Filipinas ocupa el puesto 114 en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2024, con una puntuación de 33

Por qué importa ahora el puesto 114

En el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2024, Filipinas ocupó el puesto 114 entre 180 países, con una puntuación de 33 en una escala en la que 0 significa muy corrupto y 100, muy limpio. La puntuación bajó un punto respecto de los 34 de 2023. El país subió un puesto debido a los empates y los cambios entre países con resultados similares, pero su desempeño sigue muy por debajo del promedio mundial de 43 y del promedio de Asia-Pacífico de 44, según Transparencia Internacional. El IPC reúne evaluaciones de expertos y empresarios sobre la corrupción en el sector público y es uno de los indicadores de gobernanza más observados.

Durante más de una década, las puntuaciones de Filipinas en el IPC apenas han variado. Entre 2012 y 2024, el país se mantuvo entre 33 y 38; su mejor año fue 2014, con 38, y los resultados más bajos fueron de 33 en 2021, 2022 y ahora en 2024. Este estrecho margen refleja problemas persistentes de rendición de cuentas, contratación pública, aplicación de la ley y financiación política. También da cuenta de la dificultad de convertir los compromisos políticos en resultados visibles para los inversionistas y la ciudadanía. Institutos de políticas públicas de Manila señalan que la puntuación actual mantiene al país por detrás de vecinos que han avanzado más rápido en transparencia y eficiencia judicial.

Dinamarca, Finlandia, Singapur y Nueva Zelanda ocupan los primeros puestos de la clasificación. Entre los últimos figuran Sudán del Sur, Somalia y Venezuela. En la región, Filipinas está por detrás de Japón, Taiwán, Corea del Sur, Malasia, Timor-Leste, China, Vietnam, Indonesia, Nepal y Tailandia. Tiene la misma puntuación que Laos y Mongolia, y está por encima de Camboya, Myanmar y Corea del Norte.

Cómo funciona el IPC y qué mide y qué no

El IPC clasifica a 180 países y territorios según los niveles percibidos de corrupción en el sector público. Las puntuaciones se basan en al menos tres fuentes confiables, entre 13 encuestas y evaluaciones que incluyen las del Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. Los resultados se convierten a una escala de 0 a 100 y se combinan, con medidas para informar sobre la incertidumbre. La edición de 2024 se basa en datos que abarcan aproximadamente desde mayo de 2023 hasta abril de 2024. Los resultados completos y la metodología están disponibles en la página de resultados del IPC de 2024.

Qué mide el índice

La corrupción en el sector público incluye el soborno, la desviación de fondos públicos, el uso del cargo para obtener beneficios privados, los conflictos de intereses, el nepotismo, la manipulación de la contratación pública y la impunidad de los funcionarios que infringen las normas. El índice refleja con qué frecuencia los observadores informados detectan estas prácticas y cuán graves son en las instituciones estatales.

Puntos ciegos y advertencias

El IPC se basa en percepciones, no en recuentos directos de casos de corrupción. No registra las irregularidades del sector privado ni los flujos de dinero que pueden pasar por centros financieros extraterritoriales. Tampoco permite determinar qué organismos son limpios o corruptos. Por eso, conviene leer el índice junto con encuestas basadas en experiencias. En Filipinas, el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional reveló que el 86 por ciento de las personas considera que la corrupción gubernamental es un problema grave y que el 19 por ciento de quienes utilizaron servicios públicos declaró haber pagado un soborno en los 12 meses anteriores.

Qué dicen las cifras sobre Filipinas

La trayectoria desde 2012 muestra breves períodos de mejora y largos períodos de estancamiento. El máximo de 38 a mediados de la década duró poco. Durante la pandemia, la puntuación volvió a caer a 33, y la de 2024 coincide con ese mínimo. La leve subida en la clasificación de 2024 refleja tanto los cambios en otros países como la evolución interna. Filipinas sigue por debajo del promedio mundial de 43 y del promedio regional de 44, un recordatorio de que otros países continúan avanzando en las reformas institucionales.

Rogelio Alicor Panao, profesor asociado de la Universidad de Filipinas y científico de datos, lleva años siguiendo esta tendencia y ha instado tanto a los líderes como a la ciudadanía a exigir mayor integridad. Planteó el asunto sin rodeos.

