientras la ciudad coordina sus acciones con las entidades nacionales.

«Los ciudadanos no deben sentirse desesperanzados; el impulso está ahora del lado correcto», dijo Sotto.

Paralelismos regionales y riesgo de escalada

El escándalo estalló mientras el Sudeste Asiático afronta una frustración más amplia por la corrupción y la desigualdad económica. En Indonesia, estallaron protestas multitudinarias en 32 provincias tras conocerse las generosas prestaciones para los miembros del Parlamento. Varios edificios de parlamentos regionales fueron incendiados. Las autoridades informaron de muertos y heridos. El Gobierno revocó la asignación para vivienda que había provocado la indignación, suspendió los viajes al extranjero de los legisladores y prometió investigaciones, al tiempo que advirtió contra la violencia.

Los funcionarios filipinos dicen que quieren evitar una escalada similar. Malacañang ha pedido a los ciudadanos que permitan que las investigaciones sigan su curso y ha rechazado cualquier paso hacia los disturbios. En Malasia, un proyecto de ley de reforma de las contrataciones públicas aprobado con rapidez fue criticado por legisladores de la oposición y organizaciones de la sociedad civil, que dijeron que el proceso careció de transparencia. En toda la región, los ciudadanos presionan a los gobiernos para que recuperen la confianza mediante la limpieza de los procesos de contratación y la garantía de que los fondos públicos se traduzcan en servicios reales.

Por qué es difícil exigir responsabilidades y qué podría cambiar

Depurar las obras públicas rara vez es fácil. Las normas de contratación son complejas, la capacidad de supervisión varía mucho y las redes políticas conectan a contratistas, legisladores y funcionarios locales. Las asignaciones presupuestarias incorporadas en una fase tardía del proceso pueden dirigir fondos a proyectos predilectos sin una planificación cuidadosa. Los ingenieros de campo pueden sufrir presiones para certificar obras retrasadas o que exceden el alcance original. Quienes denuncian irregularidades temen el acoso y las demandas judiciales que agotan sus ahorros y los disuaden de testificar.

Quienes promueven las reformas señalan medidas que dan resultados. La contratación abierta, que publica los documentos de licitación y las ofertas ganadoras en formatos que el público puede analizar, dificulta ocultar irregularidades. Las fotografías con geolocalización y las comprobaciones por satélite permiten confirmar que un proyecto existe en el lugar correcto y se ajusta al diseño. Las inspecciones aleatorias de terceros reducen la colusión. Una mayor protección para quienes denuncian irregularidades y una oficina del defensor del pueblo con personal suficiente pueden hacer avanzar los casos. Las listas negras permanentes para empresas ficticias, las revisiones del nivel de vida de los funcionarios que aprueban grandes proyectos y la recuperación enérgica de activos pueden disuadir de repetir los abusos. El Congreso puede limitar las asignaciones presupuestarias poco transparentes y exigir la divulgación completa de los proyectos distritales antes de aprobar el presupuesto.

El alivio a corto plazo también importa. Limpiar los cauces sedimentados antes del pico del monzón, reparar las bombas y retirar las obstrucciones ilegales puede reducir la profundidad de las inundaciones mientras los grandes casos avanzan por los tribunales. Los grupos ciudadanos sostienen que mantener la presión es la única manera de evitar que las reformas se estanquen. Está prevista una gran manifestación en Manila para el 21 de septiembre. El ánimo de la población en las próximas semanas determinará hasta dónde llegarán las investigaciones.

Puntos clave

• Estallaron protestas en Manila y otras ciudades tras una auditoría que detectó irregularidades generalizadas en proyectos de control de inundaciones financiados desde 2022.
• Se han gastado unos 545.000 millones de pesos en control de inundaciones, pero muchos proyectos estaban sin terminar, eran de calidad inferior a la prevista, estaban mal documentados o no existían, según los hallazgos oficiales.
• Solo 15 de más de 2.000 contratistas acreditados acapararon alrededor del 20 por ciento del presupuesto, lo que suscitó preocupación por el favoritismo y la manipulación de los resultados.
• En su testimonio ante el Senado, los contratistas Pacifico y Sarah Discaya afirmaron que al menos 17 miembros de la Cámara exigieron comisiones ilegales del 25 por ciento; dijeron que llevaban registros, y las personas señaladas negaron haber cometido irregularidades.
• El secretario de Obras Públicas, Manuel Bonoan, dimitió; su sucesor, Vince Dizon, suspendió las licitaciones de proyectos de control de inundaciones financiados con fondos locales y tomó medidas para incluir en una lista negra a las empresas sospechosas.
• El presidente Ferdinand Marcos Jr. planea crear una comisión independiente y ha puesto en marcha un sitio web de denuncias que ha recibido miles de quejas.
• Grupos empresariales, cívicos y religiosos exigen transparencia plena, procesamientos y la recuperación de los fondos robados; está prevista una gran manifestación para el 21 de septiembre.
• Los funcionarios piden calma y dicen que no quieren disturbios como los de Indonesia, donde las protestas por las prestaciones de los legisladores se tornaron mortales.