¿Hemos hecho lo suficiente para exigir algo mejor?

Investigadores de políticas públicas y grupos empresariales señalan una lista conocida de puntos débiles. La contratación pública sigue siendo vulnerable cuando la planificación está fragmentada y los datos sobre adjudicaciones son incompletos. Los retrasos en los casos y la falta de recursos ralentizan la aplicación de las normas contra la corrupción. Las reglas sobre financiación política propician conflictos de intereses. Muchos organismos aún dependen de procesos en papel que retrasan las auditorías y dificultan la rendición de cuentas. Los estudios sugieren que una mayor transparencia en la elaboración de presupuestos y la contratación pública, una participación ciudadana más amplia y herramientas digitales más rápidas podrían mejorar la situación.

Los contratos de control de inundaciones ponen la contratación pública bajo escrutinio

La divulgación de irregularidades en proyectos de control de inundaciones, conocidos popularmente como proyectos fantasma, intensificó la preocupación por las obras públicas. El presidente Ferdinand Marcos Jr. afirmó que, entre julio de 2022 y mayo de 2025, solo se habían adjudicado 100.000 millones de pesos de un presupuesto de 545.000 millones destinado a la mitigación de inundaciones, y que los contratos se habían otorgado a solo 15 de los 2.409 contratistas acreditados. La concentración de las adjudicaciones encendió las alarmas y motivó revisiones sobre cómo se planificaban, evaluaban y supervisaban los proyectos.

Al referirse al asunto, el presidente no llegó a nombrar a sospechosos, pero expresó inquietud por lo revelado en la auditoría.

una evaluación preocupante

En un caso aparte, un alto funcionario del Departamento de Obras Públicas y Carreteras fue suspendido y posteriormente detenido tras un presunto intento de sobornar a un miembro del Congreso para detener una investigación sobre proyectos irregulares, según informaciones de medios regionales. El funcionario enfrenta cargos en virtud del Código Penal Revisado y de la Ley contra el Soborno y las Prácticas Corruptas. El caso pone de relieve tanto los riesgos que entrañan los grandes presupuestos de infraestructura como la necesidad de una aplicación creíble de la ley que disuada a quienes ofrecen o solicitan sobornos.

Quienes promueven reformas de la contratación pública proponen publicar de manera sistemática los estudios previos a las licitaciones, las evaluaciones de ofertas y las modificaciones de contratos en formatos legibles por máquina. También defienden la rotación periódica del personal de los comités de licitación y adjudicación, controles más estrictos de conflictos de intereses para los contratistas y el uso de herramientas analíticas para detectar señales de alerta, como adjudicaciones reiteradas con un solo licitador o patrones de costos inusuales. Este tipo de salvaguardas permite a los países subir en el IPC y, sobre todo, construir mejores carreteras, escuelas y defensas contra las inundaciones.

La situación en Asia-Pacífico y el vínculo con el riesgo climático

La puntuación promedio del IPC en Asia-Pacífico bajó a 44 en 2024. Asesores regionales afirman que los gobiernos no han cumplido sus compromisos contra la corrupción y que los controles débiles ya están perjudicando la acción climática. El índice relaciona la corrupción con la crisis climática y señala que el robo o el uso indebido de fondos, las actividades de presión poco transparentes y los conflictos de intereses pueden obstaculizar la transición energética y la preparación ante desastres.

En su análisis de 2024, Transparencia Internacional resumió esa relación en términos claros.

«La crisis de corrupción es un enorme obstáculo para resolver la crisis climática».

Pocos lugares conocen tanto lo que está en juego como Filipinas, un archipiélago expuesto a tormentas que afronta la subida del nivel del mar y tifones más intensos. La financiación climática destinada al control de inundaciones, los traslados de población, la protección de las costas y las energías limpias debe llegar a las comunidades previstas. Cuando la corrupción desvía esos fondos, aumentan las pérdidas por desastres y se erosiona la confianza pública. Transparencia Internacional también señala que más de mil defensores del medioambiente fueron asesinados en los últimos cinco años, casi todos en países con una puntuación inferior a 50 en el IPC, entre ellos Filipinas. Proteger el espacio cívico y a quienes denuncian irregularidades es tanto una cuestión de gobernanza como de acción climática.

Qué podría elevar la puntuación y reforzar la integridad

Evaluaciones independientes y centros locales de análisis de políticas coinciden en medidas prácticas que están al alcance. Muchas no requieren nuevas leyes, sino cumplir los compromisos, mejorar la divulgación de información y tener la voluntad de someter las decisiones al escrutinio público.

• Aumentar la transparencia de la planificación presupuestaria, la contratación pública y las auditorías. Invitar a observadores ciudadanos en cada etapa, desde la selección de los proyectos hasta el cierre de los contratos.
• Publicar todos los datos de los contratos, incluidas las adjudicaciones, las modificaciones y los informes de finalización, en formatos abiertos. Ampliar la contratación electrónica para que las licitaciones y adjudicaciones puedan seguirse en tiempo real.
• Abrir al público las reuniones de los comités de conferencia bicamerales para evitar incorporaciones de última hora y la doble financiación, una medida que han recomendado analistas de políticas públicas.
• Reforzar la aplicación de las normas contra el soborno. Dotar de recursos a la Oficina del Defensor del Pueblo, los auditores y los fiscales para acelerar los casos y garantizar el cumplimiento de las sanciones.
• Proteger a quienes denuncian irregularidades y a los periodistas, para que las denuncias de corrupción den lugar a investigaciones y no a represalias.
• Agilizar los permisos y reducir la burocracia para que las transacciones habituales ya no dependan de pagos indebidos.
• Actualizar las normas sobre conflictos de intereses para funcionarios y contratistas. Verificar quiénes son los propietarios efectivos de los licitadores para revelar vínculos ocultos.
• Modernizar los procesos y los sistemas de datos de los organismos. Reducir los pasos manuales que retrasan las auditorías y ocultan quién es responsable.

Los analistas añaden que mejorar el resultado en el IPC no sería un fin en sí mismo. Sería una señal de que las instituciones estatales están mejorando, lo que a su vez ayudaría a atraer inversiones en infraestructura, tecnología y proyectos climáticos. Medios empresariales de Manila advierten que subir un puesto sin mejorar la puntuación probablemente no cambiaría por sí solo la percepción de los inversionistas. Lo que sí puede hacerlo son reformas creíbles y una aplicación constante de la ley.

Qué implica para las empresas y la inversión

Las empresas tienen en cuenta el riesgo de corrupción al decidir dónde expandirse. Buscan procesos de contratación pública limpios, tribunales previsibles, aduanas eficientes y licencias otorgadas de manera justa. Cuando las puntuaciones se estancan en los treinta puntos, aumentan los costos de diligencia debida, menos empresas compiten por proyectos públicos y las condiciones de los préstamos pueden ser más exigentes.

Al mismo tiempo, es posible mejorar. Los países que han abierto sus datos, garantizado la independencia de los órganos de control y protegido el espacio cívico han avanzado con el tiempo. Filipinas cuenta con ventajas competitivas en talento y ubicación geográfica. Si las acompaña de mejoras visibles en integridad, podrá atraer a más inversionistas y reducir las primas de riesgo.

Puntos clave

• Filipinas ocupa el puesto 114 entre 180 países en el IPC de 2024, con una puntuación de 33, un punto menos que en 2023.
• El promedio mundial es de 43 y el de Asia-Pacífico, de 44.
• La mejor puntuación del país desde 2012 fue de 38 en 2014, mientras que los 33 puntos de 2021, 2022 y 2024 marcan el mínimo.
• El país subió un puesto en la clasificación, pero su puntuación bajó.
• Filipinas está por detrás de muchos países de la región y tiene la misma puntuación que Laos y Mongolia.
• Transparencia Internacional advierte que la corrupción perjudica la acción climática en toda la región.
• En Filipinas, el 86 por ciento considera que la corrupción gubernamental es un problema grave y el 19 por ciento de quienes utilizaron servicios públicos recientemente declaró haber pagado un soborno.
• La concentración de contratos de control de inundaciones y un caso de soborno en el Departamento de Obras Públicas y Carreteras han intensificado el escrutinio de las obras públicas.
• Los expertos reclaman una contratación pública transparente, presupuestos abiertos al público, sistemas digitales más rápidos y una aplicación más firme de la ley.
• Una mejor gobernanza ayudaría a atraer inversiones, mientras que una pequeña mejora en la clasificación sin una puntuación más alta probablemente no convencería a los inversionistas